Fidel Pérez Espinoza

Expediente 185/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
185/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Fidel Pérez Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes quejosas no interpusieron recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria Jessica Karen Rosas Yáñez, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Delfino Arturo Velázquez Falcón, defensor público adscrito a la Defensoría Pública del Estado de México, por el que acepta el cargo conferido, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y proporciona un correo electrónico como medio de contacto; sin mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante proveído de quince de los actuales, se dejó sin efectos la designación de éste como defensor público de los quejosos, toda vez que fue su deseo señalar defensores particulares.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGO Téngase por recibidos los escritos de los quejosos por medio de los cuales desahogan la prevención formulada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, asimismo señalan autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia se provee: ACTO RECLAMADO Del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez "Altiplano" en funciones de Juez de Control, la apertura del procedimiento abreviado programada para el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 593/2018. DESECHAMIENTO Sentando lo anterior, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe precisarse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; preceptos legales que establecen: *** En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: ***Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, Entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En principio, conviene establecer que la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el diverso 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: ***De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. -Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. --- Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...)--- III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: --- (...)--- b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;---- [...]---V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." --- Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. ---Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "queafecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.--- Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia ***, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que el Tribunal Más Alto de este País resolvió que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; por lo que, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sentado lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado, en términos generales, lo constituye la apertura del procedimiento abreviado programada para el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. A consideración de este juzgador federal, no afecta directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sino que se trata de una violación de carácter formal o intraprocesal. En ese sentido, es válido establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá el amparo en la vía directa contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento de origen, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular, pues se ha visto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, si éstos no producen a las partes una afectación en sus derechos sustantivos, pues los efectos de éste tipo de violaciones son meramente formales o procesales, como la que en el caso reclama la quejosa, relativa a la apertura del procedimiento abreviado programada para el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. *** "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE A DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Ahora bien, cabe precisar que la audiencia de la apertura del procedimiento abreviado, programada para el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, no viola sus derechos de los inconformes, pues como lo refiere la fracción III, inciso a) y b) del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra expedito su derecho para renunciar o no al juicio oral y optar por el procedimiento abreviado; el cual establece: "Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y III. Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación". De ahí que, por el momento el acto reclamado, no resulte una violación procesal que dé lugar a que se reponga el procedimiento de esa forma anticipada de terminación del proceso pues a la fecha el acto que reclama no les causa perjuicio pues la audiencia aún no se ha llevado a cabo, y en todo caso será hasta ese momento que pudiera generarse o no violaciones a los derechos del debido proceso de los justiciables. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia II.1o.P. J/3 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materia: Penal, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2293, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL JUEZ DE CONTROL, PREVIO A ORDENAR SU TRAMITACIÓN, DEBE CERCIORARSE DE QUE EL IMPUTADO OTORGÓ LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SU CONSENTIMIENTO PARA QUE SE LLEVARA A CABO SU APERTURA Y QUE ESTÁ CONSCIENTE DE SUS ALCANCES Y CONSECUENCIAS, DE LO CONTRARIO, VULNERA SU DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).De la interpretación sistemática de los artículos 388 a 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se obtiene que el procedimiento abreviado, como salida alterna, constituye una oportunidad de las partes para poner fin al conflicto penal antes de la etapa de juicio oral, luego de que el imputado renuncia al derecho de tenerlo, previo reconocimiento de los hechos materia de la acusación; de manera que, ante la renuncia del inculpado de gran parte de sus posibilidades de defensa y las consecuencias que esta posibilidad ofrece, el Juez debe ser celoso vigilante de que aquél otorgue su consentimiento, de manera libre, voluntaria y plenamente consciente de su decisión; por lo que es necesario, sin pretender que la audiencia correspondiente se convierta en una cátedra, que el Juez de control explique y describa detenidamente, evitando tecnicismos jurídicos en su lenguaje, el entorno en el que se encuentra el imputado; esto es, debe explicarle lo que implica la renuncia al juicio oral y las consecuencias que limitan casi en lo absoluto sus posibilidades de defensa; la naturaleza de ese procedimiento especial, la gran probabilidad de que se le dicte sentencia condenatoria, ante su aceptación de los hechos atribuidos, así como las penas que con motivo de ello se le podrán imponer y la posibilidad o no, de la concesión de algún beneficio o sustitutivo penal, en caso de resultar penalmente responsable, de acuerdo con el delito que se le imputa, actividad que no puede delegarse al defensor en turno; debiendo después formular las interrogantes a que se refiere el numeral 390 del ordenamiento invocado y esperar las respuestas pertinentes que le produzcan la convicción de que el imputado conoce y está plenamente consciente de su determinación; de no hacerlo así, se vulnera el derecho fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser el caso, debe concederse el amparo para el efecto de que se reponga el trámite del procedimiento respectivo. Así como la Tesis*** PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL IMPUTADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE DECIDE SI PROCEDE EFECTUAR LA SOLICITUD DE SU APERTURA. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, el proceso constitucional autónomo sólo puede promoverse por la parte a la que le afecte el acto, omisión o ley que se reclama, ya que su objeto es reparar las violaciones que determinado acto de autoridad genera sobre los derechos del quejoso, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos vulnerados. En ese tenor, atento a que de los artículos 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, y 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva que la facultad para solicitar la apertura del procedimiento especial abreviado es exclusiva del Ministerio Público y no tutela derecho alguno a favor de los imputados que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo, es evidente que estos últimos no cumplen con el presupuesto procesal de estudio preferente para acceder al proceso constitucional autónomo, relativo al interés jurídico y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5o., fracción I, ambos de la ley de la materia. En conclusión, resulta un acto cuyas consecuencias son únicamente de carácter adjetivo o procesal, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; de ahí que en términos del artículo 62 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por ******************** y ********************. Notificaciones por medio de listas Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas de estrados de este recinto judicial, es decir las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dichos medios de comunicación no se encuentran contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previstos por la legislación en cita. Por otro lado agréguese el oficio firmado por ******************** Titular de la Delegación Estado de México, del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual, en respuesta a lo requerido el nueve de febrero de dos mil veintitrés, informa que ********************, fue designado para fungir como representante de los quejosos ******************** y ********************. En atención a lo anterior, téngase por desahogado el requerimiento realizado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conmino. Por otra parte, vista la designación del defensor público Federal y de los defensores privados que señalan los autorizados se provee: La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de defensa técnica, la que debe realizar el defensor particular que el imputado elija libremente o el defensor público que le corresponda, para que los asista. Por tanto en virtud de que los quejosos señalan defensores privados, y toda vez que se cumple con la tutela jurisdiccional efectiva que garantiza que el presente juicio de amparo es acorde con el derecho de los quejosos de contar con la asistencia de un abogado; que los patrocine, en consecuencia, se deja de tener como defensa pública de los quejosos al representante señalado. En consecuencia, gírese oficio a ******************** Titular de la Delegación Estado de México, del Instituto Federal de Defensoría Pública, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese. **

