Fidel Larios Velasco
Expediente 1559/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1559/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/10/2021
Partes del expediente
- Fidel Larios Velasco
- Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó el juicio, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE).
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1559/2020, promovido por Larios Velasco Fidel, por derecho propio, contra los actos que reclama de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veinte; ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, y turnado ese día a este Juzgado de Distrito, Larios Velasco Fidel, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridades responsables: Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; y Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco; Actos reclamados: La emisión de las infracciones identificadas con los folios 113|226059393, 113|185202500, 113|193007562 y 113|250727380, respecto al vehículo con placas JJF3960; Los gastos de ejecución identificados con los folios M617004097796, M614004161703 y M615004054669. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se ordenó dar vista al representante social de la adscripción, quien formuló el pedimento 10/2021; se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se hicieron efectivos los apercibimientos establecidos en resolución de veintitrés de febrero y veintiséis de marzo, ambos de la presente anualidad; no teniéndose como autoridades responsables al Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana número 94; al Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal metropolitana número 3; y, al Secretario de Seguridad Pública, debiéndose seguir el presente juicio respecto de los actos y autoridades señalados en el escrito inicial de demanda. Seguido el juicio en todas sus etapas, el pasado veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio, en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos cuya ejecución material podría realizarse en el Estado de Jalisco, lugar en donde este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama: De la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; la emisión de las infracciones identificadas con los folios 113|226059393, 113|185202500, 113|193007562 y 113|250727380, respecto al vehículo con placas JJF3960; y De la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco; el cobro de los gastos de ejecución identificados con los folios M617004097796, M614004161703 y M615004054669. Por lo anterior, el estudio de dichos actos; esto es, su procedencia y en su caso, de fondo del juicio de amparo, será la materia de la presente determinación. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Inexistencia de los actos reclamados a la autoridad recaudadora y vial. La Directora de lo Contencioso de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco; en representación del titular de dicha dependencia, al momento de rendir su informe de ley, negó el cobro de los gastos de ejecución identificados con los folios M617004097796, M614004161703 y M615004054669. Por su parte, el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, en representación del titular de dicha institución, al momento de rendir su informe con justificación, negó la emisión de las infracciones identificadas con los folios 113|185202500, 113|193007562 y 113|250727380, respecto al vehículo con placas JJF3960. Cierto, del contenido de los precitados informes de ley se advierte que las autoridades responsables, al momento de emitir sus informes indicaron que la autoridad vial no emitió las precitadas infracciones, mientras que la autoridad recaudadora, no ejerció por su parte cobro alguno respecto de los folio reclamados. No se soslaya, que en el sumario obran diversas pruebas aportadas por la parte quejosa y autoridades responsables, sin embargo, ellas resultan ineficaces para los fines pretendidos, por los siguientes motivos. Cierto, la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, la impresión del adeudo vehicular del vehículo con placas placas JJF3960, obtenido de la página web https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/. Asimismo, aportó el original de la tarjeta de circulación folio 2001119052, expedida por la entonces Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, a favor del aquí quejoso Larios Velasco Fidel, respecto del vehículo de la marca Volkswagen de México, submarca Jetta 4 puertas, modelo dos mil, con placas JJF3960. Por su parte, las autoridades responsables remitieron copia certificada del requerimiento y embargo, por la omisión del pago de las infracciones a la Ley y Reglamento de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, respecto de los folios M614004161703 y M615004054669, así como de la infracción identificada con el folio 113|250727380. De lo anterior, como se indicó dichos documentos resultan ineficaces para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, dado que si bien es cierto, corrobora la existencia de los citados requerimientos de pago e infracciones; sin embargo, también lo es, que las autoridades señaladas como responsables, no fueron quienes emitieron los mismos. Cierto, en lo referente a la infracción identificada con el folio 113|250727380, como bien lo refiere la autoridad vial responsable, toda vez que, desde el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, con motivo de la publicación del decreto 27213/LXII/18, a través del cual se abrogó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y se expide la actual Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, de conformidad con las fracciones III y IV, del artículo 31, de dicho