Flaviana Delgado Delgado

Expediente 1225/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1225/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Flaviana Delgado Delgado
  • Magistrado Presidente de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio descrito en la cuenta, mediante el cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 122/2022, devuelve las constancias originales del expediente relativo al juicio de amparo indirecto 1225/2022 y tres sobres; acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del correspondiente medio de impugnación. Ahora bien, de la ejecutoria remitida se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, modificó la sentencia recurrida, para quedar como sigue: "En las relatadas consideraciones, y en suplencia de la deficiencia de la queja, se tienen fundados los conceptos de violación de la parte quejosa, por lo que, se concede el amparo y protección de la justicia Federal a FLAVIANA DELGADO DELGADO, para el efecto de que el magistrado de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: a) Deje insubsistente la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/15/2022. b) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva el recurso de apelación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima, contra el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa penal 1091/2019, del índice del juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. c) Para ello, deberá atender al "estándar probatorio", observando lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizando nuevamente los datos de prueba vertidos por la representación social, como lo son: la querella de la víctima Flaviana Delgado Delgado, inspección ocular de trece de diciembre de dos mil dieciocho; dictamen psicológico emitido por Ángel Fernando Espinoza Ramos; y escrito de la licenciada en neuropsicología del desarrollo infantil Nadia López Pérez, conforme al nuevo paradigma en materia penal, y si los hechos encuadran en un delito señalado por la ley penal; de igual forma, si arriban al conocimiento de la participación o comisión del mismo por parte de las imputadas, lo cual deberá estar debidamente fundado y motivado. Concesión que se hace extensiva al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, al no impugnarse por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución reclamada." Por tanto, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberán remitir copia certificada ordenada, legible y completa de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a las responsables que si no actúan como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurran en la conducta sancionada y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo de los servidores públicos respectivos y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígaseles que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no las exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además, de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que tratan de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este sumario. A efecto que las responsables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remítaseles copia certificada de la misma. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, para los efectos legales correspondientes en el recurso de revisión 1225/2022. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, transcribe el acuerdo dictado el pasado tres de abril del año en curso, en el amparo en revisión 122/2023, del que se desprende que dicho órgano Colegiado admitió a trámite el citado medio impugnativo interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en el juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos se advierte que no se ha notificado el acuerdo de veinte de febrero del año en curso, a los terceros interesados recurrentes y a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, por lo que se subsana tal omisión con fundamento en lo previsto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por tanto, notifíquese por lista a los terceros interesados la citada determinación y comuníquese procesalmente ese proveído de manera personal a la Fiscal Federal adscrita, a quien deberá correrse traslado de un ejemplar del ocurso de expresión de agravios que los recurrentes formularon con motivo del recurso de revisión que interpusieron en contra de la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con quince minutos del treinta de enero de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio de veinticinco de octubre de dos mil veintidós (iii) informe justificado (iv) apersonamiento de los terceros interesados ********************. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en Estado de Oaxaca, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la parte quejosa y la Sala Regional del Sur del Estado de México y Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar los formulados por los terceros interesados ********************; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia. Firman electrónicamente para constancia, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, y el secretario de Juzgado que intervinieron. Acto seguido, no habiendo nada más que hacer constar, se procede a dicta la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1225/2022, promovido por ********************, en contra de los actos del Magistrado Presidente de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si la parte quejosa logra desvirtuar las consideraciones de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que tomó en cuenta en la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal ******************** que confirmó el auto de no vinculación a proceso en la causa penal ********************del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, en favor de ********************, por el hecho que la ley señala como delito de amenazas, perpetrado en agravio de ********************. ANTECEDENTES De las constancias que obran agregadas en autos se desprende que el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la Juez de Control del circuito judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, dictó auto de NO vinculación a proceso en contra de ********************, por su probable participación en la comisión del delito de amenazas, perpetrado en agravio de ********************. Inconforme con esa determinación, la víctima directa, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, misma que, dentro de los autos del toca penal ******************** de su índice, dictó resolución el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en la que determinó confirmar la resolución apelada. Determinación esta última que constituye el acto reclamado. