Flavio Avila Guillen

Expediente 293/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
293/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Flavio Avila Guillen

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de seis de octubre de dos mil veinte por el que se desechó la demanda de amparo, promovida por José Gerardo Ortega, apoderado legal de Flavio Ávila Guillén, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. ..

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veinte. Desahogo de Prevención. Téngase por recibido el escrito y anexo de cuenta, signado por ***, apoderado legal de ***, por el cual, cumplen con el requerimiento formulado por este juzgado federal mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, y al respecto, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el acto que reclama consiste en: "(.) los autos de fecha 09 nueve de julio y 17 diecisiete de marzo de la presente anualidad, notificados el 17 diecisiete de julio del 2020 Dos mil veinte, por la Ministra Ejecutora Adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado (.)". Asimismo, acompaña las copias por las que fue requerido. Desechamiento de la demanda. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Acorde a lo anterior, en el caso se reúnen los requisitos establecidos en el numeral 113 de la ley en comento, por advertirse de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, numerales que en lo atinente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, conforme a tales ordinales, el plazo para la interposición del juicio de amparo, es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Consecuentemente, la demanda de amparo que sea presentada fuera del plazo de quince días, será extemporánea. Caso concreto. Ahora bien; en el caso a estudio, el promovente reclama: Los acuerdos de nueve de julio y diecisiete de marzo, ambos del año en curso, dictados dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 33/2010 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas. Actos respecto de los cuales, el promovente refiere bajo protesta de decir verdad que le fueron notificados el diecisiete de julio de dos mil veinte, por la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, es inconcuso que su presentación se realizó fuera del plazo legal de quince días, con que contaba para ello. Al respecto es importante destacar que lo dispuesto en los numerales 1, fracción III y 2 fracciones VI, VII y IX, del Acuerdo General 13/2020, y artículo 1 de los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal: Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: [.] III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea. Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo. [.] Para efectos del presente acuerdo, la "firma electrónica" comprende a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Artículo 2. Habilitaciones y casos en que se reanudan los plazos. Durante la vigencia del presente Acuerdo, se habilitan los días y horas que resulten necesarios para que: [.] VI. Las personas justiciables promuevan, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales de todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020 y mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes FIEL). Lo anterior dará lugar a la integración de los expedientes electrónicos regulados por dicho instrumento normativo, sin perjuicio de que la inclusión de las constancias respectivas en los expedientes físicos se realice una vez que se normalicen las actividades en el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Las Oficinas de Correspondencia Común realicen el turno de los asuntos nuevos recibidos a través del Portal de Servicios en Línea. [.] IX. Las y los titulares radiquen los asuntos nuevos recibidos por medios electrónicos y los órganos jurisdiccionales prosigan su trámite únicamente por vía electrónica, utilizando, en todo caso, videoconferencias para el desahogo de las diligencias que requieran presencia de las partes, cuando se puedan salvaguardar los derechos de las partes y los principios que rijan el procedimiento respectivo, a reserva de lo previsto en este Acuerdo para la materia penal. Lo anterior implica que el personal de los órganos jurisdiccionales privilegie el uso de herramientas tecnológicas, como SharePoint y el correo electrónico institucional para el envío de documentos, incluyendo la circulación de proyectos de resolución o sentencia en tribunales colegiados de Circuito." Acuerdo General 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 15 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados (.)" Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados (.)" Aunado a lo anterior, resulta conveniente imponerse del comunicado de prensa 28/2020, de quince de julio de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, titulado "TU FIREL AL ALCANCE DE UN DISPOSITIVO MÓVIL: EL PJF FORTALECE EL JUICIO EN LÍNEA CON APP PARA TRAMITAR LA FIRMA ELECTRÓNICA"; del cual se desprende, en lo medular, que a partir de dicha fecha estuvo disponible para todas personas con acceso a un dispositivo móvil, una aplicación informática para tramitar "en línea" la Firma Electrónica Certificada (FIREL), cuya finalidad fue la de ampliar el acceso a la justicia. De lo anterior, se sigue que, en el lapso comprendido, del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, la parte quejosa estuvo en aptitud de promover a través del esquema denominado "juicio en línea" la presente demanda, toda vez que el único requisito para ello consistía en contar con equipo de cómputo y con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). De igual forma, y en el supuesto de que la parte quejosa no contase con las citadas firmas, a partir del día quince de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura Federal habilitó una aplicación informática para que todas personas que tuvieran acceso a un dispositivo móvil pudieran obtener la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y con ello se encontrasen en aptitud de promover los juicios de amparo que así considerasen necesarios a sus intereses. Esto es; que, a partir del quince de julio de esta anualidad, tratándose de actos de toda naturaleza que fuesen competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se apertura la posibilidad de impugnarlos de manera electrónica -bajo el esquema denominado "juicio en línea"-, a través de la interposición del juicio biinstancial, en tanto que se habilitaron los días y horas que resultaran necesarios para tal efecto. Por tanto, para efectos del cómputo del término legal correspondiente, debe entenderse que el aquí quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el día diecisiete de julio del año en curso; y, el plazo para presentar la demanda de amparo que se intenta, empezó a correr al día hábil siguiente de que surtió efectos aquel, esto es, el veinte de julio de dos mil veinte. En ese sentido, con descuento de los días veinticinco y veintiséis de julio de la presente anualidad, uno , dos, ocho y nueve de agosto del año en curso, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, se advierte que el lapso de quince días antes referido transcurrió del veintiuno de julio al diez de agosto de dos mil veinte. Por tanto, si la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa, se presentó hasta el veinticinco de septiembre de la presente anualidad, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles con que contaba la parte quejosa de conformidad con el artículo 17 de la ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, sin que así lo hubiera hecho, de ahí que su promoción es extemporánea. Máxime, considerando que del escrito de demandada, no se aprecia que la parte quejosa hubiere tenido algún obstáculo, en el momento oportuno, para presentar la demandada de amparo que intenta, toda vez que las barreras tecnológicas que lo pudiesen impedir, como sería el no contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), desapareció a partir de la fecha en que estuvo disponible la aplicación informática por medio de la cual cualquier persona con acceso a un dispositivo móvil, estuvo en aptitud de obtener dicha firma y así promover el juicio de amparo. En esas condiciones, como el acto reclamado se considera tácitamente consentido -al no haber sido impugnado dentro del término legal de quince días que para tal efecto prevé la Ley de Amparo-, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior, máxime que el acto de referencia no se ubica en ninguno de los casos de excepción del citado artículo 17, fracción IV, de la Ley de amparo, pues en el caso no se reclama la aplicación de una norma general, no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal, no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios, tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). De ahí que se insiste, lo procedente en el caso es desechar de plano, la demanda de amparo intentada; ello, además, porque la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto combatido y con los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho a la prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tiene por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, expresadas en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo, la que se estima que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A lo anterior, resulta aplicable la tesis por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1992, página 364, con número de registro 219095, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a H***, toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciado en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." De igual manera, se toma nota que dicha parte señala como correo electrónico enlasesjuridicosortegahdzyasoc @gmail.com, el que podrá ser tomado en consideración, de estimarse pertinente, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veinte. Desahogo de Prevención. Téngase por recibido el escrito y anexo de cuenta, signado por ***, apoderado legal de ***, por el cual, cumplen con el requerimiento formulado por este juzgado federal mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, y al respecto, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el acto que reclama consiste en: "(.) los autos de fecha 09 nueve de julio y 17 diecisiete de marzo de la presente anualidad, notificados el 17 diecisiete de julio del 2020 Dos mil veinte, por la Ministra Ejecutora Adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado (.)". Asimismo, acompaña las copias por las que fue requerido. Desechamiento de la demanda. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Acorde a lo anterior, en el caso se reúnen los requisitos establecidos en el numeral 113 de la ley en comento, por advertirse de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, numerales que en lo atinente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, conforme a tales ordinales, el plazo para la interposición del juicio de amparo, es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Consecuentemente, la demanda de amparo que sea presentada fuera del plazo de quince días, será extemporánea. Caso concreto. Ahora bien; en el caso a estudio, el promovente reclama: Los acuerdos de nueve de julio y diecisiete de marzo, ambos del año en curso, dictados dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 33/2010 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas. Actos respecto de los cuales, el promovente refiere bajo protesta de decir verdad que le fueron notificados el diecisiete de julio de dos mil veinte, por la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, es inconcuso que su presentación se realizó fuera del plazo legal de quince días, con que contaba para ello. Al respecto es importante destacar que lo dispuesto en los numerales 1, fracción III y 2 fracciones VI, VII y IX, del Acuerdo General 13/2020, y artículo 1 de los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal: Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: [.] III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea. Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo. [.] Para efectos del presente acuerdo, la "firma electrónica" comprende a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Artículo 2. Habilitaciones y casos en que se reanudan los plazos. Durante la vigencia del presente Acuerdo, se habilitan los días y horas que resulten necesarios para que: [.] VI. Las personas justiciables promuevan, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales de todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020 y mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes FIEL). Lo anterior dará lugar a la integración de los expedientes electrónicos regulados por dicho instrumento normativo, sin perjuicio de que la inclusión de las constancias respectivas en los expedientes físicos se realice una vez que se normalicen las actividades en el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Las Oficinas de Correspondencia Común realicen el turno de los asuntos nuevos recibidos a través del Portal de Servicios en Línea. [.] IX. Las y los titulares radiquen los asuntos nuevos recibidos por medios electrónicos y los órganos jurisdiccionales prosigan su trámite únicamente por vía electrónica, utilizando, en todo caso, videoconferencias para el desahogo de las diligencias que requieran presencia de las partes, cuando se puedan salvaguardar los derechos de las partes y los principios que rijan el procedimiento respectivo, a reserva de lo previsto en este Acuerdo para la materia penal. Lo anterior implica que el personal de los órganos jurisdiccionales privilegie el uso de herramientas tecnológicas, como SharePoint y el correo electrónico institucional para el envío de documentos, incluyendo la circulación de proyectos de resolución o sentencia en tribunales colegiados de Circuito." Acuerdo General 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 15 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados (.)" Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados (.)" Aunado a lo anterior, resulta conveniente imponerse del comunicado de prensa 28/2020, de quince de julio de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, titulado "TU FIREL AL ALCANCE DE UN DISPOSITIVO MÓVIL: EL PJF FORTALECE EL JUICIO EN LÍNEA CON APP PARA TRAMITAR LA FIRMA ELECTRÓNICA"; del cual se desprende, en lo medular, que a partir de dicha fecha estuvo disponible para todas personas con acceso a un dispositivo móvil, una aplicación informática para tramitar "en línea" la Firma Electrónica Certificada (FIREL), cuya finalidad fue la de ampliar el acceso a la justicia. De lo anterior, se sigue que, en el lapso comprendido, del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, la parte quejosa estuvo en aptitud de promover a través del esquema denominado "juicio en línea" la presente demanda, toda vez que el único requisito para ello consistía en contar con equipo de cómputo y con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). De igual forma, y en el supuesto de que la parte quejosa no contase con las citadas firmas, a partir del día quince de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura Federal habilitó una aplicación informática para que todas personas que tuvieran acceso a un dispositivo móvil pudieran obtener la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y con ello se encontrasen en aptitud de promover los juicios de amparo que así considerasen necesarios a sus intereses. Esto es; que, a partir del quince de julio de esta anualidad, tratándose de actos de toda naturaleza que fuesen competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se apertura la posibilidad de impugnarlos de manera electrónica -bajo el esquema denominado "juicio en línea"-, a través de la interposición del juicio biinstancial, en tanto que se habilitaron los días y horas que resultaran necesarios para tal efecto. Por tanto, para efectos del cómputo del término legal correspondiente, debe entenderse que el aquí quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el día diecisiete de julio del año en curso; y, el plazo para presentar la demanda de amparo que se intenta, empezó a correr al día hábil