Fiscal General del Estado de Michoacán

Expediente 535/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
535/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2020

Partes del expediente

  • Fiscal General del Estado de Michoacán
  • Adrián López Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio SFA/DR/CF/004961/2020, que remite el Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad, mediante el cual le informa al Administrador de Rentas de esta ciudad, el seguimiento que se le está dando a la suspensión provisional dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en consecuencia tomando en consideración que por auto de seis de noviembre del presente año, se tuvo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informado que acepto la competencia por turno planteada por este juzgado federal, para conocer del presente asunto por tanto, remítanse el aludido oficio señalado en líneas anteriores al juez de distrito en comento previa copia certificada que del mismo se dejen en autos, para los efectos legales procedentes. Asimismo, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se ordenó reservar el oficio número SFA/DR/CF/004772/2020, que remitió el Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad, mediante el cual le informa al Administrador de Rentas de esta ciudad, el seguimiento que se le está dado a la suspensión definitiva dictada por este juzgado en fecha seis de octubre del año en curso, hasta en tanto, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informara si acepta o no la competencia por turno planteada por este juzgado federal, por tanto, y como del párrafo que antecede se advierte que ya acepto dicha competencia se ordena también remitir el aludido oficio a este último, previa copia certificada que del mismo se deje en auto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio número 16312/2020, signado por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; mediante el cual acusa recibo del comunicado 12763 /2020, de veintiséis de octubre del año en curso, por el cual se le enviaron el original del juicio de amparo 535/2020, así como los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión relativos al mismo e informa que se avocó al conocimiento del citado juicio de amparo, formado con motivo de la demanda promovida por ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS, por sí y en cuanto Fiscal General del Estado, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso j), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese la copia de conocimiento del oficio número SFA/DR/CF/004772/2020, que remite el Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad, mediante el cual le informa al Administrador de Rentas de esta ciudad, el seguimiento que se le está dado a la suspensión definitiva dictada por este juzgado en fecha seis de octubre del año en curso, no obstante resérvese a acordar lo que en derecho proceda, hasta en tanto el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta Ciudad, informe si acepta el conocimiento del juicio de amparo 535/2020-V, del que deriva esta incidencia, toda vez que mediante proveído de veintiséis del mes y año en curso, este órgano jurisdiccional declaró que carecía de competencia legal en razón de turno. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado para tal efecto, como se advierte de la constancia que obra agregada en autos. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la autoridad responsable de que se trata, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita copias certificadas de la totalidad de las constancias relativas a los actos reclamados, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26,Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN ELRECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las QUINCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.

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