Filadelfa Lopez Padilla
Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Filadelfa Lopez Padilla
Actuaciones
- Principal
En razón de que la parte aquejosa FILADELFA LÓPEZ PADILLA y/o sus autorizados no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. Uruapan, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. DEMANDA Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo presentada por Filadelfa López Padilla, contra actos que atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de Apatzingán, Michoacán; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 329/2023. En la inteligencia que el acto reclamado se hace consistir en: ... DESECHAMIENTO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia relativa a que el acto reclamado no tiene la naturaleza de ser de imposible reparación, entendiéndose por tal, que afecte materialmente derechos sustantivos, que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, por lo que procede desechar la demanda con base en el diverso numeral 113, todos de la Ley de Amparo. De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia... En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. La quejosa en su demanda de amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el doce de abril de la presente anualidad, presentó en la vía especial oral familiar demanda sobre custodia y alimentos definitivos, en contra de Carlos Torres Carrillo, misma que por razón de turno, le tocó conocer al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán y que fuera admitida el diecisiete de abril del año en curso, en el mismo auto la Juzgadora del referido Juzgado se inhibió de seguir conociendo del trámite de referencia, remitiéndolo a la encargada de la oficialía de partes y Turno de Apatzingán, Michoacán; donde fue turnada al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, avocándose al conocimiento del mismo el día veintisiete del mismo mes y año, ordenando notificar a las partes su determinación, quedando emplazado el demandado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, otorgándole un plazo de tres días para que diera contestación. Sigue narrando la quejosa que el demandado presentó el escrito de contestación el nueve de mayo del presente año, ante el Juzgado Primero de lo civil, de aquella ciudad, quien remitió dicha promoción al Juzgado Segundo Civil, mismo que emitió un acuerdo el diecisiete de mayo del año que transcurre, donde tiene por recibido el escrito de contestación de demanda, y tuvo por contestada la demanda de amparo; proveído que constituye el acto reclamado, pues aduce que la contestación de demanda fue extemporánea y se debió tener al demandado por no contestada. De lo anterior se sigue que, el acto reclamado no es un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros, y sus efectos solo implicarán que habrá de continuarse el juicio hasta su resolución. .... Sin embargo, en dicha jurisprudencia lo que la Corte resolvió es que una demanda de amparo directo extemporánea, no puede admitirse atendiendo la materia del fondo del juicio de amparo ni al carácter del promovente, aun cuando estén involucrados derechos de menores de edad; por tanto, no resulta aplicable al caso, en donde el acto reclamado es el auto en el que se tuvo por contestada la demanda del juicio especial oral familiar. Y si bien es verdad que en la jurisprudencia en comento, la Corte señala que la presentación de la demanda de amparo directo ante una autoridad distinta a la responsable no interrumpe el plazo para su presentación; tal determinación no es posible aplicarla por identidad para hacer procedente el presente juicio, donde el acto reclamado se hace consistir en el auto que tuvo por contestada la demanda en el juicio de origen; puesto que aun cuando se considerara que la presentación del escrito de contestación de demanda ante el juzgado que se inhibió de seguir conociendo del asunto, no interrumpe el plazo para su contestación, y que no obstante la autoridad responsable tuvo al demandado por contestando en tiempo y forma la demanda, lo cierto es que dicho acto no es de imposible, entendiéndose por tal, que afecte materialmente derechos sustantivos, habida cuenta que como ya se dijo, sus efectos solo implican que habrá de continuarse el juicio hasta su resolución. Tan es así, que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda del juicio original es de naturaleza eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo, tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado. Máxime que en el acuerdo reclamado, se tuvo al demandado contestando en tiempo y forma la demanda del juicio de origen, pero ello no imposibilita a la actora aquí quejosa de su participación procesal, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a sus intereses. ... Tampoco se soslaya la suplencia de la deficiencia de la queja conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; sin embargo, como ya se vio, aun con las adecuaciones necesarias para equilibrar las exigencias legales y el interés público que existe para la protección de los derechos familiares, los principios de suplencia de la queja y ausencia de formalidades para el acceso efectivo a la justicia, no pueden llegar al grado de soslayar los requisitos mínimos de procedencia del presente juicio; habida cuenta que esos principios se encuentran condicionados a que se respeten el debido proceso y la equidad procesal, que garantizan la seguridad jurídica. Tampoco se olvida el derecho de la parte quejosa a la tutela judicial efectiva, empero, se estima que en el caso no existe impedimento jurídico fáctico, ni jurídico para que cumpla con los requisitos de procedencia para justificar el accionar del aparato jurisdiccional; y si bien la reforma al artículo 17 Constitucional tuvo como finalidad incorporar al Texto Constitucional como un principio del derecho a la tutela judicial efectiva la obligación a cargo de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales de privilegiar el estudio de fondo de las controversias sobre los formalismos, ello no tuvo por alcance la extinción de toda formalidad, ni una permisión a los juzgadores para obviar la ley, pues expresamente se estableció que dicho ejercicio debe ser realizado con pleno respeto al resto de los principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, pues de lo contrario se llegaría a un estado de incertidumbre para los justiciables al no saber si las normas que rigen el procedimiento habrían de ser inaplicadas en un caso concreto, pese a que se surtan los supuestos normativos que las informan. De ahí que se condicionó el ejercicio de ese principio de privilegiar el fondo sobre la forma a que con ello se respeten el debido proceso y la equidad procesal, que garantizan la seguridad jurídica. Apoya lo anterior, la tesis aislada siguiente: ... En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo lo anterior la siguiente jurisprudencia:... Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle sagrado corazón de Jesús, numero 631 seiscientos treinta y uno, Colonia Hacienda San Rafael de esta ciudad y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio Cesar Mendoza González, ya que cuenta con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a Salvador Ríos Valencia, únicamente para recibir notificaciones hasta en tanto acredite que cuenta con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de igual forma autoriza a la ciudadana Wendy Carranza Ruelas únicamente para recibir notificaciones. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. ... Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro electrónico de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
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