Fidel Vicente Soto Luria

Expediente 1292/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1292/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Fidel Vicente Soto Luria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Vista la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que por una parte se sobreseyó el juicio y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En atención a lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de depuración; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. d) Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Devolución de documentales. Finalmente devuélvase al Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el original del toca penal JOTP/142/2021, de su índice y el disco en formato DVD, que remitió en apoyo a su informe justificado; asimismo, se ordena devolver a la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, el disco compacto en formato DVD, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con fundamento en el artículo 35 (Orden de archivo), esta juzgadora determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación Cuaderno Incidental. Es depurable cuando se concede la suspensión definitiva o la definitiva y provisional y destruible cuando se concede sólo la suspensión provisional, por tanto: a) En su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del citado Acuerdo, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, depúrese el expediente, conservando la demanda y las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación de la misma, y el presente proveído. Haciendo constar el acuerdo desincorporación. Hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1292/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Fidel Vicente Soto Luria, por derecho propio, mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta población, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de los Magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Jueza de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 19 y 21 de la Constitución General. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito; en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se radicó el juicio de amparo con el número 1292/2022 y previno al promovente para que manifestara si la narración de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y fundamentos de los conceptos de violación, los realizaba bajo protesta de decir verdad (fojas 11 a 13). Desahogada la prevención, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional admitió la demanda, ordenó dar la intervención que legalmente corresponde a los terceros interesados Clemente Hernández Aguilar (víctima) y Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y corrió traslado al Agente del Ministerio Público adscrito; además, solicitó a las autoridades responsables rindieran el informe justificado correspondiente y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 18 a 20). En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se acordó la recepción del informe justificado del Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que anexó un disco DVD certificado y el original del toca penal JOP/142/2021; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (fojas 40 y 41). En auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se acordó la recepción del informe justificado de la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al que anexó un disco DVD-R certificado que contiene copia del audio y video de las audiencias del veinticuatro y veintiocho de junio de dos mil veintidós, relativas a las audiencias virtuales de control de detención y ampliación de término constitucional, así como la audiencia de imposición de medida cautelar del veintitrés de noviembre del propio año, además, dos archivos con diversos documentos (foja 58). Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda constitucional. La parte quejosa reclama de los Magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el Toca Penal JOTP/142/2021, que revoca el auto de no vinculación a proceso dictado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 645/2021 de su índice, a Fidel Vicente Soto Luria y dicta auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho que la ley señala como delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN. De la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, reclama su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, reconoció el acto reclamado (foja 56), asimismo anexó un disco DVD-R certificado que contiene, entre otras constancias copia del audio y video de las audiencias del veinticuatro y veintiocho de junio de dos mil veintidós, relativas a la audiencia virtual de control de detención y ampliación de término constitucional y veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (foja 56). Ahora, cabe tener en cuenta que el auto de vinculación a proceso solo tiene efectos declarativos respecto a la situación jurídica que guardará la persona vinculada a proceso, ya que ni siquiera tiene efectos materiales que versen sobre la restricción de la libertad, ya que en el sistema penal acusatorio, ello corresponde a la medida cautelar correspondiente que se decrete contra el imputado. En ese contexto, resulta evidente que es inexistente el auto de ejecución atribuido a la referida Jueza de Control, ya que la resolución reclamada de la Sala responsable, relativa al recurso de apelación en la que, en el resolutivo tercero, se dictó auto de vinculación a proceso, carece de algún principio de ejecución; de ahí que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción IV, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio de amparo al ser inexistente el acto de ejecución. Resulta aplicable, por su sentido, la jurisprudencia PC.VI.P. J/2 P (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1701, Tomo II, Libro 20, Diciembre de 2022, Undécima Época, Materia Común, Penal, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025626, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, ÚNICAMENTE, EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, PERO NO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA AL IMPUTADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si el director del Centro de Reinserción Social tiene la calidad de autoridad responsable ejecutora dentro de un juicio de amparo indirecto en el que se señala como acto reclamado el auto de vinculación a proceso -únicamente-, pero no la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, ya que mientras para uno de ellos sí es autoridad responsable, para los otros dos la ejecución que pudiera atribuírsele al referido director no deriva del acto reclamado destacado como la vinculación a proceso emitida por un Juez de Control, sino de la medida cautelar de prisión. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que el director del Centro de Reinserción Social no tiene la calidad de autoridad responsable ejecutora dentro de un juicio de amparo indirecto en el que se señala como acto reclamado, únicamente, el auto de vinculación a proceso, pero no la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado. Justificación: Cuando en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado, únicamente, el auto de vinculación a proceso, pero no la medida cautelar de prisión preventiva fijada al imputado, no es ejecutable por el director del Centro de Reinserción Social, pues atendiendo a las funciones que tiene de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no ejecuta el auto de vinculación en sí mismo, al no tener efecto restrictivo directo en la libertad de la persona, sino que las consecuencias jurídicas que crea motivan que la persona sea sujeta a una medida cautelar, de modo que la prisión preventiva -oficiosa o justificada- constituye la medida restrictiva de la libertad del justiciable, que deberá ejecutar el director del Centro de Reinserción Social correspondiente, incluso al tenor de la fracción IX del artículo 16 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en concordancia con el artículo 313, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que literalmente expresa: "... El Juez de Control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional ...", de ahí que el director del Centro de Reinserción Social no tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora en el juicio de amparo indirecto en el que se reclame, únicamente, el auto de vinculación a proceso y no la medida cautelar de prisión preventiva, pues el acto reclamado no será ejecutado por éste, al contemplar sólo efectos declarativos en cuanto a la situación jurídica que guardará el vinculado a proceso, pero no materiales en cuanto a su restricción de libertad, lo que implica que no tenga atribuciones para ejecutar el auto de vinculación a proceso." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; el Magistrado Presidente al rendir su informe justificado manifestó que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el toca penal JOTP/142/2021, los integrantes de la Sala revocaron el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, contra la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 645/2021, por la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, donde revocaron el auto de no vinculación a proceso en favor de Fidel Vicente Soto Luria, por el hecho que la ley señala como delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Clemente Hernández Aguilar y dictaron auto de vinculación a proceso a Fidel Vicente Soto Luria (foja 23). Lo cual se corrobora con el original del referido Toca Penal JOTP/142/2021, documental anexa para justificar el acto reclamado, con pleno valor probatorio en esta instancia constitucional, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorios a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, segundo párrafo. QUINTO. Causa de Improcedencia. Las partes en este juicio de amparo no plantearon causas de improcedencia, tampoco este órgano de control constitucional advierte se actualice alguna, cuyo análisis es de orden público y preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, por lo cual se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. SEXTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. SÉPTIMO. Análisis del fondo del asunto. Los conceptos de violación formulados por el quejoso para controvertir la resolución reclamada dictada en el Toca Penal JOTP/142/2021, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por los Magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde revocaron el auto de no vinculación a proceso, del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, a Fidel Vicente Soto Luria, y en su contra dictaron auto de vinculación a proceso, se atenderán bajo la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la materia (penal) del acto reclamado cuya inconstitucionalidad se combate, así como la calidad del quejoso (imputado); por tanto, este Juzgado examinará oficiosamente la resolución reclamada, a fin de determinar si existe alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso. Dicha figura obliga a examinar cuestiones no propuestas en los conceptos de violación; sin embargo, no es absoluta, ya que sólo resulta aplicable en aquellos casos en que se considere útil para favorecer a los quejosos, por lo que no se incluirá en la motivación de este fallo el estudio del acto reclamado, si dicho análisis, lejos de beneficiar a los promoventes, los perjudica o no les reporta utilidad alguna. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 263, Tomo I, Libro 44, Julio de 2017, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2014703, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, es aplicable por las razones que informa la tesis 2a. VIII/96, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 267, Tomo III, Febrero de 1996, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200655, del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos." Previo al análisis del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, de las constancias remitidas por las autoridades responsables a este Juzgado Constitucional, se destacan los antecedentes siguientes: El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la ampliación del término constitucional relativo a la causa penal 645/2021, la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, dictó auto de no vinculación a proceso a Fidel Vicente Soto Luria, al considerar que no está tipificado el hecho constitutivo del delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN, previsto en el artículo 357 bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en perjuicio patrimonial de Clemente Hernández Aguilar. En contra de esa determinación, el Agente del Ministerio Público de la Mesa 6, adscrito a la Coordinación de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, por escrito recibido el catorce de julio de dos mil veintiuno, interpuso recurso de apelación y expresó los agravios respectivos (fojas 25 a 31). Recurso que conoció la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; en el Toca Penal JOTP/142/2021, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictó resolución en forma escrita, por una parte, revocó el auto de no vinculación a proceso recurrido del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, y por otra, dictó auto de vinculación a proceso a Fidel Vicente Soto Luria, por su probable participación en el hecho que la ley considera como delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Clemente Hernández Aguilar (fojas 1 a 8 del Toca Penal). Dicha resolución, en la parte en la cual se dicta auto de vinculación a proceso a Fidel Vicente Soto Luria, constituye la materia de este juicio de amparo indirecto. Ahora bien, se establece que para el desarrollo de la sentencia se seguirá la metodología señalada en el artículo 74, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se efectúa el estudio y análisis del Toca Penal JOTP/142/2021, así como los discos ópticos enviados, respectivamente, por las autoridades responsables, que contienen los registros de audio y video que obran en los sistemas informáticos del Juzgado de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, respecto de la audiencia relativos a la causa penal 645/2021, que conforme lo dispone el artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera copia auténtica de la resolución judicial apelada; ambos con pleno valor probatorio en esta instancia constitucional, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorios a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, segundo párrafo. Es aplicable la tesis aislada VI.3o.P.1 P (10a.), Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2563, que dice: "DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, a la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, guardados en un archivo digital y, por ende, aptos para acreditar la existencia de un acto procesal; además de que no obstante estar soportados en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal. Por tanto, aun cuando dichos discos carezcan del sello y la firma correspondientes, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le dan certeza a éste, como pudieran ser, por ejemplo, que fueron remitidos al tribunal de apelación por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hizo por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata, corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD." Al respecto, se destaca en primer término que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para decretar el auto de vinculación a proceso sólo se exige que el Ministerio Público exponga en la audiencia los datos de prueba con los cuales considere se establece un hecho que la ley prevé como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin necesidad de precisar o acreditar cada uno de sus elementos, porque en ese momento procesal sólo se requiere establecer que un hecho encuadra en un tipo penal para formalizar la etapa de investigación bajo la supervisión judicial, que es el periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, lo cual indica que no se requiere plena certeza de los elementos del tipo penal para concluir que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y se decrete la vinculación a proceso en su contra. Así se explica en la jurisprudencia 1a./J. 35/201, Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 87/2016, la cual se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, registro digital 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Sobre esa base, los Magistrados responsables, efectuaron el análisis de las consideraciones expresadas por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 