ordenamiento, la emisión de la citada infracción, es de competencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, quien no fue señalada como autoridad responsable en esta instancia constitucional. Similar consideración corresponde hacer respecto de los folios M614004161703 y M615004054669, toda vez que de las constancias remitidas se advierte que fue el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana número 94; y el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal metropolitana número 3; quienes emitieron los citados requerimientos y embargos, por la omisión del pago de las infracciones a la Ley y Reglamento de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, y así la autoridad recaudadora, pues no basta para tener atribuirle el acto reclamado, el hecho de que las precitadas responsables sean su subordinados. Ello es asó, pues no se debe soslayar que las mismas no fueron señaladas como responsables en esta instancia, no obstante el requerimiento que se le formulo al impetrante en ese sentido. Cierto, el veintitrés de febrero y veintiséis de marzo, ambos de la presente anualidad; se dio vista al impetrante de amparo, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridades responsables al Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana número 94; al Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal metropolitana número 3; y, al Secretario de Seguridad Pública; ello, con motivo de lo señalado por las autoridades responsables en su informe de ley, en el sentido de que dichas autoridades fueron las que, emitieron las ordenes de cobro e infracciones reclamadas; lo cual no aconteció, de ahí que se hizo efectivo el apercibimiento decretado; por lo cual se siguió el presente juicio respecto de los actos y autoridades señalados en el escrito inicial de demanda. De ahí, que si el quejoso no aportó elemento de prueba alguno tendente a desvirtuarla, es decir, no allegó ningún medio de convicción a través del cual lograra demostrar que la referida autoridad responsable haya ordenado el acto reclamado o, en su caso, haya procedido a su ejecución. En ese sentido, si las precitadas autoridades responsable negaron los actos que se les reclaman; y por su parte el quejoso no aportó algún medio de prueba para desvirtuar dicha negativa, resulta advierte que ha sobrevenido una causa de sobreseimiento cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Aunado, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, octava época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable." Así, en atención a que las autoridades responsables negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado algún medio de prueba a fin de desvirtuar dicha negativa; en consecuencia, se sobresee el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63, de la ley de la materia. Existencia de la ley reclamada. Por otra parte, el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, en representación del titular de dicha institución, al momento de rendir su informe de ley, aceptó la existencia de la infracción identificada con el folio 113|226059393, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Siendo las causas de improcedencia cuestiones de orden público, éstas deben analizarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Falta de interés jurídico. Existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de la infracción reclamada a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, habida cuenta que se actualiza la causa de sobreseimiento. En ese orden de ideas, debe sobreseerse en este juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o, 5o, fracción I, párrafo cuarto, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." "Artículo 4. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]" De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o indirecta, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así como que el mismo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Como se observa, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, se atribuyen consecuencias de derecho, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En esa hipótesis, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Sin embargo, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés del quejoso, pues para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente tiene interés jurídico o legítimo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Así, el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de su estatus jurídico. En tanto que, el interés legítimo no supone una afectación directa al estatus jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. Así, ese interés se encuentra en relación directa o indirecta con el derecho afectado y con la circunstancia de que el promovente del juicio de amparo sea el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no produzcan una afectación real y actual a su esfera de derechos, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar esa pretendida afectación por el acto de autoridad reprochado de inconstitucional. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En ese contexto, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que estima vulnerado, pues de otra forma la acción constitucional resulta improcedente. De ahí que, de acuerdo con el sistema reconocido en la fracción I del artículo 107 Constitucional y 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte que perjudique el acto o la ley que se reclama, siendo esa afectación la que faculta al agraviado para acudir ante los órganos jurisdiccionales federales a efecto de que le sea reconocido el derecho protegido por la ley, o que no le sea vulnerado, constituyendo así el interés jurídico o legítimo que el ordenamiento legal de amparo toma en consideración para la procedencia del juicio constitucional. En la especie se reclama la infracción identificada con el folio 113|226059393, dirigidas a un vehículo automotor, lo cual se advierte del citado folio; la cual fue pagada, como lo refiere la autoridad responsable, se advierte del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF); sin que ello, fuera desvirtuado u objetado por la parte quejosa. Sentado lo anterior, en la especie opera la causal de improcedencia en estudio, debido a que del escrito inicial se advierte que la parte quejosa se ostentó propietaria del vehículo infraccionado, la cual fue liquidada; sin embargo, omitió aportar medio de convicción fehaciente que acredite la afectación que tuvo; esto es, presentar el recibo que acreditara el pago de dicho crédito, como lo refirió la autoridad responsable; pues no es suficiente, para ello, se haya exhibido la impresión del adeudo vehicular del vehículo con placas placas JJF3960, obtenido de la página web https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/. Así como el original de la tarjeta de circulación folio 2001119052, expedida por la entonces Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, a favor del aquí quejoso Larios Velasco Fidel, respecto del vehículo de la marca Volkswagen de México, submarca Jetta 4 puertas, modelo dos mil, con placas JJF3960, ya que si bien la citada impresión se advierte que contiene la referida infracción; empero, como se precisó la autoridad responsable, refirió que esta ya fue liquidada. No es óbice que la quejosa haya acompañado la tarjeta de circulación, referente al automotor antes señalado, sin embargo dicho documento sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, que su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo, de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no es un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho, siendo que el interés jurídico se debe acreditar fehacientemente y no con base en presunciones, es decir, de manera plena y no indiciaria, por lo que dicha prueba, aun cuando tiene valor probatorio, carece del alcance para acreditar la titularidad del bien cuyas placas fue sancionado y, por tanto, es insuficiente para acreditar el interés jurídico. No se soslaya, que el interés jurídico puede acreditarse con la tarjeta de circulación; en los casos en los que se reclame una infracción vehicular, siempre y cuando, se encuentre adminiculada con la cedula de infracción, la cual se encuentra dirigida al quejoso, como lo hace patente la tesis III.2o.A.35 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PARA RECLAMAR LAS INFRACCIONES A LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, DETECTADAS A TRAVÉS DE EQUIPOS O SISTEMAS TECNOLÓGICOS. SE ACREDITA CON LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA DENOMINADA "FOTO INFRACCIÓN", DIRIGIDA AL QUEJOSO." Criterio, que se sustenta en razón a que el interés jurídico se sustenta, con la cédula de notificación de la denominada "foto infracción", la cual está dirigida al quejoso, en razón a que es el sujeto a quien la norma le obliga -sea o no el conductor del vehículo- al pago de la multa relacionada con el vehículo a que el documento se refiere, sin que sea jurídicamente dable exigir mayores elementos de prueba. Sin embargo, ello no resulta aplicable en el presente juicio, lo anterior, si tomamos en consideración que el importe de la infracción reclamada ya fue cubierto; al haber sido liquidado el crédito fiscal por el peticionario; en ese sentido, la afectación acontecida por el impetrante, debía de acreditarse con el propio recibo, donde se evidencia la afectación acontecida; lo que no puede sustentarse con la sola exhibición de la tarjeta de circulación, pues como de ella, sólo se advierte la identificación del vehículo automotriz referido en ella. En suma, se concluye que el peticionario del amparo no demostró en forma plena e indubitable la afectación que tiene respecto a la infracción liquidada, así como el derecho de propiedad que aduce le asiste respecto del automotor infraccionado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Larios Velasco Fidel, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables establecidas en el considerando segundo, por los motivos indicados en los diversos tercero y cuarto, de la presente resolución. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, desahoga la vista otorgada en auto de dos del mes y año en curso, con la imposibilidad manifestada por la autoridad responsable en remitir la cédula de infracción 113/226059393, al respecto, se tiene realizando las manifestaciones que se desprenden de su ocurso de cuenta a manera de alegatos, los cuales, conforme lo prevé el artículo 124 de la ley de la materia, de ser procedentes, serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio del jefe de la oficina de amparos y delegado de la Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco, visto su contenido, se le tiene cumpliendo con el requerimiento realizado en auto de veinte de julio del año en curso y al efecto informa la imposibilidad para remitir copia certificada de la cédula de infracción 113/226059393 e informando los motivos para ello, así como el estatus de dicha cédula de infracción. Se dejan insubsistentes los apercibimientos de autos para la citada autoridad. Vista a las partes. Con fundamento en lo dispuesto en el canon 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por desinteresado en impugnar dicha cédula de infracción. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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