siguiente de que surtió efectos aquel, esto es, el veinte de julio de dos mil veinte. En ese sentido, con descuento de los días veinticinco y veintiséis de julio de la presente anualidad, uno , dos, ocho y nueve de agosto del año en curso, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, se advierte que el lapso de quince días antes referido transcurrió del veintiuno de julio al diez de agosto de dos mil veinte. Por tanto, si la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa, se presentó hasta el veinticinco de septiembre de la presente anualidad, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles con que contaba la parte quejosa de conformidad con el artículo 17 de la ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, sin que así lo hubiera hecho, de ahí que su promoción es extemporánea. Máxime, considerando que del escrito de demandada, no se aprecia que la parte quejosa hubiere tenido algún obstáculo, en el momento oportuno, para presentar la demandada de amparo que intenta, toda vez que las barreras tecnológicas que lo pudiesen impedir, como sería el no contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), desapareció a partir de la fecha en que estuvo disponible la aplicación informática por medio de la cual cualquier persona con acceso a un dispositivo móvil, estuvo en aptitud de obtener dicha firma y así promover el juicio de amparo. En esas condiciones, como el acto reclamado se considera tácitamente consentido -al no haber sido impugnado dentro del término legal de quince días que para tal efecto prevé la Ley de Amparo-, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior, máxime que el acto de referencia no se ubica en ninguno de los casos de excepción del citado artículo 17, fracción IV, de la Ley de amparo, pues en el caso no se reclama la aplicación de una norma general, no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal, no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios, tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). De ahí que se insiste, lo procedente en el caso es desechar de plano, la demanda de amparo intentada; ello, además, porque la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto combatido y con los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho a la prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tiene por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, expresadas en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo, la que se estima que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A lo anterior, resulta aplicable la tesis por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1992, página 364, con número de registro 219095, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a H***, toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciado en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." De igual manera, se toma nota que dicha parte señala como correo electrónico enlasesjuridicosortegahdzyasoc @gmail.com, el que podrá ser tomado en consideración, de estimarse pertinente, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Demanda de Amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Gerardo Ortega, apoderado legal de **** Prevención. Ahora bien, previo a proveer lo conducente, resulta importante destacar lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." En ese sentido, una vez analizado el escrito de demanda, se advierte que en el caso se actualizan los supuestos previstos por el artículo 114, fracciones I, IV y V, del ordenamiento legal antes invocado, en tanto que se advierte que: El promovente *** en su carácter de apoderado legal de Flavio Ávila Guillén, señala en el capítulo como acto reclamado, la notificación de diecisiete de julio de dos mil veinte, llevaba a cabo por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas; sin embargo, en los hechos de su demanda y punto tercero de sus peticiones hace referencia a la resolución relativa al incidente de prescripción de ejecución de sentencia definitiva dictada dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 33/2010 del índice del citado órgano jurisdiccional y solicita se dicte una nueva en su lugar. Exhibe únicamente cuatro copias simples de su escrito de demanda, sin embargo, son necesarias, dos para las autoridades responsables; una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, una para el tercero interesado y dos para el incidente de suspensión, lo que hace un total de seis copias. En tales condiciones, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, bajo protesta de decir verdad: Señale con precisión cuál es el acto que tilda de inconstitucional, esto es, si se trata de la notificación respecto de los autos de nueve de julio y diecisiete de marzo del presente año, realizada el diecisiete de julio de dos mil veinte, por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas, o bien la resolución relativa al incidente de prescripción de ejecución de sentencia definitiva dictada dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 33/2010 del índice del referido órgano jurisdiccional, y en caso de señalar esta última, precise tanto la fecha de dicha determinación, como aquélla en que tuvo conocimiento de la misma. Asimismo, exhiba dos copia del escrito de demanda y seis del ocurso aclaratorio, a efecto de formar por duplicado el incidente de suspensión. ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano