Floriberta Morales González
Expediente 1141/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Floriberta Morales González
- Estefani de la Cruz Morales
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Floriberta Morales González y Estefanía de la Cruz Morales; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Floriberta Morales González y Estefanía de la Cruz Morales, a través del cual desahoga la prevención formulada por auto de veinticinco de noviembre del año que transcurre. Acto reclamado. Ahora bien, Floriberta Morales González y Estefanía de la Cruz Morales, promueven demanda de amparo contra actos que hacen consistir en: a) La falta o ilegal notificación del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, practicada el dos de octubre de ese mismo año, respecto del incidente de liquidación promovido por su contraparte por escrito de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil 378/2016, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juárez b) La sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Se desecha demanda de amparo. Por lo que hace al acto reclamado señalado en el inciso a), se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad; situación que en la especie acontece, como se precisa enseguida. Al respecto conviene destacar que el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo por prevención categórica del artículo 107 fracción III inciso a) Constitucional, no puede tener, en consecuencia, más excepciones que las que expresamente señale la propia ley o la jurisprudencia sustentada por el Máximo Tribunal de la República, obligatoria en la hipótesis prevista por el artículo 217 de la Ley de Amparo, por lo que debe de agotarse los recursos o medios de defensa que la propia ley determine, para estar entonces en facultad de hacer valer el medio extraordinario de defensa que en el caso resulta ser el juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 37, del Tomo 12 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del Semanario Judicial de la Federación, "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa virtud, cabe precisar que la falta o ilegal notificación del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, practicada el dos de octubre de ese mismo año, respecto del incidente de liquidación promovido por su contraparte por escrito de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil 378/2016, que por esta vía se combate, es impugnable en vía incidental dentro del procedimiento judicial de origen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1414 del Código de Comercio, pues mediante el incidente de nulidad de notificaciones correspondiente, cuando el afectado estime que la actuación de notificación no se ajustó a lo previsto por la ley, se puede lograr su revocación, modificación o nulidad, así como sus consecuencias; de ahí que es inconcuso que no se agotó el principio de definitividad para la procedencia del juicio de garantías. En efecto, los artículos 1349, 1350, 1351, 1353, 1354 y 1357, del Código de Comercio, establecen lo siguiente: "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. "Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. "Artículo 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. "Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. "Artículo 1354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. "Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase." Tales preceptos prevén la posibilidad de tramitar de manera incidental las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, estableciendo la forma de su substanciación. En esas condiciones, se colige que el acto reclamado consistente en la la falta o ilegal notificación del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, practicada el dos de octubre de ese mismo año, respecto del incidente de liquidación promovido por su contraparte por escrito de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil 378/2016, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juárez, puede ser recurrida en otra instancia, pues de acuerdo con la propia normatividad que rige los actos reclamados, en contra de tal actuación el amparista está en aptitud de hacer valer el incidente de nulidad, y al no haber sido así, no se cumple con el principio de definitividad para la procedencia del juicio biinstancial. En mérito de lo anteriormente expuesto, debe decirse que el acto reclamado por el amparista, en modo alguno pueden ser nulificados en esta vía constitucional intentada, ya que tratándose de actos como los que en la especie se analizan, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hacen derivar los actos, a través del incidente de nulidad que establecen los artículos 1349, 1350, 1351, 1353, 1354, 1357 y 1414 del Código de Comercio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano la demanda de garantías de que se trata por lo que hace al acto reclamado consistente en la falta o ilegal notificación del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, practicada el dos de octubre de ese mismo año, respecto del incidente de liquidación promovido por su contraparte por escrito de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil 378/2016, por notoriamente improcedente. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, que literalmente dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De igual modo, tiene aplicación la jurisprudencia número 1a./J. 68/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad". Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 378/2016, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juárez, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues la misma le fue notificada mediante estrados el tres de diciembre del citado año, por lo que a la fecha resulta extemporánea: Es preciso puntualizar el contenido de los artículos mencionados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2011, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con éste. Ahora bien, conviene recordar que se reclama la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 378/2016, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juárez, la cual refieren, bajo protesta de decir verdad les fue notificada por estrados el tres de diciembre del citado año. Acto del cual, bajo protesta de decir verdad, la parte promovente refiere que la resolución reclamada le fue notificada el tres de diciembre de dos mil diecinueve mediante lista que se fija en los estrados; en ese sentido, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente, en términos del citado numeral 18 de la Ley de Amparo y del artículo 1075 del Código de Comercio, esto es, el cinco al veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, sin contar los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós y veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve, por ser inhábiles, como se esquematiza en el siguiente cuadro: DICIEMBRE 2019 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 Día inhábil 2 3 Notificación del acto 4 Surte efectos 5 Día uno 6 Día dos 7 Día inhábil 8 Día inhábil 9 Día tres 10 Día cuatro 11 Día cinco 12 Día seis 13 Día siete 14 Día inhábil 15 Día inhábil 16 Día ocho 17 Día nueve 18 Día diez 19 Día once 20 Día doce 21 Día inhábil 22 