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, presentó un escrito el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual fue recibido en esa misma fecha, en este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señalaron como autoridades responsables al magistrado de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y al Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, y como acto reclamado la resolución dictada en la toca penal ******************** del índice de la primera de las nombradas y su ejecución material atribuida a la segunda. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 1º, 14, 17 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno correspondió conocer de la mencionada demanda, la registró bajo el expediente 1225/2022, se admitió la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se citó a las partes a la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo, en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. LEGITIMACIÓN ********************, se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, porque en el juicio de origen tiene reconocido el carácter de parte ofendida y porque la resolución reclamada le es adversa, en la medida de que confirma el auto de no vinculación a proceso dictado en contra de las personas que denunció dentro de la causa penal ********************. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: De la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: El fallo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós pronunciado en el toca ********************que confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal ********************, instruida en contra de ********************, por el hecho que la ley señala como delito de amenazas en agravio de ******************** y, Del Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca: La ejecución material de dicho acto. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado a la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y al Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, quedaron legalmente acreditadas a partir de sus informes justificados, mediante los cuales, confesaron su existencia. Circunstancia que se corrobora con las constancias que allegaron, consistentes en la toca penal ********************así como el contenido del disco versátil digital relativo al registro en audio y video inherentes a la audiencia celebrada dentro de la causa penal ********************; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la diversa 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DE FONDO La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los conceptos de violación que invoca la parte quejosa (ofendida en materia penal) son sustancialmente fundados, aunque para arribar a esa conclusión tenga que suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b) , de la Ley de Amparo. Es así, porque este órgano de amparo advierte una violación procesal cometida por la autoridad responsable, Magistrado de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, durante el trámite del recurso de apelación que culminó con la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************en la cual confirma el auto de no vinculación primigenio, lo cual perjudica los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso de la parte quejosa, contenidos en los artículos 14 segundo párrafo y 17 segundo párrafo, ambos de la Constitución Federal, conforme a los problemas jurídicos siguientes: Para justificar lo anterior, es necesario poner de relieve, que la resolución combatida trastoca los artículos 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que incide en que se conceda el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso. Para desarrollar los razonamientos jurídicos que este órgano de control de constitucionalidad estima pertinentes y obligatorios para resolver el presente juicio constitucional, se reproduce el contenido de los citados preceptos a continuación. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Artículo 17. [.] Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes." Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Artículo 14.1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. Los parámetros normativos que se desprenden de los preceptos transcritos, permiten establecer que, como derecho humano de orden constitucional reconocido a favor de las personas intervinientes en procedimientos orales, esa norma implica que la autoridad encargada de pronunciar una resolución en un procedimiento de esa naturaleza, de manera indefectible y en audiencia pública con previa citación de las partes, proceda a explicar la sentencia, esto es, tiene la carga y el deber de explicar su resolución a las personas intervinientes, de manera verbal, clara y concisa para hacerla comprensible, particularmente a las personas con interés en el sentido de la decisión final del asunto de que se trate. Lo que es acorde con lo convencionalmente previsto en el precepto 