Filogonio Méndez de la Cruz

Expediente 221/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
221/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Filogonio Méndez de la Cruz
  • Asamblea General Comunitaria de la Comunidad Indigena de Santiago del Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca
  • Filogonio Méndez de la Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    PRAL 221/2019 MESA 5-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de doce de septiembre de este año, engrosada el treinta siguiente -fojas 157 a 175-, en la cual, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal; sin que lo hubiese hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Precisión. Sin que resulte jurídicamente necesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, en virtud de que en la resolución emitida, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera a las autoridades responsables, pues carecen de legitimación para inconformarse, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Con fundamento los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 10. Devolución de constancias. De la certificación de cuenta se advierte que en este expediente obra el acta con firmas autógrafas de la asamblea general de veintitrés de febrero de dos mil diecinueve, celebrada en la Agencia de Policía de Santiago Progreso, Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca -fojas 17 a 22-, así como el oficio *** de seis de febrero de dos mil diecinueve, signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro -foja 23-; documentales que fueron recibidas con la demanda de amparo. Asimismo, se aprecia que en proveído de uno de agosto del año actual se ordenó guardar un disco certificado en formato DVD, que acompañó a su informe justificado la juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca; por tanto, se provee: Documentos originales. Con fundamento en el punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales exhibidas con la demanda de amparo, previa foja de sustitución que se deje en autos; teniendo por autorizados para recibirla a las personas que mencionó en su escrito de demanda. Apercibida que, de no hacerlo, acorde a lo previsto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dichos documentos podrán ser destruidos al efectuarse la depuración de este expediente, sin ulterior acuerdo. Disco compacto. Tomando en consideración que con esta fecha causó ejecutoria la sentencia de amparo, mediante oficio, se ordena la devolución del disco certificado en formato DVD que exhibió la juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, pues carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa...

  2. Principal

    NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de doce de septiembre de este año, engrosada el treinta siguiente -fojas 157 a 175-, en la cual, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Sin que resulte jurídicamente necesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, en virtud de que en la resolución emitida, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera a las autoridades responsables, pues carecen de legitimación para inconformarse, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. 6. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. 7. Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. 8. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 10. Devolución de constancias. De la certificación de cuenta se advierte que en este expediente obra el acta con firmas autógrafas de la asamblea general de veintitrés de febrero de dos mil diecinueve, celebrada en la Agencia de Policía de Santiago Progreso, Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca -fojas 17 a 22-, así como el oficio 99/DCF/ZC/2019 de seis de febrero de dos mil diecinueve, signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro -foja 23-; documentales que fueron recibidas con la demanda de amparo. Asimismo, se aprecia que en proveído de uno de agosto del año actual se ordenó guardar un disco certificado en formato DVD, que acompañó a su informe justificado la juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca; por tanto, se provee: a) Documentos originales. Con fundamento en el punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales exhibidas con la demanda de amparo, previa foja de sustitución que se deje en autos; teniendo por autorizados para recibirla a las personas que mencionó en su escrito de demanda. Apercibida que, de no hacerlo, acorde a lo previsto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dichos documentos podrán ser destruidos al efectuarse la depuración de este expediente, sin ulterior acuerdo. b) Disco compacto. Tomando en consideración que con esta fecha causó ejecutoria la sentencia de amparo, mediante oficio, se ordena la devolución del disco certificado en formato DVD que exhibió la juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, pues carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA (PREVIO CITATORIO).- PRAL 221/2019 MESA 5-B° AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas en acuerdo de quince de agosto de este año -foja 119- para celebrar la audiencia constitucional, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: la demanda de amparo -fojas 9 a 16- y los informes justificados de tres de las autoridades responsables -fojas 106, 109 a 114 y 126-; asimismo, informa que no existe documento con el que deba darse cuenta, y hace constar: que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales; y que no se emplazó a juicio a la parte tercera interesada. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse sentencia. III. Se estima innecesario diferir esta audiencia para llamar a juicio a la parte tercera interesada; toda vez que la sentencia no le causará perjuicio alguno, dado el sentido del fallo que se emitirá. Posteriormente, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual se hace constar que la parte quejosa anexó a la demanda de amparo el oficio 99/DCF/ZC/2019, de seis de febrero de dos mil diecinueve, signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro -foja 23-. Por su parte, las autoridades responsables juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, ofreció como prueba documental el disco certificado en formato DVD que contiene las constancias digitales que integran la causa penal 33/2016 -foja 114-; y la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ofreció como prueba documental la copia certificada del acta de asamblea general de ciudadanos de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, minuta de trabajo de veintiuno de abril de dos mil dieciocho y acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente JDI/01/2017 -fojas 128 a 154-. Al respecto, se acuerda: En virtud de que las citadas pruebas fueron admitidas durante la substanciación de este juicio, serán ponderadas al momento de dictarse la sentencia correspondiente. A continuación, se declara cerrado el periodo probatorio y se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual la secretaria hace constar que ninguna parte hizo uso de ese derecho. Con lo anterior se cierra la fase de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. PONCIANO VELASCO VELASCO. JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LA SECRETARIA. LIC. JULISSA NOHEMÍ PÉREZ SALINAS. