Flor Adriana Real Cruz
Expediente 90/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Flor Adriana Real Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El uno de marzo de dos mil diecisiete, la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Sí existen constancias que devolver a las autoridades señaladas como responsables. De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; asimismo, ninguna de las partes exhibió billete de depósito. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede y con el oficio y anexos registrado con el folio 2835. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado, el veintitrés de febrero pasado, en el amparo en revisión penal 166/2016, los autos del juicio de amparo indirecto 90/2016-1, original y copia certificada de la causa penal 431/2015, original del toca A.P.O. y seis DVD. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, mediante la ejecutoria de mérito la Superioridad confirmó la resolución dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de las labores de este juzgado, en la que se negó el amparo y protección solicitados, por lo que al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entró en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; sin embargo, en atención a que en dicho cuaderno se concedió la suspensión definitiva a la promovente del amparo, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que amerite ser devuelto. Comuníquese el presente auto al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa. Finalmente, devuélvase a las autoridades responsables las constancias que remitieron en apoyo al informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
En veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez, con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito registrado con el número 9923, con copias y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el licenciado Arturo Rodríguez Hernández, en su carácter de autorizado por la quejosa, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en veintinueve de abril del año en curso, y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo en vigor; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio de garantías y dentro del término legal remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo, así como la copia certificada de la causa penal 431/2015 y dos discos digitales que contienen el audio y video de las audiencias orales concernientes a la dicha causa penal, así como el original del toca A.P.O. 119/2015, causa penal 431/2015 y cuatro discos compactos en formato DVD, que adjuntaron a sus informes justificados las autoridades responsables Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento y Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa, personalmente a la tercero interesada Emilia Margarita Jáquez Salazar y a las autoridades responsables y diversa tercera interesada por oficio. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. OLIVIA
- Principal
En diez de mayo de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito, con un oficio con registro 9113, con anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que acompaña el juicio de amparo 90/2016, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como cuaderno de antecedentes 133/2016-III, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, que negó a la quejosa Flor Adriana Real Cruz, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Asimismo, ténganse por recibidos tres legajos de pruebas, un sobre amarillo que contiene cuatro discos compactos y un disco compacto relativo a la sentencia aludida. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente a la parte quejosa, y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO IDPSUETO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: En diez de mayo de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito, con un oficio con registro 9113, con anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que acompaña el juicio de amparo 90/2016, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como cuaderno de antecedentes 133/2016-III, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, que negó a la quejosa Flor Adriana Real Cruz, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Asimismo, ténganse por recibidos tres legajos de pruebas, un sobre amarillo que contiene cuatro discos compactos y un disco compacto relativo a la sentencia aludida. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente a la parte quejosa, y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. SENTENCIA DE 29 DE ABRIL DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 90/2016, promovido por Flor Adriana Real Cruz contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y de otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas, Flor Adriana Real Cruz solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La Secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciséis lo radicó bajo el expediente 90/2016 de su índice; lo admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; tuvo como tercero interesada a Emilia Margarita Jáquez Salazar; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación y señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Juez Primera de Distrito en el Estado Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 90/2016 de su control a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito Auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 133/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda, en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: De la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas se reclama: La resolución de quince de diciembre de dos mil quince pronunciada en el toca 119/2015, que confirmó el auto de vinculación a proceso de doce de noviembre de dos mil quince dictado en la causa penal 431/2015, seguida contra Flor Adriana Real Cruz por su probable participación en los hechos que la ley califica como el delito de daño en las cosas, en perjuicio de Emilia Margarita Jáquez Salazar. Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Primer Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en Zacatecas, se impugna: La ejecución del fallo antes descrito. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Primer Distrito Judicial de Zacatecas, sito en Zacatecas, toda vez que al rendir sus respectivos informes con justificación -visible el primero de ellos en la foja 35 y el segundo en la foja 18 del expediente en que se actúa- admitieron la existencia de los actos que se les atribuyen; certeza que se corrobora con las constancias que las autoridades responsables allegaron a este asunto relativas al toca 119/2015 y a la causa penal 431/2015; actuaciones que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque se trata de documentos públicos emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), con el rubro y contenido que a continuación se citan: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. En virtud de que las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las hipótesis de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y uno, página sesenta, que reza: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa asevera que la autoridad responsable al emitir la resolución de quince de diciembre de dos mil quince violó en su perjuicio los artículos 1, 14, 17, 18, 19 y 20 Constitucionales, 1, 356, 357, 358 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 349 y 320, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Zacatecas, en virtud de que confirmó el auto de vinculación a proceso en el que se analizaron datos de prueba que acontecieron de manera posterior a la supuesta comisión del evento, tales como el ateste del hijo de la ofendida y el informe de los policías que llevaron a cabo la inspección del vehículo. La solicitante de la protección constitucional afirma que no existieron testigos ni periciales en mecánica para analizar la dirección del rayado de la unidad automotriz y que se verificara si efectivamente lo realizó la quejosa, ya que únicamente se contaba con la denuncia, la que no estaba apoyada ni corroborada con algún dato de prueba fehaciente que demostrara que el hecho sucedió en el lugar señalado por la víctima, por lo que en su opinión no se colman las hipótesis establecidas por el ordinal 19 de la Carta Magna. La justiciable asevera que el lugar donde la ofendida dice se cometió el delito es muy transitado y fluido de personas, sin que el representante social realizara una investigación con testigos que corroborara el dicho de la denunciante, por lo que -afirma- la sola denuncia era insuficiente al no estar apoyada por otros datos de prueba. Es ineficaz el concepto de violación previamente sintetizado. Para estar en posibilidad de demostrar lo anterior resulta oportuno atender al pronunciamiento que la Sala responsable hizo al dictar la resolución de quince de diciembre de dos mil quince en lo que atañe a la valoración que hizo de los datos de prueba para confirmar el auto de vinculación a proceso. Al efecto, la Sala responsable sostuvo que era apegada a derecho la valoración que el Juez de Control llevó a cabo respecto a los datos de prueba que fueron aportados en la especie, ya que afirmó que era de explorado derecho que para el dictado de un auto de vinculación a proceso existía un estándar probatorio jurídicamente disminuido, cuya finalidad era que el representante social continuara con una investigación formalizada y el imputado pudiera reunir todos los datos de prueba que considerara oportunos para demostrar su inocencia. Por ello, la autoridad responsable concluyó que dada la naturaleza que ese estándar probatorio exigía en la etapa procesal en la que se encontraban coincidía con el pronunciamiento del A quo en el sentido de que los datos de prueba expuestos por el órgano persecutor del delito fueron bastos para considerar que existió un hecho que la ley define como delito de daños en las cosas y que constaba la probabilidad de que la imputada Flor Adriana Real Cruz lo había cometido. Cabe destacar que los datos de prueba que valoró el Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso fueron los siguientes: Denuncia de diecinueve de marzo de dos mil quince, formulada por Emilia Margarita Jáquez Salazar, a la que adjuntó una factura a su nombre de la unidad automotriz involucrada en el evento; Entrevista con Alejandro Israel García Jáquez; Informe que remitió el Jefe de Recaudación de Finanzas; Informe de investigación de veintiuno de abril de dos mil quince, emitido por el Comandante Rogelio Castro Salas y por el Agente de Policía Ministerial Jose Luis Rodríguez Jiménez; Inspección del lugar de los hechos realizada el veintidós de abril de dos mil quince; Inspección del vehículo de motor de trece de abril de dos mil quince, practicada por el Agente de la Policía Ministerial José Luis Rodríguez Jiménez; Dictamen de valuación de dieciocho de agosto de dos mil quince, elaborado por Pedro Azuara Hernández; y Declaración de la imputada Flor Adriana Real Cruz. El Juez de Control valoró los referidos datos de prueba en términos de los ordinales 261, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con los que afirmó que se acreditaba el delito de daño en las cosas, previsto y sancionado por los artículos 6, fracción I, 7, fracción I, y 349, en relación con el ordinal 320, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Zacatecas, que establecen lo siguiente: "6.- Los delitos pueden ser: I.- Intencionales; 7.- El delito es: I.- Instantáneo, cuando la consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos; 320.- El delito de robo se sancionará conforme a las reglas siguientes: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de cien cuotas se impondrá al responsable de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas; 349.- Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicarán las sanciones del robo simple y se perseguirá a petición de parte. Se exceptúa de la presente disposición, el daño causado a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas, en cuyo caso se aplicarán las sanciones establecidas en el Título Vigésimo Segundo del Libro Segundo de este Código." En efecto, el Juez de Control consideró que los elementos del delito de daño en las cosas eran los siguientes: La existencia de un daño, destrucción o deterioro de una cosa cuya cuantía no excediera de cien cuotas; Que ese daño a la cosa ajena o propia se hiciera en perjuicio de un tercero; y Que para ello se valiera de cualquier medio. El A quo refirió que con los datos de prueba exhibidos quedaban acreditados esos elementos del delito, pues con ellos se demostraba que el dieciocho de marzo de dos mil quince aproximadamente a las dieciocho horas con quince minutos, sobre la avenida México a la altura de Farmacias Similares en la colonia Tres Cruces en Zacatecas, Zacatecas, se dañó un vehículo de motor marca Volkswagen, tipo sedán, línea Jetta clásico, modelo dos mil quince, marrón metálico, con placas de circulación ZDA486M de Zacatecas. El Juez del conocimiento sostuvo que con la denuncia y con la factura del vehículo exhibida se demostraba que éste era propiedad de la ofendida; que de la entrevista llevada a cabo con Alejandro Israel García Jáquez -hijo de la ofendida-, así como del dictamen de valuación e inspección se probaba el daño causado al vehículo propiedad de la agraviada y con el dictamen de valuación se acreditaba el monto del daño -que ascendió a cinco mil cuatrocientos pesos-, cantidad que no excedió de las cien cuotas de salario mínimo; asimismo, el Juez de la causa señaló que con la denuncia o querella se comprobaba que el daño se produjo en cosa ajena. Finalmente, el Juez consideró que con esos datos de prueba también quedaba demostraba la posibilidad de que la indiciada había participado en la ejecución del delito. Una vez preciado lo anterior resulta oportuno precisar los términos en que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales conciben los datos de prueba exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso. Al respecto, el artículo 19 Constitucional establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 313 -parte conducente- dispone que al solicitar la vinculación a proceso el Ministerio Público deberá exponer en la audiencia relativa los datos de prueba con los que considere que se estableció un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su perpetración. Por su parte, el precepto 316 del mencionado ordenamiento legal prevé que el Juez de Control, a petición del Agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del encausado a proceso, siempre que se haya formulado la imputación, se haya otorgado al inculpado la oportunidad para declarar, que de los antecedentes de la investigación expuestos se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Asimismo, se prevé que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo y que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por otro lado, el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Ahora, de lo expuesto con antelación es factible colegir que para el dictado de un auto de vinculación únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la posibilidad en la participación del activo, esto es, la probabilidad del hecho, no de su responsabilidad, en tanto que el mencionado auto en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio, como ocurrió en la especie. Es decir, en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos del precepto 19 Constitucional sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y a la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su perpetracion. Sirve de sustento a lo aseverado, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, febrero de dos mil doce, Tomo 3, página mil novecientos cuarenta y dos, que reza: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Bajo ese tenor es factible sostener que para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo perpetró o participó en su comisión, lo cual en su caso deberá ser analizado por el Tribunal de apelación, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y los que se desahoguen en ella. Al respecto resulta ilustrativa la tesis XVII.1o.P.A. J/10 (10a.) que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Sobre la base de lo anterior es posible afirmar que fue apegada a derecho la calificativa que la Sala responsable hizo respecto a la valoración llevada a cabo por el Juez de Control de los datos de prueba para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues efectivamente la denuncia de la ofendida, la entrevista con Alejandro Israel García Jáquez, el informe del Jefe de Recaudación de Finanzas, el informe de investigación del Comandante Rogelio Castro Salas y el Agente de Policía Ministerial Jose Luis Rodríguez Jiménez, la inspección del lugar de los hechos, la inspección del vehículo automotor, el dictamen de valuación y la declaración de la quejosa son datos de prueba que hasta ese momento procesal son una referencia del contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional y que son aptos para demostrar que en la especie obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existen indicios razonables que así permiten suponerlo. Es decir, el actuar de la Sala responsable al emitir la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso es acorde con lo previsto por los artículos 19 Constitucional y 261, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que los datos de prueba valorados por el Juez de Control constituyen únicamente datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetracion, esto es, que son aptos para probar que existen indicios razonables que así permiten suponerlo. Bajo ese contexto, devienen ineficaces los argumentos hechos valer por la solicitante de la protección constitucional inherentes a que en la especie sólo se analizaron datos de prueba que acontecieron de manera posterior a la supuesta comisión del evento, tales como el ateste del hijo de la ofendida y el informe que los policías que llevaron a cabo la inspección del vehículo, ya que opuesto a su dicho, con esos datos se constató de manera indiciaria y no fehaciente que el dieciocho de marzo de dos mil quince aproximadamente a las dieciocho horas con quince minutos, sobre la avenida México a la altura de Farmacias Similares en la colonia Tres Cruces en Zacatecas, Zacatecas, se dañó un vehículo de motor marca Volkswagen, tipo sedán, línea Jetta clásico, modelo dos mil quince, marrón metálico, con placas de circulación ZDA486M de Zacatecas, propiedad de la ofendida y que el monto de ese daño no excedía la cuantía de cien salarios mínimos. Esto es, no obstante lo aseverado por la solicitante de la protección constitucional en el sentido de que no existieron testigos presenciales ni periciales en mecánica para analizar fehacientemente la dirección del rayado de la unidad automotriz y verificar si efectivamente lo realizó la quejosa, lo cierto es que los datos valorados por la autoridad responsable hasta este momento procesal -dictado del auto de vinculación a proceso- son suficientes para demostrar de manera indiciaria que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetracion. Lo precedente se estima así, ya que como se dijo en líneas precedentes, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales los datos de prueba son las referencias al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, pero que se considera idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. De ahí que opuesto a lo aseverado por la justiciable con el actuar de las autoridades responsables no se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 17, 18, 19 y 20 Constitucionales, 1, 356, 357, 358 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 349 y 320, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Zacatecas. Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Flor Adriana Real Cruz contra el acto reclamado consistente en la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, pronunciada en el toca 119/2015, que confirmó el auto de vinculación a proceso de doce de noviembre de dos mil quince dictado en la causa penal 431/2015, seguida contra Flor Adriana Real Cruz por su probable participación en los hechos que la ley califica como el delito de daño en las cosas, en perjuicio de Emilia Margarita Jáquez Salazar. Negativa del amparo que se hace extensiva al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Primer Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en razón de que no se le reclamaron actos por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución impugnada. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Flor Adriana Real Cruz respecto de los actos reclamados a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Primer Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en Zacatecas, conforme a lo establecido en el sexto considerando de la presente determinación. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 133/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Paulina Cisneros Nájar, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe.
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