Flor Enriqueta Alvarado López

Expediente 455/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
455/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Flor Enriqueta Alvarado López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 455/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativos al oficio dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que, por una parte se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de veinte de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativos al oficio dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que, por una parte se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de veinte de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativos al oficio dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que, por una parte se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de veinte de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia de trece de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 455/2023 promovido por Ignacia Ramón Jaime, en su carácter de apoderada legal de Flor Enriqueta Alvarado López. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el veintinueve de mayo siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-15). SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta de mayo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito (fojas 25-30). Se agregaron materialmente al expediente físico los informes justificados de las autoridades responsables identificadas con los números 4 y 2 (fojas 50-51 y 54-56) y digitalizados en el expediente electrónico, los de las diversas autoridades identificadas con los números 6, 5, 1 y 3, conforme a lo ordenado por autos de seis, nueve y veintiuno de junio y veintisiete de julio, todos del año en curso (fojas 37, 40, 47 y 66). Integrado el expediente, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 66 vuelta) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, al reclamarse la inconstitucionalidad de una norma, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente sus derechos fundamentales, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano judicial. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo y su ampliación, se aprecia que los actos combatidos consisten en: La iniciativa, discusión, aprobación y refrendo del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. Estos actos atribuidos al 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 1. y 2. Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y de Senadores) y 4. Secretario de Gobernación, todos en la Ciudad de México. El corte del servicio de energía eléctrica realizado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en calle Privada Agustín Lara, número 39, fraccionamiento Hacienda Sotavento, en Boca del Río, Veracruz, código postal 94274, derivado del servicio RPU 886160803639. Estos actos atribuidos a las autoridades 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad y 5. CFE Distribución Empresa Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, ambos en Veracruz, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Energía, consistente en la iniciativa del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. Asimismo, son ciertos los actos atribuidos a la 1. Cámara de Diputados y 2. Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, consistentes en la discusión, aprobación y expedición de la aludida legislación. De igual forma, es cierto el acto reclamado al 4. Secretario de Gobernación en la Ciudad de México, consistente en el refrendo de la citada norma. Lo anterior en razón que así lo manifestaron dichas autoridades al rendir sus respectivos informes justificados, el de las identificadas con los números 4 y 2 agregados materialmente al expediente físico (fojas 50-51 y 54-56) y los de las diversas autoridades identificadas con los números 6, 5, 1 y 3, digitalizados en el expediente electrónico, conforme a lo ordenado por autos de seis, nueve y veintiuno de junio y veintisiete de julio, todos del año en curso (fojas 37, 40, 47 y 66). Además, la certeza del ordenamiento impugnado es implícita y no es objeto de prueba, en atención al principio de derecho plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, con apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Igualmente, sirve de apoyo la tesis 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por otra parte, en sus respectivos informes justificados las autoridades responsables 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad y 5. CFE Distribución Empresa Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, ambos en Veracruz, Veracruz, reconocieron la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en el domicilio de la parte quejosa, con motivo del pago pendiente de realizarse por concepto de energía eléctrica aprovechada en condiciones no autorizadas en el contrato, contabilizado por la cantidad de $81,190.00 (ochenta y un mil ciento noventa pesos, cero centavos, moneda nacional). CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. I. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA COMBATIDA De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa combate la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. Asimismo, se observa que pretende impugnar como primer acto de aplicación de dicha norma, la suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica llevada a cabo en su domicilio el quince de mayo de dos mil veintitrés. Sin embargo, en criterio de este Juzgador Federal, por cuanto hace a dicho acto reclamado, se concreta el motivo de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón que no afecta su interés jurídico, por las razones que a continuación se explican. Premisas normativas Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". Según se aprecia de ese precepto, la afectación a la esfera jurídica del gobernado puede vincularse tanto a su interés jurídico como legítimo; pero invariablemente se requerirá esa afectación, cuyo momento en que se genera determina que la norma deba considerarse autoaplicativa o heteroaplicativa. Sobre el particular, los artículos 17, fracción I, 61, fracciones XII y XIV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo