Flor Felicitas Gómez Rosas
Expediente 354/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Flor Felicitas Gómez Rosas
- Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 26, fracciones II, inciso a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. De autos se advierte que a la fecha no existe constancia que acredite que la autoridad responsable el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Veracruz Norte, con sede en Xalapa, Veracruz, en el presente asunto, haya recibido el oficio 32487, por medio del cual se ordenó notificar la sentencia de treinta de noviembre del presente año. En tales condiciones, se requiere al Encargado del Módulo del Servicio Postal Mexicano con sede en este Edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para que por su conducto, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado el acuse de recibo de la pieza postal registrada con número 46881, dirigido a la citada autoridad responsable, depositada en dicha dependencia el dos de diciembre del presente año, para lo cual se anexa copia autorizada de la factura número doscientos treinta. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido para el efecto, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 354/2020 promovido por Flor Felicitas Gómez Rosas. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veinte, ante la secretaria encargada de la guardia de este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2- 17). SEGUNDO. Trámite. En proveído de la misma fecha, se acordó: admitir la demanda de amparo; decretar la suspensión de plano solicitada por la quejosa; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 18-30). Luego, por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al estimarse actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo (fojas 122-127). Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, por lo que en sesión de nueve de junio de dos mil veintiuno el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito revocó dicho sobreseimiento y repuso el procedimiento para continuar con el trámite del asunto (fojas 245-276). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 286-289 y 318) y, al encontrarse integrado el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 330-331) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (foja 364). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio4 y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo 4 Transitorio: "PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar a la parte quejosa el resguardo domiciliario con motivo de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) a pesar de encontrarse dentro de un grupo de riesgo por padecer hipertensión, que sostiene afecta su derecho fundamental a la salud. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se advierte que consiste en: ? La negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar a la quejosa como empleada de dicho instituto, el resguardo domiciliario con motivo de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) a pesar de encontrarse dentro de un grupo de riesgo por padecer hipertensión. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. El apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en representación de la 1. Delegación de Veracruz Norte, en Xalapa, Veracruz y de la 2. Subdelegación Veracruz, en la ciudad del mismo nombre, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto reclamado a las mismas. Asimismo, informó que no existen antecedentes de que la parte quejosa hubiese solicitado por escrito a ese instituto autorización para su resguardo domiciliario, de conformidad con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte, denominado "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)" (fojas 286-289 y 318). En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las aludidas autoridades responsables, lo que le correspondía realizar; con apoyo en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las mismas. No pasa inadvertido que la parte quejosa en su demanda de amparo haya manifestado que tuvo conocimiento del acto reclamado el diez de julio de dos mil veinte; sin embargo, no se advierte que haya demostrado con prueba alguna de qué manera se le hizo de su conocimiento la negativa de las autoridades responsables de otorgarle el resguardo domiciliario que les atribuye. Máxime que, por regla general, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer medios de prueba idóneos tendientes a controvertir las manifestaciones de la autoridad y demostrar, no sólo que el acto reclamado existe, sino además que es violatorio de sus derechos fundamentales, pues constituye una prerrogativa probatoria para la parte quejosa, la cual se desprende de la interpretación sistemática realizada de los artículos 117 a 124 de la Ley de Amparo; carga que, en el particular, no cumplió. Al respecto, es ilustrativa, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.)5 que se lee: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos 5 De la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página trescientos ochenta y seis, Materia Común, Décima Época, con registro digital 2015699.comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." (El resaltado se hace en esta sentencia) Adicionalmente, con independencia que no se demostró la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, debe decirse que, en el supuesto hipotético de haberse conocido la certeza del acto, aun así, el juicio resultaría improcedente al concretarse el motivo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, puesto que el acto que se reclama consistente en: la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar a la quejosa como empleada de dicho instituto, el resguardo domiciliario con motivo de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) a pesar de encontrarse dentro de un grupo de riesgo por padecer hipertensión; no reviste las características de actos de autoridad, ni de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten sus derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a efecto de que pudieran ser impugnables a través del juicio de amparo, como se determinó en la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.)6 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que se lee: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se 6 Con registro digital 2022822, de la Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el doce de marzo de dos mil veintiuno.les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Pero sobre todo, como también lo determinó recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 56/2021 el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que por mayoría de cuatro votos, estimó que la negativa de autorizar el resguardo domiciliario en favor del trabajador como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en los que, como en el que aquí se analiza, el quejoso argumenta tratarse de un trabajador ubicado en una situación de vulnerabilidad, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo que consideró la Segunda Sala, pues si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus aludido, su naturaleza es laboral, en razón de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por ende, se concluyó en dicha contradicción de tesis que la negativa de autorizar el resguardo domiciliario como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en términos de los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica en una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral respectiva. CONCLUSIÓN En esas condiciones, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, ante la inexistencia del acto reclamado. Luego, al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los motivos de disenso. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el DiarioOficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Flor Felicitas Gómez Rosas, respecto del acto reclamado y por la autoridad responsable, conforme a lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el representante y apoderado legal de las diversas responsables 2. Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz y del 3. Director de la Unidad Médica de atención ambulatoria (U.M.A.A) 242 Tejería del Instituto Mexicano del Seguro Social Zona Norte del Estado de Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de cuatro de octubre del año curso, y remitiendo las copias certificadas relativas a los actos reclamados. Por tanto, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, por el plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional que al efecto se celebre.
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