Flora Abigail Zuñiga Villavicencio

Expediente 1108/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1108/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
21/09/2016

Partes del expediente

  • Flora Abigail Zuñiga Villavicencio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    IV. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa Flora Abigail Zúñiga Villavicencio, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió y negó la medida cautelar solicitada. - Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. - Se glosa solo el cuaderno original del incidente, toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material. - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    IV.-

  3. Incidental

    IV. ÚNICO.- Se niega la suspensión definitiva.

  4. Incidental

    IV.- Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Director de Amparos y Derechos Humanos en suplencia por ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social hace del conocimiento que el quejoso promovió juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, el cual quedó registrado con el número 1107/2016 y en el que reclama la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente" a diverso centro de reclusión, lo que hace del conocimiento a fin de que este Juzgador acuerde lo conducente. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y téngase por hecho del conocimiento lo manifestado por la oficiante; sin embargo, no obstante las manifestaciones anteriores, con fundamento en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase de nueva cuenta al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y por conducto de su superior jerárquico que lo es el Secretario de Gobernación, a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito, es decir sin excusa alguna cumpla con la sentencia de amparo. De lo que se puede apreciar que los efectos consisten en dejar insubsistente la orden de traslado tildada de inconstitucional y solo para el caso de que decida reiterarla, previamente deberá obtener la autorización de la autoridad judicial correspondiente, lo que significa que para restituir al quejoso en el goce de su garantía violada, deberá ser trasladado al lugar en que se encontraba recluido antes de cometida dicha violación a sus derechos fundamentales; por lo que en ese sentido, requiérasele nuevamente, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe el cumplimiento a este Juzgador, para lo cual deberá acompañar las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal.

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