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 221/2019; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Filogonio Méndez de la Cruz, por propio derecho, y en su carácter de representante de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado el mismo día a este Juzgado Décimo de Distrito -fojas 9 a 16-, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto siguiente -fojas 9 y 10-: (Imagen escaneada) SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa considera que se vulneran los contenidos en los artículos 2, numeral 2, inciso b); 3, numeral 2; 4, numerales 1 y 2, incisos a) y b); 8, numeral 1 y 9 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 8, apartado 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, apartado A, fracciones I, II y VIII, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de once de marzo de dos mil diecinueve se desechó la demanda de amparo por estimar que la firma que calza el escrito de demanda no es autógrafa -fojas 26 a 32-. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de queja -foja 58-, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, el que, mediante ejecutoria dictada el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, declaró fundado el medio de impugnación hecho valer y ordenó proveer sobre la admisión de la demanda de amparo -fojas 75 a 91-. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda, se requirió informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado -fojas 92 a 96-. Seguido el trámite, la audiencia constitucional se efectuó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que los actos reclamados versan sobre la materia penal y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en Tuxtepec, Oaxaca, lugar donde este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que Filogonio Méndez de la Cruz, por propio derecho, y en su carácter de representante de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, reclama:  De la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho en el expediente JI/01/2017.  Del juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, el acuerdo dictado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho en el expediente 33/2016.  Del fiscal General del Estado de Oaxaca y del agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro, la determinación de seis de febrero de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta de investigación 2593/FTUX/2014. Proveídos en los que se determinó vincular e incorporar a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, para que coadyuve con la materialización del plan de reincorporación de la familia De la Cruz Méndez a dicha comunidad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del director de Asuntos Jurídicos -foja 106-, negó la existencia del acto que le fue reclamado, negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa; por el contrario, la negativa del fiscal se corrobora con el oficio 99/DCF/ZC/2019, de seis de febrero de dos mil diecinueve -foja 23-, que la parte quejosa anexó a la demanda de amparo. En efecto, de esa constancia se advierte que fue la diversa autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro, quien emitió el acto reclamado, pues fue precisamente en el oficio 99/DCF/ZC/2019, en el cual vinculó e incorporó a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, para que dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones coadyuve en la ejecución del plan de reintegración de la familia de Dionicio de la Cruz Méndez a la comunidad de Santiago Progreso, Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca. Por ello, ante la negativa no desvirtuada del fiscal General del Estado de Oaxaca; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que hace al acto que se le reclama, consistente en el acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve dictado en la carpeta de investigación 2593/FTUX/2014; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917818, del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por otra parte, al rendir su informe justificado, las diversas autoridades responsables a) juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca -fojas 109 a 114- y la b) Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptaron la existencia del acto reclamado -foja 126- pues precisaron, respectivamente, lo siguiente -fojas 110, 112 reverso y 126-: a) ".le informo que a partir de la exhibición del plan de reincorporación de las víctimas a su lugar de origen, se han realizado las siguientes gestiones [en la causa penal 33/2016 del Juzgado de Control]: (.) Acuerdo de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho; se instruyó al Ministerio Público, a efecto de que, en las gestiones que realice para llevar a cabo el plan de reincorporación de la familia De la Cruz Méndez a la comunidad de Santiago Progreso, Valle Nacional, Oaxaca, le dé intervención al Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia del Ejido Ozumacin, perteneciente a Ayotzintepec, Oaxaca: así como al Presidente de la Procuraduría Agraria con sede en esta ciudad y a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, Valle Nacional, Oaxaca, por conducto de un representante común para que coadyuven dentro de sus facultades con la materialización del plan de reincorporación. Asimismo, informe dentro de cinco días a esta autoridad las nuevas gestiones que se encuentra realizando en coordinación con las instituciones involucradas a fin de que a la brevedad posible se lleve nueva reunión de trabajo con integrantes de la comunidad de Santiago Progreso, Valle