Flavio Aguirre Flores

Expediente 692/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
692/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Director del Hospital General los Reyes, Perteneciente A la Secretaría de Salud de Michoacán
  • Flavio Aguirre Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio el cual quedó registrado bajo el folio 14652, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Visto lo de cuenta, incorpórese a los autos el oficio signado por José Eduardo Márquez Campos, apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, en atención a su contenido, téngasele desahogando el requerimiento realizado en el proveído de catorce de noviembre pasado, además, se le tiene informando en cumplimiento a la suspensión de plano que el servicio subrogado en favor del quejoso Flavio Aguirre Flores, no se encuentra suspendido, lo que acredita con el anexo que adjunta al oficio de cuenta, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.********************Consecuentemente, por conducto de su autorizada, dese vista al quejoso con el cumplimiento dado por las responsables para que manifieste lo que a sus intereses legales convenga.********************Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio y anexo, los cuales quedaron registrados bajo el folio 14332, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintitrés.********************1. SE RECIBE OFICIO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio y anexo signados por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital General de Los Reyes, mediante el cual desahoga el requerimiento realizado el pasado ocho de noviembre, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.********************Asimismo, téngasele informando que la empresa ********************, quien es la moral ganadora de la licitación encargada de brindar de manera subrogada la terapia sustitutiva renal extracorpórea -hemodiálisis-, ha realizado el pago correspondiente a la clínica particular "Clínica de Salud SR", en donde el quejoso recibe sus sesiones, adjuntando captura del pago interbancario, empero de lo anterior, no allega las constancias que acrediten que el quejoso ********************, ha seguido recibiendo sus sesiones con normalidad.********************2. REQUERIMIENTO. Por lo tanto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO HORAS, informen el cabal cumplimiento a la suspensión de plano decretada en auto de cuatro de octubre del año en curso, es decir, deberán de acreditar que la parte quejosa se encuentra recibiendo la atención médica y las sesiones de hemodiálisis que requiere, ya sea por su conducto o de manera subrogada, debiendo remitir las constancias que acrediten su dicho.********************2.1. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir lo anterior, se les impondrá, a cada una, multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $ ********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.********************Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    En ocho de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Marcela Cortez Ruíz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA:********************Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio y anexos.********************Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe.********************CUENTA. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con un escrito y anexo recibidos electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, los cuales quedaron registrados bajos los folios 13839 y 13864. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de noviembre de dos mil veintitrés.********************1. SE RECIBE OFICIO. Visto el oficio de cuenta signado por la licenciada ********************, apoderada jurídica de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, mediante el cual desahoga el requerimiento hecho el pasado treinta de octubre del año en curso, e informa que la parte quejosa se encuentra recibiendo las sesiones de hemodiálisis en la clínica particular denominada "Clínica de Salud SR", en el municipio de Los Reyes, Michoacán de Ocampo.********************De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.********************2. SE RECIBE ESCRITO. En otro orden, incorpórese a los autos el ocurso y anexos signados por ********************, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual informa que la clínica privada "Clínica de Salud SR" dejará de brindarle el tratamiento de forma subrogada al impetrante del amparo a partir del día nueve de los actuales, lo anterior, con motivo de la falta de pago de las autoridades responsables.********************2.1. REQUERIMIENTO. Virtud a lo anterior, con el escrito de cuenta córrase traslado y requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de CUARENTA Y OCHO HORAS, informen a este órgano jurisdiccional, si el quejoso ********************, se encuentra recibiendo la atención médica, así como el tratamiento que necesita para el padecimiento que presenta, esto es, insuficiencia renal crónica; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten.********************2.2. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir lo anterior, se les impondrá, a cada una, multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $ ********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.********************2.3. SE RESERVA PROVEER. Finalmente y toda vez que en el presente proveído, se está requiriendo a las autoridades responsables, a fin de que informen el cumplimiento dado en favor del quejoso, se reserva proveer respecto a la solicitud relativa a comisionar al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que de fe judicial sobre la suspensión del servicio precitado, hasta en tanto se reciba respuesta por parte de las autoridades responsables.