Florencio Martínez Piñon

Expediente 617/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
617/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • Florencio Martínez Piñon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Desechamiento firme Vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano su demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, el proveído en cita queda firme. Archivo, anotaciones y capturas En virtud de que el presente asunto se encuentra concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; en consecuencia, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, asiéntese en la carátula los datos precisados con antelación. Devolución de documentos De conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del acuerdo referido en el apartado que antecede, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el sumario, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Integración de expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA FLORENCIO MARTINEZ PIÑON EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO;Cumplimiento a la prevención Agréguese a los autos el escrito signado por Ramón Alejandre Guzmán, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual aclara la demanda de amparo, en los términos siguientes: 1. Señala como acto reclamado la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho y su "ejecución", lo cual atribuye al Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad. 2. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve fue notificada el siete de mayo pasado. En ese sentido, ténganse como satisfechos los puntos preventivos impuestos a la parte quejosa en el proveído de treinta de mayo de la presente anualidad . Desechamiento A. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." B. Fijación de los actos reclamados Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, los cuales se tratan como un todo, reveló que los actos reclamados son: N° Ente responsable Acto reclamado 1 Director General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en Ciudad de México. Resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de revisión 2018/160/14850. 2 Director de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en Ciudad de México. Resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de revisión 018/160/14850. 3 Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad Resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho . Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en las fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. C. Estudio de la causa de improcedencia actualizada Los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que, para efectos del juicio de amparo, debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. También la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) La relación debe tener su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Facultad de emitir actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Para emitir esos actos, no requerirá acudir a los órganos judiciales, ni al consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. ". Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. a. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; b. Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; c. Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de Inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar de manera breve los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expuso la parte quejosa: En el caso concreto, del capítulo de antecedentes se advierte lo siguiente: I. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa presentó reclamación ante el Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad, por estimar que su inmueble sufrió daños por encontrarse en una falla geológica, siendo desconocida tal circunstancia al haber adquirido la propiedad. II. El veintiuno de ese mismo mes y año, el Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad, rechazó su reclamación por estimarla notoriamente improcedente, en virtud de que "prescribió su derecho para hacer valer tal circunstancia en esa instancia administrativa". III. El once de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra tal determinación, el cual fue resuelto el ocho de marzo de dos mil diecinueve por el Director General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por conducto del Director de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión. Ante este entorno, resulta inconcuso que las actuaciones específicas impugnadas en esta vía no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos de los usuarios frente a las instituciones financieras y arbitrar las diferencias, de manera imparcial, lo cual se traduce en la creación de esquemas de protección al público usuario de dichos servicios, como el procedimiento instaurado para atender las consultas y reclamaciones de aquellos usuarios, donde la comisión únicamente puede actuar de manera limitada como conciliador y árbitro en la solución de conflictos, instancia que sólo constituye una vía de solución alterna a los procedimientos judiciales, para contribuir a eliminar las irregularidades que se cometan en la prestación de los servicios financieros, de manera que se trata de un medio organizado de heterocomposición voluntaria, en prevención de controversias judiciales entre las instituciones financieras y los particulares usuarios del servicio, por lo que, en el caso, los actos reclamados no se adecuan a alguno de los supuestos previstos en la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 1º y 5º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros disponen que: "Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. [.] Artículo 5º. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios. [.]". Por su parte, los preceptos de esa ley, relativos a las facultades de la Comisión y al procedimiento de arbitraje, establecen: "Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para: [.] III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el Usuario y la Institución Financiera en los términos previstos en esta Ley, así como entre una Institución Financiera y varios Usuarios, exclusivamente en los casos en que éstos hayan contratado un mismo producto o servicio, mediante la celebración de un solo contrato, para lo cual dichos Usuarios deberán apegarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta Ley, así como emitir dictámenes de conformidad con la misma; IV. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho, de conformidad con esta Ley y con los convenios arbitrales celebrados entre las partes en conflicto, así como llevar a cabo las acciones necesarias para la organización, funcionamiento y promoción del Sistema Arbitral en Materia Financiera, en los términos previstos en esta Ley, y mantener un padrón de árbitros independientes; [.] "TÍTULO QUINTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CAPÍTULO I DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN" "Artículo 60. La Comisión Nacional está facultada para actuar como conciliador entre las Instituciones Financieras y los Usuarios, con el objeto de proteger los intereses de estos últimos. [.] Artículo 68. La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas: I. El procedimiento de conciliación sólo se llevará a cabo en reclamaciones por cuantías totales inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión; I Bis. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación. La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Comisión Nacional o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos; [.] VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador deberá formular propuestas de solución y procurar que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las partes no llegan a un arreglo, el conciliador deberá consultar el Registro de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral en Materia Financiera, previsto en esta misma Ley, a efecto de informar a las mismas que la controversia se podrá resolver mediante el arbitraje de esa Comisión Nacional, para lo cual las invitará a que, de común acuerdo y voluntariamente, designen como árbitro para resolver sus intereses a la propia Comisión Nacional, quedando a elección de las mismas, que sea en amigable composición o de estricto derecho. Para el caso de la celebración del convenio arbitral correspondiente, a elección del Usuario la audiencia respectiva podrá diferirse para el solo efecto de que el Usuario desee asesorarse de un representante legal. El convenio arbitral correspondiente se hará constar en el acta que al efecto firmen las partes ante la Comisión Nacional. En caso que las partes no se sometan al arbitraje de la Comisión Nacional se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda. En el evento de que la Institución Financiera no asista a la junta de conciliación se le impondrá sanción pecuniaria y se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles; en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva sanción pecuniaria. La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia certificada del dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis, a efecto de que lo pueda hacer valer ante los tribunales competentes; La solicitud se hará del conocimiento de la Institución Financiera para que ésta manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos y pruebas que estime convenientes en un plazo que no excederá de diez días hábiles. Si la Institución Financiera no hace manifestación alguna dentro de dicho plazo, la Comisión emitirá el dictamen con los elementos que posea; [.] ARTÍCULO 68 Bis. Cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan elementos que a juicio de la Comisión Nacional permitan suponer la procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del Usuario, un acuerdo de trámite que contenga un dictamen. Cuando este dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la Comisión Nacional, se considerará título ejecutivo no negociable, en favor del Usuario. La Institución Financiera podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial competente. La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá a un año de su emisión. Para la elaboración del dictamen, la Comisión Nacional podrá allegarse todos (sic) los elementos que juzgue necesarios. El dictamen a que se refiere el presente artículo sólo podrá emitirse en asuntos de cuantías inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión. El dictamen sólo podrá tener el carácter de título ejecutivo, en los términos de este artículo, en asuntos por cuantías inferiores al equivalente en moneda nacional a cincuenta mil unidades de inversión, salvo que se trate de instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros y administradoras de fondos para el retiro, en los cuales el monto deberá ser inferior a cien mil unidades de inversión. En ambos supuestos se considerará la suerte principal y sus accesorios. ARTÍCULO 68 Bis 1.