Fidel Adán Infante Ramírez

Expediente 1107/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1107/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Fidel Adán Infante Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCION III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LOS AUTOS DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES Y VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, MISMOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de treinta días hábiles que establece el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, otorgado a los terceros interesados Teódulo Hernández Santiago y Omar Pérez Pérez, para que comparecieran al juicio de amparo en que se actúa, feneció el veintiuno de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, se les tiene por emplazados al presente juicio. En razón de lo anterior, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el presente proveído, el auto admisorio, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Ahora, ya que por auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó dejar sin efectos la audiencia constitucional hasta en tanto se efectuara el emplazamiento respectivo, se señalan las diez horas con veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; lo anterior hágase de conocimiento a las partes. Notifíquese personalmente y a los quejosos en el lugar en que se encuentran recluidos. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial y autorizada mediante oficio CCJ/ST/5265/2023, de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. '' ''Tijuana, Baja California, veinticuatro de julio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que, como medida de contingencia con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender las actividades ordinarias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, medida que, en términos de los Acuerdos Generales 4/20201 , 6/20202 , 8/20203 , 10/20204 , 13/20205 y 15/20206 , todos emitidos por dicho Pleno, ha comprendido del dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, se destaca que el trece de julio pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diverso Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19, en relación con el periodo de vigencia, y se determinó ampliar el periodo de suspensión de actividades hasta el treinta y uno de julio del año en curso. Entonces, dada la continuación de la suspensión de labores, no obstante que este asunto se recibió previo a la implementación de las medidas de contingencia decretadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a los derechos humanos que se encuentran en juego en el presente asunto, donde se reclama el auto de vinculación a proceso de veintiuno de febrero de dos mil veinte, acto que encuadra en el capítulo I, artículo 4, fracción II, inciso f), del Acuerdo General 8/2020 antes mencionado, el cual contempla el catálogo de casos urgentes a atender durante el periodo de la contingencia suscitada por el fenómeno de salud derivado del virus COVID-19, se procede a proveer respecto a la admisión de la presente demanda, en los términos siguientes. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Armando Limón Garrido, Carlos Meneses Ortiz, Alejandro Fortis Díaz, Samuel Limón Garrido, Adrián Abel García Maqueda, Oscar Dorantes Flores, Julio Abraham Alvarado Flores, Cristian Brayan Vera Hermosillo, Fernando Romero Bonilla y María Guadalupe Limón Garrido, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular Alberto Hernández Morales, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal Unidad Tijuana, en esta ciudad y de otra autoridad, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo; y conforme a los lineamientos fijados en los Acuerdo Generales 8/20207 , 10/20208 , 13/20209 , 15/202010 y 18/202011 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y relativos a las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 373/2020-II y sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión toda vez que no fue solicitado. Ahora bien, toda vez que quien suscribe la presente demanda electrónica, Alberto Hernández Morales, se ostenta como defensor particular de los quejosos, pero no exhibe documento idóneo que justifique dicha circunstancia; por tanto, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal Unidad Tijuana, en esta ciudad para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita la certificación o la constancia de la que se advierta que al antes nombrado le asiste el carácter que ostenta; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237 fracción I y 259 de la ley de la materia. Ahora, tomando en consideración que este asunto es calificado como urgente en términos de los Acuerdos Generales antes destacados, a fin de dar seguimiento a las determinaciones correspondientes y garantizar el acceso completo a la justicia, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estimen pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndoles saber que los informes deberán estar agregados a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibidas que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Con motivo del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que los informes que se les solicitan y, en general, los oficios que remitan a este Juzgado Federal, podrán ser enviados a la cuenta de correo electrónico oficial 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrán hacerse acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado indiquen cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se le tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y de aquellas autoridades que tengan el carácter de tercero interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cuanto a la determinación de la parte tercero interesada en este juicio, acuérdese lo conducente una vez que obren en autos las constancias relativas al acto reclamado de las que pueda advertirse a quién le asiste dicho carácter. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ignacio Sánchez Pérez, Luis Romero Munguía, Alberto Hernández Morales y David González Solís, ya que cuentan con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. Como se solicita, se autoriza la reproducción de constancias a través de medios electrónicos; sin embargo, se informa a la parte quejosa que, con motivo de las medidas de contingencia decretadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el momento, el acceso a las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional se encuentra restringido. En términos de los Acuerdos Generales antes mencionados, requiérase a la parte quejosa para que en la siguiente promoción que presente, proporcione un correo electrónico y número de teléfono móvil, para que se establezca el contacto respectivo y facilite el proceso de notificación en el presente juicio durante la contingencia. