Flor Silvestre Hernández Ruiz y Otros.

Expediente 67/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 27 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
67/2023
Año
2023
Actuaciones
27
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Flor Silvestre Hernández Ruiz y Otros.
  • Flor Silvestre Hernández Ruiz
  • Juez de Primera Instancia del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez, realizara lo siguiente: [.] Deje insubsistente el acuerdo reclamado en el que fijó una pensión del quince por ciento de salario del deudor alimentista y en su lugar; fundada y motivadamente, examine el material probatorio, las circunstancias del caso y con plenitud de jurisdicción tomando en consideración que se trata de dos acreedores alimenticios y que la solicitante de la medida pidió el cincuenta por ciento, resuelva lo que en derecho corresponda, respecto a la fijación de la pensión alimenticia, manifieste porque en su caso, procede o no procede el monto solicitado y las circunstancias que tomó en cuenta para fijar determinado monto como pensión [.]. En ese sentido, por auto de once de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector de la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela procesal, mediante proveídos de quince de mayo y veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, y se procedió a requerir a la autoridad responsable en los términos indicados en dichos proveídos. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de junio del presente año, mediante proveído de seis de julio del año en cita, se tuvo a la autoridad responsable, remitiendo copia certificada del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 362/2022 de su índice, y en consecuencia, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, y en auto de veinticuatro de julio del presente año, se tuvo por desahogada la vista concedida a la parte quejosa. En ese sentido, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Familiar del Distrito Judicial de Juárez, se advierte que mediante auto de cinco de junio del año en curso, dictado en el expediente 362/2022 de su índice (fojas 144 a 152 de autos), dejó insubsistente el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 362/2022 de su índice, En proveído de treinta de junio del presente año dictado en el expediente de origen, la responsable procedió a analizar las documentales exhibidas por las partes, entre las cuales, tomó en cuenta el informe rendido por el Jefe de Recursos Humanos de la empresa denominada LRH Servicios 2021, Sociedad Anónima de Capital Variable, del cual se desprende que el deudor alimentario percibe un ingreso mensual de $35, 495.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N), con sus deducciones correspondientes. Asimismo, valoró las diversas documentales consistentes en los recibos de nónima del deudor alimentario, así como diversas documentales que exhibió el deudor alimentario, las cuales se justificó la posibilidad del deudor alimentario de dar alimentos Por otra parte, en términos del artículo 425 del Código de Procedimientos Civiles, se valoraron las diversas pruebas, consistentes en la confesional a cargo de Vicente Jesús Hernández García ofertada por Flor Silvestre Hernández Ruíz, la diversa confesional a cargo de Flor Silvestre Hernández Ruíz, ofertada por Vicente Jesús Hernández García, y la testimonial ofrecida por Flor Silvestre Hernández Ruíz, la cual fue valorada en términos de los artículos 445 y 446 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala. Por otra parte, se tuvo la declaración de parte, ofrecida por la parte quejosa, valorada en términos del artículo 451 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, la cual se acreditó que el deudor alimentario ha aportado alimentos para sus hijos. Asimismo, procedió a valorar la confesional a cargo de Vicente Jesús Hernández García, pues refirió que si bien de la misma se desprende que el citado tercero interesado labora en la diversa empresa CONSULTORÍA IT, de la cual recibe un ingreso extra; el cual representa, menos del diez por ciento de sus ingresos; no obstante, determinó que no se tiene conocimiento de cuánto es lo que realmente percibe por dicha actividad, por lo cual resultaba necesario allegarse de diversos medios de pruebas para saber cuáles son los ingresos que percibe por este medio el deudor alimentario. Pruebas que de manera conjunta se determinó como medida precautoria y en forma provisional decretar al menor de edad de identidad reservada con iniciales V.H.H. (once años de edad), el veinticinco por ciento (25%), en atención a las circunstancias de su padecimiento, asimismo al menor de edad de identidad reservada con iniciales V.H.H. (nueve años de edad) se le decretó el quince por ciento (15 %), por lo que sumados ambos porcentajes arroja la cantidad de cuarenta por ciento (40%), lo anterior, respecto del sueldo y demás prestaciones que percibe el deudor alimentario como trabajador de la empresa LRH SERVICIOS 2021 S.A DE C.V., como trabajador de la empresa citada, que en forma semanal, quincenal o mensual, será dispuesto a disposición de la quejosa Flor Silvestre Hernández Ruíz a favor de los citados menores. Cabe precisar que del material probatorio valorado, se señaló que respecto de los conceptos correspondientes a la alimentación, habitación y atención médica y hospitalaria, el deudor alimentario acreditó aportar las cantidades correspondientes para sus menores hijos. Asimismo, se pronunció en relación con la cantidad solicitada por la parte quejosa respecto del cincuenta por ciento (50%) por concepto de alimentos, por lo que en consideración a las probanzas que obran el juicio de origen, se sostuvo que en razón al porcentaje del cuarenta por ciento respecto del ingreso del deudor alimentario que le será descontado, se resolvió no acordar favorable dicha solicitud. Por otra parte, al contestar la vista