- El dictamen que puede emitir la Comisión Nacional en términos de los artículos 68 y 68 Bis contendrá una valoración técnica y jurídica elaborada con base en la información, documentación o elementos que existan en el expediente, así como en los elementos adicionales que el organismo se hubiere allegado. [.]". De conformidad con los preceptos reproducidos, la ley establece un mecanismo de solución de conflictos de naturaleza heterocompositiva, optativo para las partes intervinientes, y faculta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que dirija tal procedimiento, de acuerdo con las etapas y condiciones instituidas. Dicho procedimiento conciliatorio inicia a instancia de parte, por la solicitud expresa del usuario de los servicios financieros. En él debe citarse a las partes a una audiencia de conciliación, dentro de los veinte días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba la reclamación del usuario, el objetivo de la audiencia es que las partes concilien sus intereses, para ello, la comisión formulará las propuestas de solución y procurará que la diligencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Asimismo, se debe distinguir la etapa de conciliación con la de la emisión del dictamen técnico, pues la conciliación se agota en la audiencia de ley, ya que la fracción VII del artículo 68 antes trascrito dispone que en la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, si no llegan a una conciliación, las invitará a que designen un árbitro y, en caso de que rechacen el arbitraje, se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes, con lo que se da por concluido el procedimiento. Como puede observarse, la misma norma establece como facultad de la comisión la de emitir un dictamen técnico, siempre que existan elementos que, a su juicio, permitan suponer la procedencia de lo reclamado, el cual en su caso, contendrá una opinión técnica y jurídica, la cual se entregará al usuario de los servicios financieros, a petición de parte, a efecto de que pueda hacerlo valer como prueba ante los tribunales competentes, por lo que, el usuario tendrá expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma que considere oportuna. Entonces, corresponde a la Comisión determinar si procede o no la elaboración del dictamen técnico, a efecto de que, en la eventualidad de que el usuario decida entablar juicio en contra de la institución financiera pueda hacerlo valer ante los tribunales competentes, sin que ello implique, en términos de la ley, que el dictamen determine, de antemano, el sentido condenatorio de la sentencia, pues es una mera opinión técnica, y no obliga a quien resuelva a atenderlo o no, pudiendo ser objetado conforme los argumentos y pruebas que ofrezcan los intervinientes. De lo hasta aquí expuesto y atendiendo al caso en concreto, es posible concluir que el acuerdo mediante el cual se declaró improcedente la reclamación presentada por la parte quejosa y su confirmación en el recurso de revisión que aquélla interpuso, se encuentran desprovistos de los atributos que definen al acto de autoridad, pues, como quedó explicado, la comisión no está desarrollando tareas propias del Estado frente a los gobernados, que afecten derechos e impongan obligaciones, ya que el hecho de que la comisión considere improcedente la queja presentada por la parte quejosa, de ninguna manera modifica, restringe o altera los derechos del usuario, en virtud de que quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales competentes, en la vía que proceda, en términos de la propia ley. Máxime que, como se dijo, el propio dictamen que emite al concluir el procedimiento dicha Comisión sólo constituye una opinión técnica, no vinculante, ni determina el sentido en el que deba resolverse la controversia jurisdiccional que en su caso se instaure. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de 2012, página 1050, registro digital 2002122, de rubro siguiente: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Del mismo modo, sirve de apoyo por las consideraciones que señala el criterio jurisprudencial 1a./J. 84/2002, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 48, registro digital 185432, intitulada: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EN EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO PARA ATENDER LAS CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE AQUÉLLOS, NO REALIZA FUNCIONES JURISDICCIONALES, SINO DE MERA CONCILIACIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO.". De ese modo, aun cuando la responsable pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de algunas de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente o aquellos en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad y, por tanto, los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K, de noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES.". Sin que en el caso a estudio se esté en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia, pues el hecho de que se determine que los actos atribuidos a las responsables en este juicio "no son actos de autoridad", no implica por exclusión, que deban ser considerados como "actos de particulares", susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo, toda vez que para ello se requiere: a. Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: 1. Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u, 2. Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la nueva Ley de Amparo que el acto de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados, empero ello en un plano de supra a subordinación, lo que en el caso no acontece, pues como se dijo el procedimiento ante la responsable es optativo y su determinación carece de obligatoriedad. Decisión Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el numeral 61, fracción XXII, de la Ley Amparo, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo promovida por Florencio Martínez Piñón. Lo anterior, al margen de que pudiese actualizarse diversa causal de improcedencia, pues es innecesario abordar su examen, en virtud de que al quedar evidenciada la actualización de la inejercitabilidad abordada, la circunstancia de que resultare procedente alguna de las restantes, en nada variará el sentido de la presente resolución, pues una