645/2021; determinaron que a su juicio, contario a los sostenido por la Jueza de Control, los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público en la audiencia inicial eran idóneos y pertinentes para establecer la existencia del hecho que la ley prevé como delito de robo específico por equiparación, dado que se encuentran acreditados los elementos del tipo penal previsto en el artículo 357, fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado, a saber: Que se haya ejecutado el robo de un vehículo por terceras personas. Que posterior a la ejecución del robo el activo adquiera, posea, comercialice, pignore, reciba, traslade, use u oculte el vehículo o partes de éste. Que el activo tenga conocimiento de que el vehículo es robado. Cierto, destacó que respecto al tercer elemento subjetivo consistente en el conocimiento del imputado que el vehículo era robado, contrario a lo considerado por la Jueza de Control, se encuentra acreditado con el dato de prueba consistente en la declaración del imputado rendida ante la autoridad ministerial en presencia de su abogada; el imputado manifestó que fue contratado por una persona para trasladar el vehículo; al presentar fallas cuando lo conducía, llamó a la persona que lo contrató; en una de las llamadas le dijo que tenía que llevarse la camioneta porque se la acababan de "chingar", es decir de robar; de ahí que el imputado tuvo conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, más aún, de la declaración del imputado no se advierte que una vez que tuvo conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, haya desistido de su actuar o al encontrar a los elementos de la policía les haya informado de la situación, por el contrario, intentó huir en un primer momento cuando los elementos aprehensores lo encontraron; sin que fuera aceptable la afirmación de la Juez de Control en el sentido que el conocimiento debiera ser previo a aceptar trasladar el vehículo, porque el tipo penal no menciona el momento en que este conocimiento deba adquirirse, ya que es claro que la norma pretende sancionar a quien sabiendo que un vehículo es robado realice cualquier conducta descrita en el mismo. Consideraron suficiente existencia probatoria, al menos hasta ese estadio procesal, para dictar auto de vinculación a proceso, porque el estándar probatorio no requiere un cúmulo probatorio amplio, debido a que la Fiscalía no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del imputado, sino solo son necesario datos probatorios que establezcan en grado de suposición que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en si comisión, invocaron el criterio de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO". Estimaron que en esa etapa procesal no se puede exigir un nivel elevado de acreditación ni de la conducta penalmente relevante, ni de la probable responsabilidad del imputado, porque se trata de una etapa de probabilidades en donde es aceptada la duda razonable; para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta que el juez encuadre la conducta a la norma penal que permita identificar el tipo penal aplicable. Con lo cual, los magistrados de la Sala responsable determinaron que de los datos de prueba aportados por la Representación Social para considerar que se actualiza el hecho delictivo consistente en poseer y trasladar un vehículo robado, conducta realizada por Fidel Vicente Soto Luria, cuenta habida que fue señalado por los elementos aprehensores que realizaron su detención, al momento de tener en su poder el vehículo de motor que previamente había sido reportado como robado, y que el elemento subjetivo descrito en el tipo penal, hasta ese estadio procesal, se encuentra acreditado con la confesión del imputado donde señaló que se hizo de su conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, concatenado con el informe policial homologado. De esa forma, es correcta la consideración de la Sala responsable cuando destacó que los datos de prueba narrados por la Fiscalía devienen suficientes para establecer de manera razonable que en el caso concurrió un conjunto de hechos constitutivos del delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, realizó esa conducta, cuya descripción típica hace el artículo 357 bis fracción IV, del Código Penal del Estado, vigente en la fecha en que acontecieron los hechos (veintiuno de junio de dos mil veintiuno), que tuvo por actualizada primordialmente con el informe policial homologado y la declaración del imputado, así como que existió la probabilidad de que el quejoso lo cometió en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, le corresponde al Juez de Control, en esta etapa procesal, asignar de manera libre y lógica el valor correspondiente a cada uno de los datos de pruebas aportados por las partes. Efectivamente, el análisis de los medios de convicción permitieron a los Magistrados señalados como responsables establecer que, hasta el momento procesal que se analiza, existen datos suficientes y eficaces que llevan a concluir que Fidel Vicente Soto Luria, probablemente participó en la perpetración de los hechos de robo específico por equiparación ocurrido aproximadamente a las diecisiete horas del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, sobre la carreta federal Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de la colonia Zapoteca, agencia municipal Vicente Guerrero, en el carril de circulación de norte a sur sobre la calle Tlapanecatl, cuando conducía una camioneta marca Nissan, tipo Estaquitas de color gris, modelo dos mil ocho, que como característica tenía una lona de color verde colocada en la parte de la batea, en cuyo parabrisas tenía una calcomanía con la leyenda "Una aventura más", reportada como robada por Antonio Hernández Martínez, mediante una llamada al número de emergencias 911, con la cual se generó el reporte 1279320; al quedar de frente a los elementos de la policía Estatal a bordo de la patrulla, aproximadamente a diez metros, el conductor hizo alto total; de manera repentina comenzó a circular de reversa a toda velocidad, actitud del conductor que llamó la atención de los policías y debido a la incidencia 1279320 generada en el Centro de Control, Comando y Comunicación C4, la camioneta coincidía con la camioneta reportada como robada, procediendo a dar seguimiento a la camioneta sobre la calle Tlapanecatl avanzando cincuenta metros aproximadamente; debido a la falta de pericia del conductor éste se montó sobre un montículo de tierra, sin poder mover la camioneta; el conductor descendió del vehículo y corrió; los policías Enrique Agustín Betanzos Cerero y Francisco Emilio Olmedo Flores le dieron alcance aproximadamente a veinte metros; en ese momento el conductor dijo a los policías que "si no lo soltaban les iba a romper la madre"; los policías procedieron a reducir sus movimientos; el detenido les dijo "ya estuvo polis háganme el paro y les doy una buena lana". Tal determinación de la responsable se considera ajustada a derecho, porque se encuentra apoyada en el cúmulo probatorio derivado de los antecedentes narrados por el Ministerio Público en la audiencia de vinculación, el cual fue debidamente analizado y valorado por los Magistrados aludidos, lo que aunado y acorde con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, en el sentido de que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere la certeza absoluta de la existencia de un hecho delictuoso, como tampoco de la intervención punible de una persona en ese hecho, pues basta que existan datos suficientes y eficaces para establecer la existencia de un hecho que la ley considere como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, autoriza a concluir en la forma anotada. Apoya lo anterior la jurisprudencia XVII.1°.1.A J/25 (9ª), consultable en la página 1942 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que se transcribe a continuación: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." Ahora, en el presente juicio de control constitucional, el quejoso, como conceptos de violación, aduce: 1) No está probado el elemento consistente en que el activo haya tenido conocimiento que la unidad de motor sea robada, es decir, no está acreditado el elemento subjetivo específico "a sabiendas"; se enteró que el vehículo era robado cuando falló y avisó a la persona que lo contrató. 