Filiberto Valentín Ugalde Calderón
Expediente 1427/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Filiberto Valentín Ugalde Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito con evidencia criptográfica de la parte quejosa Filiberto Valentín Ugalde Calderón, por medio del cual solicita se le de vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de que se inicie la investigación correspondiente porque hay probabilidad de que se tipifiquen hechos dado que la responsable ocultó datos y negó la verdad. Ahora, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, ya que mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, el cual causó ejecutoria el trece de febrero del año en curso, dándose por concluido el presente juicio de amparo; sin embargo, dígase que de estimarlo pertinente, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondientes, atento a que si bien la Ley de Amparo, establece delitos y penas, lo cierto es que este juzgador no determinó que se haya actualizado el supuesto que refiere el quejoso, para que proceda hacerlo del conocimiento del Ministerio Público que corresponda. Máxime que el Agente del Ministerio Público adscrito, fungió como parte dentro de este sumario constitucional y se otorgó la intervención correspondiente dada la admisión del escrito inicial de demanda, en términos de lo previsto en el numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Contralor Interno Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el cual comunica que el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, mediante el oficio CIM/ECA/SRA/021/2022, remitió al Departamento de Investigación el escrito de queja, presentado por Filiberto Valentín Ugalde Caderón, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, ingresado a la oficialía de partes de la Contraloría Interna Municipal del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México (número de folio 3352); asimismo, que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, derivado del referido ocurso, dicho encargado, formó el expediente de investigación CIM/ECATE/DI/335-BIS/2022, en el que se declaró competente para conocer de la investigación de los hechos motivo de la mencionada queja interpuesta contra los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec y/o quien resulte responsable. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales, las diversas copias que adjunta, a su oficio de cuenta. Ahora bien, se destaca que la responsable ya emitió una determinación respecto a la omisión que aquí reclamó la parte quejosa; en torno a la promoción con folio 3352, presentada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por cuanto hace a la omisión de proveer lo relativo a la investigación de los hechos motivo de la denuncia presentada por el aquí quejoso; por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: La omisión o negativa de tramitar la promoción presentada a la once horas con cuarenta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; la falta de notificación del acuerdo respectivo y la omisión de proveer la investigación de los hechos. Ahora bien de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto dejó de existir al pronunciarse respecto de ello en la determinación de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la que se dictó un auto en el que se declaró competente para conocer de la investigación de los hechos, formó el expediente de investigación, notificó el acuerdo respectivo al promovente -aquí quejoso-, e inició la investigación de los hechos denunciados, pues al efecto ordenó girar los oficios respectivos para que se le hiciera del conocimiento de la autoridad investigadora, los nombres completos de los servidores públicos que fungían en carácter de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el periodo comprendido entre las fechas veinte de junio de dos mil veintidós y veinte de septiembre de dos mil veintidós. En ese sentido, respecto al acto reclamado, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto reclamado; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica de la gobernada, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de esos actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de los quejosos que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados. Ahora bien, en el caso concreto, de las constancias que exhibió dicha responsable, se desprende que cesó en sus efectos la omisión reclamada pues: 1) el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, mediante el oficio CIM/ECA/SRA/021/2022, remitió al Departamento de Investigación el escrito de queja, presentado por...el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, ingresado a la oficialía de partes de la Contraloría Interna Municipal del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México (número de folio 3352); asimismo, que 2) el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, derivado del referido ocurso, dicho encargado, formó el expediente de investigación CIM/ECATE/DI/335-BIS/2022, en el que se declaró competente para conocer de la investigación de los hechos motivo de la mencionada queja interpuesta contra los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec y/o quien resulte responsable y procedió a recabar la información respectiva; de igual forma, que 3) le fue notificado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, vía correo el auto que se emitió. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que la autoridad diera contestación al escrito que presentó, de ahí que, si en el presente caso ya hay un pronunciamiento que impera, se debe estimar que tal acto omisivo cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (omisión de acordar lo relativo a su petición), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción xvi, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que es innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la responsable a efecto de que formule ampliación de demanda contra la resolución que emitió la responsable, en tanto que dicha actuación se encuentra regulada por los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; de ahí que, no se pueda reclamar de forma autónoma como una violación al derecho de petición conforme al artículo 8° de la Carta Magna y, por ende, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a otorgar la posibilidad de que amplíe la demanda respecto de la determinación asumida por la autoridad responsable al derivar ya de un procedimiento seguido en forma de juicio. Afirma lo relatado, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con treinta minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable..."
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Contralor Interno Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al auto de trece de enero de dos mil veintidós, aduce que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, el Departamento de Investigación dio inicio a la investigación formándose el expediente CIM/ECATE/DI/335/2022, haciendo mención que dichas copias fueron enviadas al diverso juicio de amparo 1426/2022-VI de nuestro índice, con el que se remitió el escrito con folio de recepción 3353 de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Ahora bien, se tiene como hecho notorio, las constancias remitidas en el diverso juicio de amparo, como anexo al oficio del Contralor Interno Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, registrado con el número de control interno 790; sin embargo, contrario a lo que comunica, se advierte que adjuntó copias certificadas de diversas documentales, pero relativas al folio de recepción 3353 de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, a las once horas con cuarenta y un minutos (acto reclamado en ese sumario constitucional 1426/2022-VI) y, no así de la "La omisión o negativa de tramitar la promoción registrada con el número de folio 3352 presentada el día 19 de septiembre de 2022, a las 11:40 horas con cuarenta minutos". En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que, dentro el término de veinticuatro horas contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado como le fue requerido en acuerdo de trece de enero del año en curso, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad jurídica justificada para realizarlo; lo anterior, con la finalidad de que este juzgado cuente con las constancias necesarias para resolver el presente asunto, en el entendido que le subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto. Notifíquese..."
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