previenen la procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas de carácter general; y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que ocasiona al gobernado un perjuicio cierto en su esfera jurídica, "ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico", en términos de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que conlleva también a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional. Los citados preceptos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;" De los numerales transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión. El primer caso concierne a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, sin requerir un acto de aplicación. En efecto, respecto de tales leyes, al iniciarse su vigencia vinculan a los gobernados a los deberes jurídicos en ellas contenidas. Luego, si los extremos de hecho contenidos en la hipótesis normativa se actualizan automáticamente sin que sea menester el acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo. Así, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo, que por su sola expedición le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar, provocando la afectación de su esfera jurídica sin ningún acto, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Pero si transcurre ese término y no se promueve el juicio de amparo, por regla general, el gobernado debe esperar un primer acto de aplicación en su perjuicio, que no necesariamente debe venir de una autoridad, sino de cualquier persona, un tercero o el propio quejoso, que introduce esa aplicación; entonces, a partir de ese primer acto de aplicación el afectado puede promover el juicio de amparo en el plazo de quince días, como se vio anteriormente (artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo). Por el contrario, tratándose de leyes heteroaplicativas, que son aquellas que, por sí solas no afectan la esfera de los gobernados, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto de subsunción posterior al inicio de su vigencia; el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según la regla general prevista en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Así, hay una secuencia o desarrollo específico respecto de esta diferencia entre leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, lo que es así porque tratándose de las segundas, no puede promoverse el amparo sino hasta que se genera el primer acto de aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, de un tercero o del propio solicitante del amparo, porque así lo exige o establece la ley. Siendo que para distinguir entre ambos tipos de normas, se reitera que debe atenderse a la forma o momento en que se individualizan en la esfera jurídica de los destinatarios, pues cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 55/97, que se lee: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Criterio rector de "individualización incondicionada" que es relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas -autoaplicativas o heteroaplicativas- pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico o interés legítimo, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su solo inicio de vigencia o si se requiere de un acto de aplicación. Es aplicable al presente caso, la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) de contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de 'individualización incondicionada', con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Como se advierte de la lectura a la transcrita tesis, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador de individualización incondicionada para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Además, el transcrito criterio permite determinar la forma de abordar la comprobación del interés requerido para impugnar una norma en sede constitucional, pues al respecto establece los siguientes lineamientos: a) Interés legítimo: Es suficiente constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. b) Interés jurídico: Requiere la afectación a un derecho subjetivo. Así, cuando la afectación causada por la norma agravie a sus destinatarios en sus derechos subjetivos en forma directa, el estándar de análisis debe centrarse en el interés jurídico y por el contrario, cuando sea suficiente advertir una afectación indirecta pero vinculada a un derecho objetivo, el estudio de la naturaleza de la norma se vinculará al interés legítimo. Robustece lo anterior, la tesis 1a. CCLXXXII/2014 (10a.) que se lee: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas." Por lo tanto, en cada caso debe establecerse el tipo de agravio que causa la norma reclamada, pues de ello dependerá el estándar del interés jurídico o legítimo, que permitirá concluir si se individualiza incondicionadamente o por el contrario, requiere de un acto concreto de aplicación. Al respecto, el suscrito juzgador considera que en la especie, al tratarse la parte quejosa de una persona física quien acude en defensa de sus derechos contractuales y de seguridad jurídica, en torno a un contrato de interconexión de energía eléctrica que tiene celebrado con Comisión Federal de Electricidad (Suministrador de Servicios Básicos) debe demostrar su afectación sobre el estándar del interés jurídico, ya que justamente, de acuerdo con los argumentos de la parte quejosa, se ve afectada de manera directa con la suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica llevada a cabo en su domicilio el quince de mayo de dos mil veintitrés. Lo anterior lleva a concluir que, el estudio de afectación en la esfera jurídica del gobernado debe hacerse atendiendo a su interés jurídico, el cual como ya se precisó, se vincula con la afectación a un derecho subjetivo. Por otro lado, debe precisarse que en términos de los artículos 117, último párrafo y 124, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, en tratándose de actos materialmente administrativos, la litis constitucional se integra también con el contenido del informe justificado, a través del cual la autoridad responsable, habiendo sido requerida, completa o subsana, de manera suficiente, la fundamentación y motivación del acto reclamado. Al efecto, los artículos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 117. (.) Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." "Artículo 124. (.) En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquellas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración." (Lo resaltado es propio de esta sentencia) Cabe precisar que en relación con esa excepción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que únicamente tiene aplicación tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, no así cuando el acto reclamado haya sido dictado con motivo de una solicitud de parte interesada. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J.23/2015 (10a.), que se lee: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración, debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe un impedimento para reiterarlo, lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo." De lo anterior se desprenden, entre otros, dos aspectos importantes a este estudio que deben ser analizados: I. La autoridad responsable, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se les atribuya la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado tiene la posibilidad de completar o subsanar esos aspectos del acto reclamado, de manera tal que la fundamentación y motivación del mismo debe buscarse, en grado suficiente, tanto en el acto mismo, como en el contenido del informe justificado rendido en el juicio constitucional. II. En la sentencia constitucional, el juzgador, al estimar que, pese a la rendición del informe, subsiste el vicio formal de fundar y motivar, debe proceder a equiparar dicho vicio a una violación de fondo y, otorgar la protección solicitada, con efectos de ordenar a la autoridad que se abstenga de reiterar el sentido del acto reclamado. Hasta aquí las premisas normativas. Subsunción En el caso, resulta innecesario distinguir si los actos tildados de inconstitucionales tienen naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, dado que la peticionaria del amparo reclama la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. Lo anterior es así porque precisamente, estima la parte quejosa que le fue aplicada por vez primera dicha disposición normativa, al momento en que le fue cortado o suspendido el suministro del servicio de energía eléctrica en su domicilio el quince de mayo de dos mil veintitrés (como lo expone en la foja 8); por ende, se concluye que no es necesario hacer la distinción de que se habla, en la medida que la parte quejosa realiza su planteamiento con motivo del primer acto de aplicación de la norma impugnada. Ahora bien, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad y 5. CFE Distribución Empresa Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, ambos en Veracruz, Veracruz, reconocieron la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en el domicilio de la parte quejosa, con motivo del pago pendiente de realizarse por concepto de energía eléctrica aprovechada en condiciones no autorizadas en el contrato, contabilizado por la cantidad de $81,190.00 (ochenta y un mil ciento noventa pesos, cero centavos, moneda nacional). Sin embargo, en el caso concreto, debe concluirse que si bien se conoció la certeza del corte del servicio de suministro de energía eléctrica en el domicilio de la parte quejosa el quince de mayo de dos mil veintitrés, lo cierto es que no existe probanza alguna que revele que dicha suspensión se haya fundado o motivado por las autoridades responsables en el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. Ello es así, porque ninguna de las documentales que exhibió la parte quejosa en su demanda de amparo así lo demuestra (fojas 19-24). Asimismo, de los informes justificados rendidos por las responsables identificadas con los números 6 y 5, tampoco se aprecia que la suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica se haya respaldado en la aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. En efecto, como lo refirieron las responsables, el corte del servicio de suministro de energía eléctrica en el domicilio de la quejosa practicado el quince de mayo de dos mil veintitrés, fue a consecuencia de un adeudo generado por la falta de pago por concepto de energía eléctrica aprovechada en condiciones no autorizadas en el contrato. Con base en lo anterior expuesto, se puede concluir válidamente que no se individualizó en la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa la hipótesis normativa impugnada en esta vía, en perjuicio de aquélla, porque de las documentales que allegaron al juicio las responsables, en ningún momento se observa dicha circunstancia. Por tanto, es evidente que no se acreditó de manera fehaciente la existencia del primer acto de aplicación de la norma combatida, así como que esa aplicación se haya hecho en perjuicio del solicitante del amparo y en transgresión a su interés jurídico. En esa virtud, al no haberse acreditado de manera fehaciente y plena el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa y que con motivo del mismo se haya afectado su esfera de derechos; es inconcuso que se concreta el motivo de improcedencia invocado. II. IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN Al haber resultado el juicio de amparo improcedente respecto de la norma tildada de inconstitucional, su estudio queda desvinculado del análisis que debe realizarse ahora en torno al acto de aplicación. No obstante, en criterio de este órgano jurisdiccional, el acto atribuido a las responsables 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad y 5. CFE Distribución Empresa Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, ambos en Veracruz, Veracruz, consistente en la suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica en el domicilio de la quejosa el quince de mayo de dos mil veintitrés, con motivo del pago pendiente de realizarse por concepto de energía eléctrica aprovechada en condiciones no autorizadas en el contrato, contabilizado por la cantidad de $81,190.00 (ochenta y un mil ciento noventa pesos, cero centavos, moneda nacional); no reviste de las características de los actos reclamados para los efectos del juicio de amparo, pues tiene su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la interconexión