Filiberto Valentín Ugalde Calderón
Expediente 421/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Filiberto Valentín Ugalde Calderón
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la parte quejosa por el cual desahoga la prevención formulada en autos; por tanto, se provee respecto de la procedencia de la demanda de amparo: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS En principio, es necesario establecer que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que los actos reclamados consisten en: Cualquier determinación de conclusión y archivo y/o calificación de no ser constitutiva de falta administrativa la conducta atribuida a los servidores públicos denunciados en el expediente en el expediente CIM/ECATE/DI/335/2022, así como la notificación personal que se pudiera realizar con motivo de dicha resolución; y, Todo lo actuado en el referido procedimiento administrativo CIM/ECATE/DI/335/2022. La referida precisión de los actos reclamados, se realiza con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, con el objeto de delimitar lo que realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó; tal y como se desprende del siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". DESECHAMIENTO Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En contexto, este órgano de control constitucional advierte que, respecto de los precitados actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción III, inciso b), este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De una interpretación sistemática y en sentido contrario de los preceptos en estudio -específicamente del segundo de los numerales-, es factible concluir que la causal de improcedencia ahí prevista, se surte cuando los actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio no sean de imposible reparación, entendiéndose por esto último -imposible reparación-, aquellos actos positivos o negativos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La precitada causa de improcedencia permite establecer como premisa esencial, que evidentemente los actos, omisiones o resoluciones emanadas de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, deben incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues de ello se desprende que los actos reclamados -ya sean actos, omisiones o resoluciones-, necesariamente, deben existir en el momento en que son reclamados, pues el presupuesto de existencia en el plano material es lo generará, en su caso, un menoscabo jurídico en el ámbito de los derechos fundamentales del gobernado que acude al juicio de amparo a cuestionar su regularidad constitucional. La premisa enunciada en el párrafo que antecede, tiene su origen o subyace en el hecho de que la existencia del acto u omisión, constituye uno de los principios rectores del juicio de amparo; esto es, el agravio personal, directo, actual y real, pues si el acto u omisión reclamada es inexistente o hipotético, no puede generar algún perjuicio en la esfera jurídica del quejoso y, por ende, a través del juicio constitucional no pueden cuestionarse actos futuros e inciertos. Una vez que ha quedado delimitado el campo conceptual de la causa de improcedencia que se analiza, el suscrito considera que el quejoso Filiberto Valentín Ugalde Calderón no puede acudir al juicio de amparo a cuestionar de manera genérica: "cualquier determinación de conclusión y archivo y/o calificación de no ser constitutiva de falta administrativa la conducta atribuida a los servidores públicos denunciados en el expediente en el expediente CIM/ECATE/DI/335 /2022, así como la notificación personal que se pudiera originar de tal determinación"; pues evidentemente ello constituye un hecho hipotético que por el momento no tiene una incidencia negativa en algún derecho fundamental del promovente, dado que no se tiene la certeza que se emitirá una determinación con las características apuntadas por el quejoso. La determinación aquí sustentada, encuentra justificación en el hecho de que aceptar una postura contraria, posibilitaría que a través del juicio de amparo pudieran cuestionarse actos u omisiones hipotéticas que pueden suceder o no durante el trámite o resolución de un proceso jurisdiccional o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; por ejemplo, se permitiría cuestionar de manera previa: Que se dicte una sentencia condenatoria o absolutoria; Que se admita o se deseche una prueba; Que el tribunal acepte o rechace la competencia para conocer de una demada. En efecto, aceptar la procedencia del juicio de amparo contra actos hipotéticos, respecto de los cuales, no se tiene la certeza si sucederán o no dentro del procedimiento, generaría incertidumbre jurídica, lo cual incluso, atenta contra el principio de agravio personal, directo, actual y real que el acto u omisión reclamada debe generar en la esfera jurídica del quejoso, como presupuesto esencial, para acudir a la acción constitucional. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la presente determinación no deja en estado de indefensión al quejoso, debido a que éste -el quejoso- no tiene la calidad de tercero extraño al expediente de origen, por ser el denunciante de la queja que originó el expediente CIM/ECATE/DI/335 /2022 e, incluso, de diversos juicios de amparo tramitados en este juzgado de distrito, es posible advertir su participación formal y material en aquel procedimiento. De ahí que al no ser tercero extraño al procedimiento de origen, se encuentra en posibilidad de acudir al referido expediente administrativo, a efecto de constatar la existencia de alguna actuación u omisión real que afecte sus derechos fundamentales, para poder cuestionarlo a través del juicio de amparo. Al respecto se invoca -por analogía- la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, libro V, tomo 2, de febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Por otra parte, no se soslaya que el solicitante de amparo también reclama todo lo actuado en el expediente CIM/ECATE/DI/335/2022, como consecuencia de la determinación de conclusión y archivo y/o calificación de no ser constitutiva de falta administrativa la conducta atribuida a los servidores públicos denunciados en el precitado procedimiento; sin embargo, se reitera, una afirmación