Nacional, Oaxaca, o, en su defecto, si ya cuenta con la fecha y hora en que la misma vaya a verificarse. (.)" b) ".Es cierto el acto reclamado por el quejoso, ya que en determinación de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho [en el juicio de derecho indígena JDI/01/2017 de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal] esta autoridad ordenó vincular e incorporar a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, Valle Nacional, Oaxaca, por conducto de un representante común para que coadyuvara dentro de sus facultades con la materialización del Plan de Reincorporación de la familia De la Cruz Méndez. (.)" Lo que constituyen confesiones expresas que permiten establecer la certeza de los actos que en esta instancia constitucional reclama Filogonio Méndez de la Cruz, por propio derecho, y en su carácter de representante de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Máxime que las aseveraciones de las autoridades responsables se corroboran con las constancias digitales que integran la causa penal 33/2016, que obran en el disco certificado en formato DVD (anexo a este expediente), así como con la copia certificada del acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente JDI/01/2017 -fojas 149 a 154-; que tienen el carácter de documentos públicos y, por ende, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Por su parte, el c) agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro, no rindió el informe justificado solicitado, a pesar de haber sido notificado de su petición el diecinueve de julio de dos mil diecinueve -foja 103-; consecuentemente, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, lo que se corrobora con el oficio 99/DCF/ZC/2019, de seis de febrero de dos mil diecinueve -foja 23-, que obra en autos, pues se aprecia que dicho agente vinculó e incorporó a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, para que dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones coadyuve en la ejecución del plan de reintegración de la familia de Dionicio de la Cruz Méndez a la comunidad de Santiago Progreso, Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca. Por lo anterior, está demostrada en autos la existencia de los actos controvertidos. QUINTO. Procedencia de la demanda. Previo al estudio de la materia del fondo del asunto, se procede al examen de las causas de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen advertirse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente según lo dispone el precepto 62 de la normativa de la materia. Así, se estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Como se ve, el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, de tal forma que los preceptos en cita contemplan consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente, pues se le otorga legitimación para instar la acción de amparo a la persona que se ubique tanto en el supuesto del interés jurídico, en sentido estricto, como el legítimo. En tal virtud, la parte quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello, y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Bajo esas condiciones, se puede afirmar que el derecho de promover la acción constitucional es personalísimo, y debe existir un perjuicio o violación a los derechos constitucionalmente protegidos de una persona, afectación que debe ser personal y directa en alguna de sus prerrogativas sustantivas fundamentales tuteladas. Ahora, Filogonio Méndez de la Cruz, por propio derecho y, además, en su carácter de representante de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, reclama en este juicio lo siguiente -foja 10-:  El acuerdo dictado por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente JI/01/2017.  El acuerdo dictado por el juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el expediente 33/2016.  La determinación de seis de febrero de dos mil diecinueve, tomada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro, en la carpeta de investigación 2593/FTUX/2014. Proveídos en los que se determinó vincular e incorporar a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, para que coadyuve con la materialización del plan de reincorporación de la familia De la Cruz Méndez a dicha comunidad. De ahí que los mencionados actos no causen afectación alguna a Filogonio Méndez de la Cruz, por propio derecho, pues la determinación adoptada por las autoridades responsables únicamente vincula a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca. Por tanto, Filogonio Méndez de la Cruz no se ve afectado con ningún acto o mandamiento de las autoridades responsables, pues las determinaciones combatidas fueron en relación con el papel que ha tenido la asamblea en la toma de decisiones para la ejecución del plan de reintegración; no en relación con Filogonio Méndez de la Cruz, aunado que de las constancias exhibidas como prueba se desprende que no existe decisión alguna emitida contra aquél, que lo legitime para actuar por propio derecho en este asunto. En esa medida, los actos reclamados no producen en su esfera jurídica una lesión o perjuicio directo y, por tanto, no está legitimado para acudir a solicitar por propio derecho la protección de la Justicia Federal, toda vez que no se le causa agravio alguno. Sin que obste para arribar a la conclusión precedente, que en la asamblea general comunitaria de veintitrés de febrero de este año -fojas 17 a 18- la comunidad indígena de Santiago Progreso, Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, haya nombrado a Filogonio Méndez de la Cruz, para promover este juicio de amparo; sin embargo, el acto reclamado, en su caso, a quien afecta es a la comunidad y no a la persona física que promueve por su propio derecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en este juicio de amparo, únicamente por lo que hace a los actos reclamados por Filogonio Méndez de la Cruz, por propio derecho. SEXTO. Conceptos de violación y acto reclamado. El estudio del acto reclamado se realizará al tenor de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. SÉPTIMO. Análisis de fondo de los actos reclamados. Se estima conveniente analizar de manera conjunta los conceptos de violación formulados por el quejoso, dada la estrecha relación que existe entre sí, lo cual encuentra su fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, y no causa perjuicio a la parte quejosa, pues la ley no prohíbe el estudio en forma conjunta de los conceptos de violación, siempre y cuando se analicen