de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, en realidad se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del aludido contrato. Dicha circunstancia actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sobre la premisa de que dicho acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior porque el acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que fue emitido en una relación de coordinación existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, con motivo del contrato de adhesión relativo a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, como a continuación se verá. Premisas normativas Para demostrar dicha hipótesis, conviene establecer las siguientes premisas que servirán de respaldo para motivar la presente sentencia. Los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "ARTÍCULO 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales." LEY DE AMPARO "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." De esos preceptos se aprecia que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se torne procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Los actos son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; imperativos, en razón de que se imponen, aún contra la voluntad del gobernado; y coercitivos, pues si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el concepto de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Identificados los elementos distintivos del acto de autoridad, para estar en posibilidad de establecer si el reclamado está dotado de esos elementos, es necesario tomar en consideración que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, sentó un parte-aguas entre la naturaleza que se había discutido sobre los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que a partir de esa reforma, sean los tribunales en materia civil o mercantil quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior se menciona, en tanto que los artículos 25, párrafos cuarto y último, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, disponen: "ARTÍCULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. . Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. . La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución". "ARTÍCULO 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. . En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica". "ARTÍCULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. . No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con organismos y empresas que requiere para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.". De esos numerales se observa que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones. Sin embargo, también se aprecia que podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El poder reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo anterior evidencia que la reforma constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que desarrollará exclusivamente la Nación. Esa reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA "ARTÍCULO 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." "ARTÍCULO 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD "ARTÍCULO 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios." "ARTÍCULO 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "ARTÍCULO 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "ARTÍCULO 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En esas condiciones, la regla general implica que tales actos, consistentes en: las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la Red Nacional de Transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. De esa manera, las actividades precisadas deben sujetarse a las obligaciones del servicio público que consisten en: a) Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; b) Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Sustentabilidad; c) Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable; d) Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico; e) Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible. No obstante, también se dispuso, como excepción, que lo no previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. Sobre esas bases, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, prevé que a los actos que emita, les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por ende, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. En ese sentido, el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Así, es evidente que la competencia pertenece a los Tribunales Federales; además, que resultan de naturaleza mercantil todas las actuaciones que realicen o se le imputen a la Comisión Federal de Electricidad, excepto los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, lo cuales tendrán naturaleza administrativa. En resumen, por determinación del legislador, se estableció que las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, tienen naturaleza mercantil; por tanto, no puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica implica que la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad frente a un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Adicionalmente a lo ya expuesto, es menester precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, literalmente estableció: ".QUINTO.- Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." (Lo resaltado es propio) De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Como se observa, en dicha ejecutoria la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consideró que la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es la ordinaria mercantil, pues se trata de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de dicho contrato. Lo anterior, explicó la Segunda Sala, obedece a que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, tiene su origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, por ende, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil. Estableció dicha Sala que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio, en razón de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, concluyó la Segunda Sala, que en esos casos, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a esa relación. De igual manera, conviene destacar que recientemente la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, el siete de febrero de dos mil dieciocho, reiteró que cuando se reclamen actos relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no debe considerarse a la empresa productiva del Estado mencionada como autoridad responsable en el amparo, pues su relación con los usuarios no deriva de un plano de supra a subordinación, porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes, de manera que, al estar ante una relación comercial, la vía procedente para dirimir los conflictos relativos es la ordinaria mercantil. Sin embargo, dicha Sala del Máximo Tribunal, hizo hincapié en una excepción amplia, relativa a cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o aplique normas que se estimen inconstitucionales y, en este supuesto, la empresa puede equipararse a una autoridad. Estableció la Segunda Sala, que cuando se reclaman en vía de amparo actos que ostensiblemente aparejen situaciones que comprometan derechos constitucional y convencionalmente protegidos y coloquen en estado de vulnerabilidad al gobernado, esto es, cuando la suspensión o corte del servicio de suministro de energía eléctrica coloque en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable o estén imposibilitadas para proveer su subsistencia, en esos casos, el juzgador debe allegarse de mayores elementos para verificar la procedencia del juicio constitucional, conforme a las particularidades del asunto. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) que se lee: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que: 1). De acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y, en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento: Las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, incluidas las derivadas de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, son de naturaleza mercantil; por ende, deben ser resueltas en la vía mercantil o civil. Por excepción, los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad, en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, tendrán naturaleza administrativa y, serán impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. 2). Por otra parte, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, son impugnables en la vía ordinaria mercantil. 3). Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo; no obstante, excepcionalmente, cuando ésta realiza actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes (que aparejen situaciones que coloquen en estado de vulnerabilidad al gobernado, como por ejemplo la suspensión o corte del servicio de suministro de energía eléctrica que ponga en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable o estén imposibilitadas para proveer su subsistencia) o aplique normas que se estimen inconstitucionales, sus actos pueden equipararse a una autoridad, circunstancia que el juzgador constitucional deberá verificar en cada caso particular. Hasta aquí las anteriores premisas. Subsunción En la especie, la solicitante del amparo reclama la suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica en su domicilio el quince de mayo de dos mil veintitrés. Sin embargo, atendiendo a las conclusiones alcanzadas en el apartado de premisas, en el caso a estudio, se concreta el motivo de improcedencia en estudio, debido a que dicho acto materia del reclamo tienen su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, en realidad se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica. Lo anterior pues, con independencia de que dicho contrato de suministro se haya celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, aun así, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones deducidas de dicho contrato o acuerdo de voluntades, según lo determinó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil. Asimismo, dicha Segunda Sala estimó que el servicio que presta Comisión Federal de Electricidad no lo ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, si la suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica en el domicilio de la parte quejosa el quince de mayo de dos mil veintitrés, se realizó en términos del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica de Baja Tensión publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintiuno, es claro que forma parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Por otra parte, no se advierte que se actualice alguna de las hipótesis de excepción respecto de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que procede el juicio de amparo por tratarse de actos administrativos, consistentes en actos vinculados con el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios, que lleve a cabo la Comisión Federal de Electricidad; si se toma en cuenta que el acto reclamado deriva del contrato de adhesión existente entre la quejosa y la empresa de participación estatal Comisión Federal de Electricidad. En efecto, de acuerdo con la interpretación armónica del contenido del artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por todo ello, el acto que aquí se reclama a la Comisión Federal de Electricidad, no constituye uno proveniente de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación contractual mercantil que la parte quejosa sostiene con la citada empresa. Lo anterior, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. De ahí, que el acto reclamado por la parte quejosa no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Sirve de apoyo la tesis XLII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común". Asimismo, sirve de respaldo la tesis I.1o.A.132 A (10a.) que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS. Al resolver los precedentes de que derivaron dichos criterios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo en cuenta que de las disposiciones constitucionales y legales que regulaban a la Comisión Federal de Electricidad se advertía lo siguiente: 1. Es un organismo público descentralizado; 2. