Flavio Josseak Ligori Vasquez

Expediente 394/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
394/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Flavio Josseak Ligori Vasquez
  • Gerson Manuel Murga Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de uno de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo relativa al presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a uno de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Armando Bernal Reyes, en representación de Gerson Manuel Murga Palacios, Jefferson Irvinhs Humberto Arditto Ligori y Flavio Josseak Ligori Vasquez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 394/2022-G. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por los artículos 61, fracción X, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107 fracción I, Constitucional, mismos que literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 323/2022, promovido por Armando Bernal Reyes en representación de Gerson Manuel Murga Palacios, Jefferson Irvinhs Humberto Arditto Ligori y Flavio Josseak Ligori Vasquez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de quienes reclamó lo siguiente: La incomunicación de los quejosos. Acto que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3, y 4. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en calle Diamante, sin número, Fraccionamiento La Esmeralda, Delegación San Antonio de los Buenos, C.P. 22640, Tijuana, Baja California, actos que se le atribuyen en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. Toda orden verbal o escrita que hayan emitido y que en ningún momento le ha notificado a los quejosos, con la cual o las cuales se ha determinado incorrectamente e ilegalmente el aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención por más de 36 horas dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, sin que medie un acuerdo o resolución debidamente fundado y motivado y notificado al quejoso; acto que se le atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. Toda omisión de emitir en perjuicio de la libertad de los quejosos la correspondiente orden de salida de la mencionada Estación Migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de 36 horas que se encuentran alojados en ese recinto contados a partir de su presentación; acto que se le atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4 La omisión de no establecer un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad de los quejosos. Omisión que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. La omisión de hacer del conocimiento de los quejosos el procedimiento administrativo incoado en su contra con el propósito de determinar su condición migratoria en este país y, cualquier procedimiento, acuerdo o resolución relacionado con su suspensión, el cual difiere del "Alojamiento", que se ha tornado violatorio de los dispuesto en lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Migración. Acto que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. Cualquier orden de regreso asistido, traslado o deportación de los quejosos que son actos de imposible reparación mismos que se encuentran establecidos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Actos que se les atribuyen en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4, o bien, por cualquier otro servidor público del Instituto Nacional de Migración en Baja California. Que el veinte de mayo de dos mil veintidós, se agregó a los autos el oficio enviado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, de esta ciudad, al que anexó copia certificada de los oficios 1196/2022, 1197/2022 y 1198/2022, de los que se advirtió que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, otorgó oficio de salida definitiva del país de los extranjeros Flavio Josseak Ligori Vásquez, Jefferson Irvinhs Humberto Arditto Ligori y Manuel Murga Palacios, todos de nacionalidad Peruana, y se les concedió un plazo máximo de veinte días naturales para que abandonaran de inmediato el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo hacerlo por la frontera sur más cercana. Derivado de lo anterior, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del referido juicio de amparo, determinación que no ha causado ejecutoria. Asimismo, del escrito inicial de demanda que se atiende, se advierte que Armando Bernal Reyes en representación de Gerson Manuel Murga Palacios, Jefferson Irvinhs Humberto Arditto Ligori y Flavio Josseak Ligori Vasquez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de quienes reclama lo siguiente: La incomunicación de los quejosos. Acto que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3, y 4. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en calle Diamante, sin número, Fraccionamiento La Esmeralda, Delegación San Antonio de los Buenos, C.P. 22640, Tijuana, Baja California, actos que se le atribuyen en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. Toda orden verbal o escrita que hayan emitido y que en ningún momento le ha notificado a los quejosos, con la cual o las cuales se ha determinado incorrectamente e ilegalmente el aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención por más de 36 horas dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, sin que medie un acuerdo o resolución debidamente fundado y motivado y notificado al quejoso; acto que se le atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. Toda omisión de emitir en perjuicio de la libertad de los quejosos la correspondiente orden de salida de la mencionada Estación Migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de 36 horas que se encuentran alojados en ese recinto contados a partir de su presentación; acto que se le atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4 La omisión de no establecer un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad de los quejosos. Omisión que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. La omisión de hacer del conocimiento de los quejosos el procedimiento administrativo incoado en su contra con el propósito de determinar su condición migratoria en este país y, cualquier procedimiento, acuerdo o resolución relacionado con su suspensión, el cual difiere del "Alojamiento", que se ha tornado violatorio de los dispuesto en lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Migración. Acto que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. Cualquier orden de regreso asistido, traslado o deportación de los quejosos que son actos de imposible reparación mismos que se encuentran establecidos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Actos que se les atribuyen en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4, o bien, por cualquier otro servidor público del Instituto Nacional de Migración en Baja California. Por tanto, es dable concluir que tomando en consideración que en las referidas demandas que dieron origen a los juicios 323/2022 y 394/2022, existe identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto que se pretende reclamar en el presente asunto, -porque como se anticipó-, dichos actos reclamados son materia del diverso juicio de amparo 323/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, ya que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): Domicilio. Como lo solicita la promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando Bernal Reyes, Martín Morán Macías, Georgina Guadalupe Padilla Gaxiola, Eduardo Espinoza Luna, Evelyn Sánchez y Rosa Isela Castillo Carpio, ya que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico,; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario ""BCN03AR", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente.

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