2) Si bien es cierto, pudo haber hecho del conocimiento de la autoridad policial en el momento que supo que el vehículo era robado, no lo hizo porque se asustó por las consecuencias que conlleva una situación de esa naturaleza. 3) La autoridad responsable no realizó una correcta valoración de los datos de prueba. Son infundados los sintetizados conceptos de violación. Contrario a lo argumentado por el quejoso, está probado el elemento consistente en que el activo haya tenido conocimiento que la unidad de motor sea robada. En efecto, de la audiencia inicial de control de detención desahogada a las trece horas con trece minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se advierte el informe policial homologado SSP/PE/DFR/IPH/0214/2021 de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por elementos de la Policía Estatal Francisco Emilio Olmedo Flores, Daniel Luis Ortiz, Ana Laura Castro Vásquez y Enrique Agustín Betanzos Cerero, quienes dijeron: "Aproximadamente a las dieciséis horas con cuarenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el operador del radio del Centro de Control, Comando y Comunicación C4, a las dieciséis horas con cuarenta minutos informó a los elementos policiacos en general que al número de emergencia 911 se comunicó Antonio Hernández Martínez quien reportó el robo de una camioneta marca Nissan, tipo Estaquitas de color gris, modelo dos mil ocho, que como característica tenía una lona de color verde colocada en la parte de la batea, en cuyo parabrisas tenía una calcomanía con la leyenda "Una aventura más"; se generó el reporte 1279320; cuando se encontraban realizando sus funciones a bordo de la patrulla PE-018, iniciaron la búsqueda de la citada unidad de motor; al circular sobre la carreta federal Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de la colonia Zapoteca, agencia municipal Vicente Guerrero, en el carril de circulación de norte a sur observaron de frente circular sobre la calle Tlapanecatl con dirección a la carretera federal Oaxaca-Puerto Ángel, una camioneta marca Nissan, tipo estaquita con cabina de color gris con una lona de color verde que presentaba en el parabrisas la leyenda "Una aventura más", al quedar de frente a ellos aproximadamente a diez metros el conductor hizo alto total; de manera repentina comenzó a circular de reversa a toda velocidad, actitud del conductor que llamó la atención de los policías y debido a la incidencia 1279320 generada en el Centro de Control, Comando y Comunicación C4, la camioneta coincidía con la camioneta reportada como robada, procediendo a dar seguimiento a la camioneta sobre la calle Tlapanecatl avanzando cincuenta metros aproximadamente; debido a la falta de pericia del conductor éste se montó sobre un montículo de tierra, sin poder mover la camioneta; el conductor descendió del vehículo y corrió; los policías Enrique Agustín Betanzos Cerero y Francisco Emilio Olmedo Flores le dieron alcance aproximadamente a veinte metros; en ese momento el conductor dijo a los policías que "si no lo soltaban les iba a romper la madre"; los policías procedieron a reducir sus movimientos; el detenido les dijo "ya estuvo polis háganme el paro y les doy una buena lana"; en tanto los oficiales Daniel Luis Ortiz y Ana Laura Castro Vásquez hicieron la inspección visual de la camioneta que portaba la placa de circulación RY39318; al percatarse del reporte del C4 que la unidad de motor correspondía a las características del vehículo reportado como robado el oficial Enrique Agustín Betanzos Cerero, siendo las diecisiete horas con diez minutos le hizo del conocimiento al conductor que iba a quedar detenido y remitido a disposición del Agente del Ministerio Público, manifestando el detenido responder al nombre de Fidel Vicente Soto Luria (minuto 00:14:54 a 00:20:59 audio A1). Lo anterior, permite determinar, que la autoridad responsable realizó una correcta valoración de los datos de prueba, particularmente del informe policial homologado de los elementos aprehensores y de la declaración del imputado, concatenados entre sí, se advierte que el imputado tenía conocimiento que el vehículo que poseía y trasladaba era robado desde el momento en que se lo hizo saber la persona que lo contrató al decirle en una de las llamadas que realizó al presentar fallas cuando lo conducía, que tenía que llevarse la camioneta porque se la acababan de "chingar", es decir, de robar; de ahí que el imputado tuvo conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, pues no existe medio de prueba de desvirtúe ese hecho; por el contrario, como correctamente lo afirma la sala responsable de la declaración del imputado no se advierte que una vez que tuvo conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, haya desistido de su actuar o al encontrar a los elementos de la policía les haya informado de la situación, en su caso, intentó huir en un primer momento cuando los elementos aprehensores lo encontraron. Sobre el tema, es importante precisar que el artículo 357 bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de Oaxaca, vigente en la época de los hechos "ARTÍCULO 357 Bis.- Se equipara al delito de robo de vehículo y se sancionará con pena de ocho a catorce años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo: [.] IV.- Aquí después de la ejecución del robo de un vehículo y sin haber participado en él, adquiera, posea, comercialice, pignore, reciba, traslade, use u oculte el vehículo o partes de éste, con conocimiento de esta circunstancia. [.]" Del precepto legal reproducido se destaca, que es suficiente que el imputado supiera que la unidad de motor había sido robada en el momento en que se lo hizo saber la persona que lo contrató (después de la ejecución del robo de un vehículo), y no necesariamente cuando se la entregaron para transportarla, porque el tipo penal previsto en el artículo 357 bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de Oaxaca, no menciona el momento en que el conocimiento deba adquirirse, y prevé textualmente que comete el delito equiparado al robo de vehículo a quien después de la ejecución del robo de un vehículo, sin haber participado en él, pero con conocimiento de ello, lo traslade. Sobre esa base, si después de la ejecución del robo del vehículo objeto del delito, sin haber participado en él, pero con conocimiento de ese hecho, porque el imputado refirió que una vez que comunicó a quien lo contrató, de las fallas que tenía la unidad de motor, le dijo que había sido robada, y no obstante la siguió transportando hasta el momento en que se encontró a los elementos policiacos, sin hacerlo de su conocimiento, incluso trató de huir al verse sorprendido y no logrando su objetivo, ofreció dinero a sus aprehensores para que lo dejaran, es evidente que sabía del hecho delictivo. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el quejoso en su concepto de violación en el sentido que no hizo del conocimiento de la autoridad policial que el vehículo era robado porque se asustó por las consecuencias que conlleva una situación de esa naturaleza, porque ello no desvirtúa el conocimiento del hecho imputado. Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en lo establecido en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, editada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4298, con el número II.2o.P.282 P (9a.), que versa: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO. La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal propio de este país, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se acredite la existencia de un verdadero hecho delictuoso y existan datos de intervención reprochable del imputado, es decir, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, pues sólo así se cumple con los principios de fragmentariedad e intervención necesaria del derecho penal, y el de la función garantizadora del tipo penal, que se traduce en el apotegma de exacta aplicación de la ley penal recogido en el principio de legalidad que rige dicha materia de manera estricta y que se consagra también en el artículo 14 de la propia Constitución. Por tanto, en atención a los efectos de sujeción que éste produce, de manera formal y de perturbación indirecta, al menos a la libertad del imputado, debe estimarse como un acto reclamable en el amparo y susceptible del otorgamiento, en su caso, de la suspensión pero en términos de sus peculiaridades actuales". En mérito de lo expuesto, al haberse colmado las exigencias que para el dictado de un auto de vinculación a proceso exige la actual redacción del artículo 19 constitucional, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir, se niega el amparo solicitado por Fidel Vicente Soto Luria. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 63, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo 1292/2022, promovido por Fidel Vicente Soto Luria, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Fidel Vicente soto Luria, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del último considerando de la misma. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y TERCEROS INTERESADOS.