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva, por lo que ninguna persona privada puede prestar esos servicios; 3. Los contratos que celebra para cumplir el mandato constitucional de brindar el servicio de energía eléctrica son administrativos; y, 4. En consecuencia, los actos que emita derivados del contrato también son administrativos y pueden ser impugnados a través del recurso de revisión, del juicio de nulidad, o bien, del juicio de amparo cuando proceda. Sin embargo, a raíz de la reforma a los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y de la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y el 11 de agosto de 2014, respectivamente, dicha entidad se transformó, por ministerio de ley, en empresa productiva del Estado y se estableció la posibilidad de la participación de los particulares en el desarrollo de las actividades distintas a la conducción y distribución de energía eléctrica. Así, de los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor se advierte que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza y que, excepcionalmente, aquellos que dicte en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, y serán los únicos que podrán ser impugnados a través del juicio de nulidad y, en su caso, del amparo, pues el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en esas materias, o bien, a través de los mecanismos de solución que pacten las partes. Por tanto, las tesis aisladas mencionadas, que establecían que los actos de la Comisión Federal de Electricidad eran impugnables mediante los juicios de nulidad y de amparo, quedaron sin sustento jurídico, razón por la cual no es factible tomarlas en cuenta como criterios orientadores." Además, tampoco se está en alguno de los casos de excepción que establece la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) para que el acto reclamado por la quejosa a la Comisión Federal de Electricidad se considere excepcionalmente como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo que se sostiene, en la medida que no se advierte que con el mismo se lesionen derechos humanos que coloquen en estado de vulnerabilidad a la parte quejosa, que pongan en riesgo su vida, salud o la seguridad de alguna persona que se encuentre en una situación vulnerable o esté imposibilitada para proveer su subsistencia, ni tampoco se aprecia que en el acto reclamado se esté aplicando alguna norma inconstitucional. Máxime que las autoridades responsables identificadas con los números 5 y 6, sostienen que conforme a lo estipulado en el contrato de suministro de energía eléctrica, la única condición para que la suspensión del servicio sea levantada, lo es que se realice el pago del adeudo de dicho servicio, es decir, no se exige una condición desproporcionada ni fuera de lo pactado en el clausulado del contrato de suministro de energía aludido, para que la solicitante del amparo tenga nuevamente acceso a dicho servicio. Conclusión En consecuencia, se concretan los motivos de improcedencia antes analizados, contenidos en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, se sobresee en el presente asunto, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ignacia Ramón Jaime, en su carácter de apoderada legal de Flor Enriqueta Alvarado López, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, conforme a los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios signados de manera electrónica por el apoderado legal de 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, y 5. Apoderado Legal de CFE Distribución División de Distribución Oriente de la Comisión Federal de Electricidad, ambos con residencia en Veracruz, Veracruz, recibidos en línea, y dado que cumplen con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. Atento al contenido del oficio de la autoridad señalada con el número 6, se tienen por hechas sus manifestaciones en relación al requerimiento efectuado en proveído de dos de agosto de la presente anualidad e informando que aún se encuentra pendiente de pago por parte de la quejosa, el adeudo que originó la suspensión del suministro de energía eléctrica es derivado del ajuste a la facturación 695/2023, por la cantidad de $81,190.00 (ochenta y un mil ciento noventa pesos 00/100 moneda nacional). Ahora, de la certificación de doce de junio de dos mil veintitrés (foja 42) se obtiene que el ocho de junio de la presente anualidad, feneció el plazo de cinco días conferido a la parte quejosa para que acreditara haber pagado la cantidad que se le cobra por el servicio de suministro de energía eléctrica que disfrute con motivo de la suspensión concedida en autos, ello como requisito para que siguiera surtiendo sus efectos la suspensión provisional de treinta de mayo del año en curso, sin que de autos se advierta que lo hubiera hecho. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, en concordancia con los criterios del Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, además que, dicha suspensión provisional fue superada por la interlocutoria emitida el veinte de junio de este año, donde se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades Subdirector de Amparos, así como representante legal de la 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, residentes en la Ciudad de México, por quienes se negó la medida cautelar solicitada en definitiva. Por cuanto hace a las autoridades apoderado y representante legal de 5. CFE Distribución, Zona de Distribución Veracruz, División Oriente de la Comisión Federal de Electricidad y apoderado legal de 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, ambos con residencia en Veracruz, Veracruz, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que fuera restablecido el servicio del suministra de energía eléctrica en el domicilio de la aquí quejosa, ubicado en calle Privada Agustín Lara número 39, Hacienda Sotavento, C.P. 94274, Boca del Río, Veracruz, derivado del servicio número RPU 886160803639, medida que surtiría efectos una vez que la parte quejosa exhibiera en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la cantidad de $81,190.00 (ochenta y un mil ciento noventa pesos 00/100 moneda nacional) a fin de asegurar el pago de la energía eléctrica que por virtud de la suspensión deberá seguir suministrando la Comisión Federal de Electricidad a favor de la parte quejosa; lo anterior, dentro del plazo establecido en la aludida resolución. En mérito de lo antes expuesto, y