Filogonio Mario Gonzalez Molina
Expediente 1068/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1068/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2023
Partes del expediente
- Filogonio Mario Gonzalez Molina
- (Promovente) Fermin Amir Gonzalez García
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que transcribe el proveído de cuatro de septiembre del año en curso, del que se advierte, en lo conducente, que la titular de ese órgano jurisdiccional, asumió la competencia planteada en determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés y tuvo por recibidas las constancias que integran el presente juicio, mismo que radicó bajo el número de expediente 1474/2023-IV, de su estadística; de lo que se toma conocimiento. En ese contexto, del estado que guardan los autos, se advierte que en el presente juicio no existen diligencias pendientes por desahogar, por lo que téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la comunicación oficial 326/2023, recibida mediante el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), procedente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, devuelve diligenciada la diversa comunicación 379/2023-G, exhorto 365/2023-G, del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso girar el acuse de recibo correspondiente, ya que el propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo genera de forma automática. Dese de baja la comunicación oficial antes descrita y háganse las anotaciones correspondientes. Se toma conocimiento de la diligencia de notificación realizada a Juan Mario González Velázquez, relativa al auto de treinta y uno de agosto del año en curso, dictado en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por********************, a favor de ********************, contra actos de ********************; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 1068/2023-G. Suspensión de plano. Atendiendo a las manifestaciones realizadas por el promovente en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, y al tener en consideración que se señalan como actos reclamados la incomunicación, falta de atención médica, así como diversos actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere la promovente sufre el directamente agraviado ********************; se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de dichos actos que se atribuyen a ********************. Por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, comuníquese a ********************, esta determinación para su conocimiento, así como para que CESE DE INMEDIATO, la incomunicación que ejecute o esté ejecutando en contra del quejoso y/o cualquier otro acto prohibido en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se dicen infligidos en perjuicio del antes mencionado. Lo anterior, tiene sustento en la tesis I.3o.C.7 K (11a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Undécima Época, con registro digital 2025548, cuyo rubro y texto disponen: "PERSONAS ADULTAS MAYORES. ANTE SU SITUACIÓN DE AUTONOMÍA REGRESIVA, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN SALVAGUARDAR EN FORMA REFORZADA LA EJECUTABILIDAD DE SUS DERECHOS. Hechos: En un juicio ordinario civil se solicitó la nulidad de dos contratos de compraventa. La parte demandada (una señora de noventa y un años de edad) se allanó a las pretensiones solicitadas por la parte actora; no obstante, sus hijos, quienes asistieron al juicio en su carácter de terceros, reconvinieron al actor la nulidad del documento con el cual demostraba su legitimidad dentro del juicio (al ostentarse como cesionario de los derechos hereditarios y gananciales del difunto esposo de la demandada). El juicio concluyó con la determinación de considerar improcedente la acción de nulidad de los contratos de compraventa y con la absolución de la demandada respecto de las prestaciones reclamadas. Asimismo, se declaró parcialmente procedente la acción reconvencional y se declaró la nulidad absoluta o inexistencia del contrato de cesión de derechos y gananciales hereditarios firmado por la demandada en favor del actor. Inconforme con esa resolución, la parte actora apeló la sentencia reclamada y el tribunal de alzada confirmó la sentencia de primera instancia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que ante la situación de autonomía regresiva de los adultos mayores, los órganos jurisdiccionales deben salvaguardar en forma reforzada la ejecutabilidad de sus derechos. Justificación: Lo anterior, porque durante las etapas tardías de la vida de las personas, se está ante una situación de autonomía regresiva, es decir, un proceso que se caracteriza por deterioros producidos por la interrelación entre factores intrínsecos (genéticos) y extrínsecos (ambientales), protectores o agresores (factores de riesgo) que se presentan por el transcurso del tiempo y se manifiestan en pérdida del estado de salud integral, incluyendo la mental, lo cual lleva a que el adulto mayor esté en situación de vulnerabilidad, pues tiene y puede llegar a tener inmovilidad, disminución en la rapidez de pensamiento, así como sufrir distintos tipos de violencia. En ese sentido, la autonomía regresiva es el proceso de la autonomía progresiva, en el que se tiene menor autonomía y mayor dependencia. Esto es así, porque hay un proceso de deterioro en capacidades físicas, sensoriales y cognitivas, que implica que el adulto mayor esté cada vez en mayor situación de vulnerabilidad, sujeto a violencias y abusos por su situación de dependencia mayor. De manera que las