Flor Carmina Navarro Cruz

Expediente 1754/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1754/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
09/01/2017

Partes del expediente

  • Flor Carmina Navarro Cruz
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la quejosa no recurrió el auto de veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 32 a 35), donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 32 a la 35), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado y remite las constancias con las que pretende acreditar la legalidad de sus actos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes y para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguense a fin de que surtan los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación al celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la abstención por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca para emitir oportunamente el laudo en el expediente J.1/175/2015. En esa virtud, se advierte fehacientemente que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis), existía la omisión, dilación o abstención aducida por el quejoso -dictado del laudo-, no menos cierto es que dicha conducta omisiva cesó el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, con el dictado del laudo respectivo en el juicio laboral J.1/175/2015. Lo anterior pone de manifiesta la actualización la causal de improcedencia plasmada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos y las consideraciones que se detallan a continuación. Para inteligir de manera oportuna la figura de la improcedencia por cesación de los efectos, es preciso referir los dos aspectos esenciales para su acreditamiento, los cuales se explican de la siguiente manera: 1. Que el acto reclamado sea revocado o derogado por la autoridad responsable, o que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, y; 2. Que por virtud de lo anterior, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo. Asimismo, es insoslayable hacer notar que la improcedencia en comento no la justifica la paralización o destrucción del acto reclamado, sino más bien, los dos aspectos siguientes: a) Lo inútil y ocioso que resultaría examinar la constitucionalidad del acto combatido, al cerciorarse fehacientemente que éste ya no está surtiendo sus efectos y que tampoco los surtirá en lo subsecuente, y; b) Que posterior a la paralización o destrucción del motivo que generó el acto reclamado, no existan consecuencias perniciosas en la esfera jurídica del quejoso que deban ser analizadas al estudiar el fondo del asunto. Ahora bien, como se dijo en supralíneas, en el presente sumario constitucional se reclama un acto de carácter omisivo (no hacer), relativo al dictado del laudo en el expediente laboral J.1/175/2015; luego, es inconcuso que en un momento histórico determinado, el peticionario de amparo se encontraba en una situación de vulneración de su derecho humano a ser destinatario de impartición de justicia pronta, completa y eficaz, el cual mandata el artículo 17 de la Constitución Federal, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional. En ese orden de ideas, la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesión del amparo habrá de consistir en obligar a la responsable a respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, de modo tal que la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Sin embargo, del mismo informe justificado y de las constancias recibidas con el oficio de cuenta, se advierte con la misma claridad con que se patentizó la violación constitucional, la destrucción del acto omisivo por el que se mantenía al impetrante de amparo en dicha afección de su derecho humano, puesto que tanto al informe justificado como a las referidas constancias, acompaña copia certificada del laudo emitido el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis en el expediente J.1/175/2015. En ese sentido, si la responsable ya dictó el laudo respectivo, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento se cometió en contra de su derecho fundamental aludido, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, el efecto del fallo protector hubiese consistido en obligar a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México, a que actuara en el sentido de respetar el derecho humano vulnerado, dictando el laudo que en derecho hubiese correspondido. Así pues, se pone de manifiesto que se destruyeron todos los efectos del acto transgresor de forma total e incondicional; lo primero porque el acto omisivo cesó al momento de dictar el laudo en el expediente J.1/175/2015; y lo segundo, porque no le fue impuesta ninguna condición al peticionario para que dicha conducta omisiva se desvaneciera, es decir, para que la responsable llevara a cabo un acto positivo, en este caso, dictar el referido laudo. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, con número de registro 193758, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, materia común, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, conviene precisar que el acto reclamado no consiste en un reclamo general de dilación en el trámite del procedimiento laboral que pudiera dar cabida al estudio del fondo del asunto con motivo de las consecuencias perniciosas que pudrían haberse generado durante la secuela procesal, sino más bien, en un acto concreto y tangible en la tramitación del juicio laboral, traducido en una omisión de dictar el laudo en el juicio laboral J.1/175/2015, de tal suerte que en la especie, la pretensión que dio origen al reclamo constitucional ya se vio satisfecha, y por otra parte, se verifica que no habrá alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo cuyo estudio sea propio del fondo del asunto. Es aplicable la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, número de registro 197367, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el tres de enero de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a efecto de rendir su informe justificado, según se aprecia del acuse de recibo correspondiente al oficio 47736/2016 (foja 21); en consecuencia, para dar margen a que se cumplimente lo anterior y así no violar las reglas procedimentales que rigen al juicio de garantías, la audiencia constitucional se difiere y se señalan las diez horas con quince minutos del tres de enero de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta se advierte que el término de tres días, concedido a la parte quejosa, para que proporcionara el domicilio actual y correcto de los terceros interesados, transcurrió del seis al ocho de diciembre de dos mil dieciséis, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior; por tal motivo resérvese acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la Junta responsable.

  4. Principal

    ii. El estado procesal de autos donde se advierte que no obra la notificación del oficio 46424/2016 dirigido al Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan, Estado de México, mediante el cual se le dio vista con el cumplimiento dado por la responsable. A fin de evitar dilaciones procesales, requiérase a la tercero interesado para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba el presente comunicado, bajo protesta de decir verdad, informe a este Juzgado Federal la fecha en la cual tuvo conocimiento del citado proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, a fin de proveer lo conducente. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, en relación con los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

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