  4. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.----- VISTOS para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1292/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Fidel Vicente Soto Luria, por derecho propio, mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta población, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de los Magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Jueza de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 19 y 21 de la Constitución General. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito; en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se radicó el juicio de amparo con el número 1292/2022 y previno al promovente para que manifestara si la narración de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y fundamentos de los conceptos de violación, los realizaba bajo protesta de decir verdad (fojas 11 a 13). Desahogada la prevención, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional admitió la demanda, ordenó dar la intervención que legalmente corresponde a los terceros interesados Clemente Hernández Aguilar (víctima) y Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y corrió traslado al Agente del Ministerio Público adscrito; además, solicitó a las autoridades responsables rindieran el informe justificado correspondiente y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 18 a 20). En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se acordó la recepción del informe justificado del Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que anexó un disco DVD certificado y el original del toca penal JOP/142/2021; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (fojas 40 y 41). En auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se acordó la recepción del informe justificado de la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al que anexó un disco DVD-R certificado que contiene copia del audio y video de las audiencias del veinticuatro y veintiocho de junio de dos mil veintidós, relativas a las audiencias virtuales de control de detención y ampliación de término constitucional, así como la audiencia de imposición de medida cautelar del veintitrés de noviembre del propio año, además, dos archivos con diversos documentos (foja 58). Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda constitucional. La parte quejosa reclama de los Magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el Toca Penal JOTP/142/2021, que revoca el auto de no vinculación a proceso dictado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 645/2021 de su índice, a Fidel Vicente Soto Luria y dicta auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho que la ley señala como delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN. De la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, reclama su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, reconoció el acto reclamado (foja 56), asimismo anexó un disco DVD-R certificado que contiene, entre otras constancias copia del audio y video de las audiencias del veinticuatro y veintiocho de junio de dos mil veintidós, relativas a la audiencia virtual de control de detención y ampliación de término constitucional y veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (foja 56). Ahora, cabe tener en cuenta que el auto de vinculación a proceso solo tiene efectos declarativos respecto a la situación jurídica que guardará la persona vinculada a proceso, ya que ni siquiera tiene efectos materiales que versen sobre la restricción de la libertad, ya que en el sistema penal acusatorio, ello corresponde a la medida cautelar correspondiente que se decrete contra el imputado. En ese contexto, resulta evidente que es inexistente el auto de ejecución atribuido a la referida Jueza de Control, ya que la resolución reclamada de la Sala responsable, relativa al recurso de apelación en la que, en el resolutivo tercero, se dictó auto de vinculación a proceso, carece de algún principio de ejecución; de ahí que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción IV, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio de amparo al ser inexistente el acto de ejecución. Resulta aplicable, por su sentido, la jurisprudencia PC.VI.P. J/2 P (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1701, Tomo II, Libro 20, Diciembre de 2022, Undécima Época, Materia Común, Penal, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025626, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, ÚNICAMENTE, EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, PERO NO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA AL IMPUTADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si el director del Centro de Reinserción Social tiene la calidad de autoridad responsable ejecutora dentro de un juicio de amparo indirecto en el que se señala como acto reclamado el auto de vinculación a proceso -únicamente-, pero no la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, ya que mientras para uno de ellos sí es autoridad responsable, para los otros dos la ejecución que pudiera atribuírsele al referido director no deriva del acto reclamado destacado como la vinculación a proceso emitida por un Juez de Control, sino de la medida cautelar de prisión. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que el director del Centro de Reinserción Social no tiene la calidad de autoridad responsable ejecutora dentro de un juicio de amparo indirecto en el que se señala como acto reclamado, únicamente, el auto de vinculación a proceso, pero no la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado. Justificación: Cuando en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado, únicamente, el auto de vinculación a proceso, pero no la medida cautelar de prisión preventiva fijada al imputado, no es ejecutable por el director del Centro de Reinserción Social, pues atendiendo a las funciones que tiene de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no ejecuta el auto de vinculación en sí mismo, al no tener efecto restrictivo directo en la libertad de la persona, sino que las consecuencias jurídicas que crea motivan que la persona sea sujeta a una medida cautelar, de modo que la prisión preventiva -oficiosa o justificada- constituye la medida restrictiva de la libertad del justiciable, que deberá ejecutar el director del Centro de Reinserción Social correspondiente, incluso al tenor de la fracción IX del artículo 16 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en concordancia con el artículo 313, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que literalmente expresa: "... El Juez de Control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional ...", de ahí que el director del Centro de Reinserción Social no tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora en el juicio de amparo indirecto en el que se reclame, únicamente, el auto de vinculación a proceso y no la medida cautelar de prisión preventiva, pues el acto reclamado no será ejecutado por éste, al contemplar sólo efectos declarativos en cuanto a la situación jurídica que guardará el vinculado a proceso, pero no materiales en cuanto a su restricción de libertad, lo que implica que no tenga atribuciones para ejecutar el auto de vinculación a proceso." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; el Magistrado Presidente al rendir su informe justificado manifestó que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el toca penal JOTP/142/2021, los integrantes de la Sala revocaron el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, contra la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 645/2021, por la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, donde revocaron el auto de no vinculación a proceso en favor de Fidel Vicente Soto Luria, por el hecho que la ley señala como delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Clemente Hernández Aguilar y dictaron auto de vinculación a proceso a Fidel Vicente Soto Luria (foja 23). Lo cual se corrobora con el original del referido Toca Penal JOTP/142/2021, documental anexa para justificar el acto reclamado, con pleno valor probatorio en esta instancia constitucional, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorios a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, segundo párrafo. QUINTO. Causa de Improcedencia. Las partes en este juicio de amparo no plantearon causas de improcedencia, tampoco este órgano de control constitucional advierte se actualice alguna, cuyo análisis es de orden público y preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, por lo cual se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. SEXTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. SÉPTIMO. Análisis del fondo del asunto. Los conceptos de violación formulados por el quejoso para controvertir la resolución reclamada dictada en el Toca Penal JOTP/142/2021, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por los Magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde revocaron el auto de no vinculación a proceso, del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, a Fidel Vicente Soto Luria, y en su contra dictaron auto de vinculación a proceso, se atenderán bajo la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la materia (penal) del acto reclamado cuya inconstitucionalidad se combate, así como la calidad del quejoso (imputado); por tanto, este Juzgado examinará oficiosamente la resolución reclamada, a fin de determinar si existe alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso. Dicha figura obliga a examinar cuestiones no propuestas en los conceptos de violación; sin embargo, no es absoluta, ya que sólo resulta aplicable en aquellos casos en que se considere útil para favorecer a los quejosos, por lo que no se incluirá en la motivación de este fallo el estudio del acto reclamado, si dicho análisis, lejos de beneficiar a los promoventes, los perjudica o no les reporta utilidad alguna. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 263, Tomo I, Libro 44, Julio de 2017, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2014703, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, es aplicable por las razones que informa la tesis 2a. VIII/96, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 267, Tomo III, Febrero de 1996, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200655, del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos." Previo al análisis del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, de las constancias remitidas por las autoridades responsables a este Juzgado Constitucional, se destacan los antecedentes siguientes: El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la ampliación del término constitucional relativo a la causa penal 645/2021, la Jueza de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, dictó auto de no vinculación a proceso a Fidel Vicente Soto Luria, al considerar que no está tipificado el hecho constitutivo del delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN, previsto en el artículo 357 bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en perjuicio patrimonial de Clemente Hernández Aguilar. En contra de esa determinación, el Agente del Ministerio Público de la Mesa 6, adscrito a la Coordinación de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, por escrito recibido el catorce de julio de dos mil veintiuno, interpuso recurso de apelación y expresó los agravios respectivos (fojas 25 a 31). Recurso que conoció la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; en el Toca Penal JOTP/142/2021, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictó resolución en forma escrita, por una parte, revocó el auto de no vinculación a proceso recurrido del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, y por otra, dictó auto de vinculación a proceso a Fidel Vicente Soto Luria, por su probable participación en el hecho que la ley considera como delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Clemente Hernández Aguilar (fojas 1 a 8 del Toca Penal). Dicha resolución, en la parte en la cual se dicta auto de vinculación a proceso a Fidel Vicente Soto Luria, constituye la materia de este juicio de amparo indirecto. Ahora bien, se establece que para el desarrollo de la sentencia se seguirá la metodología señalada en el artículo 74, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se efectúa el estudio y análisis del Toca Penal JOTP/142/2021, así como los discos ópticos enviados, respectivamente, por las autoridades responsables, que contienen los registros de audio y video que obran en los sistemas informáticos del Juzgado de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, respecto de la audiencia relativos a la causa penal 645/2021, que conforme lo dispone el artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera copia auténtica de la resolución judicial apelada; ambos con pleno valor probatorio en esta instancia constitucional, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorios a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, segundo párrafo. Es aplicable la tesis aislada VI.3o.P.1 P (10a.), Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2563, que dice: "DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, a la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, guardados en un archivo digital y, por ende, aptos para acreditar la existencia de un acto procesal; además de que no obstante estar soportados en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal. Por tanto, aun cuando dichos discos carezcan del sello y la firma correspondientes, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le dan certeza a éste, como pudieran ser, por ejemplo, que fueron remitidos al tribunal de apelación por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hizo por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata, corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD." Al respecto, se destaca en primer término que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para decretar el auto de vinculación a proceso sólo se exige que el Ministerio Público exponga en la audiencia los datos de prueba con los cuales considere se establece un hecho que la ley prevé como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin necesidad de precisar o acreditar cada uno de sus elementos, porque en ese momento procesal sólo se requiere establecer que un hecho encuadra en un tipo penal para formalizar la etapa de investigación bajo la supervisión judicial, que es el periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, lo cual indica que no se requiere plena certeza de los elementos del tipo penal para concluir que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y se decrete la vinculación a proceso en su contra. Así se explica en la jurisprudencia 1a./J. 35/201, Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 87/2016, la cual se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, registro digital 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Sobre esa base, los Magistrados responsables, efectuaron el análisis de las consideraciones expresadas por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 645/2021; determinaron que a su juicio, contario a los sostenido por la Jueza de Control, los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público en la audiencia inicial eran idóneos y pertinentes para establecer la existencia del hecho que la ley prevé como delito de robo específico por equiparación, dado que se encuentran acreditados los elementos del tipo penal previsto en el artículo 357, fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado, a saber: Que se haya ejecutado el robo de un vehículo por terceras personas. Que posterior a la ejecución del robo el activo adquiera, posea, comercialice, pignore, reciba, traslade, use u oculte el vehículo o partes de éste. Que el activo tenga conocimiento de que el vehículo es robado. Cierto, destacó que respecto al tercer elemento