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. De igual forma, con motivo del esquema de trabajo implementado por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se faculta a los Actuarios de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se practiquen, incluso, a través de medios tecnológicos; en el entendido de que, en todos los casos, deberán recabar las constancias que permitan verificar plenamente la entrega al destinatario de la comunicación de que se trate. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con los citados Acuerdos Generales, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Enoc IsraelRomero Medina, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. ASIMISMO, SE DEJA A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO, COPIA DEL ESCRITO DE DEMANDA Y AUTO ADMISORIO.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte tercero interesada en proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, a fin de que informe a este órgano jurisdiccional si tiene conocimiento o no respecto a si se denunció la sucesión a bienes de María de Jesús García Medina, también conocida como Ma. De Jesús García Medina, y -en su caso- el nombre de su representante o albacea, así como el domicilio a fin de estar en aptitud de notificarla, sin que la fecha lo hubiere efectuado. Ahora, visto el estado que guarda el presente asunto, se observa que este órgano jurisdiccional agotó la investigación para localizar al albacea o representante legal de la sucesión a bienes de María de Jesús García Medina, también conocida como Ma. De Jesús García Medina; sin embargo, no se han obtenido resultados favorables. En consecuencia, al no tener conocimiento sobre la existencia del órgano llamado a defender el interés de la impetrante, que es el albacea, y que el denunciante de un juicio sucesorio puede ser hasta un extraño a los intereses que se tramiten en ese juicio, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión del procedimiento por el plazo de sesenta días a fin de que la parte tercero interesada realice las gestiones necesarias para denunciar el juicio sucesorio de la parte quejosa de que se trata, con la intención de que sea designado el albacea correspondiente y pueda comparecer al presente juicio de amparo para hacer valer sus derechos. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, o bien, manifieste la mposibilidad que tenga para ello, se decretará el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del expediente en que se actúa. Lo anterior, pues su ausencia hace que no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el presente juicio, con lo cual queda paralizado; ello en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, lo cual no es atribuible al órgano jurisdiccional; además, atiende al hecho de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Registro digital: 190252, Novena Época, Materia: Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, febrero de 2001, página 1714, de rubro y texto: "SUCESIÓN. SI NO HA SIDO DENUNCIADA, HAY OBLIGACIÓN DE HACERLO PARA DEDUCIR ACCIONES EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 1361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, es potestativa la denuncia del intestado cuando alguien muere sin dejar testamento; sin embargo, esa posibilidad se convierte en obligación cuando alguna de las personas o interesados a que se refiere ese precepto y el diverso 1340, pretenden realizar actos que directa o indirectamente puedan incidir en los bienes que forman el acervo hereditario; de donde se sigue que si un bien comprendido dentro de éste va a ser objeto de un litigio es imprescindible que se demande a la sucesión y si ésta no ha sido denunciada debe denunciarse ya que de lo contrario al no existir el órgano llamado a defender su interés, que es el albacea, se producirá indefensión.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 328/88. Micaela Ríos Velázquez. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 327/88. Flora Jiménez González. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Miguel Izaguirre Ojeda. Amparo en revisión 358/88. Ezequiel Santos Duarte. 15 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 359/88. Amparo Román Orea. 15 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 499/2000. Silvia Rojas Ruiz. 17 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Gilberto Romero Guzmán." Así como la Tesis sustentada por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 350176, Quinta Época, Materia: Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, página 684, de rubro y texto: "INTESTADOS, DENUNCIANTES DE LOS. El juicio sucesorio comprende todos los bienes y derechos del extinto, así como sus obligaciones, es de carácter universal y su procedimiento es de jurisdicción voluntaria mientras no exista contención entre los interesados; en él intervienen forzosamente los fiscos federal y local, ya que sólo es un trámite formal judicial o ante notario, por lo que se autoriza el consiguiente traspaso de bienes y, consecuentemente, tiene los caracteres de orden público y de interés social. La denuncia que se hace de un juicio sucesorio no es ejercicio potestativo de una acción real o personal, el denunciante no es un actor, pues hasta un extraño a los intereses que se tramiten en ese juicio puede ser denunciante; la sucesión, desde que se radica, está representada por un interventor, en su caso, o por el albacea, si el juicio ya está en ese estado y sólo uno u otro tiene personalidad para ocurrir al amparo, personalidad que no tiene el denunciante, por falta de legitimación. Amparo civil. Revisión del auto de improcedencia 1803/44. Francisco Cortés. 15 de abril de 1944. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Emilio Pardo Aspe no votó por las razones expuestas en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audienciaconstitucional dentro del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe

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