atendiendo al escrito con registro 9532 signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual pretende promover incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional dictada en autos el treinta de mayo de este año, en donde se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; al respecto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, procede su desechamiento de plano, con base en los siguientes motivos. Ello es así, toda vez que de la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho del citado precepto legal, se advierte que los juzgadores no deben admitir a trámite ninguna promoción, recurso o incidente que sea notoriamente malicioso o improcedente, entendiendo por los primeros, aquellos que buscan retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice, y por lo segundos, los que adolezcan de algún requisito procesal de admisibilidad, o aquellos de cuya simple lectura se advierta en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; lo cual, tiene como finalidad tratar de evitar los tramites que resulten ociosos o intrascendentes. La citada interpretación, se desprende del contenido de la tesis aislada 1ª XXXIV/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, en la página: 665, de título: "INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Como punto de partida, es necesario traer a colación que la Ley de Amparo, en su artículo 136, establece que la suspensión del acto reclamado surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. En esa línea interpretativa, tenemos que dada la relevancia e implicaciones jurídicas que la suspensión del acto reclamado tiene en un juicio constitucional, la Ley de Amparo no sólo establece los medios necesarios para preservar la materia del juicio a través de la suspensión, sino que impone consecuencias ante el incumplimiento de la misma. En caso de que la suspensión decretada por el Juez de Distrito no sea acatada por la autoridad responsable, se establecen dos sistemas para lograr su cumplimiento, a saber: Uno que ve directamente al cumplimiento del auto de la suspensión, que no tiene tramitación incidental; y, Otro que ve al desacato de la autoridad responsable y da lugar a un incidente, los cuales pueden ser aplicados "simultáneamente" por el juzgador. Los anteriores sistemas denotan la trascendencia que guarda la figura de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, razón por la cual la Ley de Amparo se muestra exigente en el respeto que se debe al auto de suspensión. Siguiendo la línea precisada en el inciso a, el artículo 158 de la Ley de Amparo faculta a los órganos jurisdiccionales para que, cuando la autoridad responsable no acate la suspensión, ordene el cumplimiento de la misma y tome las medidas necesarias y que estime convenientes para la ejecución y cumplimiento de la provincia decretada. Por su parte, el sistema señalado en el inciso b, se encuentra regulado en el capítulo V, del título tercero, de la ley de la materia, denominado "Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión" particularmente de los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, de cuya interpretación se obtiene que, en caso de que se demuestre que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión debidamente notificada en sus términos -previo requerimiento para que dentro del plazo de veinticuatro horas rectifique los errores en que incurrió al cumplirla- deberá ser denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Visto de esa forma, mientras que el artículo 158 de la Ley de Amparo, faculta al juzgador, en caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, a hacer cumplir la resolución o tomar las medidas para el cumplimiento. La resolución del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión adquiere una particular relevancia, ya que, a través de éste, se determina, entre otros supuestos, si la autoridad responsable cumplió en sus términos o no la suspensión del acto reclamado, con la eventual responsabilidad penal que su desobediencia conlleva. Eso significa que el objeto del incidente implica determinar, en primer lugar, si la suspensión se cumplió en sus términos; y, en segundo, si la autoridad responsable estuvo en aptitud de rectificar los errores en que incurrió (por exceso o defecto) y, de ser el caso, aplicar el apercibimiento consistente en denunciar a la autoridad responsable ante el Ministerio Público de la Federación, por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la parte quejosa denuncia genéricamente que la autoridad no ha cumplido la suspensión provisional; sin embargo, de la certificación que antecede y de las constancias de los presentes autos se advierte que la medida suspensional concedida surtió efectos, pero dejó de surtirlos puesto que la parte quejosa no acreditó dentro del plazo de cinco días otorgado, contado a partir del día límite de pago de los recibos que al efecto se le expidieron, por todo el tiempo que dure el juicio, haber pagado la cantidad que se le cobra por el servicio de suministro de energía eléctrica que haya disfrutado con motivo de la suspensión. En ese orden de ideas, es patente la improcedencia del incidente que se atiende, en la medida que no acreditó haber pagado la cantidad que se le cobra por el servicio de suministro de energía eléctrica que disfrute con motivo de la suspensión concedida en autos; por tanto, es inconcuso que el incidente que nos ocupa debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, para evitar la tramitación ociosa e intrascendente del mismo, ya que desde este momento resulta patente que en nada variaría la situación actual del juicio con su sustanciación. Por último, visto el oficio de cuenta de la autoridad 5. Apoderado Legal de CFE Distribución División de Distribución Oriente de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo constancias que dieron lugar al ajuste de facturación 695/2023 a nombre de la quejosa, lo anterior, para los efectos legales conducentes, en virtud de que en interlocutoria veinte de junio de este año, se resolvió la suspensión definitiva del acto reclamado a dicha autoridad. Notifíquese en términos de ley.

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