Día inhábil 23 Día trece 24 Día catorce 25 Día inhábil 26 Día quince Fenece término 27 28 Día inhábil 29 Día inhábil 30 31 29 30 31 Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del cinco al veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala hasta el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, tal como lo revela el sello que consta en el escrito en comento, por lo que debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo respecto de dicho acto; pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. Sin que en el caso, se pueda analizar la ilegalidad de la notificación de la resolución reclamada, puesto que para ello, procede el medio ordinario de defensa ante la autoridad responsable, por ello, debe tenerse por hecha dicha notificación para todos los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones fracción XVIII y XIV de la Ley de la materia; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Floriberta Morales González y Estefanía de la Cruz Morales, contra actos del Juez en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juárez del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y otra autoridad responsable. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1141/2021-VI. Prevención. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran establecidos los contenidos en las fracciones IV y V, que a la letra señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;(.)" V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." Del precepto legal transcrito se desprende que la parte promovente se encuentra obligada entre otras cosas, a precisar los actos que reclama, a narrar los antecedentes de dichos actos reclamados; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, de la revisión integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "V. ACTOS RECLAMADOS: Por parte del C. Juez en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juárez del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. La omisión de ordenar la notificación personal a las quejosas (parte demandada en el juicio primigenio) del incidente de liquidación presentado por el ahora tercero interesado (parte actora del juicio de origen) mediante escrito de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve). La sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Por lo que se refiere al C. Diligenciario encargado de los expedientes pares del H. Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juárez del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. La indebida notificación hecha por la autoridad responsable ejecutora y la cual quedó asentada en el legajo del expediente de origen identificado con el número 378/2016 y con fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, y del cual se desprende la supuesta notificación hecha a las quejosas del proveído de veintiséis de septiembre del año en cita y el cual ordenaba dar vista del incidente planteado por el ahora tercero interesado a las quejosas". Del análisis de lo antes precisado se advierte que la parte promovente se duele de lo siguiente: De la falta o ilegal notificación del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, practicada el dos de octubre de ese mismo año, respecto del incidente de liquidación promovido por su contraparte por escrito de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. La sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, de la lectura de la demanda no se advierte la fecha de notificación de la sentencia interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, pues por un lado refiere que dicha resolución causó estado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por otro, refiere que la misma le fue notificada con posterioridad, esto es, el diecinueve de noviembre de la presente anualidad, de ahí que no tenga sentido cronológico la narrativa de los antecedentes del acto reclamado. Tampoco, señaló si combatió las irregularidades que menciona a través de algún medio ordinario de defensa, previo a promover el presente juicio de amparo. En ese tenor, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 108, fracción IV y V, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Señale la fecha de notificación de la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve que le fue practicada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 378/2016. Manifieste si combatió los actos reclamados que menciona a través de algún medio ordinario de defensa, previo a promover el presente juicio de amparo Lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo concedido -cinco días- contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 1079 del Libro 3, Tomo II, correspondiente a Febrero de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido se reproduce a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." De igual forma, se apercibe al promovente que en caso de incurrir en la conducta a que alude el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a la sanción dispuesta en dicho ordenamiento: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" Hágase del conocimiento de la parte promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio, con el que dé cumplimiento a esta prevención en original y tantas copias sean necesarias, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de las quejosas a la primera de las nombradas en la demanda de amparo, Floriberta Morales González, sin perjuicio que con posterioridad pueda ser modificada. En el entendido, que la prevención formulada en el presente asunto la deberán desahogar de manera conjunta, debido a la naturaleza de cada uno de los requerimientos formulados. Domicilio, única ocasión Por otra parte, por lo que respecta al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones a saber, calle Revolución, número seis, pueblo de Ignacio Zaragoza, Municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, toda vez que se encuentra ubicado fuera de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Sin embargo, dada la trascendencia del presente acuerdo, por única ocasión se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado para que se constituya en el mismo y le notifique el presente acuerdo a Floriberta Morales González y Estefanía de la Cruz Morales, para que esté en posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento precisado; asimismo, le requiera para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Autorizados de la parte quejosa. Por otra parte, atendiendo a lo solicitado por la parte quejosa, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adrián Escalona Morales, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jesús del Pilar García y Aniceto Bautista Romero, por así solicitarlo expresamente. Se autoriza el uso de medios electrónicos De igual modo, se concede el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón y aplicación, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." Habilitación de días y horas. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización a Secretarios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente al promovente por única ocasión en los términos señalados. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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