Fiscal Ejecutivo Adscrito
Expediente 870/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fiscal Ejecutivo Adscrito
- Fernando LòPez RodrìGuez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veinte. Se agrega en autos el oficio de cuenta recibido vía electrónica, con evidencia criptográfica de Luisa Gabriela Ojeda Gómez, Secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, por medio del cual acusa recibo del oficio 20294/2020 de veintiuno de septiembre del año en curso, e informa que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Alejandro Martínez Palacios, en representación de Fernando López Rodríguez, contra actos de la Secretaría de Gobernación a través del Comisionado del Órgano Administrativo y Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependientes del Consejo Nacional de Seguridad y otra autoridad; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos el oficio de mérito, para que obre como corresponda tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce y de conformidad con el artículo 21, inciso j), Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia declinada por éste juzgado, a través de auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte. En el entendido que una vez que haya transcurrido el término de tres años, que establece el artículo 21 del acuerdo en cita. Además no se ubica en alguno de los casos de excepción establecidos en el artículo 15 del acuerdo citado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Vistas las promociones de cuenta, en una de ellas, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional informa de la imposibilidad material y lega para proporcionar un perito en materias de Química, Economía y Finanzas por los motivos que expone y en la otra, el autorizado de la parte quejosa, en atención al requerimiento formulado en proveído de siete de septiembre del año en curso, señala domicilio de las instalaciones de la moral quejosa y la fecha para llevar a cabo la visita de campo solicitada por la perito oficial en materia de Delitos Ambientales en Ingeniería Ambiental; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. En primer lugar, del estado procesal de autos se desprende que a la fecha no ha sido posible localizar y designar expertos para el desahogo de las pruebas periciales ofrecidas por la parte quejosa en materias económica-financiera y química; no obstante, los requerimientos formulados a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes informaron carecer de ese tipo de profesionistas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, y el artículo 297, fracción II, del código citado, de manera aleatoria se eligen a los peritos en dichas materias, con copia del presente auto y copia simple de los cuestionarios sobre el que versarán dichas probanzas, se requiere a Teresa Elizabeth Durán Moreno (perito en química) y José Manuel Flores Ramos (pericial económica-financiera), quienes aparecen en las listas de especialistas que pueden fungir como peritos ante los órganos de Poder Judicial de la Federación, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si acepta o no, el cargo conferido y presenten la cotización de sus honorarios. Por otra parte, visto el escrito del autorizado de la quejosa, en que pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de siete de septiembre de la presente anualidad, sin que sea el caso de tenerlo por atendido ni acordar favorablemente lo solicitado, pues independientemente que señala hora y fecha para que se realizara dicha visita de campo en el domicilio que indica que según son las instalaciones de la moral quejosa, cierto es que dicha dirección al ser del conocimiento público, corresponde a un establecimiento mercantil -sucursal de la quejosa-, ubicado en la Central de Abasto de la Ciudad de México, el cual evidentemente no se trata de las instalaciones de producción de la quejosa, sino a un centro de comercialización y distribución de sus productos, lo que implica que la connotación que infiere y percibe el ocursante es incorrecta, al pretender que se lleve a cabo la visita material en comento en una sucursal comercial. Al respecto, para dar claridad a lo que solicitó la perito oficial y evitar confusiones a lo que debe entenderse por las instalaciones de la quejosa, es primordial acudir a las preguntas formuladas por dicha experta para justificar la visita de campo que solicita, contenidas en el oficio de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en que expuso la necesidad de acudir a las instalaciones de la empresa quejosa, las cuales consisten en las siguientes: De los anteriores cuestionamientos se obtiene que la intención de la perito oficial es conocer la generación, manejo y destino de los residuos sólidos de plásticos que fabrica la quejosa, lo que evidentemente no se obtiene de la visita de campo de un establecimiento mercantil de comercialización de los productos que fábrica la enjuiciante, sino claramente se debe constituir en el lugar en donde se llevan a cabo los procesos de producción de los artículos de plásticos que genera la justiciable, por tanto, con fundamento el artículo 297, fracción II, del citado código adjetivo, requiérase de nueva cuenta a la enjuiciante, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación, señale la dirección actual y correcta del lugar donde fabrica los productos que comercializa la empresa quejosa, para llevar a cabo la visita de campo que requiere la perito oficial en materia de Delitos Ambientales en Ingeniería Ambiental, Leticia de la Cruz Tenorio, debiendo indicar el día y hora hábil dentro del cinco al nueve de octubre del año en curso, en que la citada experta pueda constituirse en dichas instalaciones, para lo cual deberá proporcionar todas la facilidades materiales que al caso sean necesarias y acreditar que cuenta con todas las medidas de seguridad acordes a la contingencia sanitaria que prevalece en la actualidad debido a la pandemia por COVID-19 y que aseguren que no se ponga en riesgo la salud de la citada experta, ni de las personas que comparezcan a tal diligencia, para que se lleve a cabo dicha verificación. Apercíbase a la quejosa, que en caso de omisión de su parte, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México, en términos de los aludidos artículos 237, fracción I y 259, la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil unidades de cuenta. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
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