Flor Aurora González Moreno
Expediente 359/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Flor Aurora González Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, por medio del cual informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, quedando registrado el presente asunto con el número de amparo directo civil 677/2019, de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente cuaderno de antecedentes del juicio de amparo 359/2019-IV como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se determinó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que el acto reclamado por la quejosa, en su escrito de demanda de amparo consiste en el acuerdo dictado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en el juicio ejecutivo mercantil 539/2018 de su índice, en el que desechó de plano el recurso de revocación que la demandada Flor Aurora González Moreno (aquí quejosa) interpuso en contra de la resolución de treinta de agosto del año en cita, relativa a la caducidad de la instancia de dicho controvertido (fojas 2 y 3). Al respecto, se debe destacar que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, son aquellas que deben acatar los órganos de control constitucional, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a ese juicio, para integrar exactamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional y revisten el carácter de oficiosas. Asimismo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente que debe analizarse por los órganos jurisdiccionales, en todas las etapas del procedimiento de amparo, pues estimar lo contrario, equivaldría a prorrogar indebidamente la competencia de un órgano jurisdiccional que no lo es, lo que propiciaría la inobservancia de las normas que rigen el juicio de amparo, lo que contravendría lo que establece el artículo 17 Constitucional. Ahora, la procedencia del juicio de amparo directo, se encuentra regulada en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo, y el diverso 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales por su orden, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.- - - En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales; y, (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones dictadas por administrativa, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal; (.)" Resumiendo los dispositivos legales transcritos, se puede deducir que el juicio de amparo directo procede en contra de: a) Sentencias definitivas; y b) Resoluciones que pongan fin al juicio. Las primeras deciden el juicio en lo principal, las segundas, son resoluciones que sin decidir la contienda la dan por concluida. Para un mejor entendimiento es necesario citar los antecedentes destacados del acto reclamado, que son: 1.- Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciocho, en la oficialía de parte de los Juzgados del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, Benjamín González Rangel (aquí tercero interesado) promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de Flor Aurora González Moreno (quejosa), en cobro de diversas prestaciones (fojas 2 a 4). 2.- De dicha demanda conoció el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, mismo que por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la admitió a trámite, radicándolo con el número de juicio ejecutivo mercantil 539/2018 de su índice, emitiendo auto de mandamiento en forma, en contra de la demandada en cita (fojas 6 a 8). 3.- Dicho auto de exeqüendo se ejecutó el tres de junio de dos mil diecinueve (foja 23). 4.- Al respecto, la demandada Flor Aurora González Moreno, con escrito que presentó en el Juzgado Primero Civil referido, el once de junio de dos mil diecinueve, dio contestación a la demanda, oponiendo excepciones y defensas; planteando además la caducidad de la instancia (fojas 28 a 41). 5.- Caducidad de la instancia que el juzgador de origen en comento, admitió a trámite en vía incidental en términos del artículo 1353 del Código de Comercio; en auto de doce de junio de dos mil diecinueve (foja 42); y en resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve la declaró procedente, determinando la inexistencia jurídica de lo actuado en ese sumario mercantil de origen (fojas 73 a 78). 6.- Por ocurso presentado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el abogado de la demandada Flor Aurora González Moreno (quejosa), interpuso recurso de revocación en contra de la resolución referida en el párrafo que antecede (fojas 210 a 214), mismo que en acuerdo de seis de septiembre del año en cita, se desechó (foja 209 reverso). (las fojas citadas en los antecedentes del acto reclamado, pertenecen al anexo uno de pruebas) De los antecedentes del caso se pone en evidencia que este Juzgado de Distrito carece de competencia para resolver del presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, que desechó el recurso de revocación que la demandada Flor Aurora González Moreno (aquí quejosa) en contra de la resolución de treinta de agosto del año en cita, que declaró la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil 539/2018 de su índice, declarándola extinguida y la inexistencia jurídica de la demanda y embargo en dicho sumario. En tal virtud, este juzgado de Distrito considera que en el caso se surte la procedencia del juicio de amparo en la vía directa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y el diverso 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el acto que se tilda de inconstitucional, tiene la naturaleza de una resolución que puso fin al juicio. En efecto, el acto que se reclama en este sumario, pone fin al juicio, ya que se trata de una resolución que sin decidir la controversia en lo principal la da por concluida, pues si bien no resuelve el fondo del asunto, declara la caducidad de la instancia e inexistentes las actuaciones realizadas en dicho sumario mercantil, como es la demanda y embargo, lo que revela un signo inequívoco de terminación del juicio, en la medida que impide su prosecución o continuación. Consecuentemente, si en la especie el acto reclamado es el acuerdo dictado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, desechó el recurso de revocación; y como consecuencia de ello, quedó firme la resolución que decretó la caducidad de la instancia en el juicio natural, es evidente que se trata de un auto que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, respecto del cual es procedente el amparo directo de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 180958; visible en la página: 21, del Tomo XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y contenido siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Así