Fiscal Ejecutivo adscrito
Expediente 599/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fiscal Ejecutivo adscrito
- Ricardo Antonio Vega Serrador
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, quince de julio de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de tres de julio de dos mil veinte, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el punto Vigésimo Primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a tres de julio de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías recibida en este Juzgado de Distrito vía electrónica, aparentemente promovida por Ricardo Antonio Vega Serrador, contra actos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 599/2020-I. Ahora bien, conforme con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890). Ahora bien, el análisis realizado al ocurso de cuenta, permite establecer que existe ausencia de la evidencia criptográfica respecto de la firma electrónica de Ricardo Antonio Vega Serrador, de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, 89, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, remitiendo éste último al diverso Acuerdo General conjunto 1/2013, artículos 5 y 6, en lo relativo a la firma electrónica, para lo cual, resulta conveniente imponerse de su contenido: Ley de Amparo Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Acuerdo General Conjunto 1/2015. Artículo 89. Los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito integrarán los expedientes electrónicos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sus titulares serán los responsables de vigilar que el personal a su cargo digitalice oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios de amparo que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo, de la Ley de Amparo. En la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se atenderá a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico. Acuerdo General Conjunto 1/2013. CAPITULO SEGUNDO De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos dela legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo. De los artículos transcritos se advierte que la demanda, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo, deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL, la cual es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y que hace las veces de firma autógrafa y por tanto surte los mismos efectos jurídicos. Cabe destacar que el artículo 3 citado, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere firma electrónica; que en lo conducente, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De lo transcrito, se colige que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, y por ende, no se requiere de firma electrónica, siempre que se trate de los siguientes supuestos: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; Incomunicación; Deportación o expulsión; Proscripción o destierro; Extradición; Desaparición forzada de personas; Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, del análisis integral de la demanda, se desprende que el quejoso medularmente, reclama: La promulgación, expedición y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal, en específico su artículo Trigésimo Transitorio; así como la adición del párrafo segundo al artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La publicación y aplicación del Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 mil litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 fracción II, del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado el diecisiete de enero de dos mil veinte, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. De ahí que el presente asunto no encuadre en ninguna de las hipótesis establecidas en el numeral referido y, por tanto, tampoco se encuentre en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta indispensable que la demanda que se acuerda, se hubiera presentado con la Firma Electrónica aludida (FIREL). Lo anterior se determina así, pues los ordenamientos citados en párrafos precedentes, desarrollan los requisitos para la obtención y uso de la firma electrónica, de entre los que destaca que: Para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica Su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro. Cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como si se encuentra vigente; datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para acordar lo que en derecho proceda. Derivado de lo anterior, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo indirecto, vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece. Bajo tales circunstancias, ante la falta de la firma electrónica del promovente del amparo Ricardo Antonio Vega Serrador, que establecen los preceptos en cita, no es procedente dar trámite a la demanda de amparo que nos ocupa. Ello, porque un escrito así presentado no obliga al órgano jurisdiccional a proveer formalmente sobre su contenido ante la falta de firma que quien supuestamente lo formula, en la medida que, al no encontrarse firmado, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta, lo cual se actualiza en el supuesto que nos ocupa en que Ricardo Antonio Vega Serrador, pretende promover una demanda amparo por propio derecho, pues evidentemente no existe la manifestación de voluntad de quien dice promover. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en representación de la parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. En esas condiciones, es indudable que un escrito así presentado no obliga al órgano jurisdiccional a proveer formalmente sobre su contenido ante la falta de firma que quienes supuestamente lo formulan, en la medida que, al no encontrarse firmado, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), que dispone: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley deAmparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." (Registro: 2019715, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79). En las relatadas condiciones, toda vez que Ricardo Antonio Vega Serrador, carece de legitimación para promover la demanda recibida electrónicamente el día en que se actúa, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, en términos de los artículos 107 de la Constitución Federal, así como 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, éstos últimos tres de la Ley de Amparo. Sin que lo anterior constituya o pueda representar denegación de justicia pues, como se dijo, no cumple con los requisitos referidos de la Ley de Amparo y Acuerdos Generales citados; y, la quejosa, o bien, la persona que desee promover en su favor (que cuente con firma electrónica) podrán hacerlo en la misma vía intentada, incluso dirigiendo la demanda al Juez de Distrito correspondiente a la jurisdicción donde se localiza el Centro de Reinserción Social en que se encuentra recluida. Se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a Marco Antonio Martínez Castañeda, limitación que se le establece hasta en tanto el profesionista registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior, lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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