Flor Margarita Reyes Villicaña

Expediente 817/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 56 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
817/2022
Año
2022
Actuaciones
56
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Flor Margarita Reyes Villicaña
  • Director de la Policía de Investigación Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número UAVF/792, signado por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento de diez de octubre y remite copias certificadas de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Documentales citadas que de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional respetiva. Por tanto, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmense un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado y tenerlas a la vista al momento de resolver. Ahora bien de las constancias que remitidas por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, medio del cual informa que con fecha veinte de agosto de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo de determinación de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Lo antes expuesto se corrobora con las constancias que la aludida Agente, adjuntó a su oficio de cuenta, consistentes copias certificadas de las constancias que integran la a carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, documentales a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También se cita la diversa la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, sintetizado en el considerado segundo de la presente resolución. Previo a establecer las razones por las cuales se arribó a la conclusión anticipada, es menester conocer el contenido del artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, de texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De la lectura de la citada porción normativa se aprecia que, el juicio de amparo es improcedente, entre otras hipótesis, contra actos emanados en un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, con relación a dicha causa de improcedencia, es menester establecer que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la cual se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica; y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y, la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional ********************, presentó demanda de amparo indirecto en contra de la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención de Violencia Familiar de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con residencia en esta ciudad, por el acto que hizo consistir en el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que, entre otras cosas se dictaron medidas de protección, a favor de la aquí tercera interesada ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Establecido lo anterior, es evidente que, en el caso concreto, a saber, en los autos de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, del cual emana el acto reclamado, ha operado un cambio de situación jurídica, pues las violaciones de las cuales pudiera adolecer la determinación reclamada, a saber, el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que se acordó entre otras cuestiones, medidas de protección y aseguramiento a favor de la aquí tercera interesada, dentro de la aludida indagatoria que se instaba por el hecho que la ley señala como violencia familiar. Lo anterior es así, pues, con posterioridad a la emisión del acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, integrada en contra de la aquí quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como violencia familiar, el Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, ambos con residencia en esta ciudad, el veinte de agosto de dos mil veintitrés, dictaron el acuerdo de determinación de no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por ser dicha resolución la que ahora rige la situación jurídica de dicho tópico, a saber, del auto de determinación de no ejercicio de la acción penal a la aquí quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como violencia familiar dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, bajo los términos y condiciones decretados en la propio acuerdo de no ejercicio de la acción penal de veinte de agosto de dos mil veintitrés por el Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, ambos con residencia en esta ciudad, razón por la cual, como se estableció previamente, es indudable que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 521 del tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. ARTICULO 73, FRACCION X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda". Igualmente, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 145, del Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número UAVF/792, signado por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento de diez de octubre y remite copias certificadas de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Documentales citadas que de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional respetiva. Por tanto, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmense un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado y tenerlas a la vista al momento de resolver. Ahora bien de las constancias que remitidas por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, medio del cual informa que con fecha veinte de agosto de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo de determinación de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Lo antes expuesto se corrobora con las constancias que la aludida Agente, adjuntó a su oficio de cuenta, consistentes copias certificadas de las constancias que integran la a carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, documentales a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También se cita la diversa la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, sintetizado en el considerado segundo de la presente resolución. Previo a establecer las razones por las cuales se arribó a la conclusión anticipada, es menester conocer el contenido del artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, de texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De la lectura de la citada porción normativa se aprecia que, el juicio de amparo es improcedente, entre otras hipótesis, contra actos emanados en un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, con relación a dicha causa de improcedencia, es menester establecer que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la cual se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica; y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y, la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional ********************, presentó demanda de amparo indirecto en contra de la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención de Violencia Familiar de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con residencia en esta ciudad, por el acto que hizo consistir en el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que, entre otras cosas se dictaron medidas de protección, a favor de la aquí tercera interesada ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Establecido lo anterior, es evidente que, en el caso concreto, a saber, en los autos de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, del cual emana el acto reclamado, ha operado un cambio de situación jurídica, pues las violaciones de las cuales pudiera adolecer la determinación reclamada, a saber, el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que se acordó entre otras cuestiones, medidas de protección y aseguramiento a favor de la aquí tercera interesada, dentro de la aludida indagatoria que se instaba por el hecho que la ley señala como violencia familiar. Lo anterior es así, pues, con posterioridad a la emisión del acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, integrada en contra de la aquí quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como violencia familiar, el Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, ambos con residencia en esta ciudad, el veinte de agosto de dos mil veintitrés, dictaron el acuerdo de determinación de no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por ser dicha resolución la que ahora rige la situación jurídica de dicho tópico, a saber, del auto de determinación de no ejercicio de la acción penal a la aquí quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como violencia familiar dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, bajo los términos y condiciones decretados en la propio acuerdo de no ejercicio de la acción penal de veinte de agosto de dos mil veintitrés por el Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, ambos con residencia en esta ciudad, razón