todos los puntos planteados. En ese contexto, el punto toral de los disentimientos esgrimidos por la parte quejosa implica determinar si la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, puede oponerse a ser vinculada y coayuvar en la materialización del plan de reincorporación de la familia De la Cruz Méndez a dicha comunidad, con base en la autonomía, libre determinación y decisión de los pueblos indígenas. En efecto, la asamblea quejosa arguye que se vulneró su garantía de audiencia porque las autoridades responsables no cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud que no se le otorgó el derecho de debatir (ofrecer pruebas y alegar) la procedencia o improcedencia de la vinculación e incorporación reclamada; pues afirma que la participación de la asamblea comunitaria en asuntos judiciales debe ser sometida a votación y, conforme su sistema normativo interno para toma de decisiones, la asamblea debe decidir si está o no de acuerdo en ser involucrada en asuntos y es la propia asamblea la que debe determinar la solución que deba darse a los conflictos. En consecuencia, alega que al haberse determinado vincular e incorporar a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, para que coadyuve con la materialización del plan de reincorporación de la familia De la Cruz Méndez a dicha comunidad, se impone a la asamblea una decisión que debe ser objeto de resolución de la propia jurisdicción indígena pues, de lo contrario, se vulnera su autonomía, libre determinación y decisión de los pueblos indígenas; debido a que, con base en las costumbres y especificidades culturales, las autoridades responsables debieron considerar y respetar cómo resuelve la comunidad los conflictos suscitados entre los miembros de su comunidad y cómo decide intervenir o no en los procesos administrativos o judiciales. Antecedentes del acto reclamado. Ahora, para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, se procederá a la relación sintetizada de los antecedentes más relevantes del acto reclamado, los cuales se aprecian, en primer lugar, de las constancias ofrecidas como pruebas en este juicio de amparo, con valor probatorio pleno conforme a los numerales conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; y, en segundo lugar, de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo 637/2017 y 885/2018 , de este Juzgado Décimo de Distrito, las cuales se invocan como hecho notorio y se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles; de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°; así, se advierte esencialmente que: 1º) En el Juzgado de Control de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se encuentra radicada la causa penal 33/2016, que se instruye, entre otros delitos, por el de violación de otras garantías, cometido en agravio de Dionicio de la Cruz Méndez y más personas -foja 15 del tomo I, disco anexo-. 2° El dos de agosto de dos mil dieciséis, el juez de Control decretó como medida cautelar en dicha causa penal la reincorporación de diversas personas a su comunidad de origen Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional -fojas 280 a 283 del tomo I, disco anexo-. 3° El trece de enero de dos mil diecisiete José Marín Pacheco y otros promovieron ante la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el juicio de derecho indígena JDI/01/2017 -dato que se advierte en la foja 12 de la sentencia dictada en el juicio de amparo 637/2017-, en el que reclamaron se reconozca y garantice la jurisdicción indígena de la comunidad indígena de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, y se convalide su sistema normativo interno y el procedimiento jurisdiccional indígena de dicha comunidad; asimismo, por considerar la existencia de actos violatorios del derecho de autonomía, libre determinación y autogobierno. 4° El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete -foja 638 del tomo I, disco anexo- el juez de Control de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca suspendió la prosecución de la causa penal 33/2016, hasta en tanto la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitiera sentencia en el juicio de derecho indígena JDI/01/2017. 5° Mediante resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete -foja 29 del tomo II, disco anexo- el juez de Control de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en cumplimiento a lo ordenado por la referida Sala de Justicia Indígena, levantó de manera parcial la suspensión del proceso decretada en la causa penal, única y exclusivamente para que se siguiera con el plan de reintegración de las víctimas, y ordenó continuar con las medidas tendientes a cumplir con dicha medida cautelar. Además, el referido juez de Control requirió al Ministerio Público la exhibición de un plan reparatorio para la reintegración de las víctimas a su lugar de origen -foja 30 del tomo II, disco anexo, y 109 reverso del juicio-. 6° El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete el agente del Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Control el plan reparatorio para la restitución de las víctimas a su comunidad de origen -foja 110-; sin embargo, dicho plan se encuentra en fase de implementación ya que la población de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, se opone a que las víctimas (familia De la Cruz Méndez) se reintegren a su comunidad. 7° (ACTO RECLAMADO) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitió una determinación en el expediente JDI/01/2017, en los términos siguientes -fojas 149 reverso a 150 y 153-: ".En cuanto a su petición de ordenar al juez de Control de San Juan Bautista Tuxtepec.de realizar todas las actividades para cumplimentar el plan de reincorporación.en efecto de autos se advierte que el juez no ha realizado las funciones inherentes a dar cabal y efectivo cumplimiento a la medida cautelar que emitió de reincorporar a los aquí terceros interesados. (.) .al advertirse de los informes que obran en autos respecto al plan de reincorporación, que las autoridades no han cumplido con la parte que les corresponde como autoridades del Estado encargadas de promover, garantizar y proteger los derechos de los aquí terceros interesados.esta autoridad considera pertinente vincular atendiendo a la complejidad del asunto al Titular del Poder Ejecutivo. (.) .se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios por la vía más expedita al juez conocedor de la causa penal 33/2016, para que vincule e incorpore al Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del Ejido de Ozumacín, perteneciente a Ayotzintepec, Oaxaca, al Presidente de la Procuraduría Agraria con sede en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.y a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, Valle Nacional, Oaxaca, por conducto de un representante común, para que coadyuven dentro de sus facultades con la materialización del Plan de Reincorporación.debiendo informar a esta sala del cumplimiento de lo ordenado dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes. (.)" 