Flor Berenice Hernández Rodríguez
Expediente 548/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Flor Berenice Hernández Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL. 548/2020 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno del mes pasado, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado ese acuerdo. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esa determinación se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 548/2020 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Incumplimiento de prevención. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en proveído de cinco de octubre de este año, a fin de que cumpliera las prevenciones referidas en ese auto; sin que hubiera presentado escrito por algún medio (física o electrónicamente) para cumplir con las mismas. Determinación. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto inicial y ante el incumplimiento de la parte promovente a las prevenciones formuladas, que repercute determinantemente en la acción de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que originó este asunto. 3. Recurso judicial efectivo. Se precisa que esta determinación no vulnera su derecho al recurso judicial efectivo y acceso a la justicia, pues los requisitos que se le exigieron eran indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia 2a./J.12/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 763, Libro 27, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Registro 2010984, del rubro siguiente "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". 4. Notificación personal. En virtud que la parte quejosa no solicitó su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas establecidas para ello y tampoco acreditó las gestiones necesarias para obtenerlas, por esta ocasión, se ordena notificar este proveído por conducto del (de la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado, en el domicilio que la parte quejosa tiene señalado en autos. 6. Protocolo de notificación. Se instruye al (a la) actuario (a) que al llevar a cabo la notificación de este acuerdo, deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de las partes, como lo determina el primer párrafo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 de que se trata. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 548/2020 Acuerdo: PRAL. 548/2020 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Incumplimiento de prevención. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en proveído de cinco de octubre de este año, a fin de que cumpliera las prevenciones referidas en ese auto; sin que hubiera presentado escrito por algún medio (física o electrónicamente) para cumplir con las mismas. Determinación. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto inicial y ante el incumplimiento de la parte promovente a las prevenciones formuladas, que repercute determinantemente en la acción de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que originó este asunto. 3. Recurso judicial efectivo. Se precisa que esta determinación no vulnera su derecho al recurso judicial efectivo y acceso a la justicia, pues los requisitos que se le exigieron eran indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia 2a./J.12/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 763, Libro 27, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Registro 2010984, del rubro siguiente "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". 4. Notificación personal. En virtud que la parte quejosa no solicitó su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas establecidas para ello y tampoco acreditó las gestiones necesarias para obtenerlas, por esta ocasión, se ordena notificar este proveído por conducto del (de la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado, en el domicilio que la parte quejosa tiene señalado en autos. 6. Protocolo de notificación. Se instruye al (a la) actuario (a) que al llevar a cabo la notificación de este acuerdo, deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de las partes, como lo determina el primer párrafo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 de que se trata. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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PRAL 548/2020 MESA 6° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el uno del actual y turnada a este órgano jurisdiccional, al siguiente día, promovida por la quejosa ***, por propio derecho, contra actos del juez de Control de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca, con sede en Tanivet, y de otra autoridad; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número ***. Prevención. Vista la demanda de amparo, y conforme a lo establecido en los numerales 112 y 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, previo a proveer lo conducente, requiérase a la parte quejosa, a fin de que, bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días siguientes al en que quede notificada de este auto, realice lo siguiente: a) Aclare la forma en que se enteró de la existencia de la orden de aprehensión que, dice, existe en su contra y que ahora reclama; debiendo para ello, ampliar los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior es así, porque en el capítulo de antecedentes refiere que a su domicilio se presentaron unas personas que dijeron ser agentes Estatales de Investigación, quienes al ser atendidos dijeron portar una orden de aprehensión; pero más adelante menciona que no estaba en la ciudad por asuntos de trabajo. b) Además, como expresamente refiere que no estaba en la ciudad por asuntos de trabajo, sin especificar si regresó al domicilio particular que asentó en su escrito o si aún continúa fuera del mismo, deberá aclarar su lugar actual de residencia. Ello se estima necesario aclarar, a fin de determinar la competencia de esta autoridad, al ser un presupuesto procesal de estudio preferente; máxime que la orden de aprehensión puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre. Es ilustrativa, la jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.), del entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, visible en la página 3100, Libro 52, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Registro 2016328, del contenido siguiente: ***. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." c) Asimismo, deberá mencionar si previo a esta demanda, ha promovido algún otro juicio de amparo, ya que los antecedentes que narra, bajo protesta de decir verdad, refiere que los días veinte y veintiuno de enero de este año se presentaron los referidos agentes Estatales; de modo que no es clara la narrativa que hace para determinar por qué hasta este momento se promueve la demanda de amparo. d) Por otro lado, ante el conocimiento que dice tener de la orden de aprehensión, de estar en sus posibilidades, deberá manifestar la fecha en que tuvo conocimiento de la misma, ya que omitió citarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1079, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2005636, de rubro y texto: ***. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. e) También, deberá aclarar si señala algún otro acto que afecte sus derechos; ya que de las constancias que anexó a su escrito de demanda se advierte que solicitó al director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General de Justicia del Estado la intervención legal a la carpeta de investigación iniciada en su contra; o bien, se le informara si dentro de los archivos de dicha dependencia existe una carpeta de investigación instaurada en su contra. Es decir, si reclama I) la falta de contestación a los referidos escritos de treinta de septiembre de este año, dirigidos ante dicha autoridad; II) la contestación que dio la autoridad a dichas solicitudes o III) algún otro acto. En cuyo caso, deberá ampliar los antecedentes respecto a esos actos, para poder acordar lo conducente. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la foja 3192, Tomo LXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con rubro y texto siguentes: ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos. Se hace notar que las precisiones anteriores son necesarias, ya que corresponde a la parte quejosa aclarar tales circunstancias, a fin de que se integre la litis de manera correcta y, en su momento, la(s) autoridad(es), al emitir su informe justificado, defienda la constitucionalidad del (los) acto(s) que se le(s) atribuye(n), en observancia al principio de equidad procesal. Es aplicable, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393, tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Registro 368564, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento. Así como la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece en la foja 69, Tomo VII, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia. 2.1. Apercibimiento. Hágase saber a la promovente del amparo que deberá aclarar las irregularidades destacadas; apercíbasele que de no subsanarlas, dentro del plazo referido, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 2.2. Además, dígasele a la parte quejosa, que la afirmación de hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el (los) acto (s) reclamado (s), con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, se encuentra considerado como delito en términos de lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. 3. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. 4. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que opera de las 9:00 a las 14:00 horas. 4.1. Solicitud a la parte quejosa para establecer diversos canales de comunicación. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a la parte quejosa para que, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo, en los casos en que se estime necesario. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Notificación a la parte quejosa. Por esta ocasión, se ordena notificar este proveído a la parte quejosa por conducto del (de la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado, en el domicilio que tiene señalado en autos. 7. Indicación al (la) actuario (a). Toda vez que se ordenará la notificación personal de este auto a la parte quejosa, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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