Flavio Cruz Martínez

Expediente 1609/2013 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1609/2013
Año
2013
Actuaciones
15
Última actuación
14/05/2015

Partes del expediente

  • Flavio Cruz Martínez
  • Flavio Cruz Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de inconformidad contra el auto de diez de abril del año en curso, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, transcurrió para el quejoso del veintiuno de abril al trece de mayo de dos mil quince y para el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, del veinte de abril último al doce del actual, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del mencionado acuerdo, ya que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud, que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del acuerdo relativo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA I-B "Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de abril de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada, relativo a la vista de la resolución dictada por el juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió para el quejoso Flavio Cruz Martínez del veintisiete al treinta y uno de marzo pasado, para la tercera interesada Indra Jazmín Santiago Sarmiento del veinticuatro al veintiséis de marzo del año en curso y para el tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Segundo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, del veintiséis al treinta de marzo del año en curso, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por tanto, este órgano de control constitucional, procede a verificar si la responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en sus términos. Ahora bien, en la sentencia dictada en este juicio de garantías, se concedió al quejoso Flavio Cruz Martínez, el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el juez Tercero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, dejara sin efecto el auto de formal prisión de ocho de diciembre de dos mil trece, en la causa penal 206/2013 y dictara otro en el que subsanara los vicios formales que se pusieron de relieve en dicha resolución y resolviera conforme a sus atribuciones en plenitud de jurisdicción; y en cuanto al director del Centro de Reinserción Social de Tuxtepec, Oaxaca, únicamente para su conocimiento, por no reclamarse su acto por vicios propios. Este órgano de control constitucional por autos de ocho de julio, veinte de agosto, veintiséis de septiembre, seis de noviembre, once de diciembre de dos mil catorce, treinta de enero y cinco de marzo de dos mil quince, ha analizado las diversas resoluciones emitidas por la responsable con las que ha intentado dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se estimó en todos ellos que la responsable no acató en sus términos la sentencia de amparo, requiriéndose naturalmente su cumplimiento. Mediante oficio número 652, de doce de marzo de dos mil quince, el juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, (quien actualmente conoce de la causa penal 206/2013) remitió copia certificada de la resolución dictada el doce de marzo de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, en auto de diecinueve de marzo de dos mil quince, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran manifestación alguna al respecto. Ahora bien, de la resolución de doce de marzo de dos mil quince, por la cual el juez responsable cumplió la sentencia concesoria del amparo, se advierte que en esa propia fecha dejó sin efecto los autos de formal prisión de ocho de diciembre de dos mil trece, tres de junio de dos mil catorce, catorce de julio de dos mil catorce, veinticinco de agosto de dos mil catorce, tres de octubre de dos mil catorce y nueve de febrero de dos mil quince, dictados contra el quejoso Flavio Cruz Martínez, por el delito equiparado a la violación; las de dieciocho de noviembre de dos mil catorce y diecisiete de diciembre de dos mil catorce, en las que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley -las siete últimas por las que intentó cumplir con la ejecutoria de amparo- y dictó una nueva determinación, en la que nuevamente dictó auto de formal prisión al aquí quejoso Flavio Cruz Martínez, como probable responsable de dicho ilícito, en la que subsanó las deficiencias formales destacadas. Ahora bien, enseguida se detallan cada uno de los vicios formales destacados en la sentencia concesoria del amparo y se analizará si se encuentran o no satisfechos: VICIOS FORMALES DESTACADOS FORMA EN QUE LA RESPONSABLE SUBSANÓ LAS DEFICIENCIAS FORMALES DESTACADAS a) En cuanto al requisito del auto de formal prisión, consistente en que se debe dictar por una autoridad judicial competente, la responsable omitió fundar y motivar su competencia por razón de territorio, grado, fuero y materia, así como citar los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como el Acuerdo General 01/2002 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por lo que respecta a lo señalado en el inciso a) de este acuerdo, la responsable fundó y motivó su competencia en razón de territorio, fuero, grado y materia, toda vez que manifestó que los hechos acontecieron en el interior de una tienda ubicada en la calle Adolfo López Mateos, sin número del ejido Sebastopol de esa ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, citó los preceptos 69 primer párrafo del Código de Procedimientos penales, 34 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como el Acuerdo General 01/2002 del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestó también que es una autoridad judicial