8° (ACTO RECLAMADO) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en acatamiento a lo ordenado por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, el juez de Control de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dictó un proveído en la causa penal 33/2016, en los términos siguientes -foja 112 reverso; y 1246 del tomo II del disco anexo-: 8° (ACTO RECLAMADO) En cumplimiento a lo ordenado por el juez de Control de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro, emitió el oficio 99/DCF/ZC/2019 de seis de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 2593/FTUX/2014, en los términos siguientes -foja 23-: ".atendiendo a las instrucciones de la Sala Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del juez de Control de Tuxtepec, Oaxaca, por este conducto se vincula e incorpora a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, Valle Nacional, Oaxaca, para que dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones, coadyuve con esta Autoridad Ministerial y demás instituciones involucradas, en la ejecución del Plan de Reintegración de los Terceros Interesados a su comunidad Santiago Progreso Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca." Sin que de las constancias de autos se advierta que, a la fecha, se haya logrado cumplir con la medida cautelar a cuyo cumplimiento se vinculó a la asamblea quejosa. Estudio de fondo. En primer término, es preciso señalar que el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nación mexicana es única e indivisible, con una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. En su apartado "A" reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y otorga autonomía para decidir, sujetándose a los principios constitucionales, sobre formas de convivencia; organización social, económica, política y cultural; aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de autoridades o representantes; preservación y enriquecimiento de sus lenguas; conservación de su hábitat; acceso a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra; elección de representantes ante el ayuntamiento y acceso a la jurisdicción del Estado. En su apartado "B" impone la obligación a la Federación, Estados y Municipios, para promover la igualdad de oportunidades, estableciendo instituciones y determinando políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos indígenas; asimismo, exige que para abatir las carencias y rezagos que afecten a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades deberán impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, con la participación de las comunidades indígenas; garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural; asegurar el acceso a los servicios de salud; mejorar espacios para la convivencia; propiciar la incorporación de mujeres indígenas al desarrollo; extender redes de comunicación para la integridad de comunidades; apoyar actividades productivas y de desarrollo sustentable; establecer políticas sociales para la protección de migrantes de pueblos indígenas; consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, así como, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Además, es necesario precisar que el numeral 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca señala que el Estado de Oaxaca tiene una composición multiétnica, multilingüe y pluricultural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran; y refiere que el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, así como del pueblo y comunidades afromexicanas, se expresa como autonomía en el marco del orden jurídico vigente; de tal forma que el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y en los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y, en general, para todos los elementos que configuran su identidad. Aunado a ello, el citado artículo de la Constitución Estatal precisa que en los procesos en que un pueblo indígena o afromexicano sea parte, las autoridades deben tomar en consideración su condición, prácticas y costumbres, durante el proceso y al dictar sentencia; ello, dentro del marco de la Ley vigente. Bajo esas consideraciones, se destaca que a favor de los pueblos y comunidades indígenas se consignan los derechos a ser reconocidos como tales, al constituir el sustento original de la nación mexicana y a la libre determinación y, por tanto, a la autonomía. Como derechos mínimos de autonomía que los Estados deben garantizar en la regulación jurídica que realicen de organización de sus pueblos y comunidades indígenas, se consignan: a) Decisión de sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; b) Aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación de sus conflictos internos, acotado este derecho, por una parte, al respeto a los derechos humanos, garantías individuales y principios generales establecidos en la Constitución, destacándose la dignidad e integridad de las mujeres y, por la otra, a la validación de las resoluciones que con base en tales sistemas normativos se dicten, para lo cual las legislaturas locales deberán dictar las normas que establezcan los casos y procedimientos relativos por los jueces o tribunales correspondientes. c) Elección de sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con las únicas limitaciones de que ello se realice garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones y en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados; d) Preservación y enriquecimiento de sus lenguas, conocimientos y demás elementos que constituyan su cultura e identidad. e) Conservación y mejoramiento de su hábitat, así como la preservación de la integridad de sus tierras en los términos consignados en la propia Constitución Federal; f) Acceso al uso y disfrute preferente de los lugares que habitan y ocupan, salvo que correspondan a las áreas estratégicas en los términos de la propia Constitución. Tal acceso se supedita