personas operadoras de justicia deben tener presente que no solamente la autonomía regresiva trae consigo un deterioro evidente en aspectos físicos o cognitivos, sino también atenta contra el bienestar psicoemocional, en tanto que los adultos mayores son excluidos y distanciados de sus entornos y abandonados o son víctimas de violencia en diferentes formas, incluyendo la procesal, que es la que están obligados a detectar y erradicar." Asimismo, es aplicable por las consideraciones jurídicas que contiene la diversa tesis I.1o.A.E.96 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente de la Décima Época, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, página 3382, con registro digital 2010861, con el rubro y texto siguientes: "PERSONAS ADULTAS MAYORES. ANTE LA DUDA DE LA PERTENENCIA DEL PARTICULAR DESTINATARIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN A ESE GRUPO VULNERABLE, LA AUTORIDAD QUE EMITE EL ACUERDO DE SU INICIO DEBE ACTUAR DILIGENTEMENTE, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA TUTELA. Dada la importancia de la protección reforzada a cargo de las autoridades del Estado, que merecen los grupos vulnerables, como los adultos mayores, así como de la transversalidad de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano, resulta lógico y jurídico que ese deber de protección especial sea exigible a partir de la sospecha fundada de que una persona pertenezca a aquéllos, sin ser necesario que esa situación se haya probado fehacientemente pues, en estos casos, la autoridad de que se trate debe adoptar una postura diligente y pro-derechos, a fin de determinar si un individuo tiene o no aquella calidad y si, por tanto, debe gozar de los derechos que le otorga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En consecuencia, si al emitir el acuerdo de inicio de un procedimiento administrativo de sanción, la autoridad instructora duda de la pertenencia de su destinatario a dicho colectivo vulnerable, debe actuar diligentemente y allegarse de los elementos que considere necesarios para disipar esa incertidumbre, a fin de garantizar la máxima tutela y evitar supuestos contrarios al ordenamiento mencionando, al determinar si se otorgan o no los derechos que, como adulto mayor, corresponden al particular involucrado." Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados hace posible presumir que se pone en peligro la salud del directo agraviado ********************, se decreta la suspensión de plano respecto de dicho acto reclamado, para que cese los mismos y de inmediato se le preste la atención médica necesaria; así también, se le suministren de manera inmediata los medicamentos que, en su caso, le sean necesarios con motivo de su estado de salud;. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis I.18o.A.33 K (10a.) sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2020283 de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." Suspensión que surtirá efectos hasta en tanto se comunique a la autoridad responsable la sentencia que -en su caso-, se dicte en los autos del juicio constitucional en que se actúa. Informe de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a ******************** para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibida de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se hace del conocimiento a ******************** que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita atentamente se sirva rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar los comunicados respectivos a través de la vía electrónica, deberá estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido y, en el caso de encontrarse imposibilitada para firmar electrónicamente, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentra imposibilitado para firmar electrónicamente, lo que no excluye a la potestad responsable de las sanciones legales correspondientes, de ser omisa con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notificación por exhorto. Al considerar la naturaleza de los actos reclamados, con fundamento en los diversos artículos 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 289 y 298 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y 138, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a fin que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda, a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en ********************, ********************, ********************, ******************** ********************; y notifique personalmente a ********************, la presente determinación y lo requiera en los términos indicados. Incompetencia. Cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, con base en las actuaciones que obran en autos, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio. A efecto de establecer la competencia, no sólo se debe atender al planteamiento realizado en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. En ese contexto, el artículo 37, párrafo primero, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" En ese sentido, para dilucidar si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver de este asunto, conviene precisar que en la demanda de amparo, la parte quejosa si bien no señaló a autoridad responsable alguna, cierto es que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: "I. El nombre y domicilio del quejoso .