Fidel Nolasco Atilano
Expediente 537/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/06/2023
Partes del expediente
- Oscar García Tovar
- Fidel Nolasco Atilano
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. USUARIO ELECTRÓNICO Agréguese el escrito signado por el representante común de la parte quejosa, por medio del cual proporciona el usuario Miguelcondes740506, para que se le notifique y permita el acceso al expediente electrónico. Por tanto, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario Miguelcondes740506; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo anterior, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintitrés. ADMITEN QUEJA Agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de catorce de abril del presente año, por el cual se desechó la demanda de amparo; medio de impugnación que se registró con el número ********************, de su índice. Circunstancia de la cual se toma conocimiento y se está a la espera de que el tribunal de alzada resuelva el medio de defensa intentado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito firmado por Fidel Nolasco Atilano, en su carácter de representen común de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja contra la determinación de catorce de abril del año en curso, por la cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, se tiene por interpuesto dicho medio de defensa y toda vez que no existen partes a las cuales notificar, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, remítase el escrito de agravios y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para su sustanciación. Ríndase el informe relativo, en el sentido de que se reconoce la emisión de la determinación impugnada; sin embargo, la misma se encuentra ajustada a derecho, lo anterior dado que se actualiza la causal que estatuye el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, lo anterior, toda vez que no se advierte que los justiciables cuenten con un interés cualificado para reclamar la construcción de la ********************, sin que baste el hecho de que aduzcan ser Ejidatarios y Vecinos de ********************; de ahí que en el presente caso se actualizara únicamente un interés simple, pues solamente basaron su argumentación en violaciones lejanamente derivadas o genéricas de sus derechos fundamentales. Háganse las anotaciones respectivas. De igual manera, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A A LA PARTE QUEJOS: Toluca, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. REGISTRO Vista la demanda que promueve Fidel Nolasco Atilano, Oscar García Tovar, Alejandra Montoya Morales, José Luis Nolasco Hernández, Maricela Núñez Villavicencio, Miguel Ángel Soriano Villavicencio, Valentina Villavicencio Hermenegildo y José Soriano Pérez, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 537/2023-II-A. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Previo a determinar la procedencia o no del juicio de amparo, es menester efectuar un estudio integró de la demanda de amparo, incluso de la totalidad de las constancias existentes en ella, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", conforme a lo anterior se sigue que la quejosa reclama lo siguiente: La construcción de la Estación de Gasolina ubicada en colonia San Pablo, carretera del departamento del Distrito Federal sin número, kilómetro siete punto cinco (7.5), Dr. Luis Daniel González González. DESECHAMIENTO En esas condiciones, este juzgado de Distrito, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la aquí quejosa carece de interés jurídico y legítimo para impugnar los actos que tilda de inconstitucionales. Es así, porque su pretensión la sustancia con base en un interés legítimo; sin embargo, a juicio del suscrito la quejosa sólo tienen un interés simple, como se verá a continuación: En principio, se impone destacar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". De la lectura de dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de los quejosos. Conforme a lo expuesto en el párrafo que precede, resulta factible establecer que la Constitución Federal no posibilita a cualquier individuo o colectividad para combatir cualquier acción u omisión del Estado que pueda resultar violatoria del referido derecho, sino que exige, al menos, una afectación cualificada, es decir, que se distinga del interés con el que cuenta el resto de la población respecto del mandato de lograr la plena eficacia del referido derecho fundamental. Así tomando como base que el acto reclamado lo constituye la construcción de la Estación de Gasolina ubicada en colonia San Pablo, carretera del departamento del Distrito Federal sin número, kilómetro siete punto cinco (7.5), Dr. Luis Daniel González González, para ser exigible en la vía jurisdiccional, debe atenerse a las bases y lineamientos que establece la propia Constitución Federal para ello, que en el caso particular del juicio de amparo, conforme lo prevé el artículo 107, se traducen en que dicho medio de control de constitucionalidad se siga siempre "a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo". Mientras que el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio", ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo "implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica", ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, "requiere de un interés actual y real", no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Así, el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia de la República, determinó que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, "el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación". Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Por ello, consideró que mediante el interés legítimo, el demandante "se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal", y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que aun cuando el interés legítimo se relaciona esencialmente con la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que "la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular". Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que "tal asociación no es absoluta e indefectible". Por lo anterior, estimó posible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, "existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no solo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo". Incluso, acotó, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I., página: 60. Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Así, es dable colegir que de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado y los derechos fundamentales que estima violentados la parte quejosa, de manera alguna puede traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquier presunta violación a los derechos que asisten a los integrantes de la sociedad se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante. Dicha consideración se adiciona con diversas reglas especiales contenidas en el resto de fracciones de la misma norma constitucional y con las reglas establecidas por el legislador secundario en la Ley de Amparo. Así, las causales de improcedencia y sobreseimiento que impiden el análisis del fondo de un asunto, delimitan el poder de los jueces constitucionales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas. De ahí que, para poder impugnar acciones u omisiones que puedan considerarse como violatorias o contrarias al derecho, el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del referido derecho fundamental; esto es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica, ya sea directa -interés jurídico- o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-, pero siempre real y jurídicamente relevante. Así, la construcción de la Estación de Gasolina ubicada en colonia San Pablo, carretera del departamento del Distrito Federal sin número, kilómetro siete punto cinco (7.5), Dr. Luis Daniel González González, no es motivo suficiente para que cualquier persona o grupo pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esa violaciones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Ante dicho panorama se estima que los aquí quejosos carecen de un interés jurídico y legítimo, pues no puede señalarse, razonablemente, que sufren una afectación que los hiciera tener un interés cualificado, actual y jurídicamente relevante, ya que el simple hecho de que aduzcan tener carácter de Ejidatarios y Vecinos de Santa María Atarasquillo, Lerma de Villada, Estado de México, no les otorga esa nota especial de sufrir un agravio diferenciado. Así, la pretensión que se plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de los quejosos, sino a la protección abstracta del derecho ambiental u otorgamiento de permisos de construcción, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto que del escrito de demanda y anexos no se advierte que le asista una situación diferenciada que la faculte para acudir al juicio. Es decir, no se advierte que los justiciables cuenten con un interés cualificado para reclamar el acto precisado con antelación, sin que baste el hecho de que aduzcan ser Ejidatarios y Vecinos de Santa María Atarsquillo, Lerma de Villada, Estado de México; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple, pues solamente basa su argumentación en violaciones lejanamente derivadas o genéricas de sus derechos fundamentales. De esa forma, este Juzgado no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre la constitucionalidad de la construcción de la Estación de Gasolina ubicada en colonia San Pablo, carretera del departamento del Distrito Federal sin número, kilómetro siete punto cinco (7.5), Dr. Luis Daniel González González y los quejosos, por el contrario, el interés que en su caso les asiste es genérico, tal y como lo tendría cualquier ciudadano del país que esté interesado en verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre el referido derecho y las gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano de Santa María Atarsquillo, Lerma de Villada, Estado de México, de llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes de otorgamiento de permisos de construcción. En ese mismo orden, no pasa desapercibido por este órgano jurisdiccional que los quejosos aducen en su escrito de demanda que saben por dichos de los vecinos y de los lugareños que llevan generaciones viviendo en el sitio, que a no menos de tres metros de profundidad de donde se está construyendo la estación de gasolina se encuentran mantos freáticos que están siendo contaminados, y por ende todo su entorno. Sin embargo, tal como lo dicen los quejosos, esas manifestaciones fueron hechas por terceras personas que no son parte en el juicio de amparo, por lo que lo justiciables resultan ser tan solo testigos de oídas; lo que de ninguna manera evidencia que exista alguna afectación a la esfera jurídica de los quejosos, ni que les asista una situación diferenciada que los faculte para acudir al juicio. Por tanto, no se actualiza un interés cualificado para poder hacer valer esos reclamos mediante el juicio de protección de derechos fundamentales. De estimarse lo contrario, esto es, que cualquier persona por el simple hecho de aducir presuntas afectaciones al derecho ambiental sin importar si cuenta con un grado de afectación cualificado y relevante-, pueda acceder al presente medio de control constitucional, implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de cualquier acto que estime que afecta a la población en general -al bien común-, que es justamente lo que el principio de división de poderes pretende evitar, al delimitar en la propia Constitución Federal el poder de los jueces federales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas. Por consiguiente, como se dijo en párrafos anteriores, la defensa que emprendió la parte quejosa fue de manera abstracta, con un interés genérico -simple- de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos administrativos respecto a los permisos para la construcción de la Estación de Gasolina ubicada en colonia San Pablo, carretera del departamento del Distrito Federal sin número, kilómetro siete punto cinco (7.5), Dr. Luis Daniel González González, pero sin referirse a una defensa específica estrechamente relacionada con la esfera jurídica de los quejosos, dado que sólo tratan de obtener la protección abstracta del derecho reclamado, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de Santa María Atarsquillo, Lerma de Villada, Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". Asimismo, la Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Tomo II, página 1078, Junio de 2017, de la Segunda Sala, con registro digital: 2014433, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.". En relación al reclamo de los quejosos, en el sentido de que la construcción de la mencionada estación de gasolina ha dañado sus casas y construcciones, se estima que resulta ser una cuestión que puede reclamarse en la vía civil mediante el juicio correspondiente, pero no mediante el juicio que protege derechos humanos. Por tanto, al tener únicamente un interés simple para combatir los actos de autoridad a través de este juicio de amparo, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la mencionada ley, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Fidel Nolasco Atilano, Oscar García Tovar, Alejandra Montoya Morales, José Luis Nolasco Hernández, Maricela Núñez Villavicencio, Miguel Ángel Soriano Villavicencio, Valentina Villavicencio Hermenegildo y José Soriano Pérez, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Lerma Estado de México y otras autoridades. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previsto por la legislación en cita Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones por medio de las listas que se fijan en este órgano federal. Asimismo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio alterno de comunicación no procesal y por excepción, el correo electrónico y los números de teléfono que proporcionó, para efectos del sumario en que se actúa. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a Fidel Nolasco Atilano. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA PARA SEÑALAR USUARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELECTRÓNICO A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". / Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. / Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. / AUTORIZADOS En relación a la personas que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que ésta se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria Iraís Mercado Montalvo, que da fe.
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