vez advertida, analizada y actualizada una causa suficiente para que se dé el desechamiento, resulta inconducente entrar al estudio de diversa causa de improcedencia. Además, legalmente nada obliga a efectuar el análisis de otras razones, si se ha presentado una circunstancia de mayor peso, pues una vez que se ha encontrado el impedimento procesal para examinar otras cuestiones, resultaría ilógico analizar las restantes; en tal virtud, ya que en el caso se actualizó una causa, resulta innecesario abordar el estudio de la diversa que pudiera actualizarse. Aplica al respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.". No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que la Sala en cita pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró su rubro, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, resulte inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), pues en el presente asunto se reclamó la resolución a un recurso de revisión tramitado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Tampoco se inadvierte que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: FLORENCIO MARTÍNEZ PIÑON. Registro de demanda Con la demanda de amparo de cuenta, por conducto de sus apoderados Ramón Alejandre Guzmán y Santiago González Durán , Florencio Martínez Piñón solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Director General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en Ciudad de México; y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número III-617/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Trámite Conviene destacarse que el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a los promoventes para que llenen los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas Inicialmente, conviene destacar que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: 1. Director General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en Ciudad de México; 2. Director de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en Ciudad de México; y, 3. Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad. Posteriormente, en el capítulo relativo a los actos reclamados indicó que aquél lo constituye la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de revisión 2018/160/14850, formado con motivo de la resolución dictada por el Subdelegado de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora, las autoridades responsables identificadas con los números 1 y 2 fueron señaladas como ordenadoras, esto es, les atribuye la emisión de la resolución al recurso de revisión; empero, por lo que ve a la autoridad responsable designada con el número 3, este órgano jurisdiccional no advierte cuál es el acto que le fue atribuido, pues si bien fue identificada como ejecutora, la realidad es que no se aprecia cuál es el acto de ejecución que se le reclama o, bien, si se estima como autoridad responsable por haber dictado la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Cabe mencionar que, aun cuando este órgano jurisdiccional pudiera interpretar el acto reclamado, la realidad es que su señalamiento preciso corresponde a la parte quejosa, al tratarse de un requisito que le impone el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Aparte, la parte quejosa omitió proporcionar la fecha en que le fue notificada o tuvo conocimiento de la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de revisión 2018/160/14850. Por lo anterior, es necesario que precise en el capítulo correspondiente y bajo protesta de decir verdad, cuándo fue notificado del acto reclamado, tuvo conocimiento o se hizo sabedor de él; en el entendido de que este tópico constituye parte de los "antecedentes del acto reclamado" que deben expresarse bajo protesta de decir verdad en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo (artículo 116, fracción IV, de la anterior Ley), tal cual lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 334/2013 . Por tal motivo, al apreciarse dichas irregularidades, corresponde realizar la siguiente: Prevención Con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, subsane su demanda de amparo en los términos siguientes: PRIMERO. Precise cuál es el acto reclamado al Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, en ampliación de sus antecedentes, manifieste cuándo fue notificado o tuvo conocimiento de la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de revisión 2018/160/14850. Apercibimientos Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento en el plazo y condiciones indicadas en el primer punto preventivo, se dejará de tener como autoridad responsable al Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en esta ciudad y se proveerá la demanda respecto a las demás autoridades responsables y acto reclamado. En tanto que el incumplimiento del segundo punto preventivo dará lugar a que este órgano jurisdiccional tenga por no presentada la demanda, con base en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley en la materia, ya que la expresión de la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados es un requisito esencial para la promoción del juicio constitucional, tal como se prevé en el numeral 108, fracción V, del precepto legal citado. Asimismo, al igual que la demanda de amparo, el escrito aclaratorio deberá presentarse con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.". Igualmente, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral confiere a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". Domicilio procesal Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas, anotaciones, oposición a publicación de datos personales e integración del expediente electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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