Fidel Jaime Ruiz Caballero

Expediente 873/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
873/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Fidel Jaime Ruiz Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicita la autorización para la consulta y vinculación del juicio de amparo 873/2020 del índice propio. Atento a lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar en los autos del juicio de amparo 137/2022 de su estadística, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y vinculación del expediente electrónico del cuaderno principal de este juicio de amparo. En mérito de lo anterior, instrúyase a la analista jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite los permisos correspondientes en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, con el diverso 137/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el plazo de diez días hábiles y que una vez concluido dicho plazo, deberá deshabilitarlo sin ulterior acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que contaba la parte quejosa para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada en este juicio, en la que se negó la protección de la Justicia Federal, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por la otra se negó la protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, toda vez que resulta innecesario que subsista el duplicado de la causa penal **, que remitió el Juez de lo Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, al rendir su informe justificado; devuélvanse dichas documentales. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual ********************, defensor particular del procesado aquí quejoso ********************, revoca el domicilio señalado con anterioridad y señala como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 873/2020 III-A, promovido por Fidel Jaime Ruiz Caballero, en contra del acto que reclama del Juez de lo Penal de la Villa de Etla, Oaxaca. I. ANTECEDENTES El ocho de mayo de dos mil catorce, en autos de la causa penal 43/2013, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dictó auto de formal prisión en contra de Fidel Jaime Ruiz Caballero, como probable responsable en la comisión del delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio patrimonial de Gregoria Esperanza Ramírez. Seguido el trámite de la mencionada causa penal, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso, por haber quedado acreditados los elementos constitutivos del delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio patrimonial de la nombrada, condenándolo a seis años de prisión y al pago de doscientos mil pesos por concepto de reparación del daño. Inconforme con la sentencia de mérito, el sentenciado interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Al resolverse el toca penal 220-(II)/2018, el referido Tribunal dejó insubsistente la sentencia condenatoria de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y ordenó la reposición del procedimiento a partir del auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, en el que se declaró concluido el periodo de desahogo de pruebas, únicamente para efectos que el Juez de lo Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, desahogue los careos procesales resultantes entre la ofendida y el acusado; acto continuo, deberá seguir con la secuela del procedimiento y dictar la sentencia que en derecho corresponda. Por escrito presentado ante el Juzgado responsable el veinticinco de agosto de dos mil veinte, el defensor particular del procesado solicitó que se le otorgara el beneficio de la libertad bajo protesta y por consecuencia lógica de lo anterior, el cese de la prisión preventiva. En proveído de veintisiete de agosto de la anualidad pasada, se tuvo al referido defensor particular promoviendo la libertad bajo protesta, en favor de Fidel Jaime Ruiz Caballero, por lo que se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público adscrita, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, se recibieron las manifestaciones vertidas por la Representación Social y el Juez de la causa resolvió la solicitud del defensor particular del quejoso, determinando no favorable decretar la libertad bajo protesta, por lo que seguiría surtiendo efectos la prisión preventiva y continuaría bajo los efectos del auto de formal prisión decretado en autos de la causa penal 42/2013. La determinación que antecede constituye el acto reclamado II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Omar Gerardo Lávida Díaz, en su carácter de defensor particular del procesado Fidel Jaime Ruiz Caballero, presentó un escrito el seis de diciembre de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el que fue turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó el mismo día de su presentación al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca y por auto de siete de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda bajo el expediente 577/2020; asimismo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese juzgado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El once de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Gregoria Esperanza Ramírez. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el titular de dicho órgano jurisdiccional estimó actualizada la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y ordenó remitir los autos del juicio de amparo 577/2020 a este órgano jurisdiccional, incluyendo el tomo de pruebas exhibido por el Juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca. El veintitrés de diciembre posterior, se recibió el aludido expediente, formándose el juicio de amparo 873/2020, en el que este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, haciendo del conocimiento de las partes lo anterior, dando intervención al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, ordenando el emplazamiento del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado penal responsable y señalando hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado resulta ser de naturaleza penal y se atribuye a una autoridad que reside dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama del Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, lo siguiente: El acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 42/2013, en el que se negó decretar la libertad bajo protesta, solicitada por su defensor particular. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado al Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, en el cual aceptó el dictado del auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 42/2013. