Florentino Hernandez Leon
Expediente 958/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Florentino Hernandez Leon
- Alma Vianney Diaz Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Puebla, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia terminada de engrosar el veinte de octubre de dos mil veintidós, en la que se le negó el amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA ALCANZÓ EL RANGO DE EJECUTORIA. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se negó el amparo al quejoso. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez transcurra el lapso de conservación de este juicio de amparo, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Devolución de documentos a las partes Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de anexos Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión Se descarta proveer al respecto, porque en el presente juicio de amparo no se aperturó el incidente de suspensión.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 958/2022-VIII. V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 958/2022-VIII, promovido por *********, por derecho propio, contra el acto de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Unidad Teziutlán, Puebla. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por oficio de cinco de septiembre de dos mil veintidós, deducido del acuerdo dictado en esa misma fecha en el diverso juicio de amparo ******, del índice de este juzgado de Distrito, en donde se ordenó la tramitación del escrito de ampliación de demanda presentado por *********, como una nueva demanda, en atención a que no guardaba estrecha relación con los actos reclamados en ese sumario constitucional. Así, por auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó registrar dicho escrito de ampliación de demanda con el número de juicio de amparo ****** (en el cual señaló como acto reclamado el acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación *************, en el que se le negó la devolución del inmueble cuya propiedad alega, ubicado en calle ********************, mismo que fuera asegurado en dicha carpeta de investigación); se admitió a trámite la misma, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señalándose fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Así, previo diferimiento, una vez integrado el asunto, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta precedente. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, en términos de los acuerdos generales 23/2015, 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la creación e inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, y el segundo que reformó el diverso 3/2013, referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado por grado, es del conocimiento de un juez de Distrito, por materia, es de naturaleza penal y por territorio, porque se reclama un acto emitido en el ámbito territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia de juicio La lectura integral que se hizo a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, permite determinar el siguiente acto reclamado: El acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación ***************, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Unidad Teziutlán, Puebla, en donde se negó al aquí quejoso la devolución del inmueble asegurado en dicha carpeta de investigación, ubicado en calle ********************, cuya propiedad detenta. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubros siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD1 ." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO2 ." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público responsable al rendir su informe justificado, aceptó de manera expresa la existencia del acto reclamado (fojas 30 a 32). Lo que se corrobora de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado consistentes en copia auténtica de las diversas que obran en la carpeta de investigación *******************, del índice de la fiscal responsable, mismas que obran a fojas 34 a 46. Documentales que, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley que rige al juicio de amparo, se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, lo cual basta para demostrar con plenitud la existencia del acto ahora reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de fondo del presente asunto, se procede a examinar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63 fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia. En el caso, no existe causa de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado de Distrito advirtiera alguna de oficio; por tanto, procede el estudio del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad vertidos por la parte quejosa en sus conceptos de violación. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión de la cuestión planteada en el presente asunto, debe establecer que de los antecedentes que se destacan tanto del informe justificado como de las constancias remitidas en apoyo del mismo, que obran en el expediente de amparo, a las que se les otorga pleno valor probatorio como documentales públicas en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtienen los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1.- Con motivo de la desaparición de la adolescente ***********, se dio inició a la carpeta de investigación **********, por el delito de desaparición de personas. 2.