subjetivo consistente en el conocimiento del imputado que el vehículo era robado, contrario a lo considerado por la Jueza de Control, se encuentra acreditado con el dato de prueba consistente en la declaración del imputado rendida ante la autoridad ministerial en presencia de su abogada; el imputado manifestó que fue contratado por una persona para trasladar el vehículo; al presentar fallas cuando lo conducía, llamó a la persona que lo contrató; en una de las llamadas le dijo que tenía que llevarse la camioneta porque se la acababan de "chingar", es decir de robar; de ahí que el imputado tuvo conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, más aún, de la declaración del imputado no se advierte que una vez que tuvo conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, haya desistido de su actuar o al encontrar a los elementos de la policía les haya informado de la situación, por el contrario, intentó huir en un primer momento cuando los elementos aprehensores lo encontraron; sin que fuera aceptable la afirmación de la Juez de Control en el sentido que el conocimiento debiera ser previo a aceptar trasladar el vehículo, porque el tipo penal no menciona el momento en que este conocimiento deba adquirirse, ya que es claro que la norma pretende sancionar a quien sabiendo que un vehículo es robado realice cualquier conducta descrita en el mismo. Consideraron suficiente existencia probatoria, al menos hasta ese estadio procesal, para dictar auto de vinculación a proceso, porque el estándar probatorio no requiere un cúmulo probatorio amplio, debido a que la Fiscalía no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del imputado, sino solo son necesario datos probatorios que establezcan en grado de suposición que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en si comisión, invocaron el criterio de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO". Estimaron que en esa etapa procesal no se puede exigir un nivel elevado de acreditación ni de la conducta penalmente relevante, ni de la probable responsabilidad del imputado, porque se trata de una etapa de probabilidades en donde es aceptada la duda razonable; para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta que el juez encuadre la conducta a la norma penal que permita identificar el tipo penal aplicable. Con lo cual, los magistrados de la Sala responsable determinaron que de los datos de prueba aportados por la Representación Social para considerar que se actualiza el hecho delictivo consistente en poseer y trasladar un vehículo robado, conducta realizada por Fidel Vicente Soto Luria, cuenta habida que fue señalado por los elementos aprehensores que realizaron su detención, al momento de tener en su poder el vehículo de motor que previamente había sido reportado como robado, y que el elemento subjetivo descrito en el tipo penal, hasta ese estadio procesal, se encuentra acreditado con la confesión del imputado donde señaló que se hizo de su conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, concatenado con el informe policial homologado. De esa forma, es correcta la consideración de la Sala responsable cuando destacó que los datos de prueba narrados por la Fiscalía devienen suficientes para establecer de manera razonable que en el caso concurrió un conjunto de hechos constitutivos del delito de ROBO ESPECÍFICO POR EQUIPARACIÓN, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, realizó esa conducta, cuya descripción típica hace el artículo 357 bis fracción IV, del Código Penal del Estado, vigente en la fecha en que acontecieron los hechos (veintiuno de junio de dos mil veintiuno), que tuvo por actualizada primordialmente con el informe policial homologado y la declaración del imputado, así como que existió la probabilidad de que el quejoso lo cometió en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, le corresponde al Juez de Control, en esta etapa procesal, asignar de manera libre y lógica el valor correspondiente a cada uno de los datos de pruebas aportados por las partes. Efectivamente, el análisis de los medios de convicción permitieron a los Magistrados señalados como responsables establecer que, hasta el momento procesal que se analiza, existen datos suficientes y eficaces que llevan a concluir que Fidel Vicente Soto Luria, probablemente participó en la perpetración de los hechos de robo específico por equiparación ocurrido aproximadamente a las diecisiete horas del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, sobre la carreta federal Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de la colonia Zapoteca, agencia municipal Vicente Guerrero, en el carril de circulación de norte a sur sobre la calle Tlapanecatl, cuando conducía una camioneta marca Nissan, tipo Estaquitas de color gris, modelo dos mil ocho, que como característica tenía una lona de color verde colocada en la parte de la batea, en cuyo parabrisas tenía una calcomanía con la leyenda "Una aventura más", reportada como robada por Antonio Hernández Martínez, mediante una llamada al número de emergencias 911, con la cual se generó el reporte 1279320; al quedar de frente a los elementos de la policía Estatal a bordo de la patrulla, aproximadamente a diez metros, el conductor hizo alto total; de manera repentina comenzó a circular de reversa a toda velocidad, actitud del conductor que llamó la atención de los policías y debido a la incidencia 1279320 generada en el Centro de Control, Comando y Comunicación C4, la camioneta coincidía con la camioneta reportada como robada, procediendo a dar seguimiento a la camioneta sobre la calle Tlapanecatl avanzando cincuenta metros aproximadamente; debido a la falta de pericia del conductor éste se montó sobre un montículo de tierra, sin poder mover la camioneta; el conductor descendió del vehículo y corrió; los policías Enrique Agustín Betanzos Cerero y Francisco Emilio Olmedo Flores le dieron alcance aproximadamente a veinte metros; en ese momento el conductor dijo a los policías que "si no lo soltaban les iba a romper la madre"; los policías procedieron a reducir sus movimientos; el detenido les dijo "ya estuvo polis háganme el paro y les doy una buena lana". Tal determinación de la responsable se considera ajustada a derecho, porque se encuentra apoyada en el cúmulo probatorio derivado de los antecedentes narrados por el Ministerio Público en la audiencia de vinculación, el cual fue debidamente analizado y valorado por los Magistrados aludidos, lo que aunado y acorde con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, en el sentido de que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere la certeza absoluta de la existencia de un hecho delictuoso, como tampoco de la intervención punible de una persona en ese hecho, pues basta que existan datos suficientes y eficaces para establecer la existencia de un hecho que la ley considere como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, autoriza a concluir en la forma anotada. Apoya lo anterior la jurisprudencia XVII.1°.1.A J/25 (9ª), consultable en la página 1942 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que se transcribe a continuación: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." Ahora, en el presente juicio de control constitucional, el quejoso, como conceptos de violación, aduce: 1) No está probado el elemento consistente en que el activo haya tenido conocimiento que la unidad de motor sea robada, es decir, no está acreditado el elemento subjetivo específico "a sabiendas"; se enteró que el vehículo era robado cuando falló y avisó a la persona que lo contrató. 2) Si bien es cierto, pudo haber hecho del conocimiento de la autoridad policial en el momento que supo que el vehículo era robado, no lo hizo porque se asustó por las consecuencias que conlleva una situación de esa naturaleza. 