********************Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************/2023, sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; Informe a la suspensión de plano; e, Informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, para los efectos legales conducentes. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el informe con justificación fue rendido por la autoridad responsable el treinta de octubre pasado, no obstante, este juzgador considera que existen condiciones para emitir la sentencia respectiva, por lo que resulta innecesario diferir la presente audiencia, dado el sentido del fallo que se emitirá más adelante. Acto seguido, la Secretaria hace constar que, de las constancias que integran el cuadernillo de amparo en que se actúa, no se advierte que le revista el carácter de tercero interesado a persona alguna. Posteriormente la Secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y electrónico coinciden íntegramente. Al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la secretaria da cuenta al Juez con la prueba documental ofertada por la parte quejosa en su escrito de demanda, así como con las constancias exhibidas por las autoridades responsables al rendir su informe a la suspensión de plano y de las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la misma, y las que acompañaron a su informe con justificación. A lo que el Juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados los medios de convicción en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos en su favor. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hecha la anterior constancia y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos, con lo que se cierra esta etapa. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la sentencia correspondiente, lo que se hace a continuación. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo ********************/2023, promovido por ******************** contra actos del Director del Hospital General de Los Reyes, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso depositado el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, turnado a este Juzgado de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión de las autoridades que enseguida se transcriben: "(.) III.- Autoridades responsables. A) Director del Hospital General Los Reyes, perteneciente a la Secretaria de Salud de Michoacán, con domicilio en (...). B) Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán, con domicilio en (.) IV. Omisión reclamada. A) La omisión de proporcionarme la atención médica, el tratamiento adecuado y medicamentos para la enfermedad de ******************** que padece. (.)" El promovente del amparo expuso que se violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la omisión reclamada; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el número de expediente ********************/2023; se admitió a trámite; se decretó la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables proporcionaran al quejoso la atención médica, medicamentos y tratamiento necesario para la atención de sus padecimientos, esto es, ********************, además de realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios necesarios e insumos que dichos padecimientos requerían; se solicitó el informe de suspensión de plano y con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que la omisión reclamada tiene efectos positivos cuya ejecución corresponde a autoridades con residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA OMISIÓN RECLAMADA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que el quejoso reclama: Del Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán de Ocampo y de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán: La omisión de proporcionarle la atención médica adecuada y el tratamiento que requiere para su padecimiento de ********************. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO U OMISIÓN RECLAMADA. El Director del Hospital General de Los Reyes y la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, al rendir el informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la omisión de proporcionarle atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere el quejoso para su padecimiento. Al efecto, señaló que al momento de la presentación de la demanda de amparo el quejoso no contaba con un expediente clínico a su nombre en el hospital señalado como autoridad responsable. Ahora, al tratarse de una omisión, la carga de la prueba correspondía a la autoridad responsable, pues si bien señalan que no incurrieron en la omisión que se les atribuye, debían acreditarlo; esto es, debían demostrar que brindaron la atención médica al quejoso, sin que hayan ofrecido prueba alguna al respecto, de ahí que se tenga por cierta la omisión combatida. En consecuencia con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la omisión reclamada que se les atribuye a dichas autoridades, relativa a no proporcionar atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere el quejoso para su padecimiento de ********************. Tiene aplicación, la tesis 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, del tomo IX, marzo de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 194401, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". CUARTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio, (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. El concepto de violación propuesto resulta fundado. La cuestión efectivamente planteada en el disenso, se centra en que el quejoso considera que las autoridades responsables trasgreden en su perjuicio el artículo 4º de la Constitución Federal, al no garantizar su derecho a la salud, toda vez que no ha recibido la atención médica adecuada para sus padecimientos. Como se anticipó, el concepto de violación es fundado. En efecto, el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.". El precepto transcrito señala que toda persona tiene derecho a que su salud sea protegida y que es obligación del Estado definir las bases y modalidades para lograr el acceso a los servicios de salud en las diferentes instancias. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, por servicios de salud, se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; así como que la protección de ese derecho incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella, para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, en congruencia con los instrumentos internacionales firmados por México sobre este derecho. Tal criterio se encuentra contenido en la tesis LXV/2008, consultable en la página 457, tomo XXVIII, julio de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 169316, de rubro y contenido: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San Salvador', según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no solo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". Así como, en la tesis XXIII/2013, publicada en la página 626 del libro XVI, tomo I, enero de 2013, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002501, que prevé: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano". En relación con lo anterior, el artículo 12, párrafo 2, apartado d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que los Estados Parte se encuentran obligados a crear las condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y de servicios médicos en casos de enfermedad. De igual manera, el Pleno del Alto Tribunal ha establecido que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Así lo plasmó en la tesis XIX/2000, consultable en la página 112, del tomo XI, marzo de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192160, que indica: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos". Por otro lado, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver el amparo en revisión 251/2016, señaló, en lo que interesa, lo siguiente: En la Observación General No.14, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales interpretó el derecho a la salud contenido en el artículo 12 del Pacto aludido y se refirió a sus elementos esenciales, dentro de los que destacaban la disponibilidad y la accesibilidad. En cuanto a la disponibilidad, el Comité afirmó que: "cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud (.)" y, específicamente, se refiere a que los servicios deben incluir "los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS". Asimismo, dicho órgano interpretó que las obligaciones básicas que se tienen que garantizar como mínimo para asegurar "la satisfacción de niveles esenciales de salud", son: "facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS". Tomando en cuenta esta interpretación orientadora del derecho a la salud, la Sala precisó que una cuestión fundamental de este derecho es que los servicios se presten de manera integral, refiriéndonos con esto a que se debe dar tratamiento adecuado y completo. Es decir, de los documentos internacionales se desprende que la protección al derecho a la salud implica que los servicios se presten desde su etapa inicial hasta, en su caso, la cura o la rehabilitación. Esta conclusión, se apoya con el hecho de que la interpretación del Comité se refiere específicamente a que es parte de las obligaciones básicas el suministro de medicamentos esenciales. México, ha reconocido este derecho a la prestación integral de servicios de salud. El artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud establece que, para proteger el derecho a la salud, el Estado deberá garantizar que los servicios médicos "satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación". Además, el artículo 77 bis 37, prevé como uno de los derechos de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud "recibir servicios integrales de salud". A su vez, la Ley General de Salud establece que se consideran servicios básicos de salud "la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud". Por ende, la debida protección del derecho a la salud conlleva la prestación de los servicios necesarios para su protección integral y que, como parte de esta prestación integral, se incluye al suministro de medicamentos. Posteriormente, dicha Sala procedió a resolver la siguiente interrogante: "¿el suministro de medicamentos es una obligación inmediata o que admite progresividad?". Para tal efecto, hizo alusión al principio de progresividad en la implementación del derecho a la salud y acudió a diversos informes, observaciones y recomendaciones de entes internacionales, de los cuales obtuvo que existe coincidencia en cuanto a que el deber de los Estados de suministrar medicamentos es una obligación básica y, por lo tanto, de realización inmediata. Al tenor del marco constitucional y convencional destacado, es relevante traer a colación lo previsto por la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4°, párrafo cuarto de la Carta Magna, en sus artículos 2º, 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, señala que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población. Asimismo, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y, por servicios básicos, entre otros: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Toda vez que, la protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar, en términos de los ordenamientos antes apuntados, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Aquí, es conveniente acudir a lo establecido en los artículos 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 11 y 77 bis 12, todos de la Ley General de Salud, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. (.) Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por las entidades federativas en términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente". De esta manera podemos observar que el principio de gratuidad en la prestación de servicios de salud, con el objeto de preservar la salud de las personas, está consagrado en favor de aquéllas que no se encuentren bajo el régimen de algún mecanismo de seguridad social, a fin de que puedan obtener sin costo alguno tanto el servicio de salud, en estricto sentido, como los medicamentos y demás insumos necesarios para preservar su integridad física, sin importar su condición social. Lo cual incluye, no sólo lo que podría considerarse como una atención básica, sino también las intervenciones quirúrgicas que requiera, así como los farmacéuticos y enseres hospitalarios que necesite en congruencia con su estado actual de salud. Dependiendo así la prestación de los servicios de salud gratuita de la Secretaría de Salud Federal, como de las entidades federativas por intervención de sus correspondientes servicios estatales de salud; de ahí que, solidariamente estarán obligados a aportar las cuotas necesarias para hacer frente a dicha necesidad, que como se dijo, está constituido como prerrogativa fundamental. Por ello, incumbe al Gobierno Federal establecer anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos que destinara para tal fin; siendo así la única condicionante para el ejercicio de esa prerrogativa fundamental el límite presupuestario con que cuentan las instituciones de salud para poder proporcionar la atención médica integral. De ahí que la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud: de ahí que si el Estado mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud. Tales consideraciones dieron origen a las tesis CIX/2014(10a.) y CVIII/2014(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueden verse en las páginas 1190 y 1192, del libro 12, noviembre de 2014, tomo I de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con números de registro 2007936 y 2007938, que disponen: "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las medidas "hasta el máximo de los recursos" de que disponga, para lograr la realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones que constituyan una violación a tales derechos humanos". "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado". En el caso, el quejoso ******************** manifestó, bajo protesta de decir verdad, que fue diagnosticado con ********************, por lo que se encuentra en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis, además de que necesita los medicamentos de eritropoyetina, hierro y otros, lo que se corrobora con la nota por el pago de una sesión de hemodiálisis expedida a su nombre, por la "********************", con domicilio en ********************, número ********************, en Los Reyes, Michoacán de Ocampo. Documental a la que se le otorga valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 197 y 203, párrafo segundo, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, en razón de fue emitida por un tercero a la presente contienda constitucional, y hacen prueba en favor del quejoso y contra las autoridades responsables, en razón de que no la objetaron, medio de convicción que su valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional y del que se aprecia la ******************** que padece el impetrante de amparo. Como se precisó, la falta de atención médica que se reclama a las autoridades responsables consiste en practicar a la parte quejosa las sesiones de hemodiálisis que necesita, para la enfermedad renal ******************** que padece, así como otorgarle el tratamiento, medicamentos y la atención médica requeridos; omisión que prevalece, puesto que en su informe justificado, las autoridades responsables sólo expusieron que no es cierto el acto reclamado, toda vez que el quejoso no había comparecido a dicho nosocomio a solicitar atención médica, pero no exhibieron constancia alguna para acreditar las acciones que tomaron para determinar el padecimiento clínico del quejoso, ni las gestiones realizadas a fin de que éste recibiera el tratamiento médico correspondiente. En esas condiciones, como no se demostró en autos que se haya otorgado la atención médica necesaria al quejoso ********************, tampoco se satisface ni se garantiza la protección a su derecho a la salud, porque no se propone algún programa de salud de manera definitiva, que garantice brindarle, tratamiento médico y medicamento, de manera gratuita y cercano a su domicilio en Los Reyes, Michoacán de Ocampo, para atender la ********************, que padece. De tal manera, que dicha omisión afecta su derecho de seguridad jurídica que se interrelaciona a su derecho a la salud, puesto que, se reitera, se carece de certeza para que se continúe con el tratamiento de hemodiálisis en forma definitiva al quejoso ********************, y deja abierta la posibilidad de que ésta cesará con el tiempo. Por lo que, es insuficiente para colmar el derecho a la protección de la salud de la parte quejosa, que dependa del cumplimiento de la medida adoptada por las autoridades, dado que la restitución de ese derecho, acontecerá, cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a