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias que anexó a su informe consistentes en el duplicado de la causa penal 42/2013 del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en un tomo, al cual se le confiere valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. LEGITIMACIÓN Fidel Jaime Ruiz Caballero se encuentra legitimado para promover por sí este juicio de amparo, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente asunto está probado que en la causa penal de origen tiene la calidad de procesado. Asimismo, el defensor particular Omar Gerardo Lávida Díaz, tiene reconocida la calidad con la que se ostenta, ya que en la causa penal 42/2013, obra la diligencia de discernimiento de cargo, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. VII. OPORTUNIDAD La resolución reclamada se notificó al quejoso, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En ese sentido, la notificación señalada en el párrafo que antecede surtió efectos el mismo día, conforme al artículo 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el dieciocho de septiembre y concluiría el ocho de octubre de dos mil veinte. De dicho cómputo, deben descontarse los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, tres y cuatro de octubre de dos mil veinte, por ser sábados y domingos, todos inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley. Por ende, al haberse presentado la demanda el seis de octubre de dos mil veinte-como se aprecia de la boleta de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo, Coyotepec, se considera su presentación es oportuna. VIII. PROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, este órgano jurisdiccional no advierte la existencia de alguna causa que involucre la improcedencia del juicio, ni tampoco las partes hicieron valer causa alguna. IX. ESTUDIO DEL ASUNTO Se procede a examinar el asunto a la luz de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, sin que haya obligación de realizar una cita literal de los mismos, toda vez que, además de no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que lo exija, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia 58/2010, Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que con forman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Debe recordarse que en contra del quejoso se dictó auto de formal prisión de ocho de mayo de dos mil catorce, como probable responsable en la comisión del delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio patrimonial de Gregoria Esperanza Ramírez, previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que dispone: "Artículo 379. Se equiparara al delito de retención y se castigará con pena de cinco a quince años de prisión al dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio, dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, que sin causa legal, por si o por sus subordinados, se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas. Este delito se perseguirá de oficio. Para todos los efectos legales se entenderá que este delito se consuma cuando se niegue a la víctima la devolución o entrega de las cantidades reclamadas, lo que se acreditará por cualquier medio de prueba, sin necesidad de requerimiento judicial o notarial. Se considerará como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado. Si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años." (Énfasis añadido) Asimismo, que de la causa penal 42/2013, se aprecia que se privó de la libertad a Fidel Jaime Ruiz Caballero el dos de mayo de dos mil catorce. Luego, el veintiséis de mayo del año en cita, al haberse garantizado la libertad bajo caución del mencionado procesado, se ordenó girar boleta de libertad al Director del Centro de Reinserción Social de la Villa de Etla, Oaxaca, para que lo dejara en inmediata libertad. En proveído de veintidós de octubre de dos mil catorce, el defensor del procesado informó que su defendido se encontraba privado de su libertad, en la Penitenciaría Central del Estado, a disposición del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en la causa penal 71/2014. Con motivo de lo expuesto, a través del escrito recibido por el Juzgado responsable el veinticinco de agosto de dos mil veinte, el defensor particular del aquí quejoso solicitó lo siguiente: ".Tomando en consideración que en el mes de mayo de dos mil trece, se dictó auto de formal prisión en contra de mi defendido dentro de la presente causa penal, y toda vez que conforme al artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, que prevé que la pena mínima con su agravante que pudiera imponerse a mi defendido, es la de seis años; de ahí que a la fecha han transcurrido siete años sin que se haya dictado sentencia condenatoria. Es con base a esa circunstancia, y con fundamento en los artículos 16, 18, 19 y 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, que pido se le otorgue a mi defendido el beneficio de la libertad bajo protesta y por consecuencia lógica de esto, el cese de la prisión preventiva a la que está sujeto mi defendido, con motivo del auto de formal prisión, que se la decretado (sic) por este órgano jurisdiccional, debido a que ha pasado por mucho la razonabilidad del tiempo necesario en el presente juicio, sin dictársele sentencia definitiva, principalmente por la actividad procesal que ha tenido la supuesta víctima en el presente juicio." (Lo resaltado es propio) En respuesta a su solicitud, el Juez responsable ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Una vez desahogada la aludida vista, el ocho de septiembre de dos mil veinte, se proveyó la solicitud del defensor particular del procesado, en el sentido que no era procedente. Para fundamentar su respuesta, el Juez de la causa invocó los artículos 290 y 293 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Oaxaca, que establecen los requisitos para conceder la libertad bajo protesta. Los referidos numerales disponen: "Artículo 290. La libertad bajo protesta es la que se concede al procesado siempre que se llenen los requisitos siguientes: I.- Que se trate de delitos en los que el máximo de la pena no exceda de tres años de prisión; II.- Que el inculpado sea delincuente primario; III.- Que tenga domicilio fijo y conocido dentro de la jurisdicción del Tribunal que lo procese; IV.- Que su residencia en dicho lugar sea de un año cuando menos; V.- Que tenga profesión, oficio, ocupación o medio honesto de vivir; VI.- Que a juicio del Juez, no haya temor de que se fugue; y VII.- Que el inculpado proteste presentarse ante el Tribunal o Juez que conozca de su causa, siempre que se le ordene. Esta disposición no será aplicable cuando se trate de los delitos graves señalados en este Código." "Artículo 293. De oficio, y sin los requisitos del Artículo 290 será puesto en libertad bajo protesta el inculpado en los siguientes casos: I.