Fidel Serrano García

Expediente 884/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
884/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Fidel Serrano García

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós Vista la copia de la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, contra actos del 1. Presidente Municipal de Salina Cruz, Oaxaca Como está ordenado en el expediente principal, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 138, 139, 40, 42, 147 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese un cuadernillo y por cuerda separada este expediente de incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 884/2022-V-B. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO En términos del artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase informe previo a la autoridad responsable, el cual deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiendo copia de la demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el normativo 238 de la aludida legislación. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al notificador comisionado para la entrega de los oficios correspondientes a este proveído, que deberá hacerlo con las autoridades o encargados que en ese momento se encuentren en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éstos se negaren a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y las aperciba que de subsistir su negativa se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del numeral 245 del mismo ordenamiento. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dichos informes deberán ser enviados únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia incidental, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y dentro del término establecido en el precepto 138, fracción II, de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de las autoridades, el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se hace vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dichas responsables para que proporcionen el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo antes mencionado. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas del siete de diciembre del año en curso, para la audiencia incidental, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presente virtualmente. De igual forma, se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que los acuerdos de trámite de menor trascendencia, se le notificarán por lista (haciendo notar que acontecerá en particular respecto de los diferimientos de la audiencia incidental -según corresponda-); realizándose en forma personal a través de oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Hágase saber a la parte quejosa que el presente asunto se admitió por cuanto hace a la autoridad procedente y que enunció en su demanda de amparo, la cual será emplazada a juicio con la denominación que indicó, salvo aquélla que por ser un hecho notorio se conozca su nombre correcto y se hubiera realizado la aclaración correspondiente. Ahora, en el supuesto de existir en el sumario constancia de la que se advierta la imposibilidad de realizar el emplazamiento correspondiente, por cualquiera de los medios que prevé la ley, esto es, si el Servicio Postal Mexicano devuelve el sobre con el oficio por inexistencia de la autoridad destinataria o el actuario de la adscripción asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar el oficio relativo, previa vista que se otorgue a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, se tendrá por inexistente tal autoridad responsable, ordenando suspender toda comunicación procesal posterior con ella, pues es obligación de la parte quejosa precisar su denominación correcta de a quiénes atribuye la emisión del acto reclamado; lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 108, fracción III de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Como punto de partida debe tomarse en cuenta, que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de acordar su petición presentada el doce de julio de dos mil veintidós, por el que solicitó que en la próxima sesión de cabildo ordinaria a celebrarse, se incluya como punto del orden del día la designación de los recursos públicos necesarios y suficientes, destinados al mantenimiento y rehabilitación de las siguientes vías públicas: "Colonia San Pablo Sur: 1. Calle Las Pilas 2. Calle Josefa Ortiz de Domínguez 3. Calle San Juan 4. Calle 5 de Mayo 5. Calle Lázaro Cárdenas Colonia Centro: 1. Avenida Tampico 2. Calle Mazatlán 3. Calle Progreso 4. Calle Guaymas 5. Avenida Manuel Ávila Camacho 6. Avenida 5 de Mayo 7. Avenida Puerto Ángel Colonia Hidalgo Oriente: 1. Camino Viejo a la Ventosa Colonia Hidalgo Poniente: 1. Super Carretera Transístmica Ahora bien, este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa en la demanda de amparo, de conformidad a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), registro electrónico 2019200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Para resolver lo relativo a la materia cautelar solicitada debe tomarse en consideración lo que al efecto disponen los artículos 128 y 138 de la ley de la materia, que señalan: 1) Solicitarlo el agraviado; 2) No se siga perjuicio al interés social; 3) No se contravengan disposiciones de orden público; y, 4) Se pondere la apariencia del buen derecho. El primer requisito está acreditado, ya que de las constancias se advierte que el incidente fue abierto a petición de parte. Resulta aplicable al caso, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 206395, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." En cuanto al segundo y tercer requisito, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis que desglosa el artículo 129 de la norma multicitada, ni se puede catalogar como alguno similar en sus consecuencias. Ilustra lo determinado, la jurisprudencia I.3o.A. J./16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual tiene el número de registro electrónico 199549, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así como, el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, la cual tiene el registro electrónico 216233, que indica: "SUSPENSIÓN. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a los artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto." Por otra parte, por lo que hace al cuarto requisito, cabe señalar que son dos los extremos que hay que acreditar para obtener la medida cautelar: primero, la apariencia de un buen derecho, y segundo, el peligro en la demora. La apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión infundada, temeraria y cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del que solicita la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución del fondo. Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se lesiona el interés social y orden público, lo que puede establecerse, en la especie, con el aviso de declaración de apertura relatado con antelación. En tales condiciones, al estimarse que de no concederse la medida cautelar, se causarían daños y perjuicios a la parte quejosa, y que a la fecha de actuación no existe medio de convicción alguno que lleve a considerar alguna causa de orden público que impida el otorgamiento de dicha medida, cuya finalidad es la de preservar la materia del asunto, debe concederse la suspensión provisional solicitada. EFECTOS Con base en lo anterior, y atento a lo ordenado por el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, así como por el primer párrafo del artículo 138, de la Ley de Amparo, tomando en consideración que la parte quejosa refiere que la responsable ha sido omisa en proveer su escrito de doce de julio de dos mil veintidós, por el que solicitó que en la próxima sesión de cabildo ordinaria a celebrarse, se incluya como punto del orden del día la designación de los recursos públicos necesarios y suficientes, destinados al mantenimiento y rehabilitación de las vías públicas precisadas con anterioridad, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de noviembre de dos mil veintidós), se hubiera pronunciado al respecto, a pesar de haberlo solicitado; con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, es procedente conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que la responsable de no haberlo hecho ya, atendiendo a lo peticionado por el quejoso en escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dicte el acuerdo correspondiente y le haga de su conocimiento su determinación; con lo cual se restablece de manera provisional al impetrante el disfrute de los derechos que le son afectados ante la omisión destacada, sin que ello implique la generación de un derecho o bien que deba resolver en algún sentido, ya que de acuerdo con sus facultades ponderando los elementos de convicción con los que cuenta, resolverá conforme a derecho. Dicha medida cautelar surte efectos, desde luego; y hasta en tanto se le notifique la suspensión definitiva dictada en el presente incidente de suspensión. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídase copia certificada de la presente determinación a las personas que el quejoso autoriza, previa la razón de entrega correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta. Así también, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a ***y ***, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existen registradas cédulas profesionales a su nombre, sin perjuicio de que una vez que acrediten lo anterior con prueba idónea, se les tenga autorizados en términos del citado artículo 12 de la ley de la materia. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la secretaria del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con las autoridades o encargados que en ese momento se encuentren en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éstos se negaren a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y las aperciba que de subsistir su negativa se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la 1. Presidente Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir en lo siguiente: "Se reclama de las autoridad responsable la flagrante violación a mi derecho humano consagrado en los artículos 8 de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dado que la autoridad responsable hasta la fecha no se ha pronunciado respecto lo que le fue peticionado mediante escrito que le fue presentado con fecha 12 de Julio de 2022." (Sic.) ANOTACIONES Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número ********************-V-B, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISION DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese este juicio con incidente de suspensión, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en relación con los diversos artículos 128 y 3, ambos de la Ley de Amparo, tramítese físicamente por separado únicamente un cuadernillo respecto a la suspensión del acto reclamado. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación el numeral 238 de esa legislación. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dichos informes deberán ser enviados únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vaya a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y dentro del término establecido en el numeral 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia I.3o.P.J/3, con número de registro 2016852, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2178, del Semanario Judicial de la Federación tomo III (mayo de 2018), Décima Época, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO." SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (Covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil veinte, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de las autoridades el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio y no se propicie el riesgo de contagio por el referido virus; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dichas responsables para que proporcionen el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo antes mencionado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas del trece de enero de dos mil veintitrés, para la audiencia constitucional, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes virtualmente. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que a esta fecha no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez estime trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dichas autoridades que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado no existe tercero interesado. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba la documental que exhibe, la que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta. Así también, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** y ********************, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existen registradas cédulas profesionales a su nombre, sin perjuicio de que una vez que acrediten lo anterior con prueba idónea, se les tenga autorizados en términos del citado artículo 12 de la ley de la materia. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en los artículos 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándolas de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, previa razón que se levante de imposibilidad para debida constancia, lo remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese

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