ésta a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar la ********************, cuya omisión de tratamiento, inicialmente reclamó al promover esta acción de amparo; pues lo que pretende evitar es el riesgo de inseguridad en su derecho a la salud, riesgo que se evita, si las responsables le reconocen como integrante a sus programas de salud pública, en la calidad de permanente. Sin que, para las autoridades responsables represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud de la parte quejosa, en los padecimientos de ******************** que padece, que no esté afiliada en alguna institución de seguridad social, en razón a que, en términos de la Ley General de Salud, ese derecho a la protección a la salud, es una obligación para el Estado mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en términos de la esa Ley y sus disposiciones reglamentarias. Esto es, está claro que la omisión de las autoridades responsables, al no brindar la atención médica gratuita a la parte quejosa, vulneró su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender sus padecimientos, con los recursos que la Ley General de Salud impone de manera solidaría entere la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Michoacán de Ocampo. En esas condiciones, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud del solicitante de amparo; toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá, cuando se constituya en su favor un derecho que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para los padecimientos que a la fecha presenta o los que resulten derivados de la evolución respecto de sus patologías. Sirve de orientación, la tesis (VIII Región) 2o16.L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en la página 2660, del libro 40, marzo de 2017, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2014025, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad". Luego, está claro que la omisión de las autoridades responsables, al no brindar la atención médica gratuita al quejoso, vulnera su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender sus padecimientos, con los recursos que la Ley General de Salud impone de manera solidaría entere la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, la opción definitiva de atención a la protección del derecho a la salud que también debe ser sensible a la cercanía a su domicilio, donde las autoridades responsables, están en condiciones de brindar la mejor opción. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación que se estudia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ********************. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el precepto 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que las autoridades responsables Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán de Ocampo y la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, brinden la atención médica integral al quejoso en relación con su padecimiento de ********************, esto es: 1. Bajo su estricta vigilancia, supervisión periódica y responsabilidad, gestionen las acciones necesarias para que ante ellas, o bien, a través de la Clínica o del Centro Hospitalario que corresponda, incluso de manera subrogada, se le siga proporcionando al quejoso ********************, la debida atención médica, la cual deberá ser integral y completa, para tratar su padecimiento de ********************, lo que implica, citas médicas en la especialidad que fuera necesaria, estudios médicos, diagnósticos y medicamentos idóneos para sus padecimientos, ello de manera continua. 2. Asimismo, deberán realizar las valoraciones médicas que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle el número de hemodiálisis que requiera; asimismo, deberán tener presente que, con independencia de contar o no con los medicamentos que requiere el quejoso para el tratamiento de sus padecimientos, habrán de tomar las medidas que sean necesarias a fin de garantizar su derecho a la salud. 3. A fin de lograr lo anterior, será obligación del quejoso, para continuar gozando de la protección del amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Director del Hospital General de Los Reyes, Michoacán de Ocampo y la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. 4. Se ordena a las autoridades responsables que se cercioren de que en el expediente médico asignado al quejoso, se asiente la anotación correspondiente a los efectos de la concesión de la protección constitucional en el presente juicio de amparo, relacionados con el padecimiento de ******************** que le fue diagnosticado; así como para que las constancias relativas al cumplimiento de la presente ejecutoria se integren a dicho expediente, a fin de que sean acatadas por los médicos tratantes que intervengan en su tratamiento clínico. En la inteligencia que, con la atención médica brindada hasta este momento al impetrante del amparo, no se exime a las autoridades responsables su obligación de salvaguardar el derecho que éste tiene, para recibir el tratamiento médico, medicamentos y tratamiento necesarios para tratar los padecimientos que le fueron diagnosticados, de acuerdo a la valoración que realicen los médicos especialistas. Cobra puntual aplicación, la tesis CCCXLIII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 969, del libro 24, noviembre de 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010420, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión reclamada de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto, y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

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