- Cuando el tiempo de detención preventiva llegue ya al máximo de la reclusión que la ley establezca para el delito que motivare el proceso; II.- Cuando cumpla la reclusión impuesta en la sentencia de Primera Instancia, estando pendiente el recurso de apelación." El primer artículo transcrito establece los requisitos necesarios para que se conceda al procesado la libertad bajo protesta, siendo el primero de ellos, que el máximo de la pena del delito en cuestión, no deberá exceder de tres años de prisión. También establece que, para su procedencia, el inculpado debe ser delincuente primario, que tenga domicilio fijo y conocido dentro de la jurisdicción del Tribunal que lo procese, que esa residencia sea de un año cuando menos, que tenga profesión, oficio, ocupación o medio honesto de vivir, que a juicio del Juez no haya temor de que se fugue y que proteste presentare ante el Juez siempre que se le ordene, lo que operará mientras no se trate de delitos graves. Por su parte, el diverso numeral dispone que la libertad bajo protesta procede de oficio y sin los requisitos previstos por el artículo 290 del invocado código penal, cuando el tiempo de detención preventiva llegue al máximo de la reclusión que la ley establezca para el delito que motivare el proceso o cuando cumpla la reclusión impuesta en sentencia de primera instancia, estando pendiente el recurso de apelación. Es por lo antes expuesto, que acertadamente el Juez responsable motivó el por qué no era procedente conceder dicha medida, al explicarle al defensor particular del procesado que a Fidel Jaime Ruiz Caballero se le instruye la causa penal 42/2013, por el delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio patrimonial de Gregoria Esperanza Ramírez, ilícito previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado, atendiendo al auto de formal prisión de ocho de mayo de dos mil catorce. Asimismo, que dicho precepto establece una sanción de cinco a quince años de prisión, y que a la fecha de emisión del acto reclamado (ocho de septiembre de dos mil veinte), la detención preventiva del procesado ha sido de cinco años, once meses y once días. Por tanto, asiste la razón al Juez de la causa al precisar que el tiempo de detención que ha compurgado el aquí quejoso no ha alcanzado el máximo de la reclusión establecida en la ley para el delito que motiva la causa penal 42/2013, establecida en el artículo 379 de Código Penal para el Estado de Oaxaca, que es de quince años; de ahí que no se cumpla con el requisito previsto en el artículo 293, fracción I, del Código de Procedimientos Penales en el Estado, para que sea procedente la libertad bajo protesta. Sentado lo anterior, devienen infundados los conceptos de violación en los que refiere que el proveído reclamado carece de fundamentación y motivación. Debe establecerse que el ordinal 16, primer párrafo, del Pacto Federal establece en la parte conducente el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares sin privarlos de sus derechos e impone a las autoridades que los dictan el deber de que tales actos de molestia se expresen por escrito, que provengan de autoridad competente y que se funde y se motive la causa legal del procedimiento; esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para pronunciar el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional del País, que informa: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por otro lado, es necesario señalar que la contravención al normativo 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República, que exige la expresión de la fundamentación y de la motivación en los actos de autoridad que incidan en la esfera jurídica de los gobernados puede revestir dos formas distintas, a saber, la derivada de su falta y la correspondiente a su inexactitud. La falta de fundamentación y de motivación constituye una violación formal diversa a la indebida o la incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo; por tanto, los efectos que generan la existencia de una u otra son distintos. Se produce la falta de fundamentación y de motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones, los motivos o las circunstancias que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista por esa norma jurídica. En cambio, existe una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable porque las circunstancias específicas del caso lo impiden, o puede darse el caso de una incorrecta motivación cuando sí se indican las razones, los motivos o las circunstancias que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas no son acordes al contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y de motivación significa la carencia o la ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o la incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal, dado que el acto de autoridad carece de elementos connaturales por virtud de un imperativo constitucional, en tanto que el segundo supuesto se traduce en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y de motivos, pero unos y otros son incorrectos. Sentado lo expuesto, es que devienen infundados los motivos de disenso enderezados a combatir que el auto impugnado no está debidamente fundado y motivado, porque como se explicó, el Juez responsable sí indicó las razones y los fundamentos por los que no era procedente concederle la libertad bajo protesta al procesado. En ese sentido, no debe perderse de vista que el defensor particular del quejoso expresamente solicitó que se le otorgara a éste el beneficio de la libertad bajo protesta, empero, Fidel Jaime Ruiz Caballero no cumple con los requisitos de procedencia para dicha medida, por lo que la autoridad responsable no podía pronunciarse en forma distinta; es por ello que no le asiste la razón cuando aduce que no se contestó su solicitud en los términos que la planteó, cuando ya quedó evidenciado lo contrario. X. DECISIÓN En vista de lo razonado a lo largo de esta sentencia, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente, en el tema de fondo, es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Fidel Jaime Ruiz Caballero, por conducto de su defensor particular. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Fidel Jaime Ruiz Caballero, contra el acto reclamado al Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, de conformidad con el apartado IX del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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