Fidel Ruiz Carbaja y Otros.

Expediente 826/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
826/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Fidel Ruiz Carbaja y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no compareció al desahogo de la diligencia de estampamiento de firmas a su cargo, relativa a la prueba pericial en materia de grafoscopía admitida en autos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por lo que se tienen por ciertas las manifestaciones formuladas por la parte tercera interesada en cuanto a su objeción, esto es, que la firma del escrito inicial de demanda no fue plasmada por el quejoso Alfonso Canales Zepeda. Se sobresee fuera de audiencia. En ese orden de ideas, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII y 63, fracción V, en relación con el 6º de la ley de la materia y el diverso 107, fracción I, de la Carta Magna. En efecto, del contenido de los citados artículos se desprende la existencia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo que es el de "instancia de parte agraviada", el cual implica que la acción de amparo puede ser ejercida por la persona que vea afectada su esfera jurídica con motivo de la emisión y/o ejecución de algún acto de autoridad, en la inteligencia de que esa persona puede actuar por sí misma (por su propio derecho), o por medio de alguien que adquiere el carácter de parte formal. Asimismo, el principio en mención se cumple cuando al solicitar el afectado el amparo y la protección de la Justicia Federal, plasma en su escrito inicial de demanda su firma, con lo cual se aprecia su voluntad de ejercer la acción constitucional; esto es así, toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta a través de su rúbrica. De lo anterior se colige que, si una demanda de garantías carece de firma, no es posible apreciar la voluntad del que aparece como promovente, por lo que no hay instancia de parte y, por ende, deviene improcedente el juicio de amparo. Lo mismo sucede cuando, como en el caso, se tienen por ciertas las afirmaciones del tercero interesado en el sentido de que la firma que calza la demanda de amparo no fue estampada por el quejoso, y ante tal hipótesis, no se puede tener como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, tal como lo exige el artículo 107, fracción I, constitucional. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DEMANDA UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO DEVIENE IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior, el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no se pude tener como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII y 4º., ambos de la Ley de Amparo, considerados de manera relacionada" Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII y 63, fracción V, en relación con el 6º de la ley de la materia y el diverso 107, fracción I, de la Carta Magna, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia, dado que resulta innecesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y por ende, el dictado de la sentencia, ya que a nada práctico conduciría, puesto que no sería factible llegar a otra determinación, al haberse tenido por ciertas las manifestaciones formuladas por la parte tercera interesada, en torno a la objeción de falsedad de la firma que calza la demanda. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la fecha señalada para la reanudación de la audiencia constitucional fijada a las nueve horas con once minutos del seis de mayo de dos mil diecinueve. Se informa. Dado el sobreseimiento decretado con antelación, hágase del conocimiento a la totalidad de los peritos designados y gírese atento oficio a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Patrimonio Inmobiliaria y Asuntos Periciales del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista al agente del Ministerio Público adscrito; y, personalmente a las partes procesales y peritos.

  2. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el auto de once de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme.Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó incidente de suspensión.Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.

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