en materia penal y de primera instancia. b) El juez de la causa omitió hacerle saber al inculpado, ahora quejoso, las garantías que establecen las fracciones III y IX, del apartado B, del numeral 20 Constitucional que consisten en que se le juzgara en audiencia pública; y que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de paga de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo, por lo cual se vulneró las normas del debido proceso. En cuanto a lo indicado en el inciso b) la responsable en audiencia pública de dos de junio de dos mil catorce, estando en presencia del agente del Ministerio Público, testigos de asistencia así como el aquí quejoso y sus defensores, le hizo saber al impetrante las garantías que a su favor consagra la Constitución Federal, en específico en el artículo 20 de la misma, al cual se dio lectura íntegra y completa, haciendo especial énfasis en las fracciones III y IX del citado artículo, en su apartado B, de los derechos de toda persona imputada. c) En cuanto a los elementos objetivos o externos que exige el numeral 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado, la responsable omitió explicar el elemento relativo a que la pasivo Indra Jazmín Santiago Sarmiento, por su enfermedad no pudo oponer resistencia; además no señaló las pruebas con las que acreditó la calidad específica de la pasivo a fin de poder valorarlas conforme a su propia naturaleza. En relación al inciso c) la responsable al pronunciarse respecto del elemento relativo a que la pasivo Indra Jazmín Santiago Sarmiento, por su condición no pudo oponer resistencia, refiere que quedó acreditado con la declaración de la ofendida, la cual la relacionó con los dictámenes médico de lesiones, integridad física, ginecológico, proctológico y somatometría, dictamen psicológico emitido por la psicóloga Asuán Romero Calleja perito de la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Cuenca; las anteriores probanzas las adminicula con la fe ministerial de integridad física en donde la autoridad ministerial certifica y da fe del estado de la ofendida, probanzas que fueron correctamente valoradas por la responsable y de las que la responsable concluyó que por dicha discapacidad, resulta lógico y natural que la pasivo Indra Jazmín Santiago Sarmiento no pudo resistirse a la acción realizada por el sujeto activo Flavio Cruz Martínez, pues su retraso psicomotriz le impidió discernir respecto a la conducta delictuosa del activo. d) Que al valorar la declaración de la denunciante Rita Santiago Sarmiento, omitió motivarla debidamente, ya que solo dijo que le merecía valor probatorio indiciario, pero no explicó por qué, esto es no dio las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales para justificar la ponderación de que ella hizo, en relación a su edad, capacidad física e intelectual, su instrucción, tampoco dijo por qué por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales tuvo completa imparcialidad, que el hecho de que se trata lo haya percibido por sus sentidos, para que se esté en condiciones de analizar si entre los fundamentos legales y esa motivación existe adecuación. Por lo que hace a lo señalado con el inciso d) la responsable al pronunciarse respecto a la valoración de la declaración de la denunciante Rita Santiago Sarmiento, se pronunció sobre su capacidad física, intelectual e instrucción, luego entonces refirió que cuenta con el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el que declaró, además que su declaración es clara, precisa, sin dudas ni reticencias, que no obstante que dicha ateste no fue presencial de los hechos; sin embargo, tuvo conocimiento de los mismos por referencia directa de la víctima, misma que le comunicó lo que había sucedido, que al ser su hermana es lógico que por ese parentesco de afinidad, le narrara lo que había pasado, por ello dijo no se advertía que la denunciante hubiera sido obligada a declarar por fuerza o miedo, ni impulsada por error, engaño o soborno; asimismo refirió que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales dicha ateste tuvo completa imparcialidad, pues dijo no es enemiga del procesado y tampoco expresó sentir inclinación en beneficio de la ofendida, que tampoco obran en autos constancias que arrojen en ella razones previas de odio o rencor respecto del agente del delito, siendo así que no existe circunstancia alguna que le pueda conducir en perjudicar falsamente al hoy procesado, pues el hecho de ser hermana de la víctima del delito, no demerita su dicho. e) También se estimó necesario que la responsable motivara debidamente la valoración de la declaración de la ofendida Indra Jazmín Santiago Sarmiento, puesto que la responsable únicamente dijo que le merecía valor probatorio indiciario pero no explicó detalladamente el por qué dicha probanza cumple con los requisitos que establece el numeral 355, fracción VI, del Código adjetivo Penal, pues no dio las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales para justificar la ponderación que de ella hizo, en relación a que su declaración fue clara y precisa, sin dudas ni reticencias, del porqué la declarante fue o no obligada a declarar por fuerza o miedo ni impulsada por error, engaño o soborno, para que este juzgador estuviera en condiciones de analizar si entre los fundamentos legales y esa motivación existe adecuación. En cuanto a lo señalado en el inciso e) el juez de la causa motivó debidamente la valoración de la declaración de la ofendida, puesto que explicó detalladamente el por qué dicha declaración de la ofendida cumple con los requisitos