Fidel Martínez Valencia
Expediente 391/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/09/2022
Partes del expediente
- Fidel Martínez Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. . El original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
- Principal
Cúmplase.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha las autoridades responsables Junta Directiva, Director General, y Subdirector de Pensiones y Jubilaciones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California, con sede en Mexicali, no han dado cumplimiento al fallo protector ni han remitido las constancias respectivas que acrediten el mismo. Por tanto, requiéraseles de nueva cuenta a las responsables a fin de que dentro del término improrrogable de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que reciban el oficio que de este auto emane, den cumplimiento al fallo protector y remitan las constancias en copias certificadas que lo acrediten, lo anterior tomando en consideración que, como lo solicitaron las autoridades responsables, el uno de diciembre de dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, se les otorgó prórroga de veinte días hábiles a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha hayan remitido las constancias en copias certificadas, de las que se advierta dicha situación. Por tanto, se reitera que los efectos de la sentencia de amparo son los siguientes: "Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, así como las consideraciones expuestas -entre otras- en las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión 554/2018, 555/2018, 612/2018, 663/2018 y 842/2018, del índice de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, la protección constitucional se concede el efecto de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, realice lo siguiente: 1. Deje de aplicar en perjuicio de los quejosos el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. 2. Devuelva las cantidades que se hubieran descontado a los quejosos, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, en el entendido de que sólo debe devolver los descuentos efectuados desde el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, debidamente actualizados [.]" En consecuencia, las autoridades responsables Junta Directiva, Director General, y Subdirector de Pensiones y Jubilaciones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California, con sede en Mexicali, deberán remitir copias certificadas, de las que se advierta: 1. La cuantificación y desglose correspondiente a cada uno de los quejosos con relación a las cantidades descontadas por concepto de los descuentos relativos a la aplicación del último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; 2. Las constancias relativas con las que se acredite que se ha dejado de aplicar en perjuicio de los aquí quejosos, el descuento a la pensión prevista por el último párrafo de los artículos 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; 3. Las constancias de las que se acredite haber realizado la devolución del dinero a los quejosos Juan Elizondo Pinto, Silvia Sánchez Martínez, Beatriz Ramírez Ramírez, Concepción Settle Álvarez, Rita Rodríguez Yépez, Isabel Rodríguez Villamar, María del Carmen Guerrero Soto, y Ma. Elena Equihua Equihua, de las cantidades descontadas por la aplicación del último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, debidamente actualizadas, desde el veintiocho de junio de dos mil dieciocho; y 4. El desglose correspondiente a las actualizaciones conforme a la legislación fiscal, de las cantidades que se descontaron a los quejosos respecto a su pensión con motivo de la aplicación del artículo 16 y del 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. Asimismo, en caso de que alguno de los quejosos haya fallecido, deberán remitir copias certificadas de las que se acredite el fallecimiento de mérito, así como de la designación de beneficiario realizada por el quejoso o quejosa en cuestión y las constancias inherentes de las que se advierta la devolución realizada a dicho beneficiario, de las cantidades descontadas al quejoso o quejosa, por la aplicación del último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, debidamente actualizadas, desde el veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Apercibidas de que, de no hacerlo, se les impondrá en lo particular, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables requeridas que el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Ahora, del estado procesal de autos se observa que se han efectuado diversos requerimientos a las responsables a fin de que den acatamiento al requerimiento precisado en líneas precedentes en fechas veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, uno de febrero, diez de marzo y once de abril, todos del año dos mil veintidós, a través de correo electrónico, sin resultado positivo; por tanto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene lo conducente para que se realice la notificación del presente proveído, a las autoridades responsables antes mencionadas a través de los oficios que para tal efecto se giren. Asimismo, infórmese que a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones respectivas, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Asimismo, se solicita atentamente al Juez exhortado que tan pronto sea diligenciada la comunicación en comento la devuelva en conjunto con las actuaciones practicadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Diana Francia Puente Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DFPM/drm
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