Fidelina Bucio Pardo

Expediente 328/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 41 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
328/2022
Año
2022
Actuaciones
41
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Fidelina Bucio Pardo
  • Director del Hospital General Regional, En Uruapan, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio recibido vía correo electrónico y firmado por la licenciada Ana Fernanda López Catalán apoderada jurídico de la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán y organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General con sede en Uruapan, Michoacán, a través del cual, en atención al requerimiento realizado en auto de trece de julio de la presente anualidad, informa el seguimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada en el presente juicio. VISTA. Consecuentemente, con el oficio de que se trata y anexos correspondientes dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de julio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveídos de veintisiete y treinta de junio de dos mil veintitrés, se requirió de a las autoridades responsables apoderado jurídico de la Secretaria de Salud de Michoacán y Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", para que PARA QUE DE MANERA INMEDIATA cumplieran cabalmente con la ejecutoria de amparo con todos y cada uno de los efectos precisados en la misma, esto es, para que realicen de manera fehaciente una revisión a los protocolos que realiza la empresa denominada "Unidad Renal Ambulatoria (UREA)", al momento de llevar a cabo las sesiones de hemodiálisis requeridas por el aquí quejoso, así como el trato y medidas de higiene tomadas por el mismo a fin de brindar el servicio a la parte quejosa, el cual como se dijo, en sentencia debe ser de la más alta calidad, o bien en caso de persistir la problemática planteada, analice y realice las gestiones necesarias a fin de que se realice un cambio de clínica de la parte quejosa en el que le sea brindada la atención médica necesaria de manera salubre, respecto del tratamiento (hemodiálisis que requiere para vivir), en el entendido que la nueva clínica deberá proporcionar el medicamento necesario para la enfermedad diagnosticada; lo anterior, con la finalidad de priorizar su adecuada salud; lo anterior, sin que hayan dado contestación a los citados requerimientos. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por ULTIMA OCASIÓN a las autoridades responsables Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán por sí y en cuanto superior jerárquico y, por ende, representante legal del Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", para que dentro del término de DOCE HORAS, contadas a partir de la legal notificación del presente auto, de contestación al requerimiento que le fuera formulado mediante el citado proveído de veintisiete y treinta de junio de dos mil veintitrés. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, de apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá DE MANERA INDIVIDUAL una multa equivalente a QUINIENTOS DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de la medida citada es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 pesos Moneda Nacional), la cual asciende a la cantidad total del $51,870.00 (CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículo 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo; cantidad que se estima necesaria ante los múltiples requerimientos que se han formulado a las referidas autoridades responsables dentro del presente juicio de garantías, esto, sin que se haya obtenido respuesta alguna respecto a los citados requerimientos; lo anterior, aunado a que ante la contumacia de las citadas autoridades responsables, se pone en peligro con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DEL QUEJOSO. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de junio de dos mil veintitrés. CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el correo electrónico enviado por el apoderado jurídico de la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez", con sede en esta ciudad, por medio del cual, en atención a lo requerido en auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, informa que solicitó a la empresa Arquina, Sociedad Anónima de Capital Variable que informara respecto de las licencias con las que cuenta la clínica Unidad Renal Ambulatoria (UREA), con la finalidad de saber si está tiene los permisos emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. No obstante esa circunstancia, no pasa desapercibido para éste órgano jurisdiccional, que debido al carácter con el que la oficiante cuenta en el presente juicio, esto es, autoridades responsables, es su propia facultad, realizar gestiones efectivas que garanticen el correcto cumplimiento de la ejecutoria de amparo; máxime por las condiciones en que se haya la quejosa. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD RESPONSABLE. En ese orden de ideas, toda vez que dentro de los autos del presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa a efecto de que las autoridades responsables Secretario de Salud; y, Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", en Uruapan; ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, entre otras cosas continuaran girando las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando tanto en cantidad como en calidad, las sesiones hemodialiticas o dialíticas al quejoso relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que fue obstáculo el presupuesto. En ese contexto, toda vez que los actos señalados por la parte quejosa constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional. Por lo tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las autoridades responsables Secretario de Salud; y, Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", en Uruapan; ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, para que PARA QUE DE MANERA INMEDIATA cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo con todos y cada uno de los efectos precisados en la misma, esto es, para que realicen de manera fehaciente una revisión a los protocolos que realiza la empresa denominada "Unidad Renal Ambulatoria (UREA)", al momento de llevar a cabo las sesiones de hemodiálisis requeridas por el aquí quejoso, así como el trato y medidas de higiene tomadas por el mismo a fin de brindar el servicio a la parte quejosa, el cual como se dijo, en sentencia debe ser de la más alta calidad, o bien en caso de persistir la problemática planteada, analice y realice las gestiones necesarias a fin de que se realice un cambio de clínica de la parte quejosa en el que le sea brindada la atención médica necesaria de manera salubre, respecto del tratamiento (hemodiálisis que requiere para vivir), en el entendido que la nueva clínica deberá proporcionar el medicamento necesario para la enfermedad diagnosticada; lo anterior, con la finalidad de priorizar su adecuada salud. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren tal extremo, o bien, informen los actos que realicen para ese efecto, o en caso contrario, indiquen la imposibilidad legal que tenga para ello. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, de apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá DE MANERA INDIVIDUAL una multa equivalente a DOSCIENTOS DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de la medida citada es de $103.74 (ciento tres mil pesos 74/100 pesos Moneda Nacional), la cual asciende a la cantidad total del $20,748 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículo 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. ESCRITO PARTE QUEJOSA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito de cuenta signado por la licenciada Wendy Yadira Huitrón Mendoza, autorizada de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que su representada la quejosa Fidelina Bucio Pardo, efectivamente se encontraba recibiendo las sesiones de hemodiálisis que requiere en la clínica "Unidad Renal Ambulatoria (UREA)", con residencia en esta ciudad, los cuales le eran otorgados de manera subrogada por la Secretaría de Salud; no obstante lo anterior, cada vez que recibía su tratamiento de hemodiálisis, sufría una caída en su nivel de salud, presentando síntomas como escalofríos y cambio de presión arterial; refiriendo además que dentro de la citada clínica adquirió una fuerte infección que le provocó una severa recaída que casi le causa la muerte; situación que no le había sucedido en la clínica denominada "San José", ubicada en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, a la que acudía con anterioridad hasta que la autoridad responsable decidiera realizar el cambio de clínica subrogando su tratamiento de hemodiálisis en la citada clínica privada denominada (UREA). Señalando además, que ante la preocupación de encontrarse la vida de la quejosa en riesgo es que ésta decidió priorizar su salud y optó por dejar de acudir a referida clínica "Unidad Renal Ambulatoria (UREA)", , para empezar a acudir a la clínica particular denominada "San José", ubicada en esta ciudad, en donde se encuentra pagando sus sesiones de hemodiálisis por cuenta propia, haciendo énfasis que en dicha clínica recibe un trato digno, se encuentra estable y no ha sufrido complicaciones en su salud. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD RESPONSABLE. En ese orden de ideas toda vez que dentro de los autos del presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa a efecto de que las autoridades responsables Secretario de Salud; y, Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", en Uruapan; ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, entre otras cosas continuaran girando las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando tanto en cantidad como en calidad, las sesiones hemodialíticas o dialíticas a la quejosa relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que fue obstáculo el presupuesto. En ese contexto, toda vez que los actos señalados por la parte quejosa constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional. Por lo tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las autoridades responsables Secretario de Salud; y, Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", en Uruapan; ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, para que PARA QUE DE MANERA INMEDIATA cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo con todos y cada uno de los efectos precisados en la misma, esto es, para que realicen de manera fehaciente una revisión a los protocolos que realiza la empresa denominada "Unidad Renal Ambulatoria (UREA)", al momento de llevar a cabo las sesiones de hemodiálisis requeridas por la aquí quejosa, así como el trato y medidas de higiene tomadas por la misma a fin de brindar el servicio a la parte quejosa, el cual como se dijo, en sentencia debe ser de la más alta calidad, o bien en caso de persistir la problemática planteada, analice y realice las gestiones necesarias a fin de que se realice un cambio de clínica de la parte quejosa en el que le sea brindada la atención médica necesaria de manera salubre, respecto del tratamiento (hemodiálisis que requiere para vivir), en el entendido que la nueva clínica deberá proporcionar el medicamento necesario para la enfermedad diagnosticada; lo anterior, con la finalidad de priorizar su adecuada salud. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren tal extremo, o bien, informen los actos que realicen para ese efecto; no pasa desapercibido para éste órgano jurisdiccional que el veinte de junio del año en curso por parte de al autoridad responsable, haya manifestado que dicha clínica no pertenece ni a la Secretaria de Salud ni a los Servicios de Salud Michoacán, por lo que, refieren que no tienen injerencia en los protocolos utilizados por las clínicas subrogadas, pues lo cierto es que dicha autoridad es la responsable de vigilar lo ya señalado en párrafos precedentes, en virtud de que no es óbice, que no pertenezca a las instituciones ya referidas, como ya se dijo en la sentencia ejecutoriada. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, de apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá DE MANERA INDIVIDUAL una multa equivalente a CUATROCIENTOS DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de la medida citada es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 pesos Moneda Nacional), la cual asciende a la cantidad total del $41,496 (cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículo 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

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