que se le dio con el cumplimiento, la parte quejosa manifestó en esencia, que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues refirió que no se valoró de manera debida la confesional a cargo de Vicente Jesús Hernández García, pues refirió que el citado tercero interesado labora en la diversa empresa CONSULTORÍA IT, de la cual recibe un ingreso extra, y que la responsable se limitó a decir que para estar en aptitud de tener conocimiento real de los ingresos económicos por esa actividad extra laboral, resultaba necesario allegarse de diversos medios de pruebas. En ese sentido, se estima que no le asiste razón a la parte quejosa, en virtud que la responsable señaló que para estar en aptitud de fijar un mayor porcentaje a la acreedora alimentaria, resulta necesario allegarse de más medios de pruebas para tener conocimiento real de cuánto percibe el deudor alimentario por ese trabajo extra que realiza, por lo que se ordenó la práctica de diversos estudios socioeconómicos, y trabajo social a ambas partes y, en consecuencia, conocer la condiciones reales de necesidad y posibilidad de las partes. Asimismo, resulta importante aclarar que el juicio de origen, se concedió los alimentos como una medida protectora es decir, de manera preventiva y provisional, la cual podrá ser modificada o ratificada en su momento procesal oportuno. De lo anterior, es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, ya que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que en el presente proveído la sentencia de amparo se declara cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes, consérvense el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al expediente del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción III del citado Acuerdo; en consecuencia, es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, obran documentos aportados por la parte quejosa, los cuales se ponen a su disposición si así lo solicita, en el entendido que de no hacerlo en el plazo de noventa días hábiles, se procederá a su transferencia. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez, realizara lo siguiente: [.] Deje insubsistente el acuerdo reclamado en el que fijó una pensión del quince por ciento de salario del deudor alimentista y en su lugar; fundada y motivadamente, examine el material probatorio, las circunstancias del caso y con plenitud de jurisdicción tomando en consideración que se trata de dos acreedores alimenticios y que la solicitante de la medida pidió el cincuenta por ciento, resuelva lo que en derecho corresponda, respecto a la fijación de la pensión alimenticia, manifieste porque en su caso, procede o no procede el monto solicitado y las circunstancias que tomó en cuenta para fijar determinado monto como pensión [.]. En ese sentido, por auto de once de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector de la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela procesal, mediante proveídos de quince de mayo y veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, y se procedió a requerir a la autoridad responsable en los términos indicados en dichos proveídos. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de junio del presente año, mediante proveído de seis de julio del año en cita, se tuvo a la autoridad responsable, remitiendo copia certificada del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** de su índice, y en consecuencia, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, y en auto de veinticuatro de julio del presente año, se tuvo por desahogada la vista concedida a la parte quejosa. En ese sentido, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Familiar del Distrito Judicial de Juárez, se advierte que mediante auto de cinco de junio del año en curso, dictado en el expediente ******************** de su índice (fojas 144 a 152 de autos), dejó insubsistente el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ******************** de su índice, En proveído de treinta de junio del presente año dictado en el expediente de origen, la responsable procedió a analizar las documentales exhibidas por las partes, entre las cuales, tomó en cuenta el informe rendido por el Jefe de Recursos Humanos de la empresa denominada ********************, del cual se desprende que el deudor alimentario percibe un ingreso mensual de $******************** (******************** M.N), con sus deducciones correspondientes. Asimismo, valoró las diversas documentales consistentes en los recibos de nónima del deudor alimentario, así como diversas documentales que exhibió el deudor alimentario, las cuales se justificó la posibilidad del deudor alimentario de dar alimentos Por otra parte, en términos del artículo 4******************** del Código de Procedimientos Civiles, se valoraron las diversas pruebas, consistentes en la confesional a cargo de ******************** ofertada por ********************, la diversa confesional a cargo de ********************, ofertada por ********************, y la testimonial ofrecida por ********************, la cual fue valorada en términos de los artículos 445 y 446 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala. Por otra parte, se tuvo la declaración de parte, ofrecida por la parte quejosa, valorada en términos del artículo 451 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, la cual se acreditó que el deudor alimentario ha aportado alimentos para sus hijos. Asimismo, procedió a valorar la confesional a cargo de ********************, pues refirió que si bien de la misma se desprende que el citado tercero interesado labora en la diversa empresa ********************, de la cual recibe un ingreso extra; el cual representa, menos del diez por ciento de sus ingresos; no obstante, determinó que no se tiene conocimiento de cuánto es lo que realmente percibe por dicha actividad, por lo cual resultaba necesario allegarse de diversos medios