genérica y abstracta en el sentido de cuestionar todos los actos u omisiones que sucederán en un procedimiento, impide admitir a trámite la demanda de amparo indirecto. Sobre todo, cuando un reclamo en el sentido de cuestionar todo el procedimiento sin especificar de manera certera y concreta cuál o cuáles son los actos que afectan de manera negativa la esfera jurídica del quejoso, impediría concretar una eventual concesión del juicio de amparo, en razón de que no podría constreñirse a la autoridad responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, la consecución del procedimiento de responsabilidad administrativa, pues ese impulso precisamente corresponde a las partes y a las hipótesis que puedan actualizarse dentro de aquel procedimiento, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta. En efecto, no pueden analizarse en abstracto todos y cada uno de los actos que suceden dentro de un procedimiento de un procedimiento, pues ello implicaría que los órganos federales analizaran de manera genérica todas las actuaciones pasadas y, en su caso, futuras desarrolladas en el procedimiento de que se trate, lo cual, desde luego, carece de una base objetiva y legal. Al margen de la anterior causa de improcedencia, en el supuesto de que pudiera asumirse la existencia de la resolución reclamada destacada por el quejoso, consistente en la determinación de conclusión y archivo y/o calificación de no ser constitutiva de falta administrativa la conducta atribuida a los servidores públicos denunciados en el expediente en el expediente CIM/ECATE/DI/335/2022; el suscrito juzgador considera que, en todo caso, se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Del precepto transcrito, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por lo tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, el órgano de control constitucional está obligado a verificar que el promovente haya cumplido con la observancia al principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En ese contexto, resulta de suma relevancia mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 100 y 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, determinó que aun cuando el primero de aquellos preceptos no prevea el medio ordinario de defensa para impugnar el acuerdo de conclusión y archivo del expediente de responsabilidad administrativa, es susceptible de interpretarse de manera conforme con la Constitución, en el sentido de que contra la decisión de la autoridad investigadora de concluir la investigación y archivar el expediente, resulta procedente el recurso de inconformidad, establecido en el segundo de los precitados preceptos. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 12/2023 (11a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2026084, Undécima Época, que establece: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE PUEDE IMPUGNAR EL ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, MEDIANTE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. Hechos: Una persona moral presentó denuncia por hechos que podrían constituir faltas administrativas derivadas de un proceso de adjudicación directa de adquisición de medicamentos. Una vez realizada la investigación correspondiente el órgano de control emitió el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, al no advertir datos, indicios o elementos de prueba para configurar la comisión de alguna falta administrativa. Inconforme con ello, la denunciante promovió amparo indirecto alegando que no existe algún medio ordinario de defensa para impugnar esa decisión de la autoridad investigadora. Correspondió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer del amparo en revisión. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que aun cuando el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no prevea el medio ordinario de defensa para impugnar el acuerdo de conclusión y archivo del expediente de responsabilidad administrativa, es susceptible de interpretarse de manera conforme con la Constitución, en el sentido de que contra la decisión de la autoridad investigadora de concluir la investigación y archivar el expediente, resulta procedente el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 102 de la ley citada. Justificación: Si conforme al recurso de inconformidad el denunciante puede impugnar tanto la calificación de la falta administrativa denunciada, como la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, con mayor razón resulta procedente combatir la diversa determinación de concluir la investigación y archivar el expediente, pues la posibilidad de cuestionar la debida diligencia de la autoridad investigadora es lo que permite hacer funcional el papel de los denunciantes como una "gran contraloría social"; además, constituye el elemento que posibilita hacer efectiva la rendición de cuentas constante y sistemática del sistema de responsabilidades administrativas, así como vigilar que las actuaciones de las autoridades investigadoras se ajusten a derecho. En suma, la procedencia del recurso de inconformidad no sólo permite maximizar el goce del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino también vigilar y corroborar, mediante el control jurisdiccional, que la decisión de no iniciar un procedimiento administrativo atienda a un adecuado desarrollo de la investigación, así como la debida valoración de las constancias que obran en el expediente y no así a una determinación arbitraria, injustificada o irrazonable de la autoridad investigadora que redunde en la impunidad administrativa." Por lo tanto, siguiendo los lineamientos adoptados por el Máximo Tribunal del País en aquella jurisprudencia, ésta última -la jurisprudencia- se estima aplicable tratándose a los actos emitidos con fundamento en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, dada la similitud de disposiciones normativas existente entre ambas legislaciones; como se evidencia en el siguiente cuadro comparativo: Ley General de Responsabilidades Administrativas Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión. Artículo 104. Las autoridades investigadoras una vez concluidas las diligencias de investigación, procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale como falta administrativa y en su caso, determinar su calificación como grave o no grave. Una vez determinada la calificación de la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y éste se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. En el supuesto de no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y acreditar la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente debidamente fundado y motivado. Lo anterior sin perjuicio de poder reabrir la investigación en el supuesto de presentarse nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión. Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta responsabilidad administrativa. La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto. Artículo 106. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las autoridades investigadoras, será notificada al denunciante, cuando éste fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al expediente de presunta responsabilidad administrativa. La calificación y la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere el artículo 105, podrán ser impugnadas, en su caso, por el denunciante, a través del recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso de inconformidad tendrá como efecto la suspensión del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto dicho recurso sea resuelto. La anterior comparativa permite evidenciar la similitud de presupuestos que existen entre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para impugnar la decisión de la autoridad investigadora de concluir la investigación y archivar el expediente, por lo que se concluye que debe existir la misma consecuencia jurídica; esto es, determinar la procedencia del recurso de inconformidad para cuestionar aquella determinación. Por lo tanto, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que aun cuando no se prevea expresamente el medio ordinario de defensa para impugnar el acuerdo de conclusión y archivo del expediente de responsabilidad administrativa, esa determinación es susceptible de interpretarse de manera conforme con la Constitución, en el sentido de que contra la decisión de la autoridad investigadora de concluir la investigación y archivar el expediente, resulta procedente el recurso de inconformidad; se llega a la conclusión de que aún asumiendo la existencia del acto reclamado destacado por el quejoso, para la procedencia del juicio de amparo, se hacía necesario que se impugnara aquella determinación, en el que, además, podrían plantearse las violaciones procesales en la que, en su caso, pudo haber incurrido la autoridad investigadora. En consecuencia, aún en el supuesto de que se asumiera la existencia del acto reclamado destacado por el solicitante de amparo, consistente en la determinación de conclusión y archivo y/o calificación de no ser constitutiva de falta administrativa la conducta atribuida a los servidores públicos denunciados en el expediente en el expediente CIM/ECATE/DI/335/2022; este órgano jurisdiccional estima que aquél debió ser cuestionado a través del recurso de inconformidad, en el que podrán cuestionarse aquellas violaciones en las que el quejoso asumiera que incurrió el órgano encargado de desarrollar la etapa de investigación. Sobre este último aspecto, se invoca -por analogía- la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 971, libro 58, tomo I, de septiembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Filiberto Valentín Ugalde Calderón por propio derecho; contra actos del Contralor Interno Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de abril de dos mil veintitrés. ANOTACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo signada por Filiberto Valentín..., por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 421/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. En tales condiciones, a fin de analizar la procedencia o no de la acción de amparo intentada contra los actos reclamados, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." Desahogue el siguiente requerimiento: 1. Precise el acto que reclama a la autoridad responsable, en particular, para que mencione la fecha del auto en el que se haya determinado la conclusión y/o archivo y/o calificación de no ser constitutiva de falta administrativa la conducta atribuida a los servidores públicos denunciados en el expediente ******************** Toda vez que se tienen como hecho notorio los diversos juicios de amparo ********************, ******************** y ******************** que promovió y, por ende, al tener intervención en el procedimiento de origen, conoce las actuaciones de dicho proceso administrativo; máxime que en los antecedentes del acto reclamado se advierte que el quejoso aduce que promueve el presente juicio de amparo, derivado de que en el citado juicio de amparo ******************** se otorgó una vista en la que advirtió que la responsable omitió dictar la determinación en el procedimiento de origen. En el entendido que en caso de estar en posibilidad de realizarlo, deberá transcribir o exhibir copia de dicha determinación. 2. Hecho lo anterior, señale bajo protesta de decir verdad, cuándo tuvo conocimiento del acto que precise como reclamado, o bien, la fecha en que le fue notificada tal determinación. 3. Como parte de los antecedentes del acto reclamado, manifieste bajo protesta de decir verdad, si interpuso algún medio de impugnación contra dicho acuerdo o bien, si promovió algún otro juicio de amparo contra éste o contra cualquier otro acto que haya derivado del expediente de investigación ********************, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. APERCIBIMIENTO Apercibido que, de no cumplir con el desahogo de la prevención formulada en el numeral 1., de ser procedente la demanda, se tendrá como acto, únicamente el que señala en el apartado correspondiente en su escrito inicial de demanda y, en caso de no desahogar las prevenciones formuladas en los numerales 2. y 3., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "********************" que refiere; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. CONSULTA VÍA INTERNET Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "********************"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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