FILIBERTO RODRIGUEZ ARANGO y Otros.

Expediente 1447/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1447/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • FILIBERTO RODRIGUEZ ARANGO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA I A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 394 a 396), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Sin que obste para arribar a lo anterior la falta de constancia que acredite que las autoridades responsables hayan quedado notificadas del auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, las responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión cuando afecten directamente el acto que de ellas se hubiera reclamado, y en el caso, esto no ocurre, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, se advierte que la parte quejosa reclama de las Cámaras de Senadores, y de Diputados del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Gobernación; Secretario de Hacienda y Crédito Público, y Director del Diario Oficial de la Federación -con motivo del primer acto de aplicación-: ? La iniciativa, aprobación, promulgación, expedición, referendo y publicación, en sus respectivos ámbitos de competencia, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil cinco, en vigor a partir del día siguiente. Del Comité Técnico del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación: ? La discusión, aprobación, suscripción, y promulgación de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos de 1942 a 1964, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de octubre de dos mil cinco. Del Secretario de Gobernación; Secretario de Hacienda y Crédito Público, y Director del Diario Oficial de la Federación: ? El refrendo y publicación del decreto correspondiente a las citadas Reglas, respectivamente. Referente del Encargado de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Gobernación de la Secretaría de Gobernación: ? El oficio UEFCEF/DA/FID.10230/214/2254/2017 de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, signado por la autoridad responsable, mediante el cual se le dio respuesta a su escrito presentado el seis de noviembre del propio año, mediante el cual solicitó el reconocimiento del carácter de beneficiario y de derecho a recibir pago del Fondo de Apoyo Social y sus intereses (acto de aplicación de la normatividad reclamada). No pasa inadvertido que también el peticionario del amparo reclama a las mencionadas autoridades diversos actos; empero, los mismos no deben de tenerse como actos autónomos e independientes porque, en todo caso, se traducen en conceptos de violación; de ahí que no deban ser objeto de estudio por separado, ya que se hacen depender de la inconstitucionalidad de la norma reclamada y de su acto de aplicación. Actos que las precitadas autoridades, en sus informes justificados, aceptaron su existencia en el ámbito de su competencia (fojas 54 a 65, 69 y 70, 312 a 327, 107 a 123, 85 a 93, 124 a 145, 237 a 270, 271 a 311), excepto al Secretario de Gobernación que aceptó parcialmente el acto reclamado; no obstante ello, se tiene en consideración que los actos que se les atribuyen se refieren a la existencia de normas, las cuales no son objeto de prueba en virtud de que ello no depende del contenido de los informes de las autoridades responsables, sino que basta que estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y, en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. Establecido lo anterior, contra los referidos actos (acto de aplicación y las normas reclamadas), se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la literalidad del segundo de los artículos mencionados, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, debe destacarse que conforme a lo dispuesto el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el amparo se computará a partir del día siguiente al en que: 1. Surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame. 2. La parte quejosa haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Sentado lo anterior, para determinar el momento en el cual comenzó a correr el plazo para que el peticionario del amparo Filiberto Rodríguez Arango presentara su demanda de amparo, es menester tener en cuenta, que como bien lo hace valer la autoridad responsable ¬-Encargado de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Gobernación de la Secretaría de Gobernación-, al peticionario del amparo, el oficio UEFCEF/DA/FID.10230/214/2254/2017 de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, signado por la autoridad de que se trata, el cual propició la impugnación de la legislación reclamada, le fue notificado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 353), lo cual, incluso acepta el propio quejoso en su demanda (foja 6); además, formula conceptos de violación respecto al contenido de ese oficio. En esa notificación por disposición expresa del artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo surtió efectos el mismo día, de ahí que el plazo empezó a computarse a partir del veintidós de noviembre siguiente, lo que indefectiblemente denota que estuvo en aptitud de instar el juicio constitucional a partir del veintidós de ese mes y año. En lo conducente, se invoca la jurisprudencia 10/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa. [Época: Décima Época, Registro: 2014200, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 10/2017 (10a.), página: 8]. Así, el plazo para promover la demanda de amparo contra los actos reclamados, transcurrió del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete al doce de diciembre del propio mes y año; excluyéndose los días veinticinco y veintiséis de noviembre, dos, tres, nueve y diez de diciembre, por ser inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al presentarse la demanda de amparo el trece de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, es inconcuso que ya había fenecido el plazo legal de quince días con el que el quejoso contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio por lo que corresponde al acto de aplicación y a la norma reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. [Época: Novena Época, Registro: 191311, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 71/2000, página: 235]. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA I A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, únicamente para que obra como corresponda, el oficio signado por la Subdirectora de Amparos "A", a través del cual informa que la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no le corresponde a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos; sin que sea necesario solicitar el informe justificado a la autoridad correspondiente por parte del Presidente de la República, toda vez que proveído de doce de febrero del año en curso (foja 328), el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación en representación del Presidente de la República, rindió el informe justificado. Por otra parte, incorpórese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Juana Leticia López Galindo, autorizada legal de la quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de doce de febrero de año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos de los que se hará relación en la audiencia respectiva.

  4. Principal

    MESA I A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado que rinde el Encargado de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, toda vez que dicho informe fue recibido en los mismos términos vía telegráfica y se acordó lo conducente en auto de doce de febrero del año en curso (foja 328). No obstante a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admite como prueba de la autoridad responsable citada, las copias certificadas de las documentales que precisa en su informe de cuenta; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional

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