- Así, el tres de agosto de dos mil veintidós, el fiscal del conocimiento solicitó orden de cateo al Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla, en el inmueble ubicado en calle ******** número ******, de la localidad de ********, Municipio de ******, *******, la cual fue librada en la misma fecha, en el expediente judicial ***********, ello, con la finalidad de verificar si al interior de dicho domicilio se encontraba la menor de referencia, entre otras cuestiones (en compañía del adulto *************). 3.- El cuatro de agosto de dos mil veintidós, la fiscal responsable determinó decretar el aseguramiento de dicho inmueble, como instrumento del delito, con la finalidad de que no se altere, destruya o desaparezca, hasta que conste la legal propiedad del mismo. 4.- Por ello, el once de agosto de dos mil veintidós, el ahora quejoso compareció ante la fiscal responsable, manifestando ser copropietario del inmueble asegurado, para lo cual exhibió copia simple del contrato privado de compraventa otorgado ante el Juez de Paz de Tenextatiloyan, Zautla, Puebla, manifestando que el original de dicho documento se encontraba al interior de dicho inmueble asegurado, motivo por el cual no le era posible exhibirlo en ese momento. 5.- Ante ello, el mismo once de agosto de dos mil veintidós, la agente del ministerio público del conocimiento determinó que por el momento no había lugar a acordar favorable la devolución del inmueble solicitada, en atención a que el documento exhibido por el ahora quejoso no era idóneo para acreditar la propiedad del inmueble asegurado, pese a estar suscrito por una autoridad interna de la Comunidad de San Miguel Tenextatiloyan, Municipio de Zautla, Puebla, y que además el inmueble al cual se refería dicho documento no guardaba identidad jurídica con el diverso asegurado, sin embargo, a fin de salvaguardad los derechos de los propietarios o poseedores de dicho bien raíz, ordenó girar oficios al Registro Público de la Propiedad de Libres, Puebla, al Delegado Catastral de la Circunscripción Territorial de Libres, Puebla, en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para que informaran respecto a quien era el propietario del inmueble asegurado, así como la superficie del inmueble y valor del mismo, respectivamente, y al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que nombrara un perito en materia de topografía y agrimensura a fin de determinar la identidad del inmueble de que se trata, precisara sus medidas y colindancias y determinara su valor comercial. Esto último constituye el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que se advierten de su escrito de demanda, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado, como si se insertaran a la letra, sin que sea necesario transcribirlos pues no hay precepto alguno que así lo establezca. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Son infundados e inoperantes los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, como se demostrará a continuación. Para arribar a esa conclusión resulta pertinente reiterar que el acuerdo reclamado fue dictado por la responsable en respuesta a la petición realizada por el quejoso en comparecencia de once de agosto de dos mil veintidós, en la que solicitó la devolución del inmueble asegurado (ubicado en calle ****** número *******, de la localidad de ******, Municipio de *******), en que determinó que no había lugar a acordar favorable su petición, bajo las razones siguientes: 1. El documento exhibido por el ahora quejoso no era idóneo para acreditar la propiedad del inmueble asegurado, pese a estar suscrito por una autoridad interna de la Comunidad de San Miguel Tenextatiloyan, Municipio de Zautla, Puebla, y 2. El inmueble al cual se refería dicho documento no guardaba identidad jurídica con el diverso asegurado. Ahora, por razón de técnica y en atención a las conclusiones a las que este juzgado arriba, se analizarán los conceptos de violación de forma diversa a la propuesta en la demanda. El quejoso expone que la autoridad viola en su perjuicio el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional (falta de fundamentación y motivación), pues aduce que al ser un tercero extraño a la carpeta de origen, no se debe exigir demostrar plenamente la titularidad del inmueble asegurado, pues por ese solo hecho el aseguramiento deviene ilegal. Señala que su derecho de posesión y propiedad sobre el inmueble que defiende quedaron evidenciados con el hecho de que nadie más pidió la devolución del bien raíz, así como por la circunstancia de ahí haberlo citado en su carácter de testigo (carácter que refiere se advierte de su entrevista), por lo que con ello demuestra que cuenta con el derecho sobre la vivienda cuya devolución fue solicitada. Agrega que solicitó la devolución del inmueble asegurado para lo cual exhibió ante la fiscal responsable copia simple del contrato compraventa celebrado el diez de octubre de dos mil tres, ante el Juez de Paz de San Miguel Tenextatiloyan, Zautla, Puebla, entre *******, como parte vendedora y el aquí quejoso, a más de otra (********), como compradores, respecto de una fracción de terreno que lleva por nombre *******, ubicado en la jurisdicción de ********, ********, con la que alega demostró que es el titular del derecho, por lo que con la determinación de la responsable de argumentar que no acreditó la legítima propiedad del inmueble y que el documento con el que se ostentó como propietario, es insuficiente para acreditar tal derecho, afecta su derecho de posesión y propiedad respecto del inmueble que defiende. Las manifestaciones vertidas resultan infundadas. En principio debe decirse que el quejoso acudió