al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Federal y en las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por indígenas integrantes de la comunidad; g) Elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios en que exista población indígena, sujeto el reconocimiento y regulación de este derecho por parte de las legislatura estatales al propósito de fortalecimiento de la participación y representación política de acuerdo con sus tradiciones y normas internas; h) Acceso a la jurisdicción estatal, en la que deberán ser tomadas en cuenta sus costumbres y especificidades culturales con el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Esos derechos se entienden, desde luego, sujetos al postulado básico de la unidad e indivisibilidad nacional y a su ejercicio sujeto al marco constitucional, pues no puede llegarse al extremo de considerar que son derechos absolutos, ya que no debe perderse de vista que su aplicación se encuentra sujeta al respeto a los derechos humanos, garantías individuales y principios generales establecidos en la Constitución. De tal forma que es preciso señalar que, en el caso, subyace el tema del desplazamiento de la familia De la Cruz Méndez, de su comunidad de origen; motivo por el cual, las autoridades responsables a) Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, b) juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, y c) agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro, emitieron las determinaciones para vincular e incorporar a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, para que coadyuve con la materialización del plan de reincorporación de la familia De la Cruz Méndez a su comunidad de origen. Así, conviene recordar que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe las penas inusitadas y trascendentales, las cuales, por obvias razones, violan la dignidad humana, que es origen, esencia y fin de todos los derechos humanos, pues es un valor supremo establecido en el artículo 1° de la Constitución Federal, por virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. En apoyo de lo anterior, se invoca el criterio jurisprudencial que sustenta el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número I.5o.C. J/31 (9a.) : "DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. La dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna." Bajo esas consideraciones, puede afirmarse que la observancia al derecho de libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, contenido a nivel constitucional, particularmente en lo relativo a las formas internas de resolución de conflictos, de ninguna manera justifica la negativa a participar en la ejecución de un plan de reintegración, derivado de la orden de desplazamiento de miembros de la comunidad; lo anterior, en tanto los usos y costumbres no pueden estar por encima de la posibilidad de que las personas, en su calidad de indígenas, se auto adscriban a la comunidad a la que estiman pertenecen, con sus respectivas consecuencias; ello, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, lo cual se funda en la dignidad del ser humano, dado que la autonomía y libre determinación debe sujetarse a los principios generales de la Constitución Federal, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las personas. En concordancia con lo expuesto, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca establece, en su parte conducente, lo siguiente: "Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Es de orden público e interés social y regirá en todo el territorio del Estado de Oaxaca en materia de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas; así como en las obligaciones de los Poderes del Estado en sus distintos ámbitos de gobierno. Sus disposiciones constituyen las prerrogativas mínimas para la existencia, pervivencia, dignidad y bienestar de dichos pueblos y comunidades indígenas. Las disposiciones de la presente Ley regirán supletoriamente en materia de derechos y obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas; así como en las atribuciones correspondientes de los poderes del Estado en sus distintos niveles de gobierno, para todos los casos no previstos en otras leyes locales." "Artículo 3o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: [.] IV.- Autonomía: La expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas como partes integrantes del Estado de Oaxaca, en consonancia con el orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, salud, medicina y cultura. V.- Territorio Indígena: Porción del territorio nacional constituida por espacios continuos y discontinuos ocupados y poseídos por los pueblos y comunidades indígenas, en cuyos ámbitos espacial, material, social y cultural se desenvuelven aquellos y expresan sus forma (sic) especifica de relación con el mundo, sin detrimento alguno de la Soberanía Nacional del Estado Mexicano ni de las Autonomías del Estado de Oaxaca y sus Municipios. VI.- Derechos individuales: Las facultades y las prerrogativas que el orden jurídico oaxaqueño otorga a todo hombre o mujer, independientemente de que sea o no integrante de un pueblo o comunidad indígena, por el solo hecho de ser personas. VII.- Derechos sociales: Las facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el orden jurídico oaxaqueño reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en los ámbitos político, económico, social, cultural y jurisdiccional, para garantizar su existencia, pervivencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a aquéllos. VIII.- Sistemas normativos internos: Conjunto de normas jurídicas orales de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos. [.]" "Artículo 29.- El Estado de Oaxaca reconoce la validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad, siempre y cuando no contravengan la Constitución Política del Estado, las Leyes Estatales vigentes ni vulneren derechos humanos ni de terceros." "Artículo 38.- Las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas, procurarán y administrarán justicia aplicando sus sistemas normativos internos, en los casos y de acuerdo con las formalidades que se prescriben a continuación. I.