Florentino Saldaña Hernandez
Expediente 222/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Florentino Saldaña Hernandez
- Licenciada María Leticia Aguilar Ramírez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 222/2021-II. Puebla, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte que en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual, se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto la parte quejosa como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. , se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento ahí declarado fue consentido. el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acontecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se negó el amparo en la sentencia de la audiencia constitucional y la superioridad determinó concederlo. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo de presente expediente como asunto concluido. Devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones, permitió visualizar que no se tienen documentos Notificación del presente proveído. Se descarta notificar de manera personal a las demás partes, porque ningún derecho procesal está involucrado. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, los terceros interesados o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar al resto de las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Incidente de suspensión. Por último, toda vez que en el presente expediente no se tramitó una medida cautelar, se deja de proveer lo conducente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 222/2021-II. Puebla, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedidos a las partes, en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, del Estado de Puebla, para cumplir la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable2 si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso, para el quejoso, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia3. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución4. Ahora, es cierto que en la audiencia constitucional de veintinueve de abril de dos mil veintiuno se negó el amparo solicitado por el quejoso * * Sin embargo, dicho fallo fue revocado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca de revisión R-100/2021, concediéndole el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: ".a) Que la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, deje insubsistente la resolución dictada en la audiencia inicial de veinte de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial * *, única y exclusivamente en la parte donde resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del quejoso Florentino Saldaña Hernández; y, b) En su lugar dicte otra, en la que con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la procedencia, en su caso, de la medida cautelar que se debe imponer al impetrante, debiendo pronunciarse con relación al argumento de la fiscal relativo a la justificación de la prisión preventiva, en el sentido de que los imputados están organizados para delinquir, lo cual va contra cualquier miembro de la sociedad, así como la forma en que la jueza de control estima acreditada esa circunstancia con el estándar de prueba que se requiere hasta ese momento procesal. c) Debiendo omitir cualquier pronunciamiento en torno a que el objeto material del desmantelamiento es de gran valor económico, dado que ese argumento no fue introducido por la fiscalía para la imposición de la medida cautelar de presión preventiva justificada.". Por tanto, en proveído de ocho de octubre del año en curso, se requirió a la jueza responsable el total cumplimiento del fallo protector. Así, por oficio , recibido el catorce de octubre siguiente, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Estado de Puebla, precisó que en proveído de trece del mismo mes y año dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la causa * *, sólo en la parte conducente, y señaló las catorce horas del día siguiente -catorce de octubre- para llevar a cabo la audiencia donde habría de resolver sobre la imposición de medidas cautelares a Florentino Saldaña Hernández Luego, el dieciocho de octubre de la misma anualidad se recibió el oficio * *, con el cual la jueza responsable remitió el registro audiovisual de la referida audiencia -a la cual asistieron el quejoso, su defensora particular y la Agente del ministerio Público- en la que, a fin de dar cabal cumplimiento al fallo de protección, sin dar intervención a las partes, impuso como medidas cautelares, las siguientes: ? La firma periódica cada quince días; y, ? La exhibición de una garantía económica por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Ahora, las constancias remitidas por la autoridad responsable tienen pleno valor probatorio como documentos públicos, debido a que se trata de actuaciones judiciales debidamente certificadas. De modo que pueden ser utilizadas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, se procede a revisar si las actuaciones recibidas se ajustan a los efectos de la protección otorgada. Bajo ese contexto, se observa que en la nueva resolución la autoridad responsable consideró que el argumento de la fiscal investigadora, respecto a que los imputados (entre ellos el quejoso) están organizados para delinquir, era insuficiente para sustentar la medida cautelar de prisión preventiva, pues no justifica la necesidad de cautela. Además, omitió hacer argumento alguno en torno al valor económico del objeto material del desmantelamiento. En ese tenor, negó la petición de la fiscalía -de imponer la medida de prisión preventiva justificada- pero abrió debate para discutir sobre la imposición de aquellas a las cuales habría de quedar sujeto el imputado, debiendo ser diversas a la de internamiento. Así, después de escuchar a las partes, impuso las de presentación periódica y la exhibición de una garantía económica. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Lo anterior, porque la autoridad responsable rechazó los argumentos vertidos -en la audiencia inicial- por la fiscalía para imponerle al imputado (quejoso) la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que estos no evidenciaban la necesidad de cautela; por el contrario, dijo, existe justificación de su arraigo laboral y familiar. Pero a fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrán un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Vista al fiscal federal adscrito. Se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Devolución de anexos. Se ordena devolver a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Estado de Puebla, las siguientes constancias remitidas durante la sustanciación del juicio: ? Copia cotejada de la carpeta judicial administrativa * *; y, ? Tres discos compactos DVD, que contiene el registro audiovisual de las audiencias de veinte y veinticinco de febrero, así como catorce de octubre, todos de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario que el juez responsable acuse de recibo, dado que se trata de copias. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: a) Se negó el amparo al quejoso en sentencia emitida en audiencia constitucional de veintinueve de abril de dos mil veintiuno; b) El ocho de octubre de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria de la superioridad en la cual determino revocar la sentencia recurrida y se requirió al juez responsable su cumplimiento; c) La Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, del Estado de Puebla, cumplió en su totalidad la protección constitucional, en audiencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno; d) El quince de octubre de dos mil veintiuno se recibieron en la oficialía de este juzgado la totalidad de las constancias con las que la juez responsable justificó dicho cumplimiento; y e) En la presente fecha -nueve de noviembre de dos mil veintiuno- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio al fiscal tercero interesado y a las autoridades responsables; y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. JUICIO DE AMPARO 222/2021-II. Puebla, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedidos a las partes, en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, del Estado de Puebla, para cumplir la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable2 si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso, para el quejoso, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia3. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución4. Ahora, es cierto que en la audiencia constitucional de veintinueve de abril de dos mil veintiuno se negó el amparo solicitado por el quejoso * * Sin embargo, dicho fallo fue revocado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca de revisión R-100/2021, concediéndole el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: ".a) Que la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, deje insubsistente la resolución dictada en la audiencia inicial de veinte de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial * *, única y exclusivamente en la parte donde resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del quejoso Florentino Saldaña Hernández; y, b) En su lugar dicte otra, en la que con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la procedencia, en su caso, de la medida cautelar que se debe imponer al impetrante, debiendo pronunciarse con relación al argumento de la fiscal relativo a la justificación de la prisión preventiva, en el sentido de que los imputados están organizados para delinquir, lo cual va contra cualquier miembro de la sociedad, así como la forma en que la jueza de control estima acreditada esa circunstancia con el estándar de prueba que se requiere hasta ese momento procesal. c) Debiendo omitir cualquier pronunciamiento en torno a que el objeto material del desmantelamiento es de gran valor económico, dado que ese argumento no fue introducido por la fiscalía para la imposición de la medida cautelar de presión preventiva justificada.". Por tanto, en proveído de ocho de octubre del año en curso, se requirió a la jueza responsable el total cumplimiento del fallo protector. Así, por oficio , recibido el catorce de octubre siguiente, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Estado de Puebla, precisó que en proveído de trece del mismo mes y año dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de veinte de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la causa * *, sólo en la parte conducente, y señaló las catorce horas del día siguiente -catorce de octubre- para llevar a cabo la audiencia donde habría de resolver sobre la imposición de medidas cautelares a Florentino Saldaña Hernández Luego, el dieciocho de octubre de la misma anualidad se recibió el oficio * *, con el cual la jueza responsable remitió el registro audiovisual de la referida audiencia -a la cual asistieron el quejoso, su defensora particular y la Agente del ministerio Público- en la que, a fin