a la responsable para solicitar la devolución del inmueble que defiende en su carácter de propietario, pues así se advierte de su entrevista (en calidad de testigo) que tuvo lugar el once de agosto de dos mil veintidós. En esas condiciones, debe partirse de que acudió ante la autoridad ahora responsable a solicitar la devolución del inmueble de que se trata precisamente al amparo de ese derecho real que expuso le asiste; de ahí que resultara correcto que para resolver lo conducente, la Agente del Ministerio Público responsable analizara si acreditó o no el derecho con el cual se ostentó, como también correcto resultó, determinar que ante dicha autoridad no demostró ese derecho que, se insiste, era el sustento de su petición. Ello porque, efectivamente, para tal efecto era ineficaz el documento que el ahora quejoso exhibió ante la autoridad ministerial, consistente en copia simple del contrato de compraventa celebrado el diez de octubre de dos mil tres, ante el Juez de Paz de San Miguel Tenextatiloyan, Zautla, Puebla, entre ********, como parte vendedora y el aquí quejoso, a más de otra (******), como compradores, respecto de una fracción de terreno que lleva por nombre ******, ubicado en la jurisdicción de ******, *****; dicha circunstancia de presentar el mencionado documento en copia simple, al aducir que el original se encontraba al interior del inmueble asegurado. Documental ciertamente, por su naturaleza y origen, no es idónea para consignar un derecho legítimo de propiedad - que es el que el inconforme ostentó ante la responsable- pues, en principio, se trata de una copia simple de un contrato de compraventa celebrado ante un juez de paz, pues para acreditar ese derecho real el documento idóneo sería la constancia de compraventa contenida en una escritura pública y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por lo cual, aunado a que el documento de que se trata constituye un documento simple, lo cierto es que el aludido contrato de compraventa a que se ha hecho referencia no tiene la característica de ser un título que genere el derecho de propiedad que aduce tener el quejoso. Ello, porque el juzgador de paz carece de facultades para intervenir como fedatario público en tales actos, pues dicha actividad es exclusiva de los notarios públicos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del Notariado del Estado de Puebla. Al respecto, es aplicable la tesis con registro digital 167285, visible a foja 1042, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA. NO ADQUIERE FECHA CIERTA EL CELEBRADO ANTE UN JUEZ DE PAZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADA). La extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio visible en la página 63 del Volumen LXVI, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.", del cual se colige que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene, entre otras hipótesis, desde la fecha en que dicho documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio. Por tanto, los documentos en los que se estipulan actos traslativos de dominio respecto de un bien inmueble, celebrados ante un Juez de Paz, no pueden considerarse como de fecha cierta, para efectos de acreditar el interés jurídico en un juicio de amparo, debido a los artículos 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, 4o. y 71 de la Ley del Notariado, ambas del Estado de Puebla, anteriores a las vigentes, no establecen facultad alguna a los Jueces de Paz para intervenir en esa clase de actos como fedatarios públicos; de ahí que al no tratarse de un documento presentado ante un funcionario público por razón de su oficio, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 74, fracción III, de la misma norma". Además, dicho documento resultaba insuficiente de cualquier modo para demostrar fehacientemente que el inmueble asegurado y cuya negativa de devolver reclama el quejoso, se encuentre comprendido o sea el mismo a que se refiere el mencionado contrato de compraventa, como así lo estimó la fiscal responsable. Se afirma lo anterior, pues en el mencionado documento, en su caso, se desprende que el acto jurídico de compraventa corresponde a una fracción del terreno que lleva por nombre ******, ubicado en la jurisdicción de *******, *****, *******, respecto del cual el quejoso alega tener derechos de propiedad el aquí quejoso, el cual por su nomenclatura, resulta evidentemente distinto de aquél que la autoridad responsable ordenó asegurar y negó su devolución al aquí quejoso en la carpeta de investigación de origen, a saber, el ubicado en la calle ****** número *******, de ******, municipio de ****, *******. Como puede verse, y así lo sostuvo la fiscal responsable, al confrontar la ubicación de los bienes raíces en comento, si bien se advierte que ambos se localizan en ***********, *******, *******, empero, no es posible afirmar que el inmueble respecto del cual arguye el quejoso tiene derecho de propiedad, es el mismo o se ubica dentro de una porción de terrero que fue materia del asegurado y cuya devolución se solicitó en la carpeta de origen; por lo que se estima legal la negativa a devolver el mismo, pues dicho documento carece de eficacia valorativa, incluso de manera indiciaria sobre el inmueble materia del acto reclamado, como así lo estimó la fiscal responsable. En ese sentido, resultan infundadas las alegaciones respecto al derecho de propiedad que aduce tener el quejoso, en atención a su manifestación de haber sido citado en el propio inmueble y el que nadie más haya comparecido a reclamar