que establece el numeral 355, fracción VI, del Código adjetivo Penal, puesto que refiere que la declaración de la víctima resulta verídica, ya que fue realizada por la persona directamente ofendida por el hecho delictuoso que denuncia, puesto que narra los hechos ocurridos en su persona, en donde en la mayoría de los casos no se cuenta con la presencia de testigos; sin embargo, al tratarse de la víctima de este delito, le confirió valor a su dicho, puesto que no es factible determinar que la pasivo haya inventado los hechos que narró, y que aun cuando la pasivo presente un retraso psicomotor, de su declaración se advierte que cuenta con la capacidad suficiente para darse cuenta de lo que ocurre en su entorno y máxime que la lesión la sufrió en su propio cuerpo; por lo mismo adujo que su deposición es clara y precisa respecto a la conducta desplegada por el agente del delito, sin que existan dudas sobre la substancia del hecho o las circunstancias esenciales del mismo; por lo que manifiesta que no se advierte que haya sido obligada a declarar por fuerza o miedo, ni impulsada por error, engaño o soborno, además que tratándose de ese tipo de delitos, se realizan sin presencia de testigos. f) Por lo que hace a la valoración de la declaración de la testigo de cargo Cecilia Justo García, se estimó deficientemente fundada y motivada, en virtud que no precisó la verdadera edad de la ateste ya que en su declaración manifestó una edad distinta a que la autoridad en cita en su resolución, también dejó de precisar por qué tuvo completa imparcialidad de tales hechos, de dónde advierte que tal ateste presenció éstos; por qué el hecho sobre el que vertió su declaración es susceptible de conocerse por medio de los sentidos, cómo advierte que la testigo los percibió por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otros, y si esa condición permite que se le otorgue credibilidad. Respecto de lo indicado en el inciso f) el juez responsable se pronunció respecto a la valoración de la testimonial de cargo de Cecilia Justo García, fundándola y motivándola, ya que citó los artículos 354 y 355, fracción VI, del Código adjetivo Penal en vigor en el Estado, y adujo que no obsta que la testigo no fue presencial del hecho, puesto que tuvo conocimiento del mismo por referencia de la citada víctima, cuestión que resulta creíble puesto que la testigo es de profesión enfermera y en razón a eso la ofendida la buscó puesto que presentaba malestares; asimismo, que la ateste es una persona adulta, que se advierte imparcialidad en su testimonio, pues para ello no se requieren conocimientos especiales, por ello dijo su declaración fue clara y precisa, sin dudas, reticencias y sin inducción, engaño o soborno, pues la ateste es capaz de declarar ya que en autos no se ha demostrado lo contrario, que por su edad de treinta años y su ocupación de enfermera, tuvo el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el que declaró, del que tuvo conocimiento no por haberlo presenciado pero sí por la referencia directa e inmediata de la propia víctima del delito, narrando así lo que esta última le comentó, de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias y sin inducción, engaño o soborno y que se advierte imparcialidad en su testimonio. g) Respecto a la valoración de las periciales consistentes en los dictámenes médico de lesiones, integridad física, ginecológico, proctológico y somatometría, y el dictamen psicológico, la responsable debió citar también los artículos 397 y 398 del Código adjetivo penal en vigor en el Estado; además debe referir si en el desarrollo de esa pericial se practicaron todas las operaciones y experiencias que su ciencia o arte sugieren al perito, si se expresaron los hechos o métodos que le sirvieron de fundamento para emitir su dictamen como lo requiere el artículo 403 del ordenamiento legal invocado, de modo tal que se evidenciara que el juzgador estuvo en aptitud de valorar todas las operaciones, experiencias, hechos o métodos en que se basaron los expertos para llegar a las conclusiones anotadas; pues será a través de ellos que tales opiniones generen en mayor o menor convicción, pues es menester que precise cuáles fueron los métodos utilizados y las operaciones que realizaron los peritos que los llevó a la conclusión alcanzada en los mismos en el sentido de que no presentó lesiones externas resientes visibles al número de su certificación legal, tampoco presenta datos clínicos de penetración vaginal resiente pero sí de penetración antigua y presenta retraso psicomotriz secundario por complicaciones durante el parto, así como su estabilidad psico-emocional se encuentra comprometida a causa de la agresión sexual, por lo que presenta un sufrimiento emocional; además los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento, ya que son precisamente esas consideraciones las que generarían convicción en el juzgador al efectuar el análisis y conceder mayor y menor valor probatorio al dictamen o incluso negárselo, atento a la convicción que genere en él. Asimismo, se señaló que la responsable debe referir no solo los principios que el perito ha tomado como puntos de partida y las leyes científicas a que ha sometido los hechos observados, sino de igual forma debe señalar los deducciones motivadas, con las cuales establece su opinión, esto es, por qué le genera convicción el resultado de esa pericial, su concordancia con los datos resultantes de las piezas del proceso; si el dictamen está sólidamente motivado y no deja acceso a la desconfianza; asimismo, por qué considera que tales periciales