de pruebas para saber cuáles son los ingresos que percibe por este medio el deudor alimentario. Pruebas que de manera conjunta se determinó como medida precautoria y en forma provisional decretar al menor de edad de identidad reservada con iniciales ******************** (once años de edad), el veinticinco por ciento (********************%), en atención a las circunstancias de su padecimiento, asimismo al menor de edad de identidad reservada con iniciales ******************** (nueve años de edad) se le decretó el quince por ciento (********************%), por lo que sumados ambos porcentajes arroja la cantidad de cuarenta por ciento (********************%), lo anterior, respecto del sueldo y demás prestaciones que percibe el deudor alimentario como trabajador de la empresa ********************, como trabajador de la empresa citada, que en forma semanal, quincenal o mensual, será dispuesto a disposición de la quejosa ******************** a favor de los citados menores. Cabe precisar que del material probatorio valorado, se señaló que respecto de los conceptos correspondientes a la alimentación, habitación y atención médica y hospitalaria, el deudor alimentario acreditó aportar las cantidades correspondientes para sus menores hijos. Asimismo, se pronunció en relación con la cantidad solicitada por la parte quejosa respecto del cincuenta por ciento (********************%) por concepto de alimentos, por lo que en consideración a las probanzas que obran el juicio de origen, se sostuvo que en razón al porcentaje del cuarenta por ciento respecto del ingreso del deudor alimentario que le será descontado, se resolvió no acordar favorable dicha solicitud. Por otra parte, al contestar la vista que se le dio con el cumplimiento, la parte quejosa manifestó en esencia, que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues refirió que no se valoró de manera debida la confesional a cargo de ********************, pues refirió que el citado tercero interesado labora en la diversa empresa ********************, de la cual recibe un ingreso extra, y que la responsable se limitó a decir que para estar en aptitud de tener conocimiento real de los ingresos económicos por esa actividad extra laboral, resultaba necesario allegarse de diversos medios de pruebas. En ese sentido, se estima que no le asiste razón a la parte quejosa, en virtud que la responsable señaló que para estar en aptitud de fijar un mayor porcentaje a la acreedora alimentaria, resulta necesario allegarse de más medios de pruebas para tener conocimiento real de cuánto percibe el deudor alimentario por ese trabajo extra que realiza, por lo que se ordenó la práctica de diversos estudios socioeconómicos, y trabajo social a ambas partes y, en consecuencia, conocer la condiciones reales de necesidad y posibilidad de las partes. Asimismo, resulta importante aclarar que el juicio de origen, se concedió los alimentos como una medida protectora es decir, de manera preventiva y provisional, la cual podrá ser modificada o ratificada en su momento procesal oportuno. De lo anterior, es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, ya que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que en el presente proveído la sentencia de amparo se declara cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes, consérvense el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al expediente del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción III del citado Acuerdo; en consecuencia, es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, obran documentos aportados por la parte quejosa, los cuales se ponen a su disposición si así lo solicita, en el entendido que de no hacerlo en el plazo de noventa días hábiles, se procederá a su transferencia. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez, realizara lo siguiente: [.] Deje insubsistente el acuerdo reclamado en el que fijó una pensión del quince por ciento de salario del deudor alimentista y en su lugar; fundada y motivadamente, examine el material probatorio, las circunstancias del caso y con plenitud de jurisdicción tomando en consideración que se trata de dos acreedores alimenticios y que la solicitante de la medida pidió el cincuenta por ciento, resuelva lo que en derecho corresponda, respecto a la fijación de la pensión alimenticia, manifieste porque en su caso, procede o no procede el monto solicitado y las circunstancias que tomó en cuenta para fijar determinado monto como pensión [.]. En ese sentido, por auto de once de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector de la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela procesal, mediante proveídos de quince de mayo y veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, y se procedió a requerir a la autoridad responsable en los términos indicados en dichos proveídos. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de junio del presente año, mediante proveído de seis de julio del año en cita, se tuvo a la autoridad responsable, remitiendo copia certificada del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 362/2022 de su índice, y en consecuencia, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, y en auto de veinticuatro de julio del presente año, se tuvo por desahogada la vista concedida a la parte quejosa. En ese sentido, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Familiar del Distrito Judicial de Juárez, se advierte que mediante auto de cinco de junio del año en curso, dictado en el expediente 362/2022 de su índice (fojas 144 a 152 de autos), dejó insubsistente el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 362/2022 de su índice, En proveído de treinta de junio del presente año dictado en el expediente de origen, la responsable procedió a analizar las documentales exhibidas por las partes, entre las cuales, tomó en cuenta el informe rendido por el Jefe de Recursos Humanos de la empresa denominada LRH Servicios 2021, Sociedad Anónima de Capital Variable, del cual se desprende que el deudor alimentario percibe un ingreso mensual de $35, 495.