la devolución del mismo, lo que, estima, contribuye a acreditar su derecho. Ello, pues dichas manifestaciones resultan insuficientes para acreditar que con su determinación la autoridad responsable violenta sus derechos fundamentales, ya que dichas circunstancias desde luego no resultan ser datos que acrediten un derecho a su favor reconocido por la legislación o sustentado en un acto jurídico, sobre el inmueble que refiere, y, por lo mismo, no era exigible que el Ministerio Público responsable las tomara en cuenta para emitir su acto. Tampoco se inadvierte lo que señala el quejoso, tendente a que en el caso no se está en el supuesto de que se dilucide un mejor derecho sobre el bien y que por ese motivo - dice- era procedente la devolución a su favor del inmueble. Sin embargo, sin desconocer que el acto reclamado es ajeno a una controversia para dilucidar un mejor derecho sobre el inmueble de que se trata, lo relevante es que el inconforme acudió ante la responsable a solicitar su entrega, precisamente ejerciendo el derecho de propiedad que adujo tenía; de ahí que no solo era posible sino que era exigible que la autoridad constatara si acreditaba o no ese derecho con base en el cual enderezó su solicitud. Entonces, el acto reclamado no solo es congruente con lo peticionado sino también, en lo sustancial con la materia del aseguramiento y consecuencias jurídicas, de manera que el acto se emitió con base en la calidad de propietario con la cual compareció el particular, y como no la demostró debidamente, la responsable determinó que no había lugar a esa petición. Sentado lo anterior, el resto de los conceptos de violación devienen inoperantes. El quejoso expone diversos señalamientos tendientes a evidenciar lo incorrecto de que el inmueble hubiera sido cateado y permanezca asegurado, sin que él tenga la calidad de imputado. La inoperancia de lo expuesto resulta de que las hace depender de su derecho a obtener la devolución del inmueble de que se trata, en su calidad de propietario; es decir, formula sus alegaciones partiendo de que, como tal, tiene derecho a que se le devuelva el inmueble. Sin embargo, como quedó evidenciado, respecto de ese tema sus conceptos de violación no prosperaron debido a que fue correcto que en el acto reclamado se decidiera que no acreditó el carácter con el cual compareció a enderezar su solicitud. Entonces, sus alegaciones no pueden ser analizadas en los términos que lo propone para determinar si el aseguramiento está o no justificado y, por ende, si el inmueble debe devolverse, si de cualquier forma sus conceptos de violación en contra de la premisa de la cual hace depender su alegada afectación no prosperaron. Es decir, las afectaciones que estima sufrir con motivo del cateo y la injustificada permanencia del aseguramiento, las hace depender de la calidad de propietario con que se ostentó, pero que no acreditó. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. Publicación de datos. En el presente juicio de amparo, se indicó a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, y ninguna expuso manifestaciones al respecto. Sin embargo, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación. Por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución federal; 63, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a *********, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en atención a las razones expuestas en el diverso sexto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese; personalmente al quejoso (por lista) y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Alegatos (pedimento) de la fiscal federal adscrita y solicitud de copias Se agrega al expediente el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos y solicita copias de la sentencia, así como del auto en que quede firme la misma. En ese sentido, por cuanto hace a los alegatos formulados, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, éstos quedan expresados para considerarse al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se autoriza desde este momento expedir las copias que solicitó la fiscal en mención, hasta el momento en que la sentencia sea emitida en el presente juicio, y se dicte el auto por el que se declare ejecutoriado dicho fallo. Lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Diferimiento Por otro lado, visto el estado que guaran los autos, se observa que se señalaron las diez horas con dieciocho minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, se hace notar que en acuerdo de veinte de septiembre de este año, se recibió el informe justificado del Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Cometida por Particulares, de la Fiscalía General del Estado. Con la llegada de dicho informe, se concedió una vista de ocho días para que las partes se impongan de su contenido en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con el objeto de permitir que transcurra la vista en mención, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio y anexo de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, a través del cual rinde su informe justificado. La citada autoridad responsable acepta los actos que se le reclaman. Luego, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y será relacionado el informe con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por último, se tiene informado por parte de la autoridad responsable, un diverso juicio de protección promovido por el quejoso; de lo que esta juzgadora federal toma conocimiento.
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