de dar cabal cumplimiento al fallo de protección, sin dar intervención a las partes, impuso como medidas cautelares, las siguientes: ? La firma periódica cada quince días; y, ? La exhibición de una garantía económica por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Ahora, las constancias remitidas por la autoridad responsable tienen pleno valor probatorio como documentos públicos, debido a que se trata de actuaciones judiciales debidamente certificadas. De modo que pueden ser utilizadas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, se procede a revisar si las actuaciones recibidas se ajustan a los efectos de la protección otorgada. Bajo ese contexto, se observa que en la nueva resolución la autoridad responsable consideró que el argumento de la fiscal investigadora, respecto a que los imputados (entre ellos el quejoso) están organizados para delinquir, era insuficiente para sustentar la medida cautelar de prisión preventiva, pues no justifica la necesidad de cautela. Además, omitió hacer argumento alguno en torno al valor económico del objeto material del desmantelamiento. En ese tenor, negó la petición de la fiscalía -de imponer la medida de prisión preventiva justificada- pero abrió debate para discutir sobre la imposición de aquellas a las cuales habría de quedar sujeto el imputado, debiendo ser diversas a la de internamiento. Así, después de escuchar a las partes, impuso las de presentación periódica y la exhibición de una garantía económica. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Lo anterior, porque la autoridad responsable rechazó los argumentos vertidos -en la audiencia inicial- por la fiscalía para imponerle al imputado (quejoso) la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que estos no evidenciaban la necesidad de cautela; por el contrario, dijo, existe justificación de su arraigo laboral y familiar. Pero a fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrán un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Vista al fiscal federal adscrito. Se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Devolución de anexos. Se ordena devolver a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, Estado de Puebla, las siguientes constancias remitidas durante la sustanciación del juicio: ? Copia cotejada de la carpeta judicial administrativa * *; y, ? Tres discos compactos DVD, que contiene el registro audiovisual de las audiencias de veinte y veinticinco de febrero, así como catorce de octubre, todos de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario que el juez responsable acuse de recibo, dado que se trata de copias. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: a) Se negó el amparo al quejoso en sentencia emitida en audiencia constitucional de veintinueve de abril de dos mil veintiuno; b) El ocho de octubre de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria de la superioridad en la cual determino revocar la sentencia recurrida y se requirió al juez responsable su cumplimiento; c) La Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, del Estado de Puebla, cumplió en su totalidad la protección constitucional, en audiencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno; d) El quince de octubre de dos mil veintiuno se recibieron en la oficialía de este juzgado la totalidad de las constancias con las que la juez responsable justificó dicho cumplimiento; y e) En la presente fecha -nueve de noviembre de dos mil veintiuno- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio al fiscal tercero interesado y a las autoridades responsables; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 222/2021-II. Puebla, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio y anexo de cuenta, signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, del Estado de Puebla. En éste, atiende lo requerido en acuerdo de ocho de octubre actual e informa que en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, el catorce de octubre del año en curso celebró una audiencia relativa a la carpeta judicial 485/2021/PUEBLA de su índice, donde resolvió lo relativo a la medida cautelar a imponer al quejoso * En ésta, impuso como medidas cautelares, las siguientes: ? La firma periódica cada quince días; y, ? La exhibición de una garantía económica por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Como justificante de lo anterior, remite un disco compacto en formato DVD que contiene el registro audiovisual de la referida audiencia. Atento a lo anterior, se deja insubsistente el apercibimiento impuesto en el aludido auto a la autoridad responsable. Vista a las partes. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio (y anexo) acordado en el apartado precedente, así como el diverso recibido en proveído de catorce de octubre, con los cuales la juez responsable justifica el cumplimiento dado a la sentencia de protección. Lo anterior, para que en el plazo de tres días se impongan de su contenido y, de ser el caso, manifiesten lo que a su interés convenga, respecto del cumplimiento pronunciado por la autoridad responsable. Finalmente, se les hace saber que de no manifestarse dentro del plazo señalado, con desahogo de la vista o sin ella, se procederá a acordar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; de manera personal al agente del Ministerio Público federal adscrito, por oficio a la fiscal tercera interesada y a las autoridades responsables; y cúmplase.
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