Flavio Ortiz Menchaca
Expediente 1522/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1522/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Flavio Ortiz Menchaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El seis de diciembre de dos mil dieciocho, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del catorce al veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por este juzgado dentro del juicio de amparo 1522/2018. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, sin haberse exhibido billete de depósito o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse, así como que no existe ningún medio de impugnación pendiente de resolver. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, y este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Ahora, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se concedió la suspensión definitiva; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el acuerdo de mérito; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción. Finalmente, dese el trámite correspondiente en términos del punto décimo primero del citado Acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Mercantil del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, remitiendo las documentales con las que acredita que ha quedado firme el auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el que se le tuvo a la parte actora desistiéndose de la instancia intentada y dar por terminado el procedimiento. Ahora, atento a lo anterior se advierte que si bien es cierto que durante la tramitación del juicio en que se actúa el acto reclamado consistente en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, dentro del propio expediente 145/2018 del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; sin embargo la citada responsable mediante oficio recibido en este órgano el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, informó el desistimiento de la instancia intentada dentro del citado juicio y como consecuencia el termino del procedimiento, por lo que por auto de veintiséis de octubre del dos mil dieciocho se le requirió para que una vez que el referido desistimiento quedara firme remitiera las respectivas constancias con que acreditara su dicho, ahora en virtud de que dicho acontecimiento ya aconteció, han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama del Juez Primero del Ramo Mercantil del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, el auto de exequendo dictado dentro del expediente 145/2018, que tiene el efecto de mandamiento para realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, de las constancias que se remitieron en el oficio de cuenta, se advierte que el Juez Primero del Ramo Mercantil del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, que por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo firme el auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el que se le tuvo a la parte actora desistiéndose de la instancia intentada y dar por terminado el procedimiento, por lo que remite las documentales con las que así lo acredita. Lo anterior pone de relieve que durante la sustanciación de este juicio constitucional cesaron los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las documentales antes descritas se advierte que la autoridad responsable realizo la respectiva notificación el siete de noviembre de dos mil dieciocho por medio de lista publicada en los estrados del juzgado Primero del Ramo Mercantil del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; por tanto, es inconcuso que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales tutelados por el artículo 8° constitucional, que estimó vulnerados en su perjuicio. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo y haberse notificado éste a las partes. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto al acto reclamado a la autoridad ejecutora actuario del juzgado Primero de lo Mercantil del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
La suscrita Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, certifico: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Que no existe constancia alguna que acredite que el auto de veintitrés de octubre del año en curso dictado por el Juzgado Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital dictado dentro del juicio mercantil ejecutivo 145/2018, haya quedado firme. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, no existe constancia alguna que acredite que el auto de veintitrés de octubre del año en curso dictado por el Juzgado Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital dictado dentro del juicio mercantil ejecutivo 145/2018, haya quedado firme. En consecuencia, para dar oportunidad a que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las once horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con número de folio 21696. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Primero del Ramo Mercantil del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que en el juicio mercantil ejecutivo 145/2018 de su índice, por auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se le tuvo a la parte actora desistiéndose de la instancia intentada y da por terminado el procedimiento; en consecuencia, toda vez que dicho auto aún no se encuentra firme, a fin de proveer lo conducente, con apoyo en el artículos 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérasele a la autoridad en mención para que una vez que el auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, quede firme, remita copia certificada del proveído que lo acredite. Apercibido que de no dar cumplimiento o no exponer los motivos legales que le impidan hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; en relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razones, en la tesis del contenido siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo acordó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Norma Jessica Solis Muñoz, Secretaria que autoriza y da fe. SDelgado
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