Fidencio Diego Molina
Expediente 256/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fidencio Diego Molina
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, dictado por el titular de ese órgano jurisdiccional dentro del juicio de amparo 566/2019 de su estadística, por el que acusa recibo del comunicado 9375 de quince de mayo del año en curso, y hace del conocimiento de este juzgado que acepta la competencia declinada y se avoca al estudio de la demanda que motivó el presente asunto. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
En razón de que la parte quejosa FIDENCIO DIEGO MOLINA, o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el dieciséis de mayo del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de del proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, proveído que en lo conducente dice: Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Fidencio Diego Molina, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 256/2019. Incompetencia. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como autoridades responsables ordenadoras, entre otras, a los jueces QUINTO, SEXTO Y OCTAVO DE DISTRITO, con sede en esta ciudad, a quienes les reclama: La orden de captura, detención, retención, comparecencia y/o aprehensión y su ejecución. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo antes citado establece: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Conforme al artículo antes indicado, es competente para conocer de un juicio de amparo contra actos que se reclamen de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiere, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca. En el caso, este Juzgado de Distrito fue señalado como responsable en la presente demanda de amparo, por lo que en términos del referido artículo 38 de la Ley de Amparo, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo otro, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca este juzgado, que lo es el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, al haberse señalado como autoridades responsables a todos los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, así como los de la ciudad de Morelia, con excepción del citado Juzgado Séptimo de Distrito. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que los actos reclamados sean de aquéllos que conllevan una ejecución material, la cual podrá verificarse dentro de la circunscripción territorial de este juzgado, pues dicho numeral prevé la excepción a las reglas de competencia previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y otorga competencia para conocer del juicio de amparo contra actos que se enderecen contra un Juez de Distrito a otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, y en el caso, este juzgado fue señalado como autoridad responsable, al igual que los Jueces Quinto y Sexto de Distrito, con residencia en esta ciudad. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 75, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Así como la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo: 181-186 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de la Amparo, este órgano jurisdiccional declina de plano, la competencia para conocer de la demanda a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Por tanto, remítase el original de la demanda de garantías y sus anexos, al Juez Séptimo de Distrito del Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Morelia, a quien se estima legalmente competente de conformidad con el artículo 38 y 48 de la Ley de Amparo en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales consiguientes, solicitando informe a este Tribunal el acuerdo que recaiga sobre la incompetencia planteada. Por otra parte, y no obstante la incompetencia legal para conocer del presente asunto, este tribunal estima que en el presente caso, no es necesario pronunciarse respecto a la suspensión provisional, toda vez que en la especie no se está en presencia de la hipótesis prevista por el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 de la legislación antes invocada. Domicilio procesal y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y autorizando a Abel Diego Juan Herrera y Leopoldo Ramírez Escobedo, quienes únicamente estarán autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; limitación que se les impone hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo, para el adecuado despacho del presente asunto, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo con excepción de los días que se llegaren a declarar inhábiles laborables, a fin de que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa; en la inteligencia de que la notificación se agregará únicamente al cuaderno de antecedentes.
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