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuya parte conducente dispone que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. Adicionalmente, se debe mencionar que la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, tuvo como uno de sus principales objetivos incorporar en la Constitución, las bases del debido proceso legal y el mandato para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local. La modificación al artículo 20 constitucional, concretizó la reforma, pues en éste se establecieron las directrices del proceso penal en el sentido de que es de corte acusatorio, adversarial y oral, como sus principales características; asimismo que debe desarrollarse bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en aras de cumplir con su objeto, a saber, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Aunque no es propiamente un principio, la oralidad es el medio que permite poner en marcha los principios rectores del sistema acusatorio; aumenta la transparencia, pues la persona a quien se juzga tiene la posibilidad de observar el trabajo de su defensor, advertir las fallas de los sujetos procesales y percatarse cuando existen órganos íntegros, honestos y honorables. Entonces, es un instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los otros principios, de manera que se le define como el medio más apto para preservar la consecución de los fines del proceso, entre otros, la inmediación y la publicidad, al permitir que el Juez y las partes, incluso el público en general, perciban cómo se desarrolla dicho proceso. Así pues, la oralidad, es la característica primordial de todas las actuaciones en las que deban intervenir los sujetos procesales, tomando en cuenta que el sistema penal acusatorio se desarrolla en un sistema de audiencias y no con una metodología preponderantemente escrita. De igual forma, denota que la regla para la realización de los actos procesales es el empleo del medio de comunicación verbal, con la salvedad de que la norma adjetiva autorice que determinados actos se generen también de manera escrita, como la acusación. Entonces, la oralidad es la herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso, la que cobra actualización tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio. Para efectos del proceso penal, estriba en que las partes, de viva voz, expongan al juzgador sus pretensiones, argumentaciones y pruebas en el desarrollo del proceso. Luego, la referida reforma constitucional regula, bajo la nueva lógica del proceso penal acusatorio y oral, el dictado de las resoluciones del juicio. En términos generales, la oralidad como herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso penal se actualiza tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio; por tanto, bajo ese modelo de procedimiento, el juzgador debe emitir de forma oral sus determinaciones en la audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar sus principios. En otras palabras, el Juez de control, el Tribunal de Enjuiciamiento, así como los Tribunales de Segunda Instancia, debe emitir en las audiencias las resoluciones respectivas, pues en ella expresarán el fundamento legal y las razones por las que condenó o absolvió al imputado, o bien, aquéllas que los conllevaron a dictar en tal o cual sentido alguna determinación relacionada con la situación jurídica del peticionario; lo que no sólo implica expresar los preceptos legales aplicables al caso, así como las razones, motivos y circunstancias que permitieron emitir la decisión, sino también efectuar la relatoría de las pruebas y su valoración para arribar a la conclusión de que se ha cometido un delito y que el imputado lo cometió o participó en su comisión, o bien, que existen los datos suficientes para considerar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y que el imputado probablemente participó en su comisión; pues sólo así se generará certeza y seguridad jurídica al imputado, de que conozca plenamente el fundamento legal y las razones por las que el juzgador decidió en el sentido que lo hace. Así, es en la audiencia en que se emite la resolución respectiva, donde debe cumplirse con la fundamentación y motivación, al margen de que ello se plasme también por escrito, pues lo relevante estriba en que se precise de forma oral, cuando el Juez o Tribunal emite la resolución respectiva, salvaguardando el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, para que el gobernado conozca las razones y el fundamento legal por el que se le compele en sentido jurídico, generándosele seguridad jurídica, esto es, conocimiento libre de dudas acerca del contenido de las resoluciones que incidirán en su esfera jurídica para, en su caso, combatir la arbitrariedad o ilegalidad de la actuación de dichas autoridades. Tratándose de los juicios de corte acusatorio, en la videograbación debe constar de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de las audiencias, pues constituye una herramienta que ofrecen las nuevas tecnologías, desde los sistemas de grabación audiovisual, para la más fiel documentación de los actos orales. La videograbación de las audiencias orales, desahogadas en el contexto de un sistema de enjuiciamiento de tipo acusatorio, contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material como el disco versátil digital, constituye una importante estrategia instrumental que busca garantizar la legalidad y transparencia en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso. Por tanto, el registro electrónico de dicha actividad jurisdiccional garantiza la efectiva aplicación de la justicia a través de la tecnología, almacenada en "documentos electrónicos", entendido como el conjunto de diligencias, trámites y documentos ordenados que forman parte de un procedimiento judicial. Las anteriores consideraciones, en lo aplicable al recurso de apelación en el proceso penal acusatorio, permiten concluir que el dictado de la resolución respectiva debe realizarse, precisamente, en la audiencia respectiva. Lo anterior es así, porque además de lo previsto en los artículos 16 y 20 constitucionales, en lo atinente a los principios de legalidad y de oralidad e inmediación que rigen el juicio penal de corte adversarial, los diversos 4°, 52, primer párrafo, 61 y 67, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen lo que se trascribe en los siguientes términos: "Artículo 4°. Características y principios rectores El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. Artículo 52. Disposiciones comunes Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. Artículo 61. Registro de las audiencias Todas las audiencias previstas en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional. La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación. Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario." De lo trascrito deriva que, entre las características del proceso penal, se encuentra que será oral y que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional (entendido como el Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento, pero también el Tribunal de Alzada), se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este código. Asimismo, que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional (en sentido amplio) se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción previstos en la legislación en análisis, de tal suerte que las cuestiones debatidas en una audiencia, deberán ser resueltas en ella. De manera destacada, se aprecia que la legislación en consulta establece que todas las audiencias ahí previstas serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional, y que la grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros, conservándose en resguardo para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes. En ese sentido, también se establece en los preceptos trascritos que las resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidas oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente y que entre los que deben constar por escrito, después de su emisión oral, se encuentran las sentencias definitivas. Que en ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente; surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral. De esa forma, en los juicios penales de corte acusatorio (incluyendo la resolución del recurso de apelación), las resoluciones deben dictarse oralmente en una audiencia, con expresión de los motivos y fundamentos que la sustentan; actuación que, en los términos referidos, deberá documentarse en la videograbación y en el escrito respectivos, pues existe una clara preeminencia del principio de la oralidad, tanto para el desarrollo de las actuaciones procesales como para la toma de decisiones por parte del Juez o tribunal de enjuiciamiento. Ahora, tenemos que el fallo que resuelve un recurso de apelación, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es un mecanismo de segunda instancia, que sirve de margen para la revisión de una decisión tomada en el marco del proceso, mediante el cual se satisface el derecho de recurrir una determinación ante una instancia superior, en respeto al debido proceso, como un aspecto del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 17 constitucional. Cierto, la apelación como recurso en el sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral, se encuentra regulado en el título XII, capítulo I, sección II, apartados I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de los artículos que lo prevén fundamentalmente y para lo que al caso destaca, que las resoluciones judiciales, orales o escritas podrán ser recurridas, por quien tenga expresamente otorgado el derecho y pueda verse afectado por la resolución, solo por los medios y en los casos expresamente establecidos en el mismo ordenamiento. El órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente para resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por el recurrente. El recurso de apelación se interpondrá ante el juez que dictó la resolución, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada. Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de segunda instancia se pronunciará de plano sobre su admisión, según lo ordena taxativamente el numeral 475 del ordenamiento legal en comento, siendo de explorado derecho que el concepto "de plano", significa desde ya, o sea, sin mayor trámite. Si alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia. En este caso, el Tribunal de alzada, citará a las partes para que expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios; abierta la audiencia relativa a los alegatos aclaratorios, se concederá la palabra al recurrente para que haga su exposición; sin embargo, no puede plantear nuevos conceptos de agravio; asimismo, en esa audiencia el Tribunal podrá solicitar aclaraciones sobre las cuestiones planteadas en los escritos de agravios presentados. De igual forma, tenemos que del contenido del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser dentro: a) De cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) De los cinco días después de admitido el recurso principal; Pero con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, conforme a una interpretación armónica de dicho precepto, con los diversos 4°, 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 del propio código, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial. Así, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto. Ello se considera así, dado que, de conformidad con el citado artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación pueden ser dictadas en dos momentos: a) De plano en esa misma audiencia, una vez escuchadas a las partes; o, b) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Sin que este segundo supuesto identificado con