Fidelia Medina Vázquez
Expediente 993/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fidelia Medina Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguense en autos los oficios signados respectivamente por los Jueces Civiles Segundo de Partido, Quinto Menor y Sexto Menor, todos de esta localidad, mediante los cuales acusan recibo de los diversos 727/2019, 728/2019 y 719/2019, con los que se les notificó que se declaró firme el sobreseimiento decretado en el presente juicio fuera de audiencia constitucional; asimismo, se tiene al primero de los oficiantes acusando recibo de las constancias que remitió como sustento de su informe justificado.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe remitieron las autoridades responsables, devuélvanseles y solicíteseles el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO A), FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTSÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis efectuado a la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ********************, que remitió el Juez Quinto Menor Civil de esta ciudad, a los cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, llega al convencimiento de que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con la finalidad de capitalizar la causal de improcedencia invocada, es necesario establecer los antecedentes siguientes: 1. Ante el Juzgado Quinto Menor Civil de esta localidad, ********************, demandó en la vía ejecutiva mercantil de ********************(quejosa), el pago de la cantidad de ********************entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente ********************. 2. Por proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio. 3. Cabe señalar que no pudo llevarse a cabo la diligencia encomendada; siendo hasta el momento el estado procesal que guarda el controvertido de origen. Dicho esto, debe decirse que el suscrito estima que previo a la promoción del presente juicio, el quejoso tuvo que haber impugnado dicho acto mediante el recurso de revocación contenido en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M. N.). Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Las consideraciones anteriores se localizan en la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), visible en la página 401, Libro 1, diciembre de 2013, Materia Civil, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de esta urbe, y el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que la quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta mencionar que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, puede comparecer al procedimiento de origen, donde aún no se ha emitido sentencia definitiva. Por ello, se insiste que la peticionaria de amparo previo a instar este juicio debió interponer el señalado medio de impugnación para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Resta mencionar que no constituye obstáculo para sobreseer fuera de audiencia la circunstancia de que las demás autoridades señaladas como responsables en el presente juicio hayan negado la existencia del acto a ellas atribuido (con excepción del actuario que fue señalado en su calidad de ejecutor), en función de que su negativa fue categórica, de ahí que sea ocioso esperar hasta el momento en que se celebre la audiencia constitucional, debido a que la peticionaria no podrá acreditar su existencia; además, la decisión asumida tiene como fin respetar el principio de expedites en la impartición de justicia establecido en el magno 17 constitucional.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis efectuado a la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ********************, que remitió el Juez Quinto Menor Civil de esta ciudad, a los cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, llega al convencimiento de que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con la finalidad de capitalizar la causal de improcedencia invocada, es necesario establecer los antecedentes siguientes: 1. Ante el Juzgado Quinto Menor Civil de esta localidad, ********************, demandó en la vía ejecutiva mercantil de ********************(quejosa), el pago de la cantidad de ********************entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente ********************. 2. Por proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio. 3. Cabe señalar que no pudo llevarse a cabo la diligencia encomendada; siendo hasta el momento el estado procesal que guarda el controvertido de origen. Dicho esto, debe decirse que el suscrito estima que previo a la promoción del presente juicio, el quejoso tuvo que haber impugnado dicho acto mediante el recurso de revocación contenido en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M. N.). Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Las consideraciones anteriores se localizan en la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), visible en la página 401, Libro 1, diciembre de 2013, Materia Civil, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de esta urbe, y el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que la quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta mencionar que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, puede comparecer al procedimiento de origen, donde aún no se ha emitido sentencia definitiva. Por ello, se insiste que la peticionaria de amparo previo a instar este juicio debió interponer el señalado medio de impugnación para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Resta mencionar que no constituye obstáculo para sobreseer fuera de audiencia la circunstancia de que las demás autoridades señaladas como responsables en el presente juicio hayan negado la existencia del acto a ellas atribuido (con excepción del actuario que fue señalado en su calidad de ejecutor), en función de que su negativa fue categórica, de ahí que sea ocioso esperar hasta el momento en que se celebre la audiencia constitucional, debido a que la peticionaria no podrá acreditar su existencia; además, la decisión asumida tiene como fin respetar el principio de expedites en la impartición de justicia establecido en el magno 17 constitucional.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Fernando Vera Ramírez78/2015
- Fernando Villafuerte Zavala142/2018
- Fidel Núñez Rosillo73/2018
- Fidel Pantoja Álvarez y Otros.455/2020
- Fidel Pineda Veles59/2016
- Fidel y/o Gabriel Fidel Barcenas Galván46/2021
- Fidencio Muñoz Camacho841/2016
- Fidencio Muñoz Camacho675/2017
- Filiberto Ferrusca Vázquez643/2022
- Filiberto Montoya Yañez y Otros.748/2015
- Filiberto Montoya Yañez y Otros.291/2014
- Filiberto Ramírez Prieto152/2015