Florentino García González

Expediente 609/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
609/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/08/2018

Partes del expediente

  • Leonardo García Martínez
  • Florentino García González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Florentino García González y Leonardo García Martínez, sin que hayan hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales toda vez que no se exhibieron en este asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a los promoventes.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: FLORENTINO GARCÍA GONZÁLEZ Y LEONARDO GARCÍA MARTÍNEZ. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Florentino García González y Leonardo García Martínez, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la autoridad siguiente: ? Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número V-609/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ? Consideraciones previas. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". ? El acto reclamado es una violación procesal que no constituye un acto de imposible reparación. En el asunto que nos ocupa se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, 173, Apartado A fracciones II y VII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 173. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto (.) II. No se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio; VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; (.)". De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo el juicio de amparo, sólo procede contra las sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo; esto es, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29 , cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Ahora, para mejor comprensión de lo que se expondrá, conviene hacer la relación de antecedentes siguiente: 1. El veinte de agosto de dos mil quince, se dictó auto de término constitucional a los promoventes del amparo Florentino García González y Leonardo García Martínez, por el delito de sustracción de hidrocarburos, dentro de la causa penal II-99/2015 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 2. El once de julio de dos mil dieciocho, fueron informados que en el proceso penal del que deriva el acto reclamado ya se había celebrado la audiencia final y que los defensores particulares que había designado, fueron revocados en su nombramiento. 3. Asimismo, señalan los quejosos que el treinta de mayo de dos mil dieciocho, fue presentado un escrito de ofrecimiento de pruebas sin que hasta el momento se haya realizado algún pronunciamiento. Ahora, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad que contiene en la demanda, se advierte que los quejosos tienen el carácter de indiciados dentro del proceso penal II-99/2015, por ser probables responsables de un hecho que la ley señala como delito de sustracción de hidrocarburo. De lo expuesto en los párrafos anteriores, debe primeramente establecerse que se trata de actos y una omisión acaecidos dentro de un proceso jurisdiccional; esto es, se verificaron después de que se emitió el auto de formal prisión y no existe constancia de que se haya dictado sentencia ejecutoria. De ahí que la naturaleza de los actos y de la omisión sean intraporcesales, puesto que los derechos que se afectan con la emisión de los mismos o con la omisión de realizarlos son adjetivos, porque se encuentran regulados por las normas procesales aplicables al caso en concreto. Se afirma lo expuesto, porque de los antecedentes que fueron reseñados se advierte que el proceso penal se encuentra en el periodo de resolución, ya que los quejosos afirman que el once de julio del año en curso se les informó que ya se encontraba celebrada la audiencia de vista, la cual con base en el Titulo Noveno, Capítulo I, debe tener lugar una vez que los inculpados y sus defensores presenten sus conclusiones; esto es, cuando la fase de instrucción ha concluido. Asentado lo anterior, se desprende que el contenido de las determinaciones que los quejosos reclaman, no son de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que por la etapa procesal por la que transita la causa penal sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales debido a que sus consecuencias materiales se reducen en que se deje sin efectos un nombramiento de defensor particular, se designe uno nuevo; y, en su caso, que quede agotada una de las etapas del procedimiento; lo que puede ser reparado en la resolución que se dicte si obtiene sentencia favorable a sus intereses; incluso de no ser así podrán hacer uso de los medios de impugnación ordinarios que la ley preveé para reparar tales violaciones. Sin que sea inadvertido para este juzgador los argumentos hechos valer por la parte quejosa entorno a la procedencia del presente juicio; sin embargo, para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados consistentes en la emisión del acuerdo en que se revocó a sus defensores particulares, dentro del proceso penal II-99/2015, pero por la etapa en que se encuentra, no se producen violaciones a derecho sustantivos, pues ya se encuentra celebrada la audiencia final, lo que es considerado como una violación procesal. En ese sentido, el juicio de amparo promovido por la parte quejosa contra dicha determinación, no es reclamable en la vía indirecta en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, pues, como se destacó, la autoridad responsable únicamente desconoció el carácter de defensor particular al señalado por la parte quejosa. De igual forma, la omisión de dar respuesta a la solicitud en que los quejoso ofrecieron pruebas dentro de la causa penal, tampoco constituye una afectación a derechos sustantivos pues con independencia de la naturaleza del medio de convicción ofrecido, la inadmisión, la falta de desahogo o su recepción en una forma prevista en la ley por si sola no produce la afectación de que se habla, ya que el juez al dictar sentencia debe valorar todos los elementos incorporados al proceso para determinar en su caso si se demostró la existencia del delito y la responsabilidad de los indiciados. Lo anterior encuentra sustento si se atiende a que el numeral 173, Apartado A. fracciones II y VII de la Ley de Amparo, establece como violación procesal reclamable en amparo directo, que no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio, no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho. Luego, como se dijo, la designación de un defensor diverso, la celebración de la audiencia de vista y la omisión de proveer sobre las pruebas ofrecidas constituyen violaciones procesales, que no necesariamente trascenderán al fallo, y dichas violaciones procesales con ese carácter deben ser combatidas mediante la promoción del juicio de amparo en la vía directa -artículo 170 de la Ley de Amparo- es inconcuso que en la especie, como se anticipó, no es procedente el amparo indirecto, sino el uni-instancial, que en su momento promovieran las partes contra la sentencia definitiva que emita la autoridad responsable, si le fuere adversa la sentencia definitiva. Bajo esa tesitura, se estima actualizada la referida causa de improcedencia antes invocada, al tratarse de una violación procesal -luego de haberse designado un defensor diverso para que se continúe con el procedimiento- impugnable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29 , cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". ? Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. ? Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, 173, Apartado A. fracciones II y VII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con el precepto 113 de la propia ley, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de este juzgador que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, autorizando para tal efecto a las personas que indica y únicamente a Favio Antonio Hernández Patiño y Sandra Parra Ángel, con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener debidamente registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ? Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se autoriza a la secretaria firmar los oficios relativos al presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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