el inciso b), pueda llevar al extremo de exentar al Tribunal de Apelación a no celebrar una audiencia, pues del texto integral del numeral 478 se advierte que en las dos hipótesis se debe desahogar una audiencia, aun cuando, solo en apariencia la resolución pueda dictarse en forma escrita, porque de una interpretación sistemática realizada a los ordinales 4°, 5°, 63 y 67 del Código Único Procesal Nacional se aprecia que todas las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales -hecha excepción de las que expresamente señala el Código Nacional y en las que no se ubica este supuesto-, deben ser dictadas en forma oral, en las que se deben expresar los fundamentos y motivaciones que les dan sustento, pues el ordenamiento procesal en cuestión, entre otras cuestiones, dispone que las notificaciones de las decisiones judiciales adoptadas en las audiencias se tendrán por hechas formalmente a quienes estaban obligados a asistir (artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es inconcuso que las partes debían estar presentes; de ello da cuenta el contenido del numeral 57 del mencionado ordenamiento procesal. La disposición en cuestión, resulta aplicable a la segunda instancia en la que se substancia la apelación, porque se encuentra ubicado en el Capítulo II, inherente a las disposiciones de las audiencias en general contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado a que el título referente a los recursos que contempla dicho ordenamiento no tiene una disposición específica para el desarrollo de las audiencias en alzada; de ahí que le resulten aplicables las disposiciones comunes antes aludidas. En ese orden de ideas, los dos supuestos que refiere el ordinal 478 para resolver el recurso de apelación, representan únicamente momentos temporales diferenciados para emitir una sentencia sobre dicho medio de impugnación, y no formas distintas para su dictado, esto es, la porción que señala: "Artículo 478. Conclusión de la audiencia La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma." Así, esta última parte, no significa que el fin teleológico del creador de la norma haya sido exentar al Tribunal de Apelación de celebrar una audiencia para resolver al asunto, cuando todos los numerales examinados expresan la idea de dirimir controversias a través de audiencias públicas, y con la asistencia de las partes, sino que debe interpretarse en el sentido de que el plazo para la emisión de la versión escrita es el de tres días de celebrada la audiencia correspondiente, en la que se debe expresar los fundamentos y motivaciones que le den sustento lógico jurídico a la decisión adoptada por el tribunal. Todo lo antes expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia II.2o.P. J/12 (10a.), publicada en la página 2004 del Libro 59, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 2018, Décima Época, Materia Penal, con número de registro 2018037, que establece: "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE DICHO PRECEPTO, CON LOS DIVERSOS 4, 52, 58 A 63, 67, 477 Y 478 DEL PROPIO CÓDIGO). El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.-El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso.". De su contenido se advierte que en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser dentro: a) de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) de los cinco días después de admitido el recurso principal. Así, con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, conforme a una interpretación armónica de dicho precepto, con los diversos 4o., 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 del propio código, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial; de ahí que el artículo 476 invocado no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del código referido "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece su artículo 1o. En esa virtud, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó; luego, si en el particular, para resolver el recurso de apelación, no se celebró ninguna audiencia pública, se concluye que se violaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resguardan el debido proceso." Ahora bien, con las constancias que obran en autos, está demostrado que: El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el juez de control dictó auto de no vinculación a proceso en los autos del proceso penal ********************instruido en contra de ********************, por su probable comisión en el delito de amenazas. Inconforme con dicha determinación, la ofendida ********************, interpuso recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, el cual una vez integrado se envió a la Sala responsable para su substanciación. Posteriormente, el Magistrado de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el once de julio de dos mil veintidós, para ser exactos, admitió el citado medio de defensa. Posteriormente, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, resolvió confirmar el auto de no vinculación a proceso. De ahí que, se advierte, como violación procesal anunciada con anterioridad, que once de julio de dos mil veintidós, el Ad quem, fue omiso en señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia para exponer oralmente alegatos aclaratorios, siendo que de una interpretación armónica del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con los numerales 4, 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 de la propia legislación procesal, permite concluir que en la audiencia de alegatos (o en una posterior que dirima el recurso de apelación) el tribunal de alzada debe emitir su resolución de forma oral. Hecho lo anterior, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictó resolución en apelación de manera escrita, confirmando el auto de no vinculación a proceso. De lo antes expuesto, se torna palmario que la resolución combatida a través del presente