FLAVIANO SANTIAGO JULIÁN y Otros.
Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- FLAVIANO SANTIAGO JULIÁN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito del quejoso.... ; visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, devuélvasele la documental que refiere, misma que acompañó a su escrito de demanda; previo folio de sustitución que se deje en su lugar y razón de entrega. Hecho lo anterior, devuélvase al archivo definitivo.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil diecinueve. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 20 a 22), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, en auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, donde se ordenó formar el tomo de pruebas (foja 20). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el informe con justificación que rinde la Secretaria de Acuerdos encargada del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, al que adjunta copia certificada del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 69/2016 de su índice; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Con las constancias adjuntas, y a efecto de facilitar su manejo, fórmese el cuaderno auxiliar I, respetándose folio, rúbrica y entresello; las cuales, dada su voluminosidad no se digitalizarán, por lo que en términos del artículo 91 del "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", podrá ser consultado físicamente por las partes en este Juzgado. Ahora bien, la parte quejosa reclamó de la autoridad judicial responsable, el acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 69/2016, por el que, negó emplazar a juicio por medio de edictos a la parte demandada. Respecto del cual, la precitada autoridad, en el informe de cuenta, aceptó la existencia del acto reclamado, y manifestó que, ante dicho juzgado se sigue el juico ejecutivo mercantil 69/2016, promovido por Flaviano Santiago Julián, endosatario en procuración de... , en contra de Cristina Cervantes Andrade; que, en auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se negó llamar a juicio por medio de edictos a la citada demandada, toda vez que, no se han agotado todos los medios pertinentes para localizar a ésta. En ese tenor, de las constancias que obran en el cuaderno de pruebas, se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, Flaviano Santiago Julián, endosatario en procuración de ..... , demandó en la vía ejecutiva mercantil a Cristina Cervantes Andrade, el pago de veinte mil pesos, moneda nacional, como suerte principal, más pago de intereses moratorios del 10% mensual, así como gastos y costas del juicio (foja 2 a 5). 2. En auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, la Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, admitió a trámite la demanda, la cual radicó con el número 69/2016, dictó auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma, y ordenó emplazamiento (fojas 1 a 7); mismo que no ha tenido verificativo, al no ser localizada aún la parte demandada. Establecido lo anterior, contra el acto reclamado, esto es, la determinación de veintidós de enero de dos mil diecinueve, por la que se negó llamar a juicio por medio de edictos a la demandada ..... ; se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual puedan modificarse, revocarse o anularse los actos reclamados. En la especie, como ya quedó establecido el quejoso reclama el auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, por el que se negó emplazar a juicio por medio de edictos a la demandada..... , al aducir la autoridad judicial que, todavía no se agotan los medios pertinentes para su localización, determinación dictada en el juico ejecutivo mercantil .... , en el que, en la vía ejecutiva mercantil se demandó el pago de la cantidad de veinte mil pesos, moneda nacional, como suerte principal, más pago de intereses moratorios del 10% mensual, así como gastos y costas del juicio. Ahora bien, el ordinal 1340 del Código de Comercio aplicable al juicio natural, estatuye: Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 (Quinientos sesenta (sic) y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Por otro lado, el numeral 1334 del mismo ordenamiento legal, establece: Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. De la interpretación relacionada de las normas que se acaban de reproducir se colige que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N. o cuando en virtud de dicho monto se tramiten en un juzgado de paz o de cuantía menor, pero que los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia 1a./J. 59/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, cuya observación resulta obligatoria para este tribunal, de conformidad con lo que estatuye el artículo 217 de la Ley de Amparo, la cual indica: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto que se tilda de inconstitucional, al tratarse de un auto dictado en un juicio ejecutivo mercantil que, en razón de su monto, se tramita en un juzgado de cuantía menor, pudo ser impugnado mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, a través del cual era factible lograr su modificación, revocación o anulación. Sin embargo, de las constancias que la Juez responsable adjuntó a su informe justificado se advierte que la parte quejosa no interpuso dicho recurso en contra del acuerdo que reclama. Por ello, es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar ese medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que lo rige. En efecto, como el solicitante del amparo es parte actora en el citado juicio ejecutivo mercantil y no controvirtió el proveído que reclama mediante el recurso de impugnación idóneo -recurso de revocación-, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad. Además de que, no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de La Ley Reglamentaria. Por ello, se afirma que la parte quejosa, previo a instar el presente juicio de amparo, debió interponer el medio de defensa señalado -revocación- para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil diecinueve. De los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte, por una parte, está señalada para hoy la audiencia constitucional (foja 10) y, por otro lado, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. Con motivo de lo anterior, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para que tenga verificativo a las nueve horas con diez minutos del dos de abril de dos mil diecinueve.
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