Fidel Munguía Corrales
Expediente 397/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fidel Munguía Corrales
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintiuno. INFORMA COMPETENCIA [1506]. Con fundamento en los artículos 61y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 14457/2020, derivado del auto de cinco de octubre de dos mil veinte, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 397/2020, de donde deriva el presente cuaderno; asimismo, se informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Tomando en consideración que se encontraban suspendidas las actividades laborales de este órgano jurisdiccional hasta el once de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, que determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus Covid-19. REACTIVACIÓN. Sin embargo, mediante la diversa Circular SECNO/1/2021, se estableció en el punto "II" que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se determinó la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Por lo tanto, se ordena la reactivación del juicio en que se actúa, en el estado procesal en que se encuentra; por lo que, se hace del conocimiento de las partes que los plazos y términos legales que se encontraban suspendidos, en relación a los requerimientos y/o vistas concedidas en autos, se reanudan a partir de la notificación de la presente determinación, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, del citado Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en autos. ESTADO DE AUTOS. Revisado el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, este Órgano Jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda de presentada por la quejosa Fidel Murgia Corrales, ordenándose mediante oficio número 1147/2020, del índice de este Juzgado Federal, la remisión del expediente original del juicio de amparo número 397/2020, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. Ahora, atendiendo a la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que por razón de turno toco conocer del citado Juicio de Amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, sin que a la fecha se cuente con el acuse de recibo respectivo, ni tampoco con la determinación correspondiente de la que se desprenda si ese tribunal acepta o no el conocimiento del asunto de que se trata. En ese contexto, mediante oficio que se derive del presente auto, solicítese atentamente al citado Juez, a efecto de que informe a este Juzgado Federal, el estado procesal que guarda el juicio de amparo de referencia, lo anterior a efecto de estar en posibilidades de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la incompetencia planteada aquel cinco de octubre de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y MEDIANTE OFICIO A LA CITADA AUTORIDAD.
- Principal
I. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Fidel Murguía Corrales, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial en Tijuana, Baja California. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 397/2020-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, designa como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial en Tijuana, Baja California, con domicilio en su sede oficial. IV. ACTO RECLAMADO. La omisión de darme respuesta y acordar sobre el proveído dictado por la tercero interesada el primero de agosto de dos mil diecinueve, respecto a mi petición, para que se me haga saber lo siguiente. El cómputo total de mis penas impuestas dentro de la causa penal 47/2002; el tiempo que se me tiene compurgando la pena. El conteo del abono de prisión preventiva." INCOMPETENCIA. Ahora, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice en el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Ahora bien, el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y se considera que le corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, por las siguientes razones. Ahora, es necesario establecer la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el artículo 37 de la ley de la materia, es aplicable al caso en concreto. Al respecto, se tiene que la parte promovente reclama la omisión del Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial en Tijuana, Baja California, de dar respuesta y acordar al escrito del quejoso, que realizo con motivo del proveído de primero de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial en Tijuana, Baja California, dentro de la causa penal 47/2002, escrito por el cual solicitó se le informara el tiempo que tiene compurgando la pena y el conteo del abono de prisión preventiva, sin que a la fecha se le haya notificado alguna determinación de esa interposición. Además, del líbelo de demanda se desprende que el promovente refirió, bajo protesta de decir verdad que desde hace un año remitió al Juez de Control Especializado en Ejecución el escrito donde hizo sus peticiones y copia del proveído de primero de agosto de dos mil diecinueve, el cual ha sido omiso en atender su petición y dictar un acuerdo sobre el mencionado proveído. En ese tenor, de acuerdo con lo plasmado en el escrito inicial de demanda se advierte que el reclamo de la parte promovente no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como "declarativos", esto es, de aquéllos que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versa en un "no hacer" de las autoridades respecto de algo que inminentemente tendrían la obligación de realizar, es decir, dar contestación a las peticiones del quejoso respecto de la ejecución de la pena impuesta al quejoso dentro de la causa penal 47/2002 del índice del el Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial en Tijuana, Baja California. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Motivo por el cual, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, puede aseverarse que tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, dentro del trámite del proceso que se sigue al quejoso, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien el quejoso reclama la omisión del Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial en Tijuana, Baja California, de dar respuesta y acordar al escrito del quejoso, que realizo con motivo del proveído de primero de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial en Tijuana, Baja California, dentro de la causa penal 47/2002, escrito por el cual solicitó se le informara el tiempo que tiene compurgando la pena y el conteo del abono de prisión preventiva, lo cual, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo; lo cierto, es que ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos del impetrante, como es el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita); ya que al demorarse en dar trámite al mismo, está en juego su libertad personal en tanto la autoridad no haga lo que las leyes les ordenan; esto, porque mientras persista esa abstención el accionante seguirá privado de su libertad. De modo que, al establecerse que el acto reclamado tiene la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, esto implica que se reconoce que tales actos conlleven un principio de ejecución, ya de que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión que ha sido apuntada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), con número de registro registro 160608, visible en la página dos mil ciento ochenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por tanto, tomando en consideración lo vertido con anterioridad, se reitera que es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción residan los jueces que conocen de los procesos penales y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el promovente. En ese tenor, no representa obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el promovente se encuentre recluido, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, pues tal situación no finca competencia, porque la sola mención del domicilio no es suficiente para justificarla, sino más bien, de acuerdo a las reglas que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues de esa manera éste tiene mayor facilidad para recabar las pruebas con mayor eficacia; además, ateniendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión; por tanto, la jurisdicción rectora no reside en el lugar de reclusión, sino ante la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer lo que las leyes procesales le imponen, lo que tiene por objeto la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Punto Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto del citado Acuerdo General; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, en razón de que el acto reclamado tendrá ejecución en la jurisdicción donde ejercen competencia los Juzgados de Distrito con sede en Baja California, Tijuana, por tanto, se declina competencia en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 397/2020-IV, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese al homólogo federal que le corresponda el conocimiento del asunto, el acuse de recibo. NOTIFICACION AL QUEJOSO. Ahora, toda vez que el quejoso Fidel Murguía Corrales, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, notifique al peticionario de amparo, el presente proveído. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que estas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese; personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.
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