Florencio Tapia Rosas
Expediente 420/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Florencio Tapia Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Certificación. El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: que el plazo de diez días hábiles que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió del dieciséis al veintinueve de agosto del año en curso, sin que lo haya hecho, en razón de que fue notificada por medio de lista que se fijó en los estrados de este Juzgado en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo, el doce de agosto pasado. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, en los autos del juicio de amparo 420/2022, con la certificación secretarial que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, a treinta de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA. De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia dictada en el presente asunto, que decretó el sobreseimiento en el juicio, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto, para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, se determina que el original del cuaderno incidental, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintidós (fojas 2 a 6), en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, Florencio Tapia Rosas, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: a).- C. Síndico Procurador Municipal de Lázaro Cárdenas. b).- Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. EJECUTORAS:- a).- C. Jefe de Patrimonio Municipal del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán. b).- C. Jefe de Reglamentos del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán; todas estas autoridades con domicilio. c).- C. Director de Seguridad Pública Municipal.". IV.- ACTO RECLAMADO: DE LAS ORDENADORAS: La orden de destrucción del tejaban y un asador de pollo de acero inoxidable con dos mesas de emparrillad del pollo, ubicado sobre la banqueta de la Avenida de Melchor Ocampo, esquina con la Avenida Jaime Torres Bodet de la colonia Bella Vista de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán; y la orden de desalojo de 6:00 seis metros de largo por 5:50 cinco metros y medio de ancho del área de terreno o banquetas donde está construido el tejaban de tubo PTR y lámina galvanizada desde el día 20 veinte de junio de 1998 mil novecientos noventa y ocho. DE LAS EJECUTORAS:- El cumplimiento que le quieren dar a las órdenes dictadas por las autoridades ordenadoras sin ser oída y vencida en juicio como lo previenen las leyes administrativas o judiciales aplicables al presente caso". El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El cuatro de julio de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa data (fojas 10 a 14), se registró con número de expediente 420/2022; se admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que forman el presente juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Presidente, Síndico, Jefa del Departamento de Reglamentaciones Municipales y Jefe del Departamento de Patrimonio, todos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Michoacán de Ocampo: La orden de destrucción del tejaban y de un asador de acero inoxidable, con dos mesas de emparrillado, ubicado en la banqueta de la Avenida Melchor Ocampo, esquina con la Avenida Jaime Torres Bodet, en la colonia Bella Vista, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. La orden de desalojo de un especio de seis metros de largo por cinco punto cincuenta metros de ancho del área de terreno o banqueta en el que está construido el tejaban antes descrito. Del Director de Seguridad Pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo: La ejecución de las órdenes antes indicadas. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En el caso, el quejoso Florencio Tapia Rosas, reclama del Presidente, Síndico, Jefa del Departamento de Reglamentaciones Municipales y Jefe del Departamento de Patrimonio, todos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Michoacán de Ocampo: La orden de destrucción del tejaban y de un asador de acero inoxidable, con dos mesas de emparrillado, ubicado en la banqueta de la Avenida Melchor Ocampo, esquina con la Avenida Jaime Torres Bodet, en la colonia Bella Vista, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. La orden de desalojo de un especio de seis metros de largo por cinco punto cincuenta metros de ancho del área de terreno o banqueta en el que está construido el tejaban antes descrito. Mientras que, del Director de Seguridad Pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo: La ejecución de las órdenes antes indicadas. En su escrito de demanda, expuso que: Desde el veinte de junio de mil novecientos noventa y ocho, ha ejercido actos de posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, y en calidad de usufructuario, respecto del especio de seis metros de largo por cinco punto cincuenta metros de ancho del área de terreno o banqueta, ubicado en la banqueta de la Avenida Melchor Ocampo, esquina con la Avenida Jaime Torres Bodet, en la colonia Bella Vista, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. En dicho lugar, tiene construido un tajaban de tubo con techo de lámina galvanizada, y en su interior un asador de acero inoxidable, con dos mesas de emparrillado de pollo y dos mesas movibles donde se sientan las personas. Que, respecto del uso del citado espacio paga un derecho de piso en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. El viernes veinticuatro de junio del año en curso, se presentaron en su negocio, la licenciada Aicetel Galván, representante legal del Corporativo Farmacias del Ahorro, para ordenarle que desalojara el área de banqueta donde se