Fidelina Antonia Deleón Roblero
Expediente 450/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fidelina Antonia Deleón Roblero
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca, mediante el cual, entre otras cosas, informa la admisión a trámite del recurso de queja 454/2023, de su índice, interpuesto por la parte quejosa ****, y acusa recibo de este último; de lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos copia del escrito de cuenta signado por la parte quejosa Fidelina Antonia Deleón Roblero, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de dicha legislación, remítase el escrito de interposición del recurso, el informe correspondiente, así como copia certificada de todo lo actuado, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya y se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra la resolución que desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por ende, no hay partes en el presente asunto constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el nueve de junio de dos mil diecisiete, con número de registro 2014429, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL. El precepto citado prevé que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Ahora bien, este medio de defensa es de sustanciación urgente, como lo demuestra la brevedad de los plazos en que debe interponerse (dos días hábiles) y resolverse (cuarenta y ocho horas), conforme a los artículos 98, fracción I, y 101, párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Por esta razón, aun cuando el recurso mencionado quedó exceptuado de la regla general contenida en el artículo 101, párrafo primero, de la propia ley (cuando se impugnen resoluciones que concedan o nieguen aquella medida), conforme a la cual, el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes su interposición para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, ello no altera el sentido de su párrafo segundo, en cuanto dispone que en los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional notificará a las partes e inmediatamente remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda copia de la resolución, el informe materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. En este último caso, aun cuando las acciones consistentes en notificar la interposición del recurso y remitir las constancias a la superioridad, no son sucesivas, sino simultáneas, ello no altera ni elimina la previsión concreta de notificar a las partes y enviar de inmediato las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite del recurso de queja, de ahí que si la única forma de corroborar el cumplimiento de la obligación señalada es a través de la verificación de los comprobantes de la notificación a las partes, entre ellas al recurrente, ello constituye una formalidad insoslayable. Sin que aquélla altere la naturaleza urgente de dicho recurso, pues una vez integradas las constancias relativas e inmediatamente remitidas al órgano revisor, éste cuenta con el plazo legal para resolver lo procedente. Consecuentemente, el trámite del recurso de queja aludido está supeditado a que el Juez de Distrito remita inmediatamente las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito, acompañando los comprobantes de notificación a las partes del auto en el que se tuvo por interpuesto ese recurso." También, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, por los motivos ahí expuestos. Con base en lo establecido por el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, una vez que se tenga conocimiento de la superioridad a quien correspondió conocer del referido recurso, se ordenara la vinculación correspondiente. NOTIFICACIÓN POR LISTA. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ya feneció el plazo de tres días, concedido en proveído de veintidós de agosto del año en curso, a la parte quejosa Fidelina Antonia Deleón Roblero, para que señalara domicilio en esta Ciudad de Salina Cruz, para oír y recibir notificaciones, sin que así lo hubiese hecho; sin que se soslaye que del ocurso de cuenta, precisa un domicilio pero en la ciudad de Matías Romero, y no en esta ciudad como le fue requerido; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la normativa de la materia, se ordena la notificación de este acuerdo y las subsecuentes por medio lista que se publican en los estrados de este órgano de control constitucional. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Álvarez de León, toda vez que su cédula profesional lo acredita como licenciado en derecho, expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, misma que, aun cuando la cédula profesional no está registrada ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, en la demanda de cuenta, se advierte que tiene emitida a su favor la cédula profesional número 9861662, expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa, otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédula profesional que tiene a su favor la profesionista en cita; ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional; y a los personas restantes únicamente para oír y recibir notificaciones. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Materia(s): Común, página 4456, con registro digital 2021840, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." En otro aspecto, no se provee de conformidad la solicitud de la promovente para tener los números telefónicos que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio; únicamente como lo manifiesta la parte promovente el número telefónico es para una comunicación, mas no notificación procesal. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se les llegaran a formular. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la misiva de cuenta remitida vía electrónica con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede en San Bartolo Coyotepec, mediante la cual devuelve diligenciado el exhorto ******************** orden ******************** de este índice; mediante el que se encomendó notificar a la parte quejosa del acuerdo de veintidós de agosto del año en curso. ACUSE ELECTRÓNICO Y ANOTACIONES En consecuencia, dése de baja dicha comunicación oficial y háganse las anotaciones en Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo, toda vez que la comunicación oficial fue remitida por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, haciendo uso de la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos de los artículos 107 y 110 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por lo que la exhortada al devolverla, la constancia de envío generada por el sistema antes aludido hizo las veces del acuse de recibo de estilo correspondiente para que pudiera realizar las anotaciones respectivas, aunado a que no lo solicita. Cúmplase.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio 15130/2023, con firma electrónica del Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, al que acompaña la demanda de amparo que dio origen al juicio 814/2023 de su índice, promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente del H. Ayuntamiento Municipal de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, y otras autoridades, en cumplimiento al proveído de quince de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo 814/2023 de su índice, en el que declaró que carece de competencia legal atendiendo a que los actos reclamados tienen ejecución en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción, por lo que declina competencia a favor de los Juzgado de Distrito en turno, en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad. ACUSE DE RECIBO Por tanto, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente vía electrónica al Juzgado declinante, de conformidad con el precepto 6, del capítulo segundo, del envío de documentos electrónicos entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diez de mayo de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación. SE ACEPTA COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 37 y 48 de la normativa de la materia, en relación con el numeral 55, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, acepta la competencia planteada y asume el conocimiento de la demanda de amparo de que se trata. ANOTACIONES Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 450/2023-VI-B, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Fidelina Antonia Deleón Roblero, por propio derecho, contra actos del Presidente del H. Ayuntamiento Municipal de Matías Romero Avendaño, Oaxaca PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de ese año. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye a la secretaria de juzgado adscrita, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. DESECHAMIENTO Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor De conformidad con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que señala el numeral 17 de la ley de la materia. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, excepto: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos a que se refiere el diverso 17 de la misma ley se computarán a partir del día siguiente a aquél en que: 1. Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, Registro: 165582 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Enero de 2010, Página: 1931 que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que la aquí quejosa, se duele de: a) La orden verbal de no construir sobre su propiedad y posesión, así como la orden verbal de asignar el espacio donde se encuentra la colindancia, entrada y salida a su propiedad y posesión, del lado Este del inmueble de su propiedad; y las respectivas ejecuciones respecto de dichas órdenes verbales. Determinaciones (orden verbal) que la ahora quejosa tuvo conocimiento el tres de julio de dos mil veintitrés, de acuerdo a lo indicado bajo protesta de decir verdad, por la mencionada quejosa en su escrito de demanda. En efecto, en el punto 6, del capítulo de hechos de su demanda, se aprecia que la impetrante, refirió que ese mismo día tres de julio de dos mil veintitrés, el Síndico y Regidora de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, en conjunto con el Agente Municipal y Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido de Donají o Palo Grande, Oaxaca, le ordenaron verbalmente ya no seguir construyendo; debido a que la Presidente Municipal, de acuerdo con el Agente Municipal de Donají, Oaxaca, habían asignado (autoritariamente) a un grupo de taxistas ese espacio, para que establecieran su sitio de taxis. Establecido lo anterior, es inconcuso que se actualiza la mencionada causal de improcedencia, respecto de los actos reclamados ya precisado, ello, ya que la parte quejosa se encuentra en la hipótesis señalada en el supracitado numeral 2, relativa a que el cómputo para presentar su demanda empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que de aludidas constancias se advierte que el tres de julio de dos mil veintitrés, la nombrada quejosa ****, tuvo conocimiento de los actos que aquí reclama de las responsables, el cual surtió efectos ese mismo día, por lo que el plazo de quince días que tuvo para promover el juicio de amparo inició el cuatro y concluyó el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, descontando los días, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés, por haber correspondido a sábados y domingos, en consecuencia inhábiles; en tanto que la demanda de amparo se presentó en la Oficialía de Partes de los juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el catorce de agosto de dos mil veintitrés. Por lo que en esas condiciones, el plazo de quince días para presentar la demanda, transcurrió en exceso. Lo anterior, se apoya en la jurisprudencia, de la Tercera Sala, Octava Época, Materia Común, Tesis: 3a.44, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 60, registro digital 820075, que dice: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DIAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos." De ello se sigue que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término de quince días que, para tal efecto, prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que, en el caso, no se trata de ninguno de los supuestos de excepción contenidos en dicho precepto legal. Por tal razón, es inconcuso que el juicio de amparo resulta extemporáneo, por no haberse promovido dentro del término legal de quince días hábiles que prevé el artículo en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece como motivo de improcedencia del juicio de amparo, cuando se endereza "contra actos consentidos tácitamente", entendiéndose por tales, precisamente, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos que se señalan, entre otros, en el numeral 17, párrafo primero, invocado, como aconteció en el presente caso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de la literalidad siguiente: ACTOS CONSENTIDOS. TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 de dicha legislación, se desecha la demanda de amparo. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/194, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1148, tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada AUTORIZADO Se tiene como apoderado legal de la quejosa al licenciado ***, por haberle otorgado poder amplio para ello, además dada su situación vulnerable que precisa que padece, por lo que se le autoriza para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, pues si bien no tiene inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, sí cuenta con la cédula respectiva, que lo faculta a ejercer legalmente como licenciado en derecho. Además, a las demás personas que cita, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del numeral 12 de la normativa de la materia, por así haberlo solicitado. NÚMERO TELEFÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de tener el número telefónico que proporciona la parte quejosa, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del arábigo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan establecer comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se les llegaran a formular. DOMICILIO Ahora bien, dado que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los numerales 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en el diverso 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique personalmente este presente proveído a la parte quejosa en el domicilio ubicado en *****; así también, la requiera para que en los términos precisados con anterioridad, desahogue la prevención hecha, así como para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, señale expresamente domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin ulterior proveído, se le harán por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la esa legislación y una vez hecho lo anterior, remita las constancias correspondientes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir las actuaciones que obren en el expediente físico pues, como se precisó en párrafos que anteceden, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente, por tanto, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 263 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta (invita) a las partes continúen dicha tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los Secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente por exhorto a la parte quejosa
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