Fiscal General del Estado de Colima
Expediente 1056/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 1 actuación registrada, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Fiscal General del Estado de Colima
Actuaciones
- Incidental
Colima, Colima, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del escrito de ampliación de demanda, de conformidad con los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, tramítese únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1056/2022-V, promovido por *** quien se ostenta asesor jurídico de la quejosa Alejandra González Leal, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa Segunda de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Colima. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus respectivos informes previos, mismos que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus respectivos informes previos, mismos que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables de que en caso de que no rindan los informes requeridos, se les sancionara con una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos); con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo; y, se presumirá cierto el acto reclamado en términos del artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento que el informe que se les requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx, previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (312) 316-48-00 extensión 1251; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Colima, código postal 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Se señalan las nueve horas con quince minutos del dos de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En ese sentido, del escrito de demanda de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de notificar el inicio y radicación de la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/2/1272/2021. Ahora bien, respecto de las consecuencias del acto reclamado, con fundamento en los artículos 130 y 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional a la parte quejosa, pues el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que en el presente caso no se actualiza. Además, es de indicarse que de conceder la medida cautelar en los términos que la solicita la parte quejosa, es decir, para el efecto de que la responsable se pronuncie sobre la omisión reclamada en el juicio de origen, sería tanto como darle efectos restitutorios, propios de una eventual sentencia protectora que se llegue a dictar en el juicio de amparo del que deriva este incidente, aunado a que conforme al contenido del segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo, en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda, esto es, la medida cautelar únicamente conserva derechos. Sirve de apoyo la tesis I.6o.T.3 K (10a.), visible en la foja 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." De igual modo, la jurisprudencia 608 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, TCC, página 551, registro 918142, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día - lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos". Sin que para en el caso concreto aplique lo estipulado por, la tesis de jurisprudencia 70/2019 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, la cual indica que si bien la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Sin embargo, también destaca que lo importante para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. El referido criterio es localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, pagina 286, Decima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza emisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá´ después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá´ del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." A su vez, el artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece que el otorgamiento de la suspensión en ningún caso podrá´ tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda. De manera que si se reclaman actos negativos y, carentes de ejecución, que se traducen en una abstención de la autoridad responsable; es decir, implica un no actuar en determinado sentido, de ahí´ que de otorgar la suspensión solicitada a fin de que la autoridad cese su actuar omisivo, agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo; y conforme al criterio transcrito, esto va más allá´ de los efectos suspensorios que puedan actualizarse momento a momento; además de que tendría efectos constitutivos de derechos el ordenar a la autoridad responsable de cesar su actuar omisivo. Se considera así, toda vez que de otorgar la medida cautelar solicitada para los efectos precisados, se le estaría dando efectos constitutivos de los que carece tal suspensión provisional, habida cuenta de que la misma tiene el efecto de paralizar los actos de autoridad o bien mantener las cosas en el estado en que se encuentran en el momento de concederse; mas no el que se ordene la constitución de determinadas conductas, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de la sentencia favorable que llegara a obtener en el fondo del juicio de amparo que promueve. Ello es así, porque la medida cautelar, tiene como finalidad suspender el acto reclamado, por ende, se debe constreñir a dilucidar, únicamente, la materia de la suspensión, es decir, establecer si los actos que nos ocupan son suspendibles o no, pero no adelantar su juicio en cuanto a los actos que deban resolverse en el fondo del asunto, por lo que si la suspensión se otorgara, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal, de ahí que no es aplicable la tesis que invoca en su demanda. Es de indicarse que la presente determinación no implica una violación al principio jurídico de petición de principio, habida cuenta que no es dable conceder la medida cautelar solicitada al no cumplirse, como se vio, los requisitos que exige el numeral 128 de la ley de la materia, pues de lo contrario se le constituiría un derecho que la parte quejosa no tiene, pues debe recordarse que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; lo anterior, según lo ordena el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues recuérdese que la suspensión es para conservar derechos no para constituir; además, de acceder a las pretensiones de la quejosa sería tanto como que este juzgador se sustituyera en las facultades de la responsable lo cual no es dable. Notifíquese por lista.
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