Flora Carmelita Escalona Hernández
Expediente 1087/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1087/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Flora Carmelita Escalona Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General en cita, y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio respecto de todos los actos reclamados, este expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, en el presente juicio, no obran documentos aportados por la parte quejosa. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la quejosa no dio cumplimiento con el requerimiento que se le hizo por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, esto es, para que ampliara su demanda respecto del nuevo acto reclamado, relativo al oficio OPDST/JSIII/ADM/1629/2023, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado y se continua el asunto únicamente por el acto reclamado que señaló en su escrito inicial de demanda. ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. En efecto, lo anterior es así, teniendo en consideración que por escrito de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés y presentado ante la autoridad responsable el dieciocho de mayo siguiente, el ahora quejoso, solicitó a la responsable le informara de qué manera al imponerle una sanción en oficio OPDST/JSIII/ADM-RH/762/2023, se observaban los valores contenidos en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Código de Ética de la Secretaría de Salud. Por lo anterior, se colige que el acto reclamado es: La omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó, de qué manera al imponerle una sanción en oficio OPDST/JSIII/ADM-RH/762/2023, se le observaban los valores contenidos en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Código de Ética de la Secretaría de Salud. En efecto, la suscrita Juzgadora, considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: [.] Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]. De lo anterior, se colige que la cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, esto porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituye al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: [.] Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. Para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a. Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; b. Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o, c. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado porque la parte quejosa señaló como acto reclamado y violatorio de sus derechos fundamentales, la omisión de emitir acuerdo a su escrito por el que solicitó se le aclarara si al imponerle una sanción se cumplía con el Código de Ética de la Secretaría de Salud. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la causal de improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga un acto de autoridad que restituya a la quejosa en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que el acto reclamado ya no existe, en virtud de que el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número III de Apizaco, emitió el oficio número OPDST/JSIII/ADM/1629/2023, por medio del cual le dio respuesta a la solicitud presentada por el ahora quejoso mediante escrito de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en donde se le señala que por un error humano previamente se utilizó un formato exhorto en vez de una invitación, ya que la finalidad no era aplicarle una sanción, sino un acto de mediación en pro de lograr la conciliación, paz y armonía en el ambiente de trabajo, en términos de lo que dispone la fracción XXV del artículo 130 de las condiciones Generales del Trabajo, oficio que fue notificado a la ahora quejosa, según consta a foja 16 del expediente en que se actúa. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que inicialmente combatió el quejoso, ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se le restituyó en el derecho que estimó violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En ese contexto, al actualizarse la citada causal de improcedencia, lo que se impone es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que se señalaron las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, se dejan sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de dicha audiencia. Hágase del conocimiento a las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese personalmente a la quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal y por oficio a la responsable.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la quejosa no dio cumplimiento con el requerimiento que se le hizo por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, esto es, para que ampliara su demanda respecto del nuevo acto reclamado, relativo al oficio OPDST/JSIII/ADM/1629/2023, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado y se continua el asunto únicamente por el acto reclamado que señaló en su escrito inicial de demanda. ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. En efecto, lo anterior es así, teniendo en consideración que por escrito de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés y presentado ante la autoridad responsable el dieciocho de mayo siguiente, el ahora quejoso, solicitó a la responsable le informara de qué manera al imponerle una sanción en oficio OPDST/JSIII/ADM-RH/762/2023, se observaban los valores contenidos en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Código de Ética de la Secretaría de Salud. Por lo anterior, se colige que el acto reclamado es: La omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó, de qué manera al imponerle una sanción en oficio OPDST/JSIII/ADM-RH/762/2023, se le observaban los valores contenidos en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Código de Ética de la Secretaría de Salud. En efecto, la suscrita Juzgadora, considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: [.] Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]. De lo anterior, se colige que la cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, esto porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituye al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: [.] Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. Para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a. Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; b. Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o, c. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado porque la parte quejosa señaló como acto reclamado y violatorio de sus derechos fundamentales, la omisión de emitir acuerdo a su escrito por el que solicitó se le aclarara si al imponerle una sanción se cumplía con el Código de Ética de la Secretaría de Salud. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la causal de improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga un acto de autoridad que restituya a la quejosa en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que el acto reclamado ya no existe, en virtud de que el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número III de Apizaco, emitió el oficio número OPDST/JSIII/ADM/1629/2023, por medio del cual le dio respuesta a la solicitud presentada por el ahora quejoso mediante escrito de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en donde se le señala que por un error humano previamente se utilizó un formato exhorto en vez de una invitación, ya que la finalidad no era aplicarle una sanción, sino un acto de mediación en pro de lograr la conciliación, paz y armonía en el ambiente de trabajo, en términos de lo que dispone la fracción XXV del artículo 130 de las condiciones Generales del Trabajo, oficio que fue notificado a la ahora quejosa, según consta a foja 16 del expediente en que se actúa. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que inicialmente combatió el quejoso, ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se le restituyó en el derecho que estimó violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En ese contexto, al actualizarse la citada causal de improcedencia, lo que se impone es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que se señalaron las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, se dejan sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de dicha audiencia. Hágase del conocimiento a las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese personalmente a la quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal y por oficio a la responsable.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no será posible su celebración, toda vez que de autos se aprecia que aún transcurre el término legal de quince días otorgado a la parte quejosa, en auto de trece de septiembre del presente año, en el cual, se le requirió para que si así lo estimaba conveniente, ampliara su demanda en los términos señalados en dicho auto, mismo que fue le notificado el veintidós de septiembre del año en cita, previo aviso. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
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