- Las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas ejercerán jurisdicción en los casos siguientes. a) Tratándose de controversias en las cuales ambas partes sean indígenas, ya sea que pertenezcan a un mismo pueblo o a pueblos diferentes. [.]" Las disposiciones de la presente Ley regirán supletoriamente en materia de derechos y obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas; así como en las atribuciones correspondientes de los poderes del Estado en sus distintos niveles de gobierno, para todos los casos no previstos en otras leyes locales." Además, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (en adelante, Convenio 169 de la OIT - Organización Internacional del Trabajo-), publicado en el Diario Oficial del Estado el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, en los artículos 3 al 9 dispone lo siguiente: "Artículo 3 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. Artículo 4 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. Artículo 5 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. Artículo 6 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Artículo 7 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Artículo 8 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Artículo 9 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. [.]" Como se ve, si bien el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, contiene como temas importantes, entre otros: i) el derecho a la autodeterminación; ii) el derecho al consentimiento libre, previo e informado; iii) el derecho a ser consultados cada vez que se prevean medidas susceptibles e afectarles directamente; iv) el derecho al autogobierno y v) el derecho a aplicar su propio sistema normativo; ello no implica que dichas prerrogativas sean superiores a otros derechos, o que deban anteponerse, como en el caso, a la dignidad humana que se busca respetar mediante la ejecución del plan de reincorporación de la familia De la Cruz Méndez. Lo señalado con anterioridad debe concatenarse con el artículo 1°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (.)" De la anterior transcripción se advierte que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Asimismo, se observa la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, de: promover, respetar, proteger y garantizar los citados derechos; así como: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Por tanto, la fuerza vinculante del Convenio 169 de la OIT encuentra sustento en el artículo 1º de la Constitución Federal y conforma el parámetro de control constitucional; parámetro que permite establecer que los tratados internacionales relativos a derechos humanos, tienen la misma fuerza normativa vinculante de la Constitución Federal. Luego, si los argumentos de la parte quejosa están encaminados a justificar que la comunidad indígena tiene derecho a ser informada y consultada, para posteriormente decidir si participa o no en la materialización del plan de reincorporación de las víctimas a su comunidad de origen, conforme a sus usos y costumbres, autonomía y libre determinación, porque deben tomarse en consideración sus costumbres y especificidades culturales para la toma de decisiones; se aleja del marco constitucional, dado que, como se señaló, las preceptos citados limitan esas prerrogativas y las sujetan al respeto irrestricto de los principios generales de la Constitución Federal y los derechos humanos. Para justificar la preeminencia del respecto a los derechos y dignidad humana sobre los usos y costumbres, se cita, por las razones jurídicas que contiene, la tesis 1a. CCCLII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018747, que señala: "PERSONAS INDÍGENAS. CRITERIOS DE APLICABILIDAD DE LAS NORMAS DE DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio, serán inaplicables las normas de derecho consuetudinario indígena que atenten directamente contra los derechos humanos que pertenecen al dominio del ius cogens, como la tortura, la desaparición forzada, la esclavitud y la discriminación, así como las reglas que eliminen definitivamente las posibilidades de acceder a la justicia, sin que esto impida que se añada al contenido y alcance de estos derechos y al significado de estas conductas una interpretación culturalmente incluyente. En materia de igualdad y no discriminación, la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser una excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades indígenas, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, niños y niñas o personas con discapacidad, entre otros colectivos históricamente desaventajados. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la protección frente a la violencia contra las mujeres, como causa y consecuencia del derecho a la igualdad y a la no discriminación, donde las costumbres culturales no pueden justificar dichas prácticas, y respecto de las cuales la comunidad no podrá escudarse en el pluralismo jurídico para legitimarlas; sin embargo, parece razonable considerar que algunos derechos pueden limitarse legítimamente cuando su pleno ejercicio ponga en riesgo la existencia de la comunidad o la preservación de usos y costumbres que son esenciales para su sobrevivencia. Así, serían admisibles ciertas afectaciones a los derechos cuando su propósito fundamental sea preservar las particularidades culturales de la comunidad -incluida su visión del derecho y de los derechos- por ejemplo, a la propiedad colectiva, a las prácticas religiosas, o el uso de lenguaje tradicional, entre otros. En lo referente a la relación de las comunidades indígenas con otros miembros de la sociedad, respecto de los cuales se presenten conflictos, debe determinarse la legalidad de la afectación del derecho: si ésta tiene un objetivo legítimo en una sociedad multicultural y si la medida es necesaria en una sociedad democrática, lo que implica analizar si es adecuada para el fin que se busca y su proporcionalidad, sin desnaturalizar el derecho consuetudinario indígena, ni imponer limitaciones que impliquen el desconocimiento de la existencia de sociedades multiculturales, correspondiendo a la autoridad judicial que conozca del caso concreto decidir, en consideración de la calidad de indígenas o no de las personas involucradas y del sistema normativo debidamente documentado, de vigencia y observancia general dentro del pueblo al que se autoadscribe la persona indígena, la norma que resulte aplicable de acuerdo con los principios hermenéuticos contenidos en la Constitución y en estricto apego al régimen constitucional de protección, respeto y garantía de los derechos humanos." Por tanto, las consideraciones y fundamentos referidos hasta ahora permiten afirmar que la actuación de las autoridades responsables es apegada a derecho y no vulnera en perjuicio de la asamblea