son suficientes para determinar el origen o la causa de la conclusión establecida. En cuanto a lo señalado en el inciso g), la autoridad responsable, para acreditar el cuerpo del delito y dictar el auto de bien preso, tomó en consideración las periciales consistentes en: los dictámenes médicos de lesiones, integridad física, ginecológico, proctológico y somatometría, emitido el ocho de mayo de dos mil trece, por el perito médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado Esaú García Cuapanteca y el dictamen psicológico emitido por la psicóloga Asuán Romero Calleja; fundó su valoración en los preceptos 354, 397, 398, 400, 401, 403 y 404 del Código adjetivo penal en vigor en el Estado; además, dijo que dicho dictamen fue presentado de forma escrita por persona con conocimiento en la materia, ya que al desempeñarse precisamente como peritos de la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Cuenca, adquieren el carácter de oficial y de acuerdo a sus funciones infirió que cuentan con el conocimiento necesario para emitir una opinión como la que nos ocupa, máxime que valoraron directamente a la pasivo y al realizar la inspección general y entrevista, respectivamente; señaló que los peritos expresaron en su dictamen los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su conclusión, soportando sus opiniones en bases razonadas y fundadas en el orden a los conocimientos correspondientes, por lo que dicho dictamen le aportó los elementos de convicción necesarios para que resolviera el problema fáctico sometido a las pruebas de mérito. h) En cuanto a la diligencia de traslado e inspección ocular de veintitrés de mayo de dos mil trece en el lugar de los hechos, el juez responsable la valoró deficientemente, porque omitió precisar que dicha diligencia se equipara a una documental pública toda vez que se trata de una actuación realizada por la autoridad ministerial en ejercicio de sus funciones, facultad que le confiere el artículo 21 de la Constitución Federal; además, resulta necesario decir por qué se cumplieron los requisitos que prevén esos numerales, de igual forma no explicó cuál fue el motivo de su práctica, si fue a petición de parte o de oficio, y en este último caso, porqué se consideró necesaria su realización; además cuál es el hecho relevante que advirtió de esa documental, para otorgarle el valor probatorio que le confirió, así como decir si se satisfacen las exigencias que prevén los artículos 370 a 373 del código en cita. Por lo que se refiere a lo señalado en el inciso h), el juez de la causa en cuanto a la acreditación del delito, tomó en consideración la diligencia de traslado e inspección ocular de veintitrés de mayo de dos mil trece en el lugar de los hechos; prueba que valoró fundada y motivadamente, toda vez que estimó que alcanza la valoración convictiva de indicio, en términos del artículo 354, en relación con el 355, fracción I, del código adjetivo penal, puesto que se realizó con todas las formalidades de ley, además precisó que dicha diligencia se equipara a una documental pública de conformidad con la fracción X, del artículo 356 del mismo ordenamiento legal, toda vez que se trata de una actuación realizada por la autoridad ministerial en ejercicio de sus funciones, ello en cumplimiento a la obligación que lo hace objeto el artículo 59 Bis del cuerpo adjetivo penal y que dicha diligencia se realizó con las formalidades legales que prevén los numerales 370 y 372, del Código adjetivo penal en vigor en el Estado y que de la misma advierte la existencia del domicilio y parte de los objetos que se encontraban en dicho lugar en la fecha del evento criminoso, coincidiendo con la inspección ocular practicada por el Ministerio Público Investigador y con lo manifestado por la ofendida en el sentido de que ella iba a la tienda de su tío a jugar maquinitas cuando en diversas ocasiones le impuso la cópula. i) En cuanto al análisis de la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, en la comisión del delito equiparado a la violación, el juez responsable, la tuvo por acreditada en términos de los artículos 8, fracción I y 11, fracción II, del Código Penal en vigor, tomando en consideración los mismos elementos de prueba relacionados -denuncia, declaración de la ofendida, testimonial y los dictámenes ginecológico y psicológicos- incurriendo en las mismas deficiencias formales; motivo por el cual, deberá subsanar dichos vicios. En relación a lo señalado en el inciso i), la responsable al analizar la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, en la comisión del delito equiparado a la violación, tuvo por acreditada en términos de los artículos 11, fracción II, del Código Penal, 25 último párrafo y 354 del código adjetivo penal, tomando en consideración los mismos elementos de prueba relacionados - declaración de la ofendida, denuncia de Rita Santiago Sarmiento, testimonial, dictámenes ginecológico y psicológico y diligencia de inspección ocular- por lo cual al habernos ya referido a la valoración de dichas probanzas, se concluye que la responsable ha subsanado estos vicios formales. En vista de lo anterior, es claro que la autoridad responsable restituyó en el goce de sus garantías individuales violadas al quejoso Flavio Cruz Martínez, por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Tal cumplimiento notifíquese personalmente a las partes, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J 9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada, relativo a la vista de la resolución dictada por el juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió para el quejoso Flavio Cruz Martínez del veintisiete al treinta y uno de marzo pasado, para la tercera interesada Indra Jazmín Santiago Sarmiento del veinticuatro al veintiséis de marzo del año en curso y para el tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Segundo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, del veintiséis al treinta de marzo del año en curso, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por tanto, este órgano de control constitucional, procede a verificar si la responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en sus términos. Ahora bien, en la sentencia dictada en este juicio de garantías, se concedió al quejoso Flavio Cruz Martínez, el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el juez Tercero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, dejara sin efecto el auto de formal prisión de ocho de diciembre de dos mil trece, en la causa penal 206/2013 y dictara otro en el que subsanara los vicios formales que se pusieron de relieve en dicha resolución y resolviera conforme a sus atribuciones en plenitud de jurisdicción; y en cuanto al director del Centro de Reinserción Social de Tuxtepec, Oaxaca, únicamente para su conocimiento, por no reclamarse su acto por vicios propios. Este órgano de control constitucional por autos de ocho de julio, veinte de agosto, veintiséis de septiembre, seis de noviembre, once de diciembre de dos mil catorce, treinta de enero y cinco de marzo de dos mil quince, ha analizado las diversas resoluciones emitidas por la responsable con las que ha intentado dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se estimó en todos ellos que la responsable no acató en sus términos la sentencia de amparo, requiriéndose naturalmente su cumplimiento. Mediante oficio número 652, de doce de marzo de dos mil quince, el juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, (quien actualmente conoce de la causa penal 206/2013) remitió copia certificada de la resolución dictada el doce de marzo de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, en auto de diecinueve de marzo de dos mil quince, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran manifestación alguna al respecto. Ahora bien, de la resolución de doce de marzo de dos mil quince, por la cual el juez responsable cumplió la sentencia concesoria del amparo, se advierte que en esa propia fecha dejó sin efecto los autos de formal prisión de ocho de diciembre de dos mil trece, tres de junio de dos mil catorce, catorce de julio de dos mil catorce, veinticinco de agosto de dos mil catorce, tres de octubre de dos mil catorce y nueve de febrero de dos mil quince, dictados contra el quejoso Flavio Cruz Martínez, por el delito equiparado a la violación; las de dieciocho de noviembre de dos mil catorce y diecisiete de diciembre de dos mil catorce, en las que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley -las siete últimas por las que intentó cumplir con la ejecutoria de amparo- y dictó una nueva determinación, en la que nuevamente dictó auto de formal prisión al aquí quejoso Flavio Cruz Martínez, como probable responsable de dicho ilícito, en la que subsanó las deficiencias formales destacadas. Ahora bien, enseguida se detallan cada uno de los vicios formales destacados en la sentencia concesoria del amparo y se analizará si se encuentran o no satisfechos: VICIOS FORMALES DESTACADOS FORMA EN QUE LA RESPONSABLE SUBSANÓ LAS DEFICIENCIAS FORMALES DESTACADAS a) En cuanto al requisito del auto de formal prisión, consistente en que se debe dictar por una autoridad judicial competente, la responsable omitió fundar y motivar su competencia por razón de territorio, grado, fuero y materia, así como citar los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como el Acuerdo General 01/2002 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por lo que respecta a lo señalado en el inciso a) de este acuerdo, la responsable fundó y motivó su competencia en razón de territorio, fuero, grado y materia, toda vez que manifestó que los hechos acontecieron en el interior de una tienda ubicada en la calle Adolfo López Mateos, sin número del ejido Sebastopol de esa ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, citó los preceptos 69 primer párrafo del Código de Procedimientos penales, 34 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como el Acuerdo General 01/2002 del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestó también que es una autoridad judicial en materia penal y de primera instancia. b) El juez de la causa omitió hacerle saber al inculpado, ahora quejoso, las garantías que establecen las fracciones III y IX, del apartado B, del numeral 20 Constitucional que consisten en que se le juzgara en audiencia pública; y que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de paga de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo, por lo cual se vulneró las normas del debido proceso. En cuanto a lo indicado en el inciso b) la responsable en audiencia pública de dos de junio de dos mil catorce, estando en presencia del agente del Ministerio Público, testigos de asistencia así como el aquí quejoso y sus defensores, le hizo saber al impetrante las garantías que a su favor consagra la Constitución Federal, en específico en el artículo 20 de la misma, al cual se dio lectura íntegra y completa, haciendo especial énfasis en las fracciones III y IX del citado artículo, en su apartado B, de los derechos de toda persona imputada. c) En cuanto a los elementos objetivos o externos que exige el numeral 