encuentra construido el tajaban, y que si no lo hacía lo iban a meter a cárcel. El martes veintiocho de junio del dos mil veintidós, le llamó por teléfono Eligio Barrera, Jefe del Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, para decirle que si se pensaba quitar por las buenas del área de banqueta o le mandaba a la policía y personal del Departamento de Reglamentos para que lo quitaran a la fuerza. Al respecto, las autoridades responsables Presidente, Síndico, Jefa del Departamento de Reglamentaciones Municipales y Jefe del Departamento de Patrimonio, todos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Michoacán de Ocampo, al rendir sus informes justificados (foja 44), negaron la existencia de las órdenes reclamadas por el solicitante de amparo. Por su parte, el Director de Seguridad Pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe de ley (foja 48), negó el acto de ejecución que se le atribuyó. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades al rendir sus informes justificados negaron su existencia, correspondía al quejoso acreditarlos, sin que hayan ofrecido prueba apta que desvirtuara esas negativas. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción alguno del que se desprenda que el Presidente, el Síndico, la Jefa del Departamento de Reglamentaciones Municipales y el Jefe del Departamento de Patrimonio, todos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Michoacán de Ocampo, hubieren girado alguna orden de destrucción o desalojo a que alude el quejoso en su escrito de demanda. Tampoco que, el Director de Seguridad Pública del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, haya ejecutado alguna de las ordenes indicadas. Lo anterior es así, pues el solicitante de amparo no ofreció ni desahogo medio de convicción apto para tal efecto. Ello es así, pues si bien es cierto, a su escrito de demanda acompañó las siguientes documentales: Copia certificada de la tarjeta de identificación de vendedor ambulante (foja 7). Diez recibos de pago expedidos por la Tesorería Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo (foja 8) Recibo-factura expedido por la Comisión Federal de Electricidad (foja 9), respecto del número de servicio 169990703994, a nombre de Zaine Morales Ramos. El primero de los documentos citados, merece valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; sin embargo, el mismo únicamente acredita que Florencio Tapia Rosas, es identificado ante el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, como vendedor ambulante. Mientras que, los documentos descritos en los apartados dos y tres, aun cuando tiene valor probatorio como documental privada en términos de los artículos 133, 203 y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo establece su numeral 2°, con ella únicamente se demuestra la existencia de los recibos de pago, membretados con el sello de la Tesorería Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; pero sin que de los mismos se advierta la existencia del algún sello o firma de funcionario que avale la realización de los pagos ahí asentados; y, respecto del aviso recibo únicamente acredita que Zaine Morales Ramos cuenta con el servicio de energía eléctrica con número de servicio 169990703994. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, argumentando que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, las negativas de las autoridades no fueron desvirtuadas. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados dentro de la presente instancia constitucional. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Florencio Tapia Rosas, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el correlativo tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Certificación. El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que el auto de veinticinco de julio del presente año, se notificó por medio de lista a las partes el veintiséis de julio siguiente; por lo que el plazo de ocho días para que se impongan del informe justificado agregado en dicho proveído transcurre del veintiocho de julio al ocho de agosto de dos mil veintidós, descontándose los días treinta y treinta y uno de julio y seis y siete de agosto del año en comento, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19, de la Ley de Amparo. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a dos de agosto de dos mil veintidós. Conste. Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta al Juez, en los autos del juicio de amparo 420/2022, con la certificación secretarial que antecede, y con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista en autos, se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Certificación. El suscrito Abel Jonapa García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que se recibió en el correo oficial del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, un oficio y anexo, signado por el Director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Conste. Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta al Juez, en los autos del juicio de amparo 420/2022, con un oficio y anexo, registrados con el folio 10036, y con la certificación secretarial que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: INFORME JUSTIFICADO. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, rindiendo su informe justificado, toda vez que así lo acredita con el nombramiento respectivo; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional. Por otro lado, se le tiene proporcionando el correo electrónico juridicospm@lazaro-cardenas.gob.mx, por tanto, manténganse bajo resguardo este datos, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino
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