como la jurisprudencia 1a./J. 97/2008,emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 168339, localizable en la página: 50, del Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguiente: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra." Y la diversa 2a./J. 107/2012 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro: 2002031, localizable en la página: 1758, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de voz y contenido siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el citado recurso constituye un medio de defensa de procedencia excepcional; de ahí que si el Tribunal Superior Agrario decide que es improcedente el recurso de revisión interpuesto contra una sentencia del Tribunal Unitario Agrario, por no encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 198 de la Ley Agraria, resulta procedente el juicio de amparo directo seguido contra tal resolución, en tanto que la citada determinación cumple con los requisitos de definitividad a que se refieren los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, entendiéndose por sentencia definitiva la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que pone fin al juicio la que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún medio de defensa ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; de manera que como la resolución de desechamiento del recurso de revisión en materia agraria constituye una resolución definitiva que da por concluido el juicio, se ajusta a los lineamientos del artículo 158 de la Ley de Amparo que prevé la procedencia de ese juicio constitucional en la vía directa contra actos que ponen fin al juicio y que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido." Así como la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 2008791, localizable en la página: 95, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de voz y contenido siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Asimismo, se cita como orientación al respecto, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 139/2002, proveniente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 185437; visible en la página 236, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Al caso se cita como hecho notorio la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, al resolver el amparo en revisión civil número 126/2018, visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), cuyo criterio se considera aplicable al presente asunto. Fundamenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 2017123, visible en la página: 10, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y contenido siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, al reclamarse una resolución de primera instancia que pone fin al juicio, competencia del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con residencia en San Luis Potosí, capital. No pasa inadvertido que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no ha sido objeto de reformas y que siga estableciendo la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo, en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. Sin embargo, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, deriva del 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Carta Magna, de similar contenido y, este último debe prevalecer sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia del Pleno del Trigésimo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis PC.XXX. J/8 K (10a.), visible en la página 3222, que dice: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO". Así como la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tesis II.2o.C.4 K (10a.), visible en la página 3222, que dice: "SENTENCIA DEFINITIVA EN LA NUEVA LEY DE AMPARO. PARA DETERMINAR LA VÍA DE SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO Y LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ÉSTA, ES INNECESARIO ANALIZAR SI SE AGOTÓ O NO EL RECURSO PROCEDENTE, PUES LA LEGISLACIÓN VIGENTE SÓLO LO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. De conformidad con la legislación de amparo abrogada, se entendía por sentencia definitiva "... las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.-También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. ..." y por resolución que pone fin al juicio "... aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.". Como se ve, la recurribilidad del acto cuando la ley preveía recurso al respecto, era un elemento que formaba parte de estos conceptos, por lo que constituía un requisito a tomarse en consideración para definir la competencia para conocer de la demanda de amparo directo y en términos del artículo 158 de la propia ley abrogada contra tales actos se surtía la competencia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito. En la actualidad, de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente, se entiende por sentencias definitivas las que "... decidan el juicio en lo principal ..." y por resolución que pone fin al juicio "... las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido ...", sin que en esta nueva norma se exija como elemento, que se interponga el recurso correspondiente pues ya no lo prevé así, el cual únicamente impacta a la procedencia del juicio, en términos del propio artículo 170, fracción I, párrafo segundo. En consecuencia, ante esta nueva concepción tanto de sentencia definitiva como de resolución que pone fin al juicio, la competencia para conocer de éstas cuando no han sido impugnadas mediante el recurso procedente, se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito y no de un Juez de Distrito". Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo vigente, se ordena: I. Remitir el original del presente sumario Constitucional al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. II. Dejar insubsistente la audiencia constitucional programada para celebrarse a las diez horas con diez minutos, del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. III. Formar, el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y parte tercero interesada. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que las autoridades responsables no rindieron su informe justificado dentro del término previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, con ocho días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, para el efecto de que se diera vista a las partes con su contenido. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 151, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO: En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Notifíquese.
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