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado, la responsable omitió explicar el elemento relativo a que la pasivo Indra Jazmín Santiago Sarmiento, por su enfermedad no pudo oponer resistencia; además no señaló las pruebas con las que acreditó la calidad específica de la pasivo a fin de poder valorarlas conforme a su propia naturaleza. En relación al inciso c) la responsable al pronunciarse respecto del elemento relativo a que la pasivo Indra Jazmín Santiago Sarmiento, por su condición no pudo oponer resistencia, refiere que quedó acreditado con la declaración de la ofendida, la cual la relacionó con los dictámenes médico de lesiones, integridad física, ginecológico, proctológico y somatometría, dictamen psicológico emitido por la psicóloga Asuán Romero Calleja perito de la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Cuenca; las anteriores probanzas las adminicula con la fe ministerial de integridad física en donde la autoridad ministerial certifica y da fe del estado de la ofendida, probanzas que fueron correctamente valoradas por la responsable y de las que la responsable concluyó que por dicha discapacidad, resulta lógico y natural que la pasivo Indra Jazmín Santiago Sarmiento no pudo resistirse a la acción realizada por el sujeto activo Flavio Cruz Martínez, pues su retraso psicomotriz le impidió discernir respecto a la conducta delictuosa del activo. d) Que al valorar la declaración de la denunciante Rita Santiago Sarmiento, omitió motivarla debidamente, ya que solo dijo que le merecía valor probatorio indiciario, pero no explicó por qué, esto es no dio las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales para justificar la ponderación de que ella hizo, en relación a su edad, capacidad física e intelectual, su instrucción, tampoco dijo por qué por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales tuvo completa imparcialidad, que el hecho de que se trata lo haya percibido por sus sentidos, para que se esté en condiciones de analizar si entre los fundamentos legales y esa motivación existe adecuación. Por lo que hace a lo señalado con el inciso d) la responsable al pronunciarse respecto a la valoración de la declaración de la denunciante Rita Santiago Sarmiento, se pronunció sobre su capacidad física, intelectual e instrucción, luego entonces refirió que cuenta con el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el que declaró, además que su declaración es clara, precisa, sin dudas ni reticencias, que no obstante que dicha ateste no fue presencial de los hechos; sin embargo, tuvo conocimiento de los mismos por referencia directa de la víctima, misma que le comunicó lo que había sucedido, que al ser su hermana es lógico que por ese parentesco de afinidad, le narrara lo que había pasado, por ello dijo no se advertía que la denunciante hubiera sido obligada a declarar por fuerza o miedo, ni impulsada por error, engaño o soborno; asimismo refirió que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales dicha ateste tuvo completa imparcialidad, pues dijo no es enemiga del procesado y tampoco expresó sentir inclinación en beneficio de la ofendida, que tampoco obran en autos constancias que arrojen en ella razones previas de odio o rencor respecto del agente del delito, siendo así que no existe circunstancia alguna que le pueda conducir en perjudicar falsamente al hoy procesado, pues el hecho de ser hermana de la víctima del delito, no demerita su dicho. e) También se estimó necesario que la responsable motivara debidamente la valoración de la declaración de la ofendida Indra Jazmín Santiago Sarmiento, puesto que la responsable únicamente dijo que le merecía valor probatorio indiciario pero no explicó detalladamente el por qué dicha probanza cumple con los requisitos que establece el numeral 355, fracción VI, del Código adjetivo Penal, pues no dio las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales para justificar la ponderación que de ella hizo, en relación a que su declaración fue clara y precisa, sin dudas ni reticencias, del porqué la declarante fue o no obligada a declarar por fuerza o miedo ni impulsada por error, engaño o soborno, para que este juzgador estuviera en condiciones de analizar si entre los fundamentos legales y esa motivación existe adecuación. En cuanto a lo señalado en el inciso e) el juez de la causa motivó debidamente la valoración de la declaración de la ofendida, puesto que explicó detalladamente el por qué dicha declaración de la ofendida cumple con los requisitos que establece el numeral 355, fracción VI, del Código adjetivo Penal, puesto que refiere que la declaración de la víctima resulta verídica, ya que fue realizada por la persona directamente ofendida por el hecho delictuoso que denuncia, puesto que narra los hechos ocurridos en su persona, en donde en la mayoría de los casos no se cuenta con la presencia de testigos; sin embargo, al tratarse de la víctima de este delito, le confirió valor a su dicho, puesto que no es factible determinar que la pasivo haya inventado los hechos que narró, y que aun cuando la pasivo presente un retraso psicomotor, de su declaración se advierte que cuenta con la capacidad suficiente para darse cuenta de lo que ocurre en su entorno y máxime que la lesión la sufrió en su propio cuerpo; por lo mismo adujo que su deposición es clara y precisa respecto a la conducta desplegada por el agente del delito, sin que existan dudas sobre la substancia del hecho o las circunstancias esenciales del mismo; por lo que manifiesta que no se advierte que haya sido obligada a declarar por fuerza o miedo, ni