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por ********************; con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se ordena se registre con el número de expediente 185/2022-II-C. PREVENCIÓN. Previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el diverso 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, cumpla con lo siguiente: a) Señalen con precisión el acto que por esta vía combaten, es decir, si lo que reclaman es la apertura del procedimiento abreviado, o la excesiva medida de prisión preventiva que dicen les fue impuesta en el expediente del juicio oral 593/2018. Ello, tomando en consideración que del apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado y de los conceptos de violación, se advierten dichas inconsistencias. Lo cual, genera incertidumbre respecto de lo que pretende reclamar, situación que deberá aclarar a fin de fijar de manera clara y correcta la litis. Es aplicable al caso, la tesis XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871 del Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.". b) Narren bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y sucinta los hechos o abstenciones que les consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; ya que en el apartado de la demanda de amparo denominado "hechos", se advierte que esgrimen diversas manifestaciones; sin embargo, las mismas carecen de estructuración para su debido entendimiento, pues no se encuentran encaminadas a respaldar el origen del acto reclamado, debiendo precisar la fecha en que la autoridad responsable celebró la audiencia relativa a la apertura del procedimiento abreviado y si éste ya se resolvió. APERCIBIMIENTO. Se aperciben a los promoventes que, de no cumplir con lo requerido, transcurrido el plazo concedido, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. DESIGNACIÓN DEFENSOR Ahora bien, como del contenido íntegro de la demanda que se acuerda no se advierte que los quejosos se encuentren asistidos jurídicamente por un defensor público o particular; por tanto, en cumplimiento a la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." ; a efecto de no dejar en estado de indefensión a los impetrantes del amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Estado de México, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, determine lo que en derecho corresponda, en el sentido de que se les proporcione un defensor público a los quejosos ********************; apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Por otro lado, toda vez que, los quejosos señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en que se encuentran recluidos; se les tiene el mismo, hasta en tanto el defensor público federal designado acuda a aceptar y protestar el cargo conferido. Hecho lo anterior, se les hace saber a los quejosos que las subsecuentes notificaciones se realizarán por medio del defensor designado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a ******************** como representante común de los quejosos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con evidencia criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria Jessica Karen Rosas Yáñez, que da fe.

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