Filiberto Pérez Castillo

Expediente 203/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
203/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Filiberto Pérez Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual quien se ostenta como el quejoso solicita copias certificadas. En tales condiciones, al tener en cuenta que la firma estampada en el escrito de mérito difiere notoriamente con la del escrito inicial de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante la presencia judicial a efecto de que ratifique la firma del escrito de cuenta, además en el acto de dicha comparecencia debe dar razón fundada de tal diferencia, a satisfacción de este órgano jurisdiccional, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido para tal efecto, no se dará tramite a su ocurso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 3ª. 24, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 13-15, Enero-Marzo de 1989, página, 52, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En caso de que el promovente persista en su pretensión y reconozca como suya la firma que obra en el escrito de cuenta, el suscrito juzgador se reserva ordenar la práctica de la prueba pericial respectiva a efecto de tener la certeza de que quien insta a esta autoridad judicial, se trata de la misma persona que dice ser el quejoso, ya que uno de los principios básicos del juicio constitucional, es que éste siempre se siga a instancia de parte agraviada, el cual no tiene excepciones, mismo que se encuentra previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo. De igual manera, en caso de que el resultado de la pericial sea desfavorable para la parte quejosa, este juzgador se reserva dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales que le competen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/2017, publicada en la página mil doscientos treinta y cuatro, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, que dice: PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. En la inteligencia de que deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de recoger las copias solicitadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual *** en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral ***, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable, tercera interesada, mediante el cual solicita copias certificadas, de todo lo actuado en el presente cuaderno principal y todo lo actuado en el cuaderno incidental. Expedición de copias del cuaderno principal. Por último, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada del presente auto, en un solo tanto, previa constancia que por su recibo se deje en autos. En relación con la expedición de un solo tanto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 20/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 308, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. Lo anterior, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, indíquesele que el uso que le dé a los documentos solicitados, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la inteligencia de que deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de recoger las copias solicitadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. Expedición de copias del cuaderno incidental. Por lo que respecta a la solicitud de que se expidan copias certificadas de todo lo actuado en el cuaderno incidental, que deriva del presente juicio de amparo, dígasele al quejoso que no ha lugar acordar de conformidad, en virtud de que dicha petición la tiene que dirigir al incidente de suspensión, toda vez que el mismo se lleva por separado, de conformidad a lo ordenado en el artículo 128, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Colima, Colima, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual ******, en su carácter de autorizada en términos amplios de la quejosa, solicita se regularice el expediente electrónico correspondiente al presente juicio de amparo, en razón de que las determinaciones pronunciadas el pasado veintisiete de mayo y diez de junio del año en curso, no pueden consultarse. Por tanto, se requiere al secretario encargado del trámite del presente amparo, oficial administrativo encargado del Sistema de Seguimiento de Expedientes Electrónico (SISE) y a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que de forma inmediata, actualicen la autorización de la consulta del expediente electrónico, toda vez que la promovente no le es posible la consulta del expediente electrónico. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa respecto de los actos realizados por el Juez Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de garantías. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la cual causó ejecutoria el dieciocho de mayo del año en curso, así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de la autoridad Conclusión 1) Deje insubsistente el emplazamiento del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, practicado al quejoso Filiberto Pérez Castillo, dentro del juicio ejecutivo mercantil CUIE 18-0381-119, así como todo lo actuado con posterioridad. Mediante oficio recibido en este juzgado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el juez responsable anexó copia certificada del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que dejó insubsistente el emplazamiento de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, practicado al quejoso Filiberto Pérez Castillo, dentro del juicio ejecutivo mercantil CUIE 18-0381-119, así como todo lo actuado con posterioridad. Sí está cumplida. 2) Asimismo, debe dejar sin efectos todo lo actuado respecto de los codemandados Javier Moreno Contreras, Yolanda Candelaria Contreras Moreno y Ma Luisa Ojeda Pérez, a excepción de su emplazamiento, el cual subsistirá. Asimismo, en el mismo acuerdo dejó sin efectos todo lo actuado respecto de los codemandados Javier Moreno Contreras, Yolanda Candelaria Contreras Moreno y Ma. Luis Ojeda Pérez, a excepción de su emplazamiento, el cual subsistirá. Sí está cumplida. De la tabla precedente se obtiene, que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento a las partes que tienen a su alcance el recurso de informidad que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio, no existir documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se ordena que obre por cuerda separada el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, incido a), del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.

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