3) La autoridad responsable no realizó una correcta valoración de los datos de prueba. Son infundados los sintetizados conceptos de violación. Contrario a lo argumentado por el quejoso, está probado el elemento consistente en que el activo haya tenido conocimiento que la unidad de motor sea robada. En efecto, de la audiencia inicial de control de detención desahogada a las trece horas con trece minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se advierte el informe policial homologado SSP/PE/DFR/IPH/0214/2021 de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por elementos de la Policía Estatal Francisco Emilio Olmedo Flores, Daniel Luis Ortiz, Ana Laura Castro Vásquez y Enrique Agustín Betanzos Cerero, quienes dijeron: "Aproximadamente a las dieciséis horas con cuarenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el operador del radio del Centro de Control, Comando y Comunicación C4, a las dieciséis horas con cuarenta minutos informó a los elementos policiacos en general que al número de emergencia 911 se comunicó Antonio Hernández Martínez quien reportó el robo de una camioneta marca Nissan, tipo Estaquitas de color gris, modelo dos mil ocho, que como característica tenía una lona de color verde colocada en la parte de la batea, en cuyo parabrisas tenía una calcomanía con la leyenda "Una aventura más"; se generó el reporte 1279320; cuando se encontraban realizando sus funciones a bordo de la patrulla PE-018, iniciaron la búsqueda de la citada unidad de motor; al circular sobre la carreta federal Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de la colonia Zapoteca, agencia municipal Vicente Guerrero, en el carril de circulación de norte a sur observaron de frente circular sobre la calle Tlapanecatl con dirección a la carretera federal Oaxaca-Puerto Ángel, una camioneta marca Nissan, tipo estaquita con cabina de color gris con una lona de color verde que presentaba en el parabrisas la leyenda "Una aventura más", al quedar de frente a ellos aproximadamente a diez metros el conductor hizo alto total; de manera repentina comenzó a circular de reversa a toda velocidad, actitud del conductor que llamó la atención de los policías y debido a la incidencia 1279320 generada en el Centro de Control, Comando y Comunicación C4, la camioneta coincidía con la camioneta reportada como robada, procediendo a dar seguimiento a la camioneta sobre la calle Tlapanecatl avanzando cincuenta metros aproximadamente; debido a la falta de pericia del conductor éste se montó sobre un montículo de tierra, sin poder mover la camioneta; el conductor descendió del vehículo y corrió; los policías Enrique Agustín Betanzos Cerero y Francisco Emilio Olmedo Flores le dieron alcance aproximadamente a veinte metros; en ese momento el conductor dijo a los policías que "si no lo soltaban les iba a romper la madre"; los policías procedieron a reducir sus movimientos; el detenido les dijo "ya estuvo polis háganme el paro y les doy una buena lana"; en tanto los oficiales Daniel Luis Ortiz y Ana Laura Castro Vásquez hicieron la inspección visual de la camioneta que portaba la placa de circulación RY39318; al percatarse del reporte del C4 que la unidad de motor correspondía a las características del vehículo reportado como robado el oficial Enrique Agustín Betanzos Cerero, siendo las diecisiete horas con diez minutos le hizo del conocimiento al conductor que iba a quedar detenido y remitido a disposición del Agente del Ministerio Público, manifestando el detenido responder al nombre de Fidel Vicente Soto Luria (minuto 00:14:54 a 00:20:59 audio A1). Lo anterior, permite determinar, que la autoridad responsable realizó una correcta valoración de los datos de prueba, particularmente del informe policial homologado de los elementos aprehensores y de la declaración del imputado, concatenados entre sí, se advierte que el imputado tenía conocimiento que el vehículo que poseía y trasladaba era robado desde el momento en que se lo hizo saber la persona que lo contrató al decirle en una de las llamadas que realizó al presentar fallas cuando lo conducía, que tenía que llevarse la camioneta porque se la acababan de "chingar", es decir, de robar; de ahí que el imputado tuvo conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, pues no existe medio de prueba de desvirtúe ese hecho; por el contrario, como correctamente lo afirma la sala responsable de la declaración del imputado no se advierte que una vez que tuvo conocimiento que el vehículo que trasladaba era robado, haya desistido de su actuar o al encontrar a los elementos de la policía les haya informado de la situación, en su caso, intentó huir en un primer momento cuando los elementos aprehensores lo encontraron. Sobre el tema, es importante precisar que el artículo 357 bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de Oaxaca, vigente en la época de los hechos "ARTÍCULO 357 Bis.- Se equipara al delito de robo de vehículo y se sancionará con pena de ocho a catorce años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo: [.] IV.- Aquí después de la ejecución del robo de un vehículo y sin haber participado en él, adquiera, posea, comercialice, pignore, reciba, traslade, use u oculte el vehículo o partes de éste, con conocimiento de esta circunstancia. [.]" Del precepto legal reproducido se destaca, que es suficiente que el imputado supiera que la unidad de motor había sido robada en el momento en que se lo hizo saber la persona que lo contrató (después de la ejecución del robo de un vehículo), y no necesariamente cuando se la entregaron para transportarla, porque el tipo penal previsto en el artículo 357 bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de Oaxaca, no menciona el momento en que el conocimiento deba adquirirse, y prevé textualmente que comete el delito equiparado al robo de vehículo a quien después de la ejecución del robo de un vehículo, sin haber participado en él, pero con conocimiento de ello, lo traslade. Sobre esa base, si después de la ejecución del robo del vehículo objeto del delito, sin haber participado en él, pero con conocimiento de ese hecho, porque el imputado refirió que una vez que comunicó a quien lo contrató, de las fallas que tenía la unidad de motor, le dijo que había sido robada, y no obstante la siguió transportando hasta el momento en que se encontró a los elementos policiacos, sin hacerlo de su conocimiento, incluso trató de huir al verse sorprendido y no logrando su objetivo, ofreció dinero a sus aprehensores para que lo dejaran, es evidente que sabía del hecho delictivo. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el quejoso en su concepto de violación en el sentido que no hizo del conocimiento de la autoridad policial que el vehículo era robado porque se asustó por las consecuencias que conlleva una situación de esa naturaleza, porque ello no desvirtúa el conocimiento del hecho imputado. Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en lo establecido en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, editada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4298, con el número II.2o.P.282 P (9a.), que versa: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO. La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal propio de este país, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se acredite la existencia de un verdadero hecho delictuoso y existan datos de intervención reprochable del imputado, es decir, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, pues sólo así se cumple con los principios de fragmentariedad e intervención necesaria del derecho penal, y el de la función garantizadora del tipo penal, que se traduce en el apotegma de exacta aplicación de la ley penal recogido en el principio de legalidad que rige dicha materia de manera estricta y que se consagra también en el artículo 14 de la propia Constitución. Por tanto, en atención a los efectos de sujeción que éste produce, de manera formal y de perturbación indirecta, al menos a la libertad del imputado, debe estimarse como un acto reclamable en el amparo y susceptible del otorgamiento, en su caso, de la suspensión pero en términos de sus peculiaridades actuales". En mérito de lo expuesto, al haberse colmado las exigencias que para el dictado de un auto de vinculación a proceso exige la actual redacción del artículo 19 constitucional, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir, se niega el amparo solicitado por Fidel Vicente Soto Luria. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 63, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo 1292/2022, promovido por Fidel Vicente Soto Luria, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Fidel Vicente soto Luria, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del último considerando de la misma. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y TERCEROS INTERESADOS.

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