quejosa las prerrogativas que consagra el artículo 2 de la Constitución Federal ni lo que establece el Convenio 169 de la OIT, en su numeral 6°. Máxime que debe destacarse que el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, transcrito en párrafos que anteceden, señala que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. En relación con lo sostenido por la parte quejosa, relativo a la violación a su garantía de audiencia, debe señalarse que los actos reclamados, consistentes en la vinculación e incorporación para coadyuvar en la materialización del plan de reincorporación, derivan directamente de la medida cautelar decretada el dos de agosto de dos mil dieciséis por el juez de Control, consistente en la reincorporación de diversas personas a la comunidad de origen de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional -fojas 280 a 283 del tomo I, disco anexo-. En ese sentido, en relación con la naturaleza jurídica de las medidas cautelares o precautorias, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la tesis 1ª./J.28/2004, sostuvo que dichas medidas resultan necesarias para mantener una situación de hecho o de derecho existente y garantizar el resultado de una sentencia ejecutoria; además, el fin es asegurar oportunamente el ejercicio de un derecho subjetivo a efecto que, de inmediato, se pueda obtener la ejecución judicial del mismo. Además, en lo sustancial, las medidas cautelares son instrumentos a través de los cuales el juez conserva la materia de litigio, evitando un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del proceso, y pueden decretarse de oficio o a solicitud de la parte interesada, sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa. En concordancia con esa consideración, se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 196727, de rubro y texto: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.- Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Así, bajo la directriz establecida, en el sentido de que las medidas cautelares no constituyen actos privativos por lo que para su imposición no rige la garantía de previa audiencia, se estima que la autoridades responsables no vulneraron en perjuicio de la parte quejosa la mencionada garantía, pues, se insiste, la vinculación e incorporación para coadyuvar en la materialización del plan de reincorporación (acto reclamado esencialmente) deriva directamente de la medida cautelar decretada el dos de agosto de dos mil dieciséis por el juez de Control -fojas 280 a 283 del tomo I, disco anexo-, pues los actos reclamados se emitieron, precisamente, para estar en condiciones de cumplir con la reincorporación de diversas personas a su comunidad de origen (medida cautelar). Bajo ese tenor, las tesis aisladas que invoca el quejoso -fojas 12 y 13-, correspondientes a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubros: "AUDIENCIA, GARANTIA DE. PROTEGE CONTRA ACTOS DE CUALQUIER AUTORIDAD Y NO SOLO DE LAS JUDICIALES" (registro 233307) y "AUDIENCIA, GARANTIA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO" (registro 238542) no son aplicables al caso concreto, al menos para los fines que pretende pues, se insiste, los actos reclamados se circunscriben a la materialización del plan de reincorporación de la familia De la Cruz Méndez a su comunidad, en relación estrecha con la dignidad de la persona, sobre la cual no puede ubicarse la autonomía, libre determinación y decisión de los pueblos indígenas en atención a la garantía de audiencia. Además de lo anterior, es preciso referir que la parte quejosa afirma que las autoridades responsables debieron instrumentar un procedimiento idóneo para respetar la garantía de audiencia y consultar a la asamblea si estaba o no de acuerdo con la vinculación ahora reclamada; sin embargo, en la emisión de los actos reclamados, las autoridades responsables toman en consideración que la asamblea quejosa ya ha tenido un papel activo en la toma de decisiones para la ejecución del plan de reintegración; por ello, se consideró esencial su intervención para el cumplimiento de la medida cautelar, pues está obligada a realizar, dentro de sus facultades, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento; de tal forma que no puede oponer la garantía de audiencia ante la obligación que tienen todas las autoridades de reparar violaciones a los derechos humanos. En las condiciones apuntadas, se estiman infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, pues las determinaciones reclamadas a las autoridades responsables no son violatorias de los derechos de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca; en ese sentido, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Filogonio Méndez de la Cruz, por propio derecho, y en su carácter de representante de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, contra los actos reclamados al fiscal General del Estado de Oaxaca, consistente en la determinación de seis de febrero de dos mil diecinueve tomada en la carpeta de investigación 2593/FTUX/2014, y los actos reclamados a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, y agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, contra los actos consistentes en las determinaciones adoptadas el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente JI/01/2017, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho en el expediente 33/2016 y seis de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación 2593/FTUX/2014, respectivamente, por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, y agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro; por las razones y fundamentos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    PRAL.221/2019-5B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese el oficio de los integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinden informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Capítulo de pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable, la copia certificada del 1) acta de asamblea general de ciudadanos de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, 2) minuta de trabajo de veintiuno de abril de dos mil dieciocho y 3) acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente JDI/01/2017 (C.Ant.02/2018) del índice de la responsable. Constancias que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza y que serán ponderadas en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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