por la cual, como se estableció previamente, es indudable que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 521 del tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. ARTICULO 73, FRACCION X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda". Igualmente, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 145, del Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número UAVF/792, signado por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento de diez de octubre y remite copias certificadas de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Documentales citadas que de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional respetiva. Por tanto, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmense un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado y tenerlas a la vista al momento de resolver. Ahora bien de las constancias que remitidas por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, medio del cual informa que con fecha veinte de agosto de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo de determinación de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Lo antes expuesto se corrobora con las constancias que la aludida Agente, adjuntó a su oficio de cuenta, consistentes copias certificadas de las constancias que integran la a carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, documentales a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También se cita la diversa la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, sintetizado en el considerado segundo de la presente resolución. Previo a establecer las razones por las cuales se arribó a la conclusión anticipada, es menester conocer el contenido del artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, de texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De la lectura de la citada porción normativa se aprecia que, el juicio de amparo es improcedente, entre otras hipótesis, contra actos emanados en un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, con relación a dicha causa de improcedencia, es menester establecer que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la cual se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica; y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y, la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional ********************, presentó demanda de amparo indirecto en contra de la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención de Violencia Familiar de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con residencia en esta ciudad, por el acto que hizo consistir en el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que, entre otras cosas se dictaron medidas de protección, a favor de la aquí tercera interesada ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************. Establecido lo anterior, es evidente que, en el caso concreto, a saber, en los autos de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, del cual emana el acto reclamado, ha operado un cambio de situación jurídica, pues las violaciones de las cuales pudiera adolecer la determinación reclamada, a saber, el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que se acordó entre otras cuestiones, medidas de protección y aseguramiento a favor de la aquí tercera interesada, dentro de la aludida indagatoria que se instaba por el hecho que la ley señala como violencia familiar. Lo anterior es así, pues, con posterioridad a la emisión del acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, integrada en contra de la aquí quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como violencia familiar, el Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, ambos con residencia en esta ciudad, el veinte de agosto de dos mil veintitrés, dictaron el acuerdo de determinación de no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por ser dicha resolución la que ahora rige la situación jurídica de dicho tópico, a saber, del auto de determinación de no ejercicio de la acción penal a la aquí quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como violencia familiar dentro de la carpeta de investigación ********************, número único de caso ********************, bajo los términos y condiciones decretados en la propio acuerdo de no ejercicio de la acción penal de veinte de agosto de dos mil veintitrés por el Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, ambos con residencia en esta ciudad, razón por la cual, como se estableció previamente, es indudable que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 521 del tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. ARTICULO 73, FRACCION X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda". Igualmente, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 145, del Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que la tercera interesada ********************, haga valer los derechos que a su parte corresponde dentro del presente juicio de garantías; para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1ª./J. 84/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo XXII, correspondiente al mes de Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del siguiente texto: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCA A HACER VALER SUS DERECHOS DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SURTE EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO EFECTUADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De la interpretación armónica de los artículos 24, 34 y 167 de la Ley de Amparo, se concluye que los plazos comenzarán a contarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva y tratándose del tercero perjudicado, dicha notificación surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación. Entonces, si el mencionado artículo 167 establece que la autoridad responsable entregará una copia a las partes emplazándolas para que dentro de un término máximo de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, dicho plazo debe comenzar a computarse para el tercero perjudicado el día siguiente hábil al en que surta efectos el emplazamiento, pues éste corresponde precisamente a la notificación a que se refiere el citado artículo 24, ya que, además, ese es el momento en que dicha parte tiene conocimiento del contenido de la demanda de amparo y es cuando está en posibilidad de establecer su defensa, sin que sea necesario esperar hasta que el Tribunal Colegiado le notifique el acuerdo de admisión de la demanda de garantías, pues de hacerse así se prorrogaría indefinidamente el plazo establecido por el referido artículo 167 y éste se haría nugatorio. Por otro lado, la circunstancia de que se desconozca cuál es el órgano colegiado al que correspondería conocer de la aludida demanda, tratándose de las plazas en donde existen dos o más tribunales que pudieran hacerlo, no exime al tercero perjudicado de respetar el mencionado plazo, pues en estos casos podrá presentarse ante la oficina de correspondencia común". En relación con la diversa tesis V.4º.1 K, visible en la página 1119, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." En ese orden, vista la certificación de cuenta, se advierte que la tercera interesada ********************, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, dentro del término de tres días que le fue concedido; por tanto, con apoyo en los numerales 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado exhorto por el que se le emplazó al presente juicio de amparo y, por tanto, las subsecuentes notificaciones se ordena practicarlas por medio de lista que se publica en este Juzgado, en tanto designe domicilio en esta ciudad para ese efecto. Por otra parte, de constancias se aprecia que el veintiuno de abril del año en curso, se tuvo a la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, informando que la indagatoria con número único de caso **************, expediente ********************, le fue asignada a la licenciada ********************, adscrita a la Unidad de Ligación de dicha Fiscalía. Por tanto, requiérase a esta última para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita a este órgano jurisdiccional copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación citada con anterioridad, específicamente de aquellas constancias emitidas a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós, así como de las relacionadas con el acto reclamado (proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, que ordena imponer medida de protección a la víctima) aquí tercera interesada ********************, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; lo anterior bajo apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Notifíquese.

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