********************, con domicilio en ********************, ********************, ********************, ******************** ******************** II. El nombre y domicilio de los terceros interesados. ********************, con domicilio en ********************, ********************, ********************, ******************** ********************. IV. Actos reclamados. De ********************: Causa agravio de imposible reparación y de urgente acción, la inaceptable privación ilegal de la libertad del señor ********************, ciudadano de la tercera edad. Esta situación representa una flagrante violación de los derechos fundamentales que amparan a cualquier individuo, sin importar su condición o circunstancia; pero que indudablemente se agrava al ser un miembro de un sector vulnerable, por ser un ciudadano de la tercera edad. La restricción deliberada de su acceso a atención médica adecuada y oportuna agudiza aún más esta injusta situación, poniendo en peligro su salud y la vida misma. La incomunicación forzada del agraviado aumenta la vulneración de sus derechos, impidiéndole cualquier tipo de contacto con el exterior y aislándolo de su entorno y familia, así como el acceso no solo a una vida libre de violencia, sino a una atención sanitaria y de salud integral que salvaguarde su integridad, consagradas en los artículos 1° y 4 de la CPEUM y demás relativos y aplicables. Esta práctica atenta contra los principios fundamentales de la justicia y conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso la muerte. Contraviniendo los estándares internacionales de Derechos Humanos. La negligencia repetida en relación directa con la falta de respuesta apropiada con el deber de cuidado del señor ******************** es una afrenta a su dignidad y Derechos Humanos, provocando daños de imposible reparación en su salud, lo que lleva inclusive a la probable pérdida de la vida. En atención a lo expuesto, de conformidad con el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, la suscrita considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expone. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En el caso concreto, debe decirse que la competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, se definen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda; asimismo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, permite diferenciar tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces ante quien se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." También resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." Así, de lo anterior, se advierte que los actos reclamados, tienen lugar de ejecución en Ciudad de México; por tanto, es competente para conocer del líbelo constitucional, el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, en turno, en razón de que dicho órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde tiene ejecución y tratan de ejecutarse los actos que se duele el solicitante del amparo. Por tanto, si la ejecución de los actos reclamados señalados en párrafos que anteceden; se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, no es jurídicamente posible que este órgano jurisdiccional continúe con el conocimiento del presente asunto; razón por la cual, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fracción XV, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas en el numeral 37 de la Ley de la Materia, se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo. En razón de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa integración y certificación del cuaderno de antecedentes respectivo a partir de la presente actuación, sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el presente expediente, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remítase el presente juicio de derechos fundamentales, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, en turno, solicitándole se sirva enviar el acuse de recibo respectivo e informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Autorizados. Se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de amparo a********************, dado que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Toda vez que de la certificación de cuenta, se obtiene que no se encontró cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, a nombre de********************, que la faculte para ejercer la licenciatura en derecho, por tanto, se le autoriza en términos restringidos establecidos en el artículo 12, párrafo segundo última parte, esto es, para oír y recibir toda clase de notificaciones; sin perjuicio de que una vez cumpla con lo anterior, pueda la parte legitimada, solicitar nuevamente la autorización respectiva. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza que se practiquen las notificaciones electrónicas en el presente asunto, las cuales están sujetas a lo que se indica en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, por lo que el usuario a quien se autoriza está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A", a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto al correo electrónico, del usuario "********************", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese; vía electrónica al promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Fidel Manuel Díaz Rivas126/2021
- Fidel Manuel Díaz Rivas702/2021
- Fidel Martinez Valencia171/2023
- Fidel Martínez Valencia368/2022
- Fidel Munguia Corrales1586/2023
- Filiberto Portilla Tejeda144/2022
- Flavio Josseak Ligori Vasquez394/2022
- Flavio Sombra Flores794/2020
- Florencio Serna Correa1651/2023
- Fortino Gaytán Novela789/2021
- Fortino Gaytan Novela422/2023
- Francisca Blanco Solorzano843/2021