impulsada por error, engaño o soborno, además que tratándose de ese tipo de delitos, se realizan sin presencia de testigos. f) Por lo que hace a la valoración de la declaración de la testigo de cargo Cecilia Justo García, se estimó deficientemente fundada y motivada, en virtud que no precisó la verdadera edad de la ateste ya que en su declaración manifestó una edad distinta a que la autoridad en cita en su resolución, también dejó de precisar por qué tuvo completa imparcialidad de tales hechos, de dónde advierte que tal ateste presenció éstos; por qué el hecho sobre el que vertió su declaración es susceptible de conocerse por medio de los sentidos, cómo advierte que la testigo los percibió por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otros, y si esa condición permite que se le otorgue credibilidad. Respecto de lo indicado en el inciso f) el juez responsable se pronunció respecto a la valoración de la testimonial de cargo de Cecilia Justo García, fundándola y motivándola, ya que citó los artículos 354 y 355, fracción VI, del Código adjetivo Penal en vigor en el Estado, y adujo que no obsta que la testigo no fue presencial del hecho, puesto que tuvo conocimiento del mismo por referencia de la citada víctima, cuestión que resulta creíble puesto que la testigo es de profesión enfermera y en razón a eso la ofendida la buscó puesto que presentaba malestares; asimismo, que la ateste es una persona adulta, que se advierte imparcialidad en su testimonio, pues para ello no se requieren conocimientos especiales, por ello dijo su declaración fue clara y precisa, sin dudas, reticencias y sin inducción, engaño o soborno, pues la ateste es capaz de declarar ya que en autos no se ha demostrado lo contrario, que por su edad de treinta años y su ocupación de enfermera, tuvo el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el que declaró, del que tuvo conocimiento no por haberlo presenciado pero sí por la referencia directa e inmediata de la propia víctima del delito, narrando así lo que esta última le comentó, de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias y sin inducción, engaño o soborno y que se advierte imparcialidad en su testimonio. g) Respecto a la valoración de las periciales consistentes en los dictámenes médico de lesiones, integridad física, ginecológico, proctológico y somatometría, y el dictamen psicológico, la responsable debió citar también los artículos 397 y 398 del Código adjetivo penal en vigor en el Estado; además debe referir si en el desarrollo de esa pericial se practicaron todas las operaciones y experiencias que su ciencia o arte sugieren al perito, si se expresaron los hechos o métodos que le sirvieron de fundamento para emitir su dictamen como lo requiere el artículo 403 del ordenamiento legal invocado, de modo tal que se evidenciara que el juzgador estuvo en aptitud de valorar todas las operaciones, experiencias, hechos o métodos en que se basaron los expertos para llegar a las conclusiones anotadas; pues será a través de ellos que tales opiniones generen en mayor o menor convicción, pues es menester que precise cuáles fueron los métodos utilizados y las operaciones que realizaron los peritos que los llevó a la conclusión alcanzada en los mismos en el sentido de que no presentó lesiones externas resientes visibles al número de su certificación legal, tampoco presenta datos clínicos de penetración vaginal resiente pero sí de penetración antigua y presenta retraso psicomotriz secundario por complicaciones durante el parto, así como su estabilidad psico-emocional se encuentra comprometida a causa de la agresión sexual, por lo que presenta un sufrimiento emocional; además los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento, ya que son precisamente esas consideraciones las que generarían convicción en el juzgador al efectuar el análisis y conceder mayor y menor valor probatorio al dictamen o incluso negárselo, atento a la convicción que genere en él. Asimismo, se señaló que la responsable debe referir no solo los principios que el perito ha tomado como puntos de partida y las leyes científicas a que ha sometido los hechos observados, sino de igual forma debe señalar los deducciones motivadas, con las cuales establece su opinión, esto es, por qué le genera convicción el resultado de esa pericial, su concordancia con los datos resultantes de las piezas del proceso; si el dictamen está sólidamente motivado y no deja acceso a la desconfianza; asimismo, por qué considera que tales periciales son suficientes para determinar el origen o la causa de la conclusión establecida. En cuanto a lo señalado en el inciso g), la autoridad responsable, para acreditar el cuerpo del delito y dictar el auto de bien preso, tomó en consideración las periciales consistentes en: los dictámenes médicos de lesiones, integridad física, ginecológico, proctológico y somatometría, emitido el ocho de mayo de dos mil trece, por el perito médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado Esaú García Cuapanteca y el dictamen psicológico emitido por la psicóloga Asuán Romero Calleja; fundó su valoración en los preceptos 354, 397, 398, 400, 401, 403 y 404 del Código adjetivo penal en vigor en el Estado; además, dijo que dicho dictamen fue presentado de forma escrita por persona con conocimiento en la materia, ya que al desempeñarse precisamente como peritos de la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Cuenca, adquieren el carácter de oficial y de acuerdo a sus funciones infirió que cuentan con el conocimiento necesario para emitir una opinión como la que