juicio, resulta inconstitucional e inconvencional, toda vez que en la especie, el Tribunal de Alzada responsable, no señaló ni mucho menos desahogó la audiencia respectiva para emitir de plano la resolución concerniente, sino que únicamente se limitó a expresarla por escrito y no de manera oral, de ahí que el artículo 476 invocado no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del código referido "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece su artículo 1o. En esa virtud, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó; luego, si en el particular, para resolver el recurso de apelación, no se celebró audiencia pública alguna, por lo que se concluye que se vulneraron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que resguardan la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las partes en el proceso penal. En efecto, como se explicó en párrafos anteriores, la sentencia que se dicta en apelación en un proceso oral como el que nos ocupa, necesaria e indispensablemente debe cumplir con dos requisitos que en la especie fueron soslayados, a saber: I. No fue emitida de manera oral en audiencia, y; II. Menos aún fue explicado a las partes su contenido y alcances. En ese sentido, conviene reiterar que la celebración de la audiencia a efecto de verificar lo anterior, no se trata de un capricho del legislador como un rito ceremonioso sin sentido, sino como un verdadero mecanismo protector de legalidad de los juicios instados por las partes, en especial, los juicios del sistema acusatorio, adversarial y oral, en los que a su vez, se hace patente la observancia a los principios fundamentales que constituyen sus ejes estructurales (oralidad, inmediación y publicidad). De esta forma, se puede concluir que la celebración de la audiencia atinente para los propósitos apuntados con antelación, no constituye una opción disyuntiva para el Tribunal de Alzada responsable a fin de que esta pueda determinar si resulta conveniente o no su verificación, o condicionar su celebración a la interpretación aislada que se pueda efectuar a partir de los artículos 476, 477 y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sino que se trata de una verdadera obligación procesal que debe cumplirse a cabalidad para no violentar el marco constitucional y convencional fraguado a partir de la multicitada reforma constitucional al sistema de justicia criminal en México; de ahí que se imponga conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Es imprescindible mencionar que no se estima oportuno el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a que el que se dilucidó oficiosamente por este órgano de control de constitucionalidad en suplencia de la queja deficiente, es de naturaleza formal, y tal como se puede apreciar de los efectos del fallo protector, hubiese resultado inútil hacer un pronunciamiento respecto de aquéllos, dado que el Tribunal de Alzada responsable se encuentra constreñido a dictar nuevamente la resolución que dirima el recurso de apelación interpuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 683, sustentada por el Segundo Tribunal del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción." También resulta aplicable la jurisprudencia 110 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA).Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, debido a que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por el Magistrado de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por último, se tienen por formulados los alegatos de los terceros interesados, sin que este órgano jurisdiccional realice mayor pronunciamiento, al no formar parte de la litis constitucional ni hacer valer causas de improcedencia del juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Asimismo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 122/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". DECISIÓN En consecuencia, lo procedente es conceder a ********************, el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado contra el acto reclamado consistente en la resolución emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada en los autos de la toca penal ********************para los efectos siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada. Reponga el procedimiento de segunda instancia hasta el auto de radicación de once de julio de dos mil veintidós, y con la debida oportunidad convoque de manera personal a las partes a la celebración de la audiencia oral respectiva, y, les haga saber que en cumplimiento de esta sentencia resolverá la instancia de alzada en aplicación de los principios constitucionales de contradicción y publicidad, vinculando a que las partes sean escuchadas en audiencia pública por el tribunal de segunda instancia, competente, el cual, también habrá de emitir con plenitud de jurisdicción la resolución que en derecho corresponda y procederá a la explicación de la misma en los términos apuntados en la legislación citada. Finalmente, al ser fundado el concepto de violación en cita, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad, en atención a que no podría variar el sentido del presente fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 683, sustentada por el Segundo Tribunal del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción." También resulta aplicable la jurisprudencia 110 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA).Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE Único. Se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************, contra el acto que reclama del Magistrado de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y el Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, Ejutla de Crespo, Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado VIII del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

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