Fernando Vera Ramírez
Expediente 78/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando Vera Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de veintisiete de febrero del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obre el duplicado del proceso penal 114/2014-II, que adjuntó el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad a su informe justificado, devuélvasele, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Respecto del original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en las hipótesis prevista en la fracción III párrafo segundo, del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se concedió y se negó la suspensión respecto del acto reclamado, por lo que deberá conservarse las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Incidental
PRIMERO. SE NIEGA A LA PARTE QUEJOSA, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE SOLICITA. SEGUNDO. SE CONCEDE A LA PARTE QUEJOSA, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE SOLICITA.
- Incidental
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el término concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de febrero del año en curso, para que proporcionara la denominación correcta de la autoridad que pretende sea parte en el presente incidente de suspensión, transcurrió sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en dicho auto, prosiguiéndose este incidente, sin tener como responsable al Comandante de la Policía Federal Ministerial, con residencia en Salamanca, Guanajuato.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el término concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de febrero del año en curso, para que proporcionara la denominación correcta de la autoridad que pretende sea parte en el este juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en dicho auto, prosiguiéndose este juicio, sin tener como responsable al Comandante de la Policía Federal Ministerial, con residencia en Salamanca, Guanajuato. Por otra parte, agréguese en autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia definitiva dictada en el proceso penal 114/2014-II de su índice, documental que de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza. Ahora bien, de la constancia que adjunta el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se acredite la existencia de una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, el quejoso señaló como acto reclamado: "Orden de comparecencia, orden de presentación, orden de aprehensión, orden de reaprehensión, orden de captura y/o cualquier tipo de detención que haya librado o girado en mi contra, así como la probable privación de la libertad de manera ilegal." Asimismo, de las constancias que remite, así como de las que anexó a su informe justificado el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora, residente en Salamanca, Guanajuato, consignó la averiguación previa PGR/GTO/SAL-II/3300/2014, mediante el cual ejercitó acción penal en contra de Fernando Vera Ramírez y otro, por el delito de portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación al numeral II, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos del diverso numeral 13, fracción II, del Código Penal Federal. De la consignación tocó conocer al Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien el tres de diciembre de dos mil catorce, radicó el asunto bajo el número de causa penal 114/2014, y se señaló fecha y hora para que se le tomara su declaración preparatoria. El veintinueve de diciembre de dos mil catorce, se tomó la declaración preparatoria del quejoso Fernando Vera Ramírez, y, el treinta y uno siguiente, se dictó auto de formal prisión por el delito que se le imputa. Seguidos los trámites legales, mediante proveído de ocho de enero de dos mil quince, se señalaron las trece horas con siete minutos del quince de enero del año en curso, para la audiencia de vista a que se refiere el artículo 307 del Código de Procesal Penal. Debido a la inasistencia del quejoso a la audiencia de vista señalada en el punto que antecede, mediante proveído de dieciséis de enero pasado, se revocó al aquí quejoso el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se ordenó su reaprehensión. Con motivo de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión derivado del presente expediente, el aquí quejoso compareció el diecinueve de los actuales ante el Juzgado Octavo de Distrito de esta ciudad, a someterse a su jurisdicción y proseguir con la etapa procedimental en la causa. Que el veintiséis de febrero de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la causa penal 114/2014-II, en la que determinó que el quejoso Fernando Vera Ramírez, es plenamente responsable de la comisión del delito de portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En ese sentido, se estima que los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, fracción XVII, se encuentran satisfechos, pues: a. La orden de reaprehensión -reclamada- fue librada el dieciséis de enero de dos mil quince, dentro del proceso penal 114/2014-II, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad. b. Como se desprende de la documental que el Juez Octavo de Distrito responsable adjuntó al oficio de cuenta, previamente valorada; resulta que con posterioridad a la presentación de la demanda -veintiséis de febrero de dos mil quince - el aludido resolutor dictó sentencia definitiva, en el que determinó que el quejoso Fernando Vera Ramírez, es plenamente responsable de la comisión del delito de portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. c. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de reaprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable; y d. Existe autonomía entre la orden de reaprehensión reclamada y la nueva resolución, consistente en la sentencia definitiva dictada en el proceso penal de origen, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la sentencia definitiva, puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Luciano Valadez Pérez, Juez Sexto de Distrito en el Estado, asistido de Secretario que autoriza, licenciado Juan Raúl Medina Rodríguez. Doy fe.
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