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N), con sus deducciones correspondientes. Asimismo, valoró las diversas documentales consistentes en los recibos de nónima del deudor alimentario, así como diversas documentales que exhibió el deudor alimentario, las cuales se justificó la posibilidad del deudor alimentario de dar alimentos Por otra parte, en términos del artículo 425 del Código de Procedimientos Civiles, se valoraron las diversas pruebas, consistentes en la confesional a cargo de Vicente Jesús Hernández García ofertada por Flor Silvestre Hernández Ruíz, la diversa confesional a cargo de Flor Silvestre Hernández Ruíz, ofertada por Vicente Jesús Hernández García, y la testimonial ofrecida por Flor Silvestre Hernández Ruíz, la cual fue valorada en términos de los artículos 445 y 446 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala. Por otra parte, se tuvo la declaración de parte, ofrecida por la parte quejosa, valorada en términos del artículo 451 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, la cual se acreditó que el deudor alimentario ha aportado alimentos para sus hijos. Asimismo, procedió a valorar la confesional a cargo de Vicente Jesús Hernández García, pues refirió que si bien de la misma se desprende que el citado tercero interesado labora en la diversa empresa CONSULTORÍA IT, de la cual recibe un ingreso extra; el cual representa, menos del diez por ciento de sus ingresos; no obstante, determinó que no se tiene conocimiento de cuánto es lo que realmente percibe por dicha actividad, por lo cual resultaba necesario allegarse de diversos medios de pruebas para saber cuáles son los ingresos que percibe por este medio el deudor alimentario. Pruebas que de manera conjunta se determinó como medida precautoria y en forma provisional decretar al menor de edad de identidad reservada con iniciales V.H.H. (once años de edad), el veinticinco por ciento (25%), en atención a las circunstancias de su padecimiento, asimismo al menor de edad de identidad reservada con iniciales V.H.H. (nueve años de edad) se le decretó el quince por ciento (15 %), por lo que sumados ambos porcentajes arroja la cantidad de cuarenta por ciento (40%), lo anterior, respecto del sueldo y demás prestaciones que percibe el deudor alimentario como trabajador de la empresa LRH SERVICIOS 2021 S.A DE C.V., como trabajador de la empresa citada, que en forma semanal, quincenal o mensual, será dispuesto a disposición de la quejosa Flor Silvestre Hernández Ruíz a favor de los citados menores. Cabe precisar que del material probatorio valorado, se señaló que respecto de los conceptos correspondientes a la alimentación, habitación y atención médica y hospitalaria, el deudor alimentario acreditó aportar las cantidades correspondientes para sus menores hijos. Asimismo, se pronunció en relación con la cantidad solicitada por la parte quejosa respecto del cincuenta por ciento (50%) por concepto de alimentos, por lo que en consideración a las probanzas que obran el juicio de origen, se sostuvo que en razón al porcentaje del cuarenta por ciento respecto del ingreso del deudor alimentario que le será descontado, se resolvió no acordar favorable dicha solicitud. Por otra parte, al contestar la vista que se le dio con el cumplimiento, la parte quejosa manifestó en esencia, que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues refirió que no se valoró de manera debida la confesional a cargo de Vicente Jesús Hernández García, pues refirió que el citado tercero interesado labora en la diversa empresa CONSULTORÍA IT, de la cual recibe un ingreso extra, y que la responsable se limitó a decir que para estar en aptitud de tener conocimiento real de los ingresos económicos por esa actividad extra laboral, resultaba necesario allegarse de diversos medios de pruebas. En ese sentido, se estima que no le asiste razón a la parte quejosa, en virtud que la responsable señaló que para estar en aptitud de fijar un mayor porcentaje a la acreedora alimentaria, resulta necesario allegarse de más medios de pruebas para tener conocimiento real de cuánto percibe el deudor alimentario por ese trabajo extra que realiza, por lo que se ordenó la práctica de diversos estudios socioeconómicos, y trabajo social a ambas partes y, en consecuencia, conocer la condiciones reales de necesidad y posibilidad de las partes. Asimismo, resulta importante aclarar que el juicio de origen, se concedió los alimentos como una medida protectora es decir, de manera preventiva y provisional, la cual podrá ser modificada o ratificada en su momento procesal oportuno. De lo anterior, es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, ya que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que en el presente proveído la sentencia de amparo se declara cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes, consérvense el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al expediente del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción III del citado Acuerdo; en consecuencia, es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, obran documentos aportados por la parte quejosa, los cuales se ponen a su disposición si así lo solicita, en el entendido que de no hacerlo en el plazo de noventa días hábiles, se procederá a su transferencia. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual desahoga la vista efectuada el seis de julio de dos mil veintitrés, respecto al cumplimiento del fallo protector dado por la autoridad responsable. En tales condiciones, se tienen por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, las cuales se tomarán en cuenta en el momento que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

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