Florentino Rojas Rosas

Expediente 609/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
609/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Florentino Rojas Rosas
  • Mireya del Carmen Márquez Ramírez, Agente del Ministerio de guardia en la Mesa de detenidos y/o encargado de la mesa de detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución documentos originales en razón de no obrar éstos en autos.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de diciembre de dos mil veinte. Se agrega oficio sin mayor pronunciamiento. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación del Delito, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por medio del cual rinde su informe justificado. Al respecto, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de seis de noviembre de dos mil veinte, asentada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado; en atención a su contenido, téngasele manifestando la imposibilidad para notificar al quejoso Florentino Rojas Rosas el auto admisorio de cuatro de noviembre de dos mil veinte, en virtud de que fue puesto en libertad en esa misma fecha. Al respecto, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; y, precisamente uno de los motivos fue porque la autoridad responsable informó que había decretado la libertad del quejoso en la fecha mencionada, esto es, el cuatro de noviembre pasado; de ahí que resultaría ocioso y a nada práctico llevaría ordenar la notificación personal del auto admisorio, cuando en el caso ya operó el sobreseimiento; máxime que el referido auto se notificó por medio de lista.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de noviembre de dos mil veinte. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio con anexos, signado por el Agente del Ministerio Público, Titular del Segundo Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de seis de noviembre de dos mil vente, informa que el cuatro de noviembre de dos mil veinte, a las veintiún horas con treinta minutos decretó la libertad del aquí quejoso.y el seis siguiente remitió la carpeta de investigación AIERVTC-S/770/2020 a la Unidad de Investigación Especializada en Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados, Región Sur, para su integración y determinación correspondiente. Pruebas. Asimismo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa a su respectivo oficio, la cual se admite y se desahoga por su propia y especial naturaleza, misma que será relacionada en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, se estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, ambos de la Ley de Amparo, pues los referidos actos ya no existen a la fecha en que se pronuncia el presente proveído. A fin de comprender mejor dicha afirmación, conviene hacer relación de los antecedentes que se desprenden de las constancias e informes que obran en el juicio de amparo, y son los siguientes: 1. Por escrito recibido en este órgano jurisdiccional el tres de noviembre de dos mil veinte, Florentino Rojas Rosas, a través de Arturo Vázquez Tobías, demandó el amparo y protección de la justicia federal, por los actos y autoridad siguiente: III. Autoridad responsable: Lic. Mireya del Carmen Márquez Ramírez, Agente del Ministerio Público de Guardia en la Mesa de Detenidos y/o Encargado de la Mesa de Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. IV. Actos que se le atribuyen a la autoridad responsable: a) La incomunicación de que es objeto el C. Florentino Rojas Rosas. b) La ilegal privación de la libertad y/o detención del C. Florentino Rojas Rosas". 2. Del informe relativo a la suspensión de plano rendido por la agente del Ministerio Público, titular del Segundo Turno, de la Unidad de Investigación con Detenido, Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se aprecia que el dos de noviembre de dos mil veinte, a las veintiún horas con cuarenta minutos fue puesto a disposición de esa autoridad en calidad de detenido al quejoso Florentino Rojas Rosas, por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dentro de la carpeta de investigación AIERVTC-S/770/2020, por la comisión de un hecho con apariencia de delito de robo calificado y haber sido detenido en flagrancia; designándole defensor público, quien se entrevistó personalmente con el quejoso; de igual forma, en esa misma fecha se le da lectura al acta de derecho y se notifica su retención; asimismo, se le hace saber su derecho a realizar una llamada a sus familiares o abogado, derecho al que no hace uso en virtud de que refiere que ya tienen conocimiento de su detención; posteriormente, el tres de noviembre de dos mil veinte nombra defensor particular quien también se entrevista de manera personal con el impetrante del amparo y se impone de las actuaciones, seguidamente recibe visita de sus familiares. Finalmente, a las veintiún horas con treinta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 13318/2020 de esa misma fecha, se decretó la libertad del quejoso Florentino Rojas Rosas en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conforme a los antecedentes narrados, se estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, ambas de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se dice que es improcedente el juicio de amparo; pues por lo que hace al acto reclamado consistente en la incomunicación que refirió el quejoso ello aconteció aproximadamente a las veintiún horas con cuarenta minutos del dos de noviembre de dos mil veinte en que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público; luego, si el quejoso presentó su demanda de amparo vía electrónica el tres de noviembre de dos mil veinte, según la Boleta de Turno, se sigue que para la presentación de la demanda ya se había consumado dicho acto de incomunicación que refiere el quejoso. Por su parte, respecto a la privación ilegal de la libertad y/o retención que reclama del Ministerio Público en la especie se aprecia que han cesado sus efectos, pues si bien de las constancias se aprecia que su detención se efectuó con motivo de la posible comisión en flagrancia del delito de robo calificado y fue puesto a disposición del fiscal investigador a las veintiún horas con cuarenta minutos del dos de noviembre de dos mil veinte, lo cierto es que tal como se obtiene del oficio de cuenta, a las veintiún horas con treinta minutos del cuatro de noviembre del presente año se decretó su libertad , de ahí que a nada llevaría continuar con el trámite correspondiente a la demanda de amparo pues los actos que señala ya no existen en la actualidad. Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En el entendido que no es el caso de otorgar a la parte quejosa la oportunidad de ampliar su demanda inicial de amparo, pues como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando un particular se encuentra dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, debe atenderse a lo previsto en las normas constitucionales y legales aplicables -artículos 14 y 17 de la Constitución Federal- que prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción, ya que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las trece horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil veinte; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

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