nos ocupa, máxime que valoraron directamente a la pasivo y al realizar la inspección general y entrevista, respectivamente; señaló que los peritos expresaron en su dictamen los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su conclusión, soportando sus opiniones en bases razonadas y fundadas en el orden a los conocimientos correspondientes, por lo que dicho dictamen le aportó los elementos de convicción necesarios para que resolviera el problema fáctico sometido a las pruebas de mérito. h) En cuanto a la diligencia de traslado e inspección ocular de veintitrés de mayo de dos mil trece en el lugar de los hechos, el juez responsable la valoró deficientemente, porque omitió precisar que dicha diligencia se equipara a una documental pública toda vez que se trata de una actuación realizada por la autoridad ministerial en ejercicio de sus funciones, facultad que le confiere el artículo 21 de la Constitución Federal; además, resulta necesario decir por qué se cumplieron los requisitos que prevén esos numerales, de igual forma no explicó cuál fue el motivo de su práctica, si fue a petición de parte o de oficio, y en este último caso, porqué se consideró necesaria su realización; además cuál es el hecho relevante que advirtió de esa documental, para otorgarle el valor probatorio que le confirió, así como decir si se satisfacen las exigencias que prevén los artículos 370 a 373 del código en cita. Por lo que se refiere a lo señalado en el inciso h), el juez de la causa en cuanto a la acreditación del delito, tomó en consideración la diligencia de traslado e inspección ocular de veintitrés de mayo de dos mil trece en el lugar de los hechos; prueba que valoró fundada y motivadamente, toda vez que estimó que alcanza la valoración convictiva de indicio, en términos del artículo 354, en relación con el 355, fracción I, del código adjetivo penal, puesto que se realizó con todas las formalidades de ley, además precisó que dicha diligencia se equipara a una documental pública de conformidad con la fracción X, del artículo 356 del mismo ordenamiento legal, toda vez que se trata de una actuación realizada por la autoridad ministerial en ejercicio de sus funciones, ello en cumplimiento a la obligación que lo hace objeto el artículo 59 Bis del cuerpo adjetivo penal y que dicha diligencia se realizó con las formalidades legales que prevén los numerales 370 y 372, del Código adjetivo penal en vigor en el Estado y que de la misma advierte la existencia del domicilio y parte de los objetos que se encontraban en dicho lugar en la fecha del evento criminoso, coincidiendo con la inspección ocular practicada por el Ministerio Público Investigador y con lo manifestado por la ofendida en el sentido de que ella iba a la tienda de su tío a jugar maquinitas cuando en diversas ocasiones le impuso la cópula. i) En cuanto al análisis de la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, en la comisión del delito equiparado a la violación, el juez responsable, la tuvo por acreditada en términos de los artículos 8, fracción I y 11, fracción II, del Código Penal en vigor, tomando en consideración los mismos elementos de prueba relacionados -denuncia, declaración de la ofendida, testimonial y los dictámenes ginecológico y psicológicos- incurriendo en las mismas deficiencias formales; motivo por el cual, deberá subsanar dichos vicios. En relación a lo señalado en el inciso i), la responsable al analizar la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, en la comisión del delito equiparado a la violación, tuvo por acreditada en términos de los artículos 11, fracción II, del Código Penal, 25 último párrafo y 354 del código adjetivo penal, tomando en consideración los mismos elementos de prueba relacionados - declaración de la ofendida, denuncia de Rita Santiago Sarmiento, testimonial, dictámenes ginecológico y psicológico y diligencia de inspección ocular- por lo cual al habernos ya referido a la valoración de dichas probanzas, se concluye que la responsable ha subsanado estos vicios formales. En vista de lo anterior, es claro que la autoridad responsable restituyó en el goce de sus garantías individuales violadas al quejoso Flavio Cruz Martínez, por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Tal cumplimiento notifíquese personalmente a las partes, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J 9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

  4. Principal

    MESA IB] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio 652, del juez Segundo de lo Penal del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la resolución de doce de marzo del año en curso, pronunciada en el expediente penal 70/2014, de la que se advierte obran las firmas de los funcionarios respectivos, lo cual tiene relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa y autoridad tercero interesada con dicho oficio para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que queden legalmente notificadas expresen lo que a sus derechos legales convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este tribunal resolverá lo conducente respecto al exacto cumplimiento de la ejecutoria, con base a las constancias que obran en el expediente y a los datos aportados por la responsable, en la que se examinará si